Servicentro Pizarro S.A.C — Res. 522-2026

Mediante Orden de Inspección N° 27110-2021-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 9675-2021-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del literal c) del artículo 12° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 102-2022-SUNAFIL/ILM/AI2, notificada el 31 de enero de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la Autoridad Instructora II emitió el Informe Final de Instrucción N° 571-2022-SUNAFIL/ILM/AI2, notificado el 18 de abril de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción 4 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Subintendencia N° 838-2022- SUNAFIL/ILM/SISA4, notificada el 01 de agosto de 2022, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 12 de agosto de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 838-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4, presentando argumentos en atención a lo dispuesto en el artículo 49° de la LGIT2, concordante con el artículo 55° del RLGIT3 y con lo previsto en el artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS4, a fin de contradecir lo resuelto por la autoridad sancionadora de primera instancia. El recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido y ante la autoridad que emitió la resolución apelada, la cual procedió a elevarlo a la Intendencia de Lima Metropolitana para el trámite correspondiente.

Mediante Resolución de Intendencia N° 1819-2022-SUNAFIL/ILM, notificada el 07 de noviembre de 2022, la Intendencia de Lima Metropolitana, tras evaluar los argumentos expuestos, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia.

Con fecha 25 de noviembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1819- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-002279-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 02 de agosto de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante la Resolución N° 0911-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, notificada el 14 de agosto de 2025, declaró fundado en parte el recurso de revisión interpuesto por la impugnante.

En tal sentido, mediante Resolución N° 0317-2026-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, notificada el 26 de febrero de 2026, se dispuso el inicio del procedimiento de nulidad de oficio de la en la causal de nulidad contemplada en el numeral 2 del artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles a la impugnante para la presentación de sus descargos, de conformidad con el numeral 213.2 del artículo 213° de la normativa antes citada. Al respecto, la impugnante presentó descargo en fecha 04 de marzo de 2026.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo7 y modificatorias (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Al ser una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad de oficio de los actos administrativos emitidos por ésta pueden ser declarados por el propio Tribunal, de conformidad con el numeral 213.5 del artículo 213° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), pudiendo resolver sobre el fondo del asunto, de contarse con los suficientes elementos para ello.

El TUO de la LPAG, define al acto administrativo como: “(…) las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro

Para tal fin, a través del artículo 3° del TUO de la LPAG, se definen los requisitos de validez a los cuales se encuentra sujetos los actos administrativos, comprendiéndose dentro de éstos a la i) competencia, ii) el objeto u contenido, iii) la finalidad pública, iv) la motivación y; finalmente, la emisión del mismo dentro de un v) procedimiento regular.

A su vez, los numerales 213.1 y 213.3 del artículo 213° del TUO de la LPAG, establecen que en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10° del mismo cuerpo normativo13, puede declararse la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. La facultad para declarar la nulidad de oficio prescribe a los dos (2) años, contados a partir de la fecha en que éstos hayan quedado consentidos.

En caso de declararse la nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad le corre traslado a éste, otorgándole un plazo no menor de cinco (05) días hábiles para ejercer su derecho de defensa. Transcurrido este plazo, la autoridad resuelve con los actuados presentes en dicho momento.

Habiéndose notificado el inicio del procedimiento de nulidad de oficio de la Resolución N° 0911-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, a través de la Resolución N° 0317-2026- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, y habiéndose presentado descargos, corresponde analizar y resolver respecto a ello.

La Resolución N° 0911-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, notificada el 14 de agosto de 2025 fue aprobada mediante sesión del 30 de julio de 2025, por la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral.

De la revisión de su contenido, se identifica que ésta cumple con los requisitos de validez señalados en el artículo 3° del TUO de la LPAG, al haber sido emitido en conocimiento del procedimiento regular (recurso de revisión) por un órgano competente (el Tribunal de Fiscalización Laboral), con un objeto o contenido determinado (declara caducidad), y con una finalidad pública (la correcta aplicación de la normativa de seguridad y salud en el trabajo); sin embargo, se evidencia que la motivación de la misma presentaría defectos según se desglosará a continuación. (Énfasis añadido).

Esta Sala emitió la Resolución N° 0911-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, mediante la cual se declaró FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto, disponiéndose la nulidad de la Resolución de Subintendencia N° 838-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4 y de los sucesivos actos y actuaciones del procedimiento administrativo sancionador, al considerarse que el requerimiento de información de fecha 24 de agosto de 2021 no habría sido válidamente notificado.

No obstante, mediante MEMORÁNDUM N° 1526-2025-SUNAFIL/ILM/SISA4, emitido por la Subintendencia de Sanción 4 de la Intendencia de Lima Metropolitana, se puso en conocimiento de esta Sala que la alerta de notificación fue remitida mediante servicio de mensajería al número telefónico consignado en la casilla electrónica, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, lo cual incide directamente en la validez de la notificación analizada en la citada resolución; bajo ese contexto, se dispuso el inicio del presente procedimiento de nulidad de oficio.

Bajo tales consideraciones, la impugnante presentó el descargo correspondiente, por el cual solicitó desestimar la nulidad iniciada, señalando que el procedimiento administrativo sancionador se desarrolló conforme a ley, culminando con la emisión de una resolución de última instancia que declaró fundado en parte el recurso de revisión, sobre la base de la falta de alerta de notificación del requerimiento de información de fecha 24 de agosto de 2021. Asimismo, se sostiene que dicha resolución respetó el Principio de Debido Procedimiento y cumplió con el deber de motivación, al haberse sustentado en los elementos existentes en el expediente al momento de su emisión, indicándose además que la verificación posterior de nuevos elementos no puede sustentar la nulidad de oficio de un acto firme, pues ello vulneraría el Principio de Seguridad Jurídica y el Principio de Buena Fe Procedimental. Finalmente, se señala que no se configura la afectación al interés público ni la lesión de derechos fundamentales exigidas por el artículo 213° del TUO de la LPAG, y que habría operado la prescripción de la facultad sancionadora al haber transcurrido más de cuatro años desde el 24 de agosto de 2021.

Sobre el particular, corresponde precisar que los argumentos expuestos en los descargos no logran desvirtuar el vicio advertido, en tanto se sustentan en la información existente al momento de la emisión de la Resolución N° 0911-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, sin controvertir el hecho objetivo verificado con posterioridad, referido a la existencia de la alerta de notificación remitida mediante servicio de mensajería. En efecto, la motivación empleada en la citada resolución partió de una premisa fáctica incorrecta, consistente en la supuesta ausencia de alerta de notificación, lo cual incidió directamente en la

En ese sentido, si bien se alega que la resolución fue emitida conforme a los elementos obrantes en el expediente en su oportunidad, ello no enerva la obligación de la Administración de verificar la veracidad de los hechos que sustentan sus decisiones, en aplicación del Principio de Verdad Material. Así, la constatación de que sí existió una alerta de notificación válida evidencia que la motivación del acto administrativo no se encuentra adecuadamente sustentada en los hechos reales del caso, configurándose un defecto en la motivación conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG.

Asimismo, no resulta amparable el argumento referido a una supuesta vulneración del Principio de Seguridad Jurídica o del Principio de Buena Fe Procedimental, en tanto la declaración de nulidad de oficio no responde a una nueva valoración discrecional de los hechos, sino a la corrección de un acto administrativo viciado, cuya motivación se sustentó en una premisa fáctica errónea. En tal sentido, la actuación de la Administración se encuentra orientada a restablecer la legalidad y garantizar la correcta aplicación del ordenamiento jurídico, lo cual resulta compatible con los principios que rigen el procedimiento administrativo.

De igual modo, carece de sustento la alegación referida a la inexistencia de afectación al interés público, toda vez que la indebida declaración de nulidad del procedimiento administrativo sancionador incide directamente en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, comprometiendo la eficacia del sistema de inspección del trabajo. Finalmente, el argumento vinculado a la prescripción de la facultad sancionadora no resulta pertinente en esta etapa, en tanto el análisis de la nulidad de oficio se circunscribe a la validez del acto administrativo emitido por este Tribunal, correspondiendo que cualquier evaluación sobre el fondo del asunto sea realizada en el pronunciamiento respectivo.

En tal sentido, se evidencia que el contenido de la Resolución N° 0911-2025-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, vulnera el interés público, incurriéndose en un defecto en la motivación, encontrándose incursa en la causal de nulidad contemplada en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG.

Por ello, en virtud del numeral 11.2 de artículo 11° del TUO de la LPAG y el numeral 213.2 del artículo 213° de la citada normativa, corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 0911-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, notificada el 14 de agosto de 2025, resolviéndose sobre el fondo del asunto al contarse con los elementos suficientes para ello.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que SERVICENTRO PIZARRO S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1819-2022- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 08 de noviembre de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por SERVICENTRO PIZARRO S.A.C.

La impugnante alega que se ha vulnerado el Principio del Debido Procedimiento al no fundamentar debidamente, ni motivar la resolución impugnada. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

Por otro lado, el Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

Bajo esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Subintendencia como la Resolución impugnada han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Asimismo, el numeral 4 del artículo 3° del TUO de la LPAG establece que: “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”. Dicha motivación debe ser expresa, con una exposición concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, así como de las

Debe señalarse que, conforme al cuarto fundamento jurídico de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 08 de febrero de 2022, recaída en el expediente N° 00349-2021-PA/TC, toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos esenciales para satisfacer el deber de motivación. Estos criterios, por su naturaleza garantista, son plenamente aplicables al ámbito administrativo, y deben ser considerados en el análisis del presente expediente. Los requisitos son los siguientes: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador, se aprecia que los cuatro elementos exigidos para el cumplimiento del deber de motivación se encuentran debidamente presentes. La argumentación de las resoluciones resulta clara, completa y directamente vinculada a los hechos constatados y al marco normativo aplicable, garantizando de manera efectiva los derechos de defensa de la impugnante. En tal sentido, se concluye que, tanto desde una perspectiva formal como material, el debido procedimiento ha sido respetado en el desarrollo del presente procedimiento sancionador.

Por lo expuesto, los argumentos expuestos por la impugnante deben ser desestimados, al no advertirse afectación alguna al deber de motivación ni al debido procedimiento, ni a los principios invocados en los términos alegados. Esta Sala ha verificado que las resoluciones de las instancias de mérito cumplen con todos los elementos exigidos para la debida motivación –coherencia interna, justificación de las premisas externas, suficiencia y congruencia– en estricta observancia de los artículos 3° y 5° del TUO de la LPAG, así como de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En consecuencia, desde una perspectiva formal y material, se concluye que el procedimiento sancionador ha respetado las garantías del debido procedimiento y la debida motivación exigidas por el TUO de la LPAG, no correspondiendo amparar este extremo del recurso.

Sobre el particular, corresponde invocar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 003-2020- TR, norma que aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL publicado en el diario oficial El Peruano el día 14 de enero de 2020. Esta norma, de carácter imperativo, establece un régimen obligatorio de notificación electrónica, cuyas disposiciones han sido validadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como por la Presidencia del Consejo de Ministros, en concordancia con las reglas del TUO de la LPAG.

En efecto, debe recordarse que el quinto párrafo del numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la LPAG establece que, las entidades pueden asignar al administrado una casilla electrónica para notificarle actuaciones diversas, “siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado” y que, con la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica”. Esta exigencia se encuentra plenamente satisfecha en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, conforme se señala expresamente en el quinto considerando de dicha norma, que constituye el marco legal especial en materia inspectiva de SUNAFIL.

Cabe señalar que el Tribunal de Fiscalización Laboral ha resuelto diversos recursos de revisión en los que se han planteado cuestionamientos respecto a la validez de las notificaciones efectuadas a través de la casilla electrónica. En ese contexto, el Tribunal ha tenido la oportunidad de analizar y pronunciarse sobre la aplicación sistemática del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, norma que regula el uso obligatorio de dicho medio electrónico, identificando al menos seis reglas fundamentales que rigen la notificación electrónica en el marco de los procedimientos administrativos seguidos por la SUNAFIL:

Resulta igualmente relevante, para el análisis de la obligatoriedad del uso de la casilla electrónica, considerar que el Decreto Supremo N° 003-2020-TR dispuso, en su Primera Disposición Complementaria Final, un cronograma de implementación progresiva, el cual fue aprobado mediante la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL y posteriormente modificado por la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL. Es importante resaltar que la propia SUNAFIL ha desplegado esfuerzos orientados a la adecuada difusión de esta obligación, lo cual se refleja, por ejemplo, en la elaboración y

En este extremo, resulta pertinente desatacar el artículo 51° de la Constitución Política del Perú reconoce el Principio de Publicidad, al declarar su carácter “esencial para la vigencia de toda norma del Estado”. Este principio que constituye uno de los pilares fundamentales del sistema jurídico, ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional a través de sentencia emitida el 28 de mayo de 2020 recaída en el expediente N° 0001- 2017-PI/TC, el cual ha afirmado que, dicho principio posee una “naturaleza esencial” para la existencia misma de “todo Estado constitucional de derecho” (fundamento jurídico 6) y que “tiene una estrecha relación con la protección de los principios democrático- constitucionales de transparencia y seguridad jurídica” (fundamento jurídico. 49).

De igual forma, debe destacarse que el Tribunal Constitucional ha manifestado en la Sentencia emitida el 01 de julio de 2021, recaída en el expediente N° 01023-2021-PA/TC, lo siguiente:

Por otra parte, en la Sentencia emitida el 22 de junio de 2011, recaída en el expediente N° 02098-2010-PA/TC, relativa al ejercicio de facultades sancionadoras, aunque de carácter disciplinario, el Tribunal Constitucional ha resuelto lo siguiente:

En atención a lo expuesto, esta Sala concluye que la notificación realizada mediante casilla electrónica se efectuó conforme a lo previsto en el Decreto Supremo N° 003-2020- TR y su normativa complementaria, así como en el artículo 25° del TUO de la LPAG. Dicho mecanismo constituye un medio obligatorio, legalmente habilitado, razonablemente implementado y debidamente publicitado, garantizando que la impugnante tuviera pleno conocimiento de la comunicación notificada. En tal sentido, se constata que no existió

El numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que consagra el Principio de Buena Fe Procedimental, establece lo siguiente: “La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”.

De conformidad con el artículo 1° de la LGIT, las actuaciones inspectivas constituyen diligencias que la Inspección del Trabajo realiza de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y adoptar, de ser necesario, las medidas inspectivas que correspondan para asegurar dicho cumplimiento. Asimismo, la LGIT define la función inspectiva como: “es la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En tal sentido, el comportamiento del personal inspectivo debe estar orientado al cumplimiento de las funciones que establece la LGIT y su reglamento, procurando siempre la tutela del fin que dichas normas persiguen, y actuando dentro del marco del Principio de Razonabilidad16.

Asimismo, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 5° de la LGIT, en el ejercicio de sus funciones, los inspectores de trabajo debidamente acreditados se encuentran investidos de autoridad y facultados para llevar a cabo cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto

Del mismo modo, el artículo 15° del RLGIT establece que: “15.1 Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley. 15.2 El Sector Público y quienes ejerzan funciones públicas están obligados a prestar su colaboración a los inspectores del trabajo cuando les sea solicitada como necesaria para el ejercicio de la función inspectiva y a facilitarles la información que requieran. Las Autoridades y la Policía Nacional del Perú prestarán el auxilio y colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el ejercicio de sus facultades de investigación”. Esta disposición reafirma el deber de colaboración activa por parte de los sujetos inspeccionados, como condición necesaria para el correcto desempeño de la función inspectiva.

En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 9° de la LGIT, dispone que: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. En consecuencia, se entiende que los empleadores tienen la obligación ineludible de colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, contribuyendo a que estas se realicen de forma eficaz y conforme a su finalidad esencial: la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, el artículo 11° de la LGIT dispone que: “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Es pertinente recordar que el artículo 36° de la LGIT establece que, el comportamiento subsumible dentro de la infracción a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

En línea con ello, el tipo infractor previsto en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT está dirigido a sancionar la negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes a facilitar la información y documentación requerida. No se trata, por tanto, de sancionar una simple omisión o demora, sino de reprochar una conducta claramente definida en la que la parte inspeccionada se rehúsa de manera expresa a entregar la información solicitada.

En ese contexto, corresponde analizar la observancia del Principio de Tipicidad17. Al respecto, la doctrina recuerda que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”18. Es decir, no basta con la existencia de una norma sancionadora general, sino que la conducta atribuida debe encajar de manera precisa y objetiva en el supuesto previsto por la norma, garantizando así la legalidad y previsibilidad de la sanción.

Es preciso señalar que, del análisis de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, se desprende que la responsabilidad administrativa no se limita únicamente a conductas dolosas. En virtud del Principio de Culpabilidad, también se consideran factores subjetivos de responsabilidad como negligencia o la falta de diligencia en el cumplimiento de los deberes exigidos al administrado.

En el caso concreto, del análisis del expediente inspectivo se advierte que:

Estando a ello, en aplicación al Principio de Verdad Material amparado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de TUO de la LPAG19, esta Sala ha procedido a verificar, a través del aplicativo “Consulta de Notificaciones” implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) de la SUNAFIL, que la impugnante ya había realizado su primer acceso a la casilla electrónica con anterioridad a la notificación de los requerimientos de información.

En efecto, se ha constatado que su primer acceso se efectuó el 28 de mayo de 2021, a las 18:13:39 horas; sin embargo, se advierte que los datos de contacto fueron incorporados al sistema en esa misma fecha y hora, lo que permite inferir que dicho registro se realizó inmediatamente después del acceso.

Asimismo, se advierte que el requerimiento de información fue debidamente acompañado de la alerta electrónica remitida a través del servicio de mensajería al número telefónico registrado en el sistema de casilla electrónica20, conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR.

En tal sentido, considerando la vigencia del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, la impugnante se encontraba obligada a revisar periódicamente su casilla electrónica. En consecuencia, al haberse verificado dicho acceso previo y la remisión de la alerta correspondiente – particularmente a través del servicio de mensajería al número telefónico registrado21– se concluye que la notificación dirigida al sujeto inspeccionado, ahora la impugnante, fue válidamente realizada, cumpliéndose además con los requisitos legales establecidos.

En relación con el criterio invocado por la impugnante, contenido en la Resolución N° 006- 2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, corresponde señalar que dicho pronunciamiento no constituye precedente de observancia obligatoria, conforme a lo dispuesto en los artículos 22° y 23° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral22, por lo que no resulta jurídicamente vinculante para esta Sala. En tal sentido, su invocación no determina, por sí misma, la invalidez de la notificación cuestionada, debiendo analizarse el presente caso en función de sus propias particularidades.

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que el supuesto fáctico del caso invocado por la impugnante difiere del presente, en tanto en el expediente administrativo se ha verificado la remisión de la alerta correspondiente a través del servicio de mensajería al número telefónico registrado en el sistema de casilla electrónica, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, lo que garantiza el conocimiento oportuno del documento notificado. En consecuencia, no se configura vulneración alguna al derecho de defensa ni al debido procedimiento.

De otro lado, respecto al cuestionamiento referido a que la constancia de notificación carecería de firma, corresponde precisar que la normativa aplicable al sistema de notificación electrónica no exige la suscripción de dicho documento como requisito de validez. En efecto, conforme al Decreto Supremo N° 003-2020-TR, la notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario, constituyéndose esta en un domicilio digital obligatorio; siendo que las alertas —remitidas a través de correo electrónico y/o servicio de mensajería— tienen carácter complementario y tienen por finalidad informar al administrado sobre la existencia de una notificación en su casilla electrónica.

En ese sentido, la validez de la notificación no se encuentra condicionada a la firma de la constancia ni a la concurrencia simultánea de todos los mecanismos de alerta, sino al cumplimiento del depósito del documento en la casilla electrónica y a la generación de las alertas conforme al sistema implementado. Por tanto, habiéndose verificado en el presente caso la remisión de la alerta mediante el servicio de mensajería al número telefónico registrado, el alegato formulado por la impugnante carece de sustento.

En consecuencia, de lo actuado se advierte que la conducta desplegada por la parte impugnante configura la negativa a cumplir con el requerimiento de información que le fue válidamente notificado. Cabe precisar que recae sobre los sujetos inspeccionados la responsabilidad de observar y cumplir de manera íntegra con su deber de colaboración, lo que en el presente caso implicaba remitir la documentación e información solicitada dentro del plazo otorgado por el personal inspectivo.

Por lo tanto, la omisión en la remisión de la información y documentación exigidas constituye infracción a la labor inspectiva, tipificada de manera independiente en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Resulta relevante enfatizar que el requerimiento de información, debidamente notificado a la parte impugnante, advertía expresamente que la negativa a proporcionar la información y/o documentación solicitada configuraba infracción a la labor inspectiva sancionable con multa. De esta forma, la impugnante tenía pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de dicha obligación.

En mérito a lo expuesto, esta Sala concluye que la parte impugnante resulta responsable administrativamente por la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, en tanto se negó injustificadamente a dar cumplimiento al requerimiento de información formulado en el marco de las actuaciones inspectivas, correspondiendo la imposición de la multa respectiva.

Cabe recordar que la LGIT y el RLGIT califican como infracción muy grave y de naturaleza insubsanable la conducta consistente en la negativa de facilitar la información y documentación al personal inspectivo, conforme al numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Este tipo infractor busca garantizar la eficacia del funcionamiento de la labor inspectiva en el marco de las facultades que la ley confiere. En ese sentido, la conducta atribuida a la parte impugnante comprometió directamente el cumplimiento de los fines públicos en materia sociolaboral, generando un menoscabo al ejercicio legítimo de la potestad inspectiva de la SUNAFIL, razón por la cual resulta jurídicamente imputable y sancionable en los términos verificados.

Por otra parte, en cuanto al alegato referido a la existencia de un proceso judicial en trámite y la supuesta aplicación de la Versión 2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

En el presente caso, la impugnante invoca la existencia del proceso judicial signado con Expediente Judicial N° 10287-2021-0-1801-JR-LA-18; sin embargo, no se advierte en el expediente inspectivo que dicha circunstancia haya sido puesta en conocimiento del personal inspectivo durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, ni que haya sido acreditada oportunamente mediante el correspondiente auto admisorio u otro documento idóneo que permita su valoración en la etapa inspectiva. Asimismo, aun de considerarse su existencia, no se configura identidad entre la materia objeto del proceso judicial —referida al reconocimiento de vínculo laboral y al pago de beneficios sociales— y aquella que sustenta la infracción imputada en el presente procedimiento, consistente en no facilitar la información y/o documentación solicitada mediante requerimiento de información notificado el 24 de agosto de 2021, conducta vinculada al incumplimiento del deber de colaboración frente a la autoridad inspectiva y tipificada como infracción muy grave en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, por lo que no resulta válido sostener que las actuaciones inspectivas debieron ser dadas por concluidas.

En línea con lo expuesto, conforme a la LGIT, el sistema de inspección del trabajo se configura como un sistema único, polivalente e integrado, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, exigir responsabilidades administrativas, orientar y asesorar técnicamente, y conciliar administrativamente en los casos permitidos. En ese marco, la actuación inspectiva constituye un servicio público permanente, cuya intervención se ejerce de manera autónoma e independiente de la vía judicial, sin requerir un pronunciamiento previo del Poder Judicial para la determinación de infracciones administrativas, como la verificada en el presente caso, vinculada al incumplimiento del deber de colaboración frente a la autoridad inspectiva.

En consecuencia, no habiéndose acreditado la concurrencia de los supuestos que justifiquen la finalización de las actuaciones inspectivas por la existencia de una cuestión litigiosa en sede judicial, corresponde desestimar el alegato formulado por la impugnante en este extremo, no advirtiéndose vulneración alguna al debido procedimiento.

Finalmente, esta Sala concluye que los argumentos expuestos por la parte impugnante carecen de sustento fáctico y jurídico suficiente para desvirtuar las imputaciones efectuadas en su contra. Por lo tanto, corresponde desestimar el recurso de revisión en todos y cada uno de sus extremos, al no haberse acreditado vulneración de los principios invocados ni afectación a la validez del procedimiento administrativo sancionador.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.