Servicio de Administración Tributaria - Trujillo — Res. 302-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas), Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: avisos y señales de seguridad, condiciones de seguridad), Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas), Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas), Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Incluye todas), Estándares de higiene ocupacional (Sub materia: comedor – vestuario – servicios higiénicos). soft 20555195444 soft 1.2. Que, mediante Imputación de Cargos N° 410-2021-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IC, de fecha 10 de junio de 2021, notificada el 14 de junio de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado a facilitar el requerimiento de información solicitada en fecha 02 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva por la negativa del sujeto inspeccionado a facilitar el requerimiento de información solicitada en fecha 12 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

i. Que, los requerimientos de información han sido remitidos a la casilla electrónica implementada por SUNAFIL; sin embargo, no se ha efectuado la comunicación que debe realizar la SUNAFIL al usuario, cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica, la misma que debe ser realizada a través de las alertas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del D.S. N° 003-2020-TR.

ii. Sostiene que el supuesto requerimiento de fecha 02 de febrero de 2021 es nulo, por no cumplir con la debida formalidad, por lo que en el primer requerimiento, que consideran, de fecha 12 de febrero de 2021, recuerda que solicitó la ampliación de plazo por la cantidad de documentación y, si bien no se llegó a remitir la información en su totalidad, se trató de cumplir con lo requerido conforme a sus posibilidades.

iii. Asimismo, refiere que el inspector vulneró el principio de concurso de infracciones pues las dos infracciones que se le imputan se sustentan en una sola conducta: la negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 01 y 12 de febrero de 2021.

iv. Adicionalmente, refiere que también se vulneró el principio del non bis in ídem, pues las 2 infracciones que imputa la SUNAFIL se amparan y sustentan en un mismo hecho, advirtiéndose una misma identidad de sujeto, hecho y fundamento.

v. En el presente caso, expresa que las actuaciones inspectivas iniciaron el 01 de febrero de 2021 y terminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 236-2021-SUNAFIL/IRE- LIB de fecha 09 de marzo de 2021; es decir aparentemente dentro del plazo máximo de 30 días establecidos; sin embargo, el inspector debió tener en cuenta las dificultades que el administrado pudo tener para facilitar la documentación, por el corto plazo que se le otorgó, y pudo haber solicitado la ampliación del plazo establecido por ley. Es decir, refiere que el inspector comisionado tuvo la intención de acelerar el proceso inspectivo a fin de poder gozar sus vacaciones, perjudicándola, al no solicitar la ampliación del plazo para el desarrollo de sus actuaciones inspectivas a fin de cumplir con el objeto materia de fiscalización.

vi. Finalmente, en el caso negado de la nulidad de las notificaciones, señala que habría incurrido en un retraso que es sancionable, por cuanto se ha generado un retraso y/o perturbación en el ejercicio de las funciones inspectivas de los inspectores actuantes, tipificado en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT.

i. En el presente caso, de acuerdo a lo consignado en los numerales 4.3 a 4.9 de la parte de “Hechos Constatados” del Acta de Infracción, el personal inspectivo dejó constancia que, en fechas 02 y 12 de febrero de 2021, se notificó a la inspeccionada, los requerimientos de información pertinentes mediante uso de Casilla Electrónica, los mismos que contaban con fecha máxima de respuesta los días 08 de febrero de 2021 y 02 de marzo de 2021, respectivamente y que, además, tenían la finalidad que cumpla con exhibir la documentación solicitada; sin embargo, de la revisión del sistema, el inspector comisionado advierte que la inspeccionada incumplió con remitir la información solicitada en el plazo establecido a pesar de encontrarse válidamente notificada; por lo cual, se obstruyó la labor del personal comisionado para verificar el cumplimiento de la normativa laboral objeto de inspección, configurándose dos infracciones a la labor inspectiva, una por cada incumplimiento.

ii. En ese sentido, el personal comisionado determinó la configuración de una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, referida a la negativa del sujeto inspeccionado de brindar información y documentación necesarias para el desarrollo de la función inspectiva.

2 Notificada a la impugnante el 11 de abril de 2022, véase folio 48 del expediente sancionador. iii. Asimismo, menciona que mediante Resolución de Superintendencia N° 058-2020- SUNAFIL, se aprobó el cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informativo de Notificación Electrónica de la SUNAFIL, la cual estableció la notificación por casilla electrónica, entre otros documentos, del requerimiento de información, desde el 01 de junio de 2020; no obstante, dicho cronograma fue modificado mediante Resolución de Superintendencia N° 164-2021-SUNAFIL, que modificó la fecha de inicio, de la notificación por casilla electrónica, entre otros documentos, del requerimiento de información, al 31 de diciembre de 2020; fecha que indefectiblemente, se inició con la notificación de los requerimientos de información por casilla electrónica.

iv. De acuerdo a ello, la Intendencia considera que, se acredita la existencia de las notificaciones de los requerimientos de información y con ello, se advierte que las mismas fueron depositadas a la Casilla Electrónica de la empresa inspeccionada, notificando a la misma de forma válida.

v. Asimismo, señala que todos los dispositivos legales mencionados, se encuentran debidamente publicados en el Diario Oficial El Peruano; por tanto, dichas normas son de público conocimiento y de obligatorio cumplimiento desde el día siguiente de su publicación conforme lo establece el artículo 109 de la Constitución Política del Perú; por ello, al ser responsabilidad del administrado el conocer lo dispuesto en las normas citadas, y siendo que ésta pudo tomar conocimiento sobre los alcances de la implementación de la casilla electrónica, no se advierte la falta de la razonabilidad en la aplicación de un procedimiento que se encuentra en regulado en las normas legales de la materia.

vi. Por otra parte, precisa que, no corresponde a una Autoridad Administrativa de Trabajo analizar si una norma legal incumple o no se encuentra conforme a otra norma legal, al tratarse de un control difuso de la norma, lo que, no se encuentra dentro de sus facultades.

vii. Además, afirma que la alerta consignada en el artículo 6, del cuerpo normativo en mención, implica una carga a la Administración Pública pero no se observa fundamentos que permitan determinar que se trate de una condición de validez para las notificaciones practicadas vía casilla electrónica, más aún cuando es la misma norma quien señala la obligación del administrado de revisar periódicamente la casilla electrónica a fin de obtener el correcto conocimiento de los documentos notificados y cumplir con su deber al ejercicio de la labor inspectiva. Entonces, resulta imperativo que la administrada ejerza sus obligaciones, no con la finalidad de otorgar validez al procedimiento inspectivo o sancionador, sino con la necesidad que la misma pueda hacer valer sus derechos y evitar futuras contravenciones a las normas legales.

viii. En ese sentido, a la fecha de la realización de las actuaciones materia de autos, iniciada con la Orden de Inspección N° 330-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, la normativa referente a la implementación de la Casilla Electrónica de Sunafil ya se encontraba en plena vigencia; por tanto, determina que el personal comisionado ha efectuado las notificaciones de requerimiento de información válidamente, tal y como se acredita con las Notificaciones Electrónica obrantes en el expediente de actuaciones inspectivas, quedando en la obligación del administrado, de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada con la finalidad de evitar posibles eventualidades e infracciones al ejercicio de la labor inspectiva.

ix. Determina que, el no cumplir con el pedido de información del 02 de febrero del 2021 posee una identidad objetiva diferente que la omisión incurrida ante el pedido del 12 de febrero de 2021, puesto que obedecen a momentos diferentes del procedimiento de inspección; por lo que, deben ser amonestados de manera particular en el presente procedimiento administrativo sancionador, no existiendo afectación al principio de non bis in ídem.

x. Asimismo, de la revisión de los actuados por el personal comisionado, se dilucida que sus actuaciones inspectivas iniciaron en fecha 01 de febrero de 2021 con la consulta de la empresa inspeccionada en páginas web de SUNAT Y REMYPE, siendo la última actuación inspectiva en fecha 09 de marzo de 2021, por la cual, el inspector comisionado revisó la información proporcionada por el sujeto inspeccionado correspondiente al tercer requerimiento de información; por lo tanto, se dilucida que las actuaciones inspectivas se realizaron durante un periodo de veintisiete (27) días hábiles; es decir, dentro del plazo otorgado en la orden de inspección.

xi. Por otra parte, de la revisión del Acta de Infracción, se obtiene que las materias de inspección generada en dicha Orden de Inspección, son las relacionadas a materias de seguridad y salud en el trabajo; por consiguiente, conforme a la normativa expresa anteriormente, el inspector comisionado no se encontraba competente de solicitar prórroga al plazo otorgado debido a la materia de inspección.

xii. Entonces, verificadas las actuaciones inspectivas realizadas, se evidencia que el incumplimiento de los requerimientos de fechas 02 y 12 de febrero de 2021 y el cumplimiento parcial del requerimiento de fecha 02 de marzo de 2021, constituyen acciones, por parte de la impugnante, que perturban y retrasan el ejercicio de las funciones inspectivas del inspector comisionado; por lo que, debe ser sancionada.

xiii. Precisa que, conforme al numeral 3) de la Relación de Criterios Aplicables en la Inspección de Trabajo, aprobada por Resolución N° 029-2009-MTPE/2.11.4, señala que las infracciones a la labor inspectiva son insubsanables; por lo que, la documentación remitida por la inspeccionada, posterior al plazo consignado, no significaría una subsanación a la infracción incurrida, pues la misma debió ser cumplida dentro del plazo otorgado. xiv. Finalmente, refiere que, concorde a lo prescrito por los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por los inspectores de trabajo que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, merecen fe y se presumen ciertos, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados en defensa de sus respectivos derechos e intereses; no obstante, la inspeccionada no ha acreditado que cumplió con los requerimientos de información efectuados, dentro de los plazos otorgados.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14. administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - TRUJILLO.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 083-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Alega que se ha inaplicado el numeral 1 del artículo 2 y del literal a) del artículo 44 de la LGIT, y de los numerales 1.2 y 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG; en referencia al principio del debido procedimiento, de acuerdo al cual los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos, comprendiendo, entre ellos, los de ofrecer y producir pruebas, así como de obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

ii. Asimismo, refiere que no se ha efectuado la comunicación que debe realizar la SUNAFIL al usuario, cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica, la misma que debe ser realizada a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del D.S. N° 003-2020-TR que aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL.

iii. Expresa que, la constancia de notificación realizada vía casilla electrónica, conjuntamente con las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica deben ser incorporadas en el expediente por el inspector.

iv. Indica que no tomó conocimiento expresamente del requerimiento de información, mediante el cual se le otorga el plazo de tres días hábiles para presentar la información

que se detalla en el mismo; sino, por casualidad, a propósito de la constatación de actuaciones inspectivas de investigación de fecha 02 de marzo del 2021; siendo así, se evidencia su indebida notificación; por lo que, ningún documento que haya sido ingresado a la casilla electrónica fue comunicado a su correo electrónico ogth.satt@gmail.com, y, por ende, estuvo imposibilitado de tomar conocimiento al respecto, siendo dicha notificación es nula.

v. Argumenta que, se inaplicó los principios de presunción de veracidad (numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y el artículo 51.1 del TUO de la LPAG) y de licitud (artículo 248.9 del TUO de la LPAG), que establecen que durante los procedimientos administrativos se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman; y, solo pueden ser desvirtuados si se cuenta con evidencia de lo contrario.

vi. Finalmente, alega que se inaplicó el literal d) del artículo 45 de la LGIT, el tercer párrafo del artículo 11.1 y los literales f) y g) del artículo 53.2 del RLGIT, que establecen que SUNAFIL tenía la obligación de realizar las actuaciones inspectivas necesarias, inclusive acudir al centro de trabajo a entrevistar a los presuntos afectados, para cumplir con la finalidad de la inspección.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la notificación realizada mediante casilla electrónica

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

efectivamente las alertas habían sido emitidas por el SINEL-SUNAFIL según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR10. Ante los diversos expedientes en los que se repetían estos hechos, la Sala decidió volver a evaluar los alcances del segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en relación al artículo 11 de la misma norma.

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario.

En consecuencia, por un lado, se establece que el sólo depósito equivale a notificación válida y, por otra, que el administrado tiene derecho a recibir una alerta que le indique la existencia de dicho depósito (segundo párrafo del artículo 6 de la misma norma, antes citado).

10 Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (énfasis añadido). de disposiciones de un mismo cuerpo normativo11. Por tanto, corresponde a quien tiene el deber de interpretar esas disposiciones, hacerlo de modo tal que evite la contraposición y logre su armonización. En el caso del procedimiento administrativo sancionador la integración se debe realizar en base a los principios que lo rigen y, en particular, al derecho fundamental al debido proceso.

11 Cfr. GUASTINI, R. (1999). "Antinomia y lagunas." Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, (29), 437-450, p. 437. Ubicable en https://revistas- colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435. 12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo 1.15. 13 Citada por el fundamento jurídico 9 de la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC. 14 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3. 15 Ibid. fundamento jurídico 4. 16 Loc. Cit.

a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público”17. Consecuentemente, a criterio de la posición mayoritaria, es deber de esta Sala no afectar los derechos e intereses legítimos de los administrados en los casos en los que no hayan recibido la mencionada alerta y, por tanto, no han cumplido con alguna orden depositada en la casilla electrónica, al no haber tomado noticia de su existencia.

17 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesta de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 18 STC 00020-2015-PI/TC, fundamento jurídico 19. 19 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. (énfasis añadido). 6.19. En el caso, materia de autos, a folio 03 del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 01 de febrero de 2021; y, a folios 05, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada el día 02 de febrero de 2021 en la Casilla Electrónica de la impugnante, con el cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 01:

Figura 02:

Figura 03:

Fecha del primer ingreso a la casilla de la administrada: 03/03/2021 12:03:45

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.27. El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Asimismo, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

20 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” 21 Cfr. artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 22 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - TRUJILLO y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 928-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 29 de diciembre de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de La Libertad y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 265-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 928-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, a fin que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución. TERCERO.- Notificar la presente resolución al SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - TRUJILLO y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.32 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante.

He sintetizado mi posición en varias resoluciones, entre ellas, por ejemplo, dentro del voto en discordia emitido en la Resolución N° 585-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 6 de julio de 2022) y en el voto dirimente en la Resolución N° 340-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 4 de abril de 2022), a cuyos fundamentos me remito aquí, para sostener mi voto en este caso en concreto.

Así, sostengo que corresponde que se declare infundado el extremo del recurso que arguye que existe una contradicción insalvable bajo métodos de interpretación jurídica sistemática entre lo dispuesto por los artículos 6 y 11 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, cabiendo la exigibilidad del uso de la casilla electrónica entre los sujetos inspeccionados, conforme con el principio de publicidad de las normas y la razonabilidad de una forma de comunicación digital entre empleadores y Administración del Trabajo en el presente tiempo.

En adición, sostengo que cuando en una misma fiscalización se emprenden comunicaciones dirigidas al inspeccionado a través de la casilla electrónica sin obtener respuesta de dicho sujeto obligado, corresponde deducir la responsabilidad administrativa sin generar cargos irrazonables. Este resultado indeseado podría resultar del hecho de que el inspector actuante deposite sucesivas notificaciones por el mismo hecho sin que se registre una respuesta del empleador. En tales supuestos, la segunda sanción (y las siguientes, de ocurrir) debería imponerse un límite al actuar

discrecional de la Administración, que debiera encontrar medios alternativos para asegurar el conocimiento y respuesta del inspeccionado.

Con relación al uso de la casilla electrónica, debe precisarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de abril de 2022 (expediente 3394-2021-PA/TC), por la que se declaró fundada la demanda de amparo de una empresa que objetó las notificaciones digitales practicadas por la Autoridad Tributaria, no es un criterio que se aplique a las controversias ventiladas ante este Tribunal. Como se advierte del fundamento jurídico núm. 15 de dicha sentencia, se resolvió sobre la base de una regulación contenida en el artículo 104 del Código Tributario, que dispone que la notificación se dirige al domicilio fiscal del investigado. Se trata, por tanto, de un razonamiento jurisdiccional no aplicable a la controversia resuelta ante esta instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare INFUNDADO en este extremo, respecto del uso de la casilla electrónica, debiendo procederse al análisis del resto del recurso.

Presidente

20230329JCR