Servicio de Administración Tributaria de Jose Leonardo Ortiz — Res. 872-2026

Mediante Orden de Inspección N° 1948-2022-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 675-2022-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia de la organización sindical en aplicación del literal c) del artículo 12° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 57-2023/SUNAFIL/IRE-LAM/SIFN, notificada al Procurador Público el 02 de marzo de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del Bianca FAU 20555195444 soft 20:49:09-0500

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora de la Intendencia Regional de Lambayeque emitió el Informe Final N° 189- 2023/SUNAFIL/IRE-LAM/SIFN, notificado al Procurador Público el 20 de junio de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Lambayeque, la que mediante Resolución de Subintendencia N° 286-2023-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, notificada al Procurador Público el 18 de setiembre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 06 de octubre de 2023, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Subintendencia N° 286-2023-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA.

Mediante Resolución de Subintendencia N° 430-2023-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA (R), notificada al Procurador Público el 01 de febrero de 2024, la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Lambayeque, declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la impugnante.

Con fecha 22 de febrero de 2024, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 386-2023-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 072 - 2024-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, notificada al Procurador Público el 01 de abril de 2024, la Intendencia Regional de Lambayeque, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con escrito de fecha 19 de abril de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 072 - 2024-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, el mismo que fue recibido el 03 de mayo de 2024.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo3 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento

El artículo 206° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo-, así como

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que, el SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 072 - 2024-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, respectivamente, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 02 de abril de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por parte del SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ.

El numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que consagra el Principio de Buena Fe Procedimental, establece lo siguiente: “La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio

El numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultades de proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto inspeccionado, situación que se condice con lo dispuesto en el artículo 12 del RLGIT. 6.3 De igual modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece: “Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. Por lo que, queda entendido que constituye una obligación ineludible de los empleadores, el colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, coadyuvando a que las mismas se logren desarrollar en atención a su finalidad, esto es, la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, el artículo 11 de la LGIT establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público”. (énfasis añadido).

Es pertinente recordar que el artículo 36° de la LGIT8 establece que, el comportamiento subsumible dentro de la infracción a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto,

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientado a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada.

Así, corresponde analizar la observancia del Principio de Tipicidad9. Al respecto, la doctrina recuerda que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”10. Es decir, no basta con la existencia de una norma sancionadora general, sino que la conducta atribuida debe encajar de manera precisa y objetiva en el supuesto previsto por la norma, garantizando así la legalidad y previsibilidad de la sanción.

Debemos señalar que de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia11. Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla

En el caso concreto, del análisis del expediente digital se advierte que:

Al respecto, el personal inspectivo dejó constancia en el numeral 4.9 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción que, de la información remitida por el sujeto inspeccionado, no se ha podido determinar si ha realizado el pago o no de los beneficios sociales a favor de la extrabajadora; por lo cual se constituye la obstrucción a la labor inspectiva. Por lo que, determina en el Acta de Infracción que, al no cumplir con remitir la información laboral requerida, incurre por cada incumplimiento en la infracción tipificada en el numeral 46.3 del Artículo 46° del RLGIT.

Ahora bien, atendiendo los alegatos de la impugnante, resulta pertinente reforzar la calificación jurídica efectuada por las instancias previas, a través de la aplicación de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por la Sala Plena del Tribunal de Fiscalización Laboral, los cuales desarrollan criterios interpretativos vinculantes para la correcta subsunción de las conductas que afectan el deber de colaboración con la labor inspectiva. Así, corresponde invocar los criterios expuestos contenidos en los fundamentos 15 y 16 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, los cuales disponen que:

De manera concordante con lo expuesto, corresponde invocar los criterios expuestos en los fundamentos 25, 26, 27 y 28 de la Resolución de Sala Plena N° 012-2023- SUNAFIL/TFL, en los cuales se desarrollan precisiones con relación al deber de colaboración con la labor inspectiva, criterios que resultan aplicables al presente caso en tanto permiten reforzar la valoración de la conducta imputada en el marco de las actuaciones inspectivas, en los términos siguientes:

Así, bajo los criterios desarrollados precedentemente, corresponde señalar que el deber de colaboración exigible al sujeto inspeccionado no se satisface con la remisión de cualquier documentación o información de manera formal o aparente, sino mediante la entrega completa, pertinente e idónea de los documentos expresamente requeridos por el personal inspectivo, de modo que permitan verificar los hechos materia de

En consecuencia, no se puede sostenerse válidamente que existió una conducta diligente o una colaboración efectiva durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, puesto que la información remitida resultó insuficiente e inconducente para verificar los hechos investigados, frustrándose con ello la finalidad de la fiscalización. Debe precisarse que la obligación de colaboración prevista en la normativa inspectiva no se agota con la mera presentación de documentos, sino que exige que estos resulten útiles, pertinentes y correspondan efectivamente a lo solicitado por el inspector actuante. Admitir una interpretación distinta implicaría vaciar de contenido las facultades de investigación conferidas al Sistema de Inspección del Trabajo, permitiendo que el administrado eluda sus obligaciones mediante la entrega de información inconexa, incompleta o referida a terceros distintos de los trabajadores comprendidos en la investigación.

Asimismo, respecto de lo señalado en el Oficio N.° 360-2022-SATJLO/GG13, mediante el cual se indica que durante los años 2018 y 2019 el Servicio de Administración Tributaria de José Leonardo Ortiz (SAT JLO) mantenía dependencia administrativa de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, corresponde precisar que dicha afirmación, por sí sola, no resulta suficiente para justificar el incumplimiento del requerimiento de información de fecha 25 de octubre de 2022. En efecto, de la revisión integral del expediente inspectivo no se advierte la existencia de documentación objetiva, fehaciente e idónea que acredite que la inspeccionada haya desplegado acciones concretas y diligentes destinadas a obtener la información requerida ante la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, pese a sostener que en el periodo 2018- 2019, dependían de este. Así, no obran en autos solicitudes de información, requerimientos, cargos de recepción, comunicaciones oficiales, constancias de trámite ni ningún otro medio probatorio que permita verificar que la inspeccionada gestionó oportunamente la obtención de la documentación cuya presentación le fue exigida por la autoridad inspectiva.

En tal sentido, la sola manifestación contenida en el Oficio N.° 360-2022-SATJLO/GG constituye una alegación unilateral que no se encuentra respaldada por elementos probatorios que acrediten una imposibilidad material o jurídica para cumplir con el requerimiento efectuado. Por el contrario, de conformidad con el principio de colaboración que rige las actuaciones inspectivas y con el deber de facilitar la información solicitada por la Inspección del Trabajo, correspondía a la inspeccionada acreditar de manera suficiente las gestiones realizadas para obtener la documentación requerida o, en su defecto, demostrar objetivamente la existencia de circunstancias ajenas a su voluntad que imposibilitaran su presentación. Por tanto, dichos argumentos deben ser desestimados.

En cuanto a la solicitud de extensión de plazo para dar cumplimiento al requerimiento de información, es importante considerar el precedente vinculante desarrollado por este Tribunal en la Resolución de Sala Plena N° 023-2024-SUNAFIL/TFL, publicado el 24 de diciembre de 2024, en el cual se estableció lo siguiente:

En tal sentido, para que un pedido de ampliación de plazo formulado oportunamente por el sujeto inspeccionado sea valorado adecuadamente por el inspector actuante, la justificación que motiva este pedido no debe consistir en una mera alegación de parte. Por el contrario, en estricto cumplimiento del principio de buena fe procedimental, el administrado debería presentar los elementos justificativos con relación a la demora que hace necesario el plazo adicional. Es decir, con arreglo al citado principio, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo deben considerar que resultará exigible al sujeto inspeccionado que solicite un plazo adicional para cumplir un requerimiento informativo que proceda con cuidados significativos, conforme a la casuística general: i) Que explique sustentadamente y acredite los hechos que impedirían cumplir con la entrega de toda o parte de la información requerida por el inspector de trabajo dentro del plazo establecido. ii) Que otorgue medios verificables para determinar si, efectivamente, el objeto del requerimiento informativo reviste de complejidad especial. iii) Que se pueda demostrar que la cantidad de la información, su antigüedad, u otro criterio análogo motiva a flexibilizar el plazo originalmente interpuesto. iv) Además de los siguientes criterios ejemplificadores, que pueden acontecer singular o combinadamente, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo deberán además considerar si el administrado ha establecido en su petición cuánto es el tiempo que le tardará integrar la información y/o documentación faltante.

Por otro lado, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo que examinen semejantes peticiones deberán valorar si esta petición se formula —bajo un criterio de razonabilidad temporal— con inmediatez tras la notificación del requerimiento informativo. En particular, este Tribunal de Fiscalización Laboral recuerda que los inspectores de trabajo tienen autonomía funcional, por lo que ellos podrán calificar la seriedad y consistencia de un pedido de este tipo o si, en cambio, opera una práctica contraria al deber de buena fe procedimental.

Igualmente, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo deberán establecer si, en el expediente de fiscalización, el sujeto inspeccionado puso a disposición la información requerida a la fecha del requerimiento. Con arreglo al deber de prevención, el administrado debería poder presentar esta información ante el personal inspectivo lo más pronto posible, ello con la finalidad de coadyuvar con la labor de investigación. En esta medida, si la petición de un mayor plazo no ofrece información alguna o si la alcanzada no es relevante para la materia investigada, el inspector de trabajo podrá promover el procedimiento sancionador levantando el acta de infracción

En consecuencia, recaerá en la discrecionalidad del inspector actuante el evaluar estos pedidos de ampliación de plazos, y conceder aquellos que cumplan estos estándares, respetando el principio de razonabilidad y la programación de las otras ordenes de inspección que tenga en simultaneo, descartando de plano aquellos pedidos sin contenido alguno o aquellos donde sea evidente que tienen como único objetivo dilatar las labores inspectivas (como sucede, por ejemplo, cuando se requiere una y otra ampliación, pero finalmente no se presenta la información y/o documentación requerida). (énfasis añadido)

Considerando lo anterior, se evidencia que la solicitud de extensión de plazo presentada por la inspeccionada, frente a la notificación del primer requerimiento de información de fecha 19 de octubre de 2022, no cumplía con los elementos suficientes para motivar su aceptación y otorgamiento por parte del inspector comisionado. En consecuencia, la negativa a conceder la ampliación de plazo por parte del inspector comisionado, reflejada en la continuación del procedimiento con la notificación del segundo requerimiento de información del 25 de octubre de 2022, fue plenamente regular y acorde con la discrecionalidad que este posee.

No se debe olvidar que la ampliación se presentó el último día del vencimiento del plazo concedido en el primer requerimiento del 19 de octubre de 2022, y que, el segundo requerimiento de información tenía un plazo de cinco (5) días hábiles, es decir, que después del primer oficio presentado donde se solicita la extensión del plazo, la entidad la entidad tuvo un total de ocho (08) días hábiles para obtener y presentar la documentación solicitada por el inspector actuante; sin embargo, conforme a lo desarrollo por la autoridad inspectiva y las instancias previas del procedimiento sancionador, la impugnante no cumplió con remitir con lo solicitados en los requerimientos de información notificados. Demostrándose así el notable incumplimiento por parte de la impugnante a sus deberes de colaboración en el desarrollo de las actuaciones inspectivas, frustrando el logro de los objetivos de la inspección. Ante lo cual tomó relevancia lo señalado por el precedente administrativo anteriormente citada respecto de que “si la petición de un mayor plazo no ofrece información alguna o si la alcanzada no es relevante para la materia investigada, el inspector de trabajo podrá promover el procedimiento sancionador levantando el acta de infracción correspondiente, basándose en que es el empleador quién está obligado a conservar y sistematizar la documentación diversa sobre las relaciones laborales con sus trabajadores.” (énfasis añadido).

Así, las alegaciones efectuadas en el recurso de revisión corresponden ser desestimadas, reafirmándose la comisión de las dos infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, al haber incumplido la inspeccionada con los requerimientos informativos del 19 y 25 de octubre de 2022, pese a haber sido debidamente notificada, negándose así a brindar la información solicitada por el inspector, frustrando con dicha conducta el cumplimiento de la función inspectiva.

Cabe recordar que la LGIT y su reglamento califican como infracción muy grave y de naturaleza insubsanable la conducta consistente en la negativa de facilitar la información y documentación al personal inspectivo, conforme al numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Este tipo infractor busca garantizar la eficacia del funcionamiento de la labor inspectiva en el marco de las facultades que la ley confiere. En ese sentido, las conductas atribuidas a la parte impugnante comprometieron directamente el cumplimiento de los fines públicos en materia sociolaboral, generando un menoscabo al ejercicio legítimo de la potestad inspectiva de la SUNAFIL, razón por la cual resulta jurídicamente imputable y sancionable en los términos verificados.

Por consiguiente, corresponde a la impugnante asumir la sanción económica impuesta, y declararse infundado el presente recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la intendencia respectiva.