Seguro Social de Salud — Res. 918-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Discriminación en el trabajo (Sub materia: En la remuneración y Cuadro de categorías y funciones y/o política salarial); Planilla o registro que la sustituya (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades) y Contratos de trabajo (Sub materia: Formalidades). soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir por casilla electrónica la información para las actuaciones inspectivas de investigación, requerimiento de información que fue válidamente notificado por casilla electrónica desde el Sistema Informático de inspección (SIIT) el 17/12/2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir por casilla electrónica la información para las actuaciones inspectivas de investigación, requerimiento de información que fue válidamente notificado por casilla electrónica desde el Sistema Informático de inspección (SIIT) el 28/12/2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir por casilla electrónica la información para las actuaciones inspectivas de investigación, requerimiento de información que fue válidamente notificado por casilla electrónica desde el Sistema Informático de inspección (SIIT) el 03/02/2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificado con fecha 14/02/2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con acreditar el reintegro de los montos mensuales, dejados de percibir, desde la firma del contrato hasta la actualidad del trabajador, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00.

i. Refiere que, en esa línea, resulta evidente la incompatibilidad con la Constitución de una decisión o actuación de la inspección del trabajo, que no cuente con los hechos suficientes, normas y razonamientos lógicos apropiados y congruentes de acuerdo al caso materia de evaluación; es decir, que se emita sin la elaboración de

un análisis exhaustivo de las normas jurídicas aplicables y sin la explicación razonada de cómo ciertos hechos se enmarcan dentro del supuesto previsto por una norma infringida: pues a la dación del informe final han limitado el derecho al debido proceso, minusvalorando los medios probatorios encaminados a desvirtuar los cargos y acusaciones formulados antes de la emisión de la RSI. ii. Asimismo, refiere la falta de motivación de la RSI, cuando indica que la omisión de motivar un acto administrativo, constituye una causal de nulidad de pleno derecho, previsto en el TUO de la ley del Procedimiento Administrativo General Ley 27444, habiéndose observado que la Autoridad Sancionadora al momento de determinar la responsabilidad, no valoró la evidencia de la alerta del uso de la casilla electrónica por parte de la Red Asistencial Pasco del Seguro Social de Salud - ESSALUD, la misma que es corporativa y corresponde a 29 redes asistenciales, que limitó la exhibición de la información de forma oportuna, por lo que consideran que esa situación conllevó a la generación de vicios por el inspector de trabajo. iii. Manifiesta sobre la carencia de alerta SINEL-SUNAFIL y limitación a la defensa conforme al pronunciamiento de la Primera Sala de Tribunal de Fiscalización Laboral, a través de la Resolución N° 128-2022-SUNAFIL/TFL que estableció sobre la preeminencia de la notificación de alertas como un derecho de defensa, por lo que no se tomó conocimiento de la notificación realizada mediante la casilla electrónica al no haber recibido una alerta, ya que la autoridad sancionadora no acreditó la evidencia de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la Sunafil, si efectivamente las alertas habían sido emitidas por el SINEL - SUNAFIL, según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo No 003-2020- TR. iv. También hace referencia a la mala fe del inspector del trabajo durante las actuaciones inspectivas, que operó irregularmente a lo largo de su accionar hasta la emisión del Informe Final, pues es inaceptable que, si considero que nuestra entidad había emprendido una conducta obstructiva al no presentar dentro del plazo la documentación solicitada a través del primer requerimiento de información de fecha 17/12/2, quebrantando el principio de la buena fe procedimental. v. En tal sentido, debido a la omisión del envío de la información de la misma información, se ha debido de considerar lo estipulado en el artículo 48-A del Reglamento de Inspección del Trabajo, ya que solo se ha tenido que considerar la de mayor gravedad, y en todo caso si las multas son del mismo valor, se debe considerar una multa y declararse nula las multas e imponer una sola infracción.

2 Notificada a la impugnante el 07 de julio de 2022. i. Se evidencia que los requerimientos de información, fueron válidamente notificados en la casilla electrónica, conforme se desprende de los actuados del expediente, evidenciándose que, a la fecha de notificación de los requerimientos de información, ya se encontraba implementada la casilla electrónica surtiendo, desde entonces, sus efectos legales. En consecuencia; este Despacho, determina que no existe vulneración alguna concerniente a las notificaciones, por cuanto la SUNAFIL no se ha visto imposibilitada de ejecutar notificaciones válidas mediante la casilla electrónica, conforme lo establece el criterio técnico legal adoptado por el Comité de Criterios en materia legal, aplicables al sistema de inspección del trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL. ii. Incumple el inspeccionado con remitir la información requerida por el inspector de trabajo dentro del plazo concedido, pese a haber tomado conocimiento oportuno, pues la autoridad inspectiva cumplió con realizar las alertas de notificación a la casilla electrónica, con lo que se evidencia el uso de este medio de comunicación que ha puesto de conocimiento sobre las actuaciones y/o procedimientos que emite la autoridad inspectiva. Para tal efecto, se debe tener en cuenta lo establecido en la Resolución N° 552-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 18 de noviembre del 2021, que señala que el cumplimiento de la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica está estrictamente ligado a la recepción de las alertas que el propio sistema señala que va a emitir. iii. La cláusula tercera es la que viene incumpliendo la inspeccionada, toda vez que al trabajador afectado se le viene remunerando con Nivel T-3, que es una categoría menor a la que indica su contratación. Y, justamente por esta razón es que se le solicita a la empleadora para que efectúe los reintegros en materia de remuneraciones conforme al nivel que ostenta el trabajador afectado. Por tal razón, se extiende la medida de requerimiento, siendo incumplido el contenido de esta medida por el sujeto inspeccionado, calificando su conducta como una obstrucción a la labor inspectiva, pues, la inacción de la inspeccionada en no dar cumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento. no contribuye a lograr el objetivo de la inspección del trabajo, en consecuencia, tenemos que la sanción impuesta en el presente procedimiento obedece a una infracción a la labor inspectiva, correctamente configurada y adicionalmente, se debe indicar que la misma es de naturaleza insubsanable. iv. Este Despacho comparte el análisis de la fundamentación de la Resolución de Subintendencia impugnada, realizado por el inferior en grado desde los considerandos 34 al 89, en relación al incumplimiento del sujeto inspeccionado de la información requerida para las fechas 22/12/21, 04/01/21 y 08/02/22, del incumplimiento del sujeto inspeccionado sobre la medida inspectiva de requerimiento de fecha 14/02/22; y, de los considerandos 90 al 110 respecto del incumplimiento del sujeto inspeccionado de acreditar el reintegro de los montos mensuales dejados de percibir por el trabajador afectado desde la firma del contrato hasta la actualidad. v. Por otro lado, es preciso advertir que se aprecia del contenido del recurso de apelación que los argumentos expuestos, son los mismos que han sido descritos en los escritos de descargos a la Imputación de cargos y al Informe final de Instrucción, los que oportunamente han sido "analizados y evaluados dentro del procedimiento sancionador, no existiendo medio probatorio y/o argumento nuevo que se deba analizar en esta instancia y que motive un pronunciamiento contra lo ya resuelto. vi. En ese orden de ideas, se concluye que los hechos constatados en el Acta de Infracción de las actuaciones inspectivas de fecha 02 de marzo de 2022, tipifican como infracciones muy graves a la labor inspectiva, previstas en el numeral 46.3, y 46.7 del artículo 46° del RLGIT e infracción grave en materia de relaciones laborales

prevista en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT tal como lo ha establecido la autoridad de primera instancia, por lo que corresponde a esta Intendencia confirmar la resolución venida en grado en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Seguro Social De Salud

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 01 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 021-2022-SUNAFIL/IRE-PAS, señalando los siguientes alegatos:

i. Ahora bien, conforme al Informe Final de Instrucción, por vía casilla electrónica, determinó la presunta omisión de las infracciones contra la Labor inspectiva y materia de relaciones laborales. Sin embargo, no habiéndose valorado que mediante Resolución de Gerencia General No 1603 -GG-ESSALUD-2022, se dio por concluido a la Servidora, Karen Guisela CASTRO ICHPAS, a partir del 29 de noviembre de 2021, en el cargo de la Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial Pasco, orientando a la conclusión de la designación, la encargatura temporal a la Lic. Noelia BORJA MATEO mediante Memorando No 141- OA-RAPA-ESSALUD-2021, del 30 de noviembre al 30 de diciembre de 2021; periodo en el que no fue verificado en la Casilla Electrónica. El 30 de diciembre de 2021, mediante Resolución de Gerencia General N° 1854-GG-ESSALUD- 2022, se designó a don Tomás Andrés Heredia Robles en el cargo de confianza de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos; por ende, del 29 de noviembre hasta el 30 de diciembre hubo ausencia de un titular para el desempeño cabal de las funciones. ii. Bajo este razonamiento, la red asistencial pasco no tenía conocimiento de la orden de inspección, la Red Asistencial Pasco, no tenía conocimiento de las constancias de actuación, ni de los requerimientos de información. Aunado a ello, el uso de la casilla electrónica del seguro social de salud - Essalud, es corporativa y corresponde a las 29 redes asistenciales y a razón, de las notificaciones por la intendencia regional respectiva, se les corre traslado, a través de correo electrónico institucional para su trámite. iii. Sin embargo, no habiéndose valorado la no comunicación de las alertas del SINEL como un derecho de defensa, lo cual expusieron de manera clara en el capítulo v de su recurso de apelación, incluso no tomando en cuenta su petición de que la Intendencia Regional de Pasco solicite a la Oficina de Tecnología de Información el detalle en materia de casilla electrónica; sin embargo, habiéndose extralimitado, sin concedernos al uso de la palabra y/o informe oral, los mismos que han generado vulneración a los principios en el procedimiento sancionador, principio del debido procedimiento, principio de legalidad, principio de licitud, principio de razonabilidad y proporcionalidad. iv. A ello se suma, que en el Recurso de Apelación habían señalado claramente que el Inspector de Trabajo operó irregularmente a lo largo de su accionar hasta la emisión del Informe Final, pues si la Entidad presuntamente tenía una conducta obstructiva al no presentar dentro del plazo la documentación solicitada a través del primer requerimiento de información de fecha 17 de diciembre de 2021, dispuso la continuación de las actuaciones inspectivas, para luego cerrar la etapa inspectiva sin haber emitido conclusiones sobre el fondo de la materia investigada, e imputar a su Representada una infracción basada exclusivamente en el primer requerimiento. Por ende, alejándose del principio de la buena fe procedimental. v. Por último, advierten que, si bien es cierto, el Acta de Infracción es causa imputable debido a la omisión del envió de información, se ha debido de considerar lo estipulado en el artículo 48-A del Reglamento de inspección del trabajo, ya que solo se ha tenido que considerar la de mayor gravedad, y en todo caso si las multas son del mismo valor, sólo se debe considerar una (01) multa. En ese sentido se deberá declarar nula las multas y sólo imponer una (01) sola infracción. Por ende, nuevamente vulnerando el principio de razonabilidad y proporcionalidad de un procedimiento administrativo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la notificación por casilla electrónica

9 TUO de la LPAG, “Artículo 20. Modalidades de notificación 20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación: (…) 20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.” 10 TUO de la LPAG, “Artículo 20. Modalidades de notificación

Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se aprueba la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica.

“Primera. - Emisión de normativa de desarrollo y cronograma para la implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica

Segunda. - Implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica a nivel nacional Mediante resolución de superintendencia, y en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario posteriores a la publicación del presente decreto supremo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), da inicio a la implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica a nivel nacional en atención al cronograma referido en la Primera Disposición Complementaria Final de esta norma.

La fecha de inicio establecida en el cronograma determina el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).”

“Artículo 1.- Objeto La presente resolución tiene por objeto modificar el artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, modificado por el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, que aprueba el CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA

INFORMÁTICO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL – SUNAFIL (SINEL-SUNAFIL).”

Figura N° 02:

13 Folio 33 del expediente inspectivo. 14 Folio 37 del expediente inspectivo. Figura N° 03:

Figura N° 04:

Sobre los requerimientos de información

el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”.

15 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 6.18. En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. Por lo que, queda entendido que constituye una obligación ineludible de los empleadores, el colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, coadyuvando a que las mismas se logren desarrollar en atención a su finalidad, esto es, la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

16 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…). 17 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la

se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”18.

i. A folio 16 se aprecia el documento denominado “Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 17 de diciembre de 2021, notificado válidamente por casilla electrónica -conforme se ha señalado previamente-; otorgando el plazo máximo de tres (03) días hábiles, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación:

Figura N° 05:

ii. A folio 20 se aprecia el documento denominado “Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 28 de diciembre de 2021, notificado válidamente por casilla electrónica -conforme se ha señalado previamente-; otorgando el plazo máximo de tres (03) días hábiles, bajo

tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 18 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 19 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44. apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación:

Figura N° 06:

iii. Sobre ello, es pertinente señalar que Sunafil posee una estructura que permite responsabilizar de los incumplimientos relacionados a sus deberes con relación a la Administración Pública, en particular, el deber de colaboración.

iv. A folio 34 se aprecia el documento denominado “Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 03 de febrero de 2022, notificado válidamente por casilla electrónica -conforme se ha señalado previamente-; otorgando el plazo máximo de tres (03) días hábiles, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación:

Figura N° 07:

v. Asimismo, conforme se verifica de los numerales 4.5, 4.9 y 4.11 de los hechos constatados en el acta de infracción, la inspectora comisionada dejó constancia que la impugnante no cumplió con remitir la información solicitada en ambos requerimientos. Verificándose que las actuaciones inspectivas no pudieron proseguir, emitiéndose el acta de infracción correspondiente.

“(…) 9. En la misma medida, cuando el inspeccionado no cumpla con la entrega de la información requerida dentro del plazo señalado por el inspector, se sujeta a la calificación del propio inspector actuante, quien podrá o no considerar la documentación remitida en función de la programación de las actuaciones inspectivas que tenga a cargo. En tal supuesto, debe atenderse a que el retraso en la entrega puede producir el efecto de la subsanación o puede imposibilitar la revisión integral de lo solicitado, por lo que se atenderá a la descripción del inspector de trabajo para establecer si tal supuesto constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT. (…) 11. Por ello, cuando los inspeccionados conocen de antemano el plazo otorgado para las actuaciones inspectivas (por ejemplo, por la notificación de la extensión del plazo de las actuaciones inspectivas), la entrega de la documentación solicitada durante el último día de etapa fiscalizadora y que por el volumen o complejidad de la misma no le permite a la autoridad fiscalizadora el analizar y adoptar decisiones en base a dicho contenido, colisionando con el principio de buena fe al frustrar la inspección del trabajo. 12. Finalmente, toda remisión de la información solicitada por los inspectores actuantes, en momentos posteriores al cierre de la orden de inspección constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT.”

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

20 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4.

afectados. c) Tipo de empresa. Asimismo, el Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación.”

Sobre el eximente de responsabilidad

“El concurso de infracciones será aplicable en caso que una misma acción u omisión configure más de una infracción, en cuyo caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Si las infracciones son de la misma gravedad se aplicará la sanción de mayor cuantía. En caso de tener la misma cuantía, se multará solo por una” (énfasis añadido).

Sobre el informe oral

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente

relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N. º 0582-2006-PA/TC; Exp. N. º 5175-2007-HC/TC, entre otros)". (…) “Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente."

” (…) no resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe…”

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte

Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No remitir por casilla electrónica la información para las actuaciones inspectivas de investigación, requerimiento de información que fue válidamente notificado por casilla electrónica desde el Sistema Informático de inspección (SIIT) el 17/12/2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No remitir por casilla electrónica la información para las actuaciones inspectivas de investigación, requerimiento de información que fue válidamente notificado por casilla electrónica desde el Sistema Informático de inspección (SIIT) el 28/12/2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No remitir por casilla electrónica la información para las actuaciones inspectivas de investigación, requerimiento de información que fue válidamente notificado por casilla electrónica desde el Sistema Informático de inspección (SIIT) el 03/02/2022. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificado con fecha 14/02/2022 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Relaciones laborales No cumplir con acreditar el reintegro de los montos mensuales, dejados de percibir, desde la firma del contrato hasta la actualidad del trabajador. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el SEGURO SOCIAL DE SALUD, en contra de la Resolución de Intendencia N° 021-2022-SUNAFIL/IRE-PAS de fecha 04 de julio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Pasco dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 024-2022-SUNAFIL/IRE-PAS, por los fundamentos expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 021-2022-SUNAFIL/IRE-PAS en el extremo referente a las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 y 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al SEGURO SOCIAL DE SALUD y a la Intendencia Regional de Pasco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230920MLA