Seguro Social de Salud — Res. 515-2022

Mediante Orden de Inspección N° 014-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 088-2021- SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una infracción grave y una muy grave en materia de relaciones laborales; y una infracción muy grave a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 323-2021-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IC, de fecha 14 de mayo de 2021, notificado el 19 de mayo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral

del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 627-2021-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IF, de fecha 20 de agosto de 2021, (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de la Libertad, la cual, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 571-2021-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 22 de setiembre de 20212, multó a la impugnante por la suma de S/ 11,572.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 13 de octubre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 571-2021-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SIRE, argumentando principalmente lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 210-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 23 de noviembre de 20213, la Intendencia Regional de La Libertad declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 13 de diciembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de La Libertad, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 210- 2021-SUNAFIL/IRE-LIB.

La Intendencia Regional de La Libertad admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 799-2021- SUNAFIL/IRE-LIB, recibido el 15 de diciembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que SEGURO SOCIAL DE SALUD presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 210-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de la Libertad, que confirmó la sanción impuesta de 11,572.00 por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 26 de noviembre de 2021, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos jurídicos, previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por SEGURO SOCIAL DE SALUD.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece: “(…) Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral,

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2: “Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”.

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

El autor Marcial Rubio Correa precisa que el principio de culpabilidad forma parte de un principio más amplio, llamado de legalidad en materia sancionadora: “El principio de culpabilidad es un límite a la potestad punitiva del Estado y una garantía de las personas (…)”.10

En efecto, el principio de culpabilidad es inherente al procedimiento administrativo sancionador, y como tal, ha sido previsto el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG”, en el cual, se presenta una regla y una excepción para determinar el tipo de responsabilidad administrativa de un administrado en un procedimiento administrativo sancionador. Así, establece como regla que la responsabilidad administrativa es subjetiva; no obstante, en caso una ley o decreto legislativo lo disponga, se aplicará la responsabilidad objetiva.

Sobre el particular, los Vocales integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2 del Reglamento del Tribunal, emitieron el Acuerdo Plenario contenido en la Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, de fecha 29 de octubre de 202111, el cual, incorpora un conjunto de criterios resolutivos cuya observancia y aplicación resulte obligatoria a todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo. En dicho Acuerdo Plenario, se estableció criterios vinculantes con relación al principio de culpabilidad y la disponibilidad presupuestal de entidades públicas, entre ellos:

De la revisión de los actuados, se advierte que luego de verificar y dejar constancia que la denunciante Lidia Del Carmen Maza Godos, brindó sus servicios al sujeto inspeccionado desde el 06 de noviembre de 2017 hasta el 28 de diciembre del 2019, el Inspector actuante emitió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 15 de febrero de 2021, notificado en la misma fecha12, con la finalidad de que la impugnante cumpla con acreditar lo siguiente: 1. El pago de vacaciones truncas del periodo (06/11/2019 - 28/12/2019), a favor de la extrabajadora. 2. El pago de la Compensación por Tiempo de Servicios del periodo noviembre y diciembre 2019, a favor de la extrabajadora. Para acreditar el cumplimiento de la medida, el impugnante debía depositar la documentación correspondiente en la casilla electrónica, en el plazo máximo de tres (03) días hábiles de notificada la medida de requerimiento.

No obstante, habiendo transcurrido el plazo dispuesto por el inspector, se evidencia que el impugnante no cumplió con acreditar las acciones dispuestas en la medida de requerimiento, razón por la cual, se procedió a emitir el Acta de Infracción. 6.10. La impugnante alega en su recurso de revisión que se ha vulnerado el principio de razonabilidad y culpabilidad, ya que no era razonable emitir una medida inspectiva de requerimiento de pago, si el inspector ya tenía conocimiento de los incumplimientos generados. Agrega que las transferencias se hacían a través de la sede central de Lima y que realizó los trámites respectivos a partir del 11 de febrero de 2021.

Para acreditar lo dicho, la impugnante ha adjuntado fotografías de tres (03) correos electrónicos, de fechas 11 de febrero de 2021, 18 de febrero de 2021, y 22 de marzo de 2021, conforme se aprecia a continuación:

De la revisión del correo electrónico de fecha 11 de febrero de 2021, se aprecia que el señor Daniel Cueva Ríos, informa al inspector actuante que para el pago de la extrabajadora, se requiere la entrega de cargo, pero que se está realizando los trámites, y que están a la espera de la autorización por la sede central de Lima.

Asimismo, revisado el correo electrónico de fecha 18 de febrero de 2021, se aprecia que el señor Daniel Cueva Ríos, nuevamente atribuye la demora a la no entrega de cargo de la

Nótese que el impugnante no ha adjuntado a su recurso impugnativo, ningún documento de gestión interna o documento formal de trámite interno y/o ante el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de las normas presupuestarias respectivas, a fin de garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones, o que haya agotado todas las gestiones razonablemente exigibles para poder efectuar la provisión y/o el gasto necesario para cumplir con las obligaciones laborales. El hecho que la extrabajadora no haya efectuado su entrega de cargo, no es impedimento para cumplir las obligaciones sociolaborales que le asisten, considerando que el vínculo laboral cesó el 28 de diciembre del 2019.

Adicionalmente, se aprecia del correo electrónico de fecha 22 de marzo del 2021, que el impugnante comunicó al inspector la adopción de las acciones dispuestas, esto claramente posterior al vencimiento del plazo fijado en la medida inspectiva de requerimiento.

Finalmente, con relación a la multa impuesta se precisa que, al haberse verificado la constatación de las faltas administrativas, en el mes de febrero del 2021, corresponde aplicar la tabla establecida en el Decreto Supremo N° 008-2020-TR. Asimismo, para la graduación de la misma, esta Sala considera que la autoridad de primera instancia ha observado los criterios establecidos en el artículo 38 de la LGIT.

Conforme a todo lo glosado, se puede concluir que el recurso de revisión deviene en infundado, por cuanto se encuentra acreditado que la impugnante ha incurrido en una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Por las consideraciones expuestas, corresponde desestimar dicho extremo del recurso de revisión, confirmando la multa impuesta por la comisión de la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, esto es, por no cumplir la medida de requerimiento de fecha 15 de febrero de 2021.