Seguroc S.A — Res. 535-2022

Mediante Orden de Inspección N° 1402-2020-SUNAFIL/IRE-LIM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1.Las actuaciones inspectivas culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 067-2021-SUNAFIL/IRE-LIM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otra, de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, dado que la impugnada ha sido denunciada por el ex trabajador Cesar Nolberto Ramos Olaya, por presuntos incumplimientos sociolaborales tales como: el pago íntegro de la remuneración del mes de agosto, pago de la liquidación de beneficios sociales, entre otros. En merito a ello, se emitieron medidas de requerimiento que acreditaran lo alegado; sin embargo, la documentación presentada por la impugnante no fue suficiente para que acredite el registro

Mediante Imputación de Cargos N° 85-2021-SUNAFIL/IRE-LIM/SIAI-IC, de fecha 26 de marzo de 2021, notificada el 29 de marzo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 135-2021-SUNAFIL/IRE-LIM/SIAI-IF, de fecha 28 de abril de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lima, la que mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 354-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, de fecha 12 de octubre de 2021, notificada el 14 de octubre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 11,572.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 04 de noviembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 354-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 105-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, de fecha 19 de noviembre de 20212, la Intendencia Regional de Lima declaró infundado el recurso de

Con fecha 10 de diciembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lima, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 105-2021- SUNAFIL/IRE-LIM.

La Intendencia Regional de Lima admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000823-2021-SUNAFIL/IRE- LIM, recibido el 15 de diciembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que SEGUROC S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 105-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, que revocó en parte la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia, y reformuló la multa a S/ 23,144.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 23 de noviembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por SEGUROC S.A.

El Tribunal Constitucional en jurisprudencia reiterada, ha establecido que el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares, ello en el marco del fenómeno de constitucionalización del derecho. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito judicial, sino también en el ámbito administrativo y, en general, como

De lo anterior podemos colegir que todo órgano que imparta justicia, sea en sede judicial o administrativa, está obligada por mandato constitucional a garantizar el debido proceso a todo administrado que se le imputa la comisión de una falta. Al respecto, también que el derecho al debido proceso es un derecho continental que comprende una serie de derechos como parte de un estándar mínimo; entre estos derechos constitucionales tenemos el derecho a ser escuchado, derecho a producir y ofrecer prueba, el derecho a obtener una decisión motivada y fundamentada en derecho; de tales derechos surgen diversas garantías, entre las cuales distinguimos al principio de reformatio in peius.

Así resulta necesario mencionar que la reformatio in peius, es el nombre en latín de una institución jurídica que prohíbe reformar la sentencia apelada en perjuicio del recurrente o, en otras palabras, de empeorar la situación del apelante, constituyéndose por tanto en una garantía del debido proceso, en la medida en que su afectación supondrá la vulneración del derecho a interponer recursos impugnatorios y, por tanto, al derecho de defensa del recurrente.

En ese orden de ideas, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho al debido proceso el derecho de defensa el cual se encuentra reconocido en el inciso 3 del artículo 139, el cual tiene una relación directa con el derecho a impugnar y recurrir a una instancia superior, como manifestación de aquel, el que se traduce en el derecho a la doble instancia en el ámbito del proceso administrativo.

En relación con dicha garantía procesal, el Tribunal Constitucional ha señalado que ésta se encuentra implícita en la Constitución Política del Perú y que además resulta aplicable también a los procedimientos administrativos sancionadores, conforme detalla a continuación:

Cabe precisar que la garantía constitucional de prohibición de la reforma in peius, tiene correspondencia directa con la seguridad jurídica que tiene todo administrado ante un acto administrativo que no debe verse afectada si recurre a la vía impugnatoria, toda vez que el recurso impugnatorio es de interés exclusivo de la administrada en ejercicio de su derecho de defensa y no puede convertirse en un arma contra el propio impugnante, de modo que la decisión que lo resuelve no puede conducir a un efecto contrario al perseguido por el recurrente, cual es anular o suavizar la sanción aplicada en la resolución objeto de impugnación.

En el caso bajo análisis, se observa que la autoridad de primera instancia en el procedimiento seguido a la impugnante, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 354-2021- SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, determinó que la impugnante había incurrido en una infracción tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, al no acreditar el registro de control de asistencia del periodo mensual de julio del 2020 (01 al 31 de julio de 2020, con excepción del día 17 de julio de 2020) y el 31 de agosto de 2020. No obstante, la Intendencia Regional de Lima al emitir la Resolución de Intendencia N° 105-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, revocó en parte la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia, y elevó la multa impuesta a S/23,144.00, confirmando la infracción tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT; y adicionando la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no acreditar el cumplimiento oportuno de la medida inspectiva de requerimiento emitida el 07 de enero de 202111, que había sido dejada sin efecto por la autoridad de primera instancia, es decir, ha empeorado la situación del impugnante al aumentar la multa impuesta en su contra.

Este hecho supone tal como se ha señalado en los numerales precedentes, la afectación de la prohibición de reforma peyorativa, afectando el derecho de defensa del impugnante; por lo tanto, la Resolución de Intendencia N° 105-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, ha incurrido en un vicio, por lo que, la Intendencia deberá emitir un nuevo acto debidamente fundamentado y acorde a los principios y garantías constitucionales mencionados en la presente resolución.

Por las consideraciones expuestas, esta Sala estima que, habiéndose constatado la vulneración del deber al debido procedimiento, carece de objeto pronunciarse sobre los demás argumentos esgrimidos en el recurso de revisión sometido a conocimiento, razón por la cual el referido procedimiento se encuentra inmerso en causal de nulidad, de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la Ley N° 2744412.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Asimismo, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, es indispensable que este Tribunal revise el cumplimiento de la normativa en materia sociolaboral -tanto adjetiva como sustantiva- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos de las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo. Por tanto, al apreciar la vulneración de principios del procedimiento administrativo contra la impugnante, el Tribunal se encuentra en la obligación de revisar el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

En ese sentido, la Resolución de Intendencia N° 105-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo. Por tanto, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG, tal Resolución carece de efectos y, en consecuencia, corresponde retrotraerlos, remitiendo los actuados a la autoridad competente que emitió el acto declarado nulo, a fin que se resuelva el recurso impugnatorio interpuesto por la impugnante.

Finalmente, se exhorta a la Intendencia Regional de Lima a que resuelva los recursos que lleguen a su sede de modo más acucioso, a fin de evitar el incurrir en nulidad del acto administrativo, tal como ha ocurrido en este caso.