Seguro Social de Salud — Res. 226-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Hostigamiento y Actos de hostilidad (otros hostigamientos), Licencia con goce de haber (todas). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft Bianca FAU 20555195444 soft 07:53:50-0500 1.3 De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT), la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 125-2021-SUNAFIL/IRE- CAJ/SIAI, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 191-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE de fecha 14 de mayo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 34,716.00 (Treinta y cuatro mil setecientos dieciseís con 00/100 soles) por haber incurrido en:

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no brindar la información solicitada a través del requerimiento de información notificado el día 10 de febrero de 2021 por medio de la casilla electrónica, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no brindar la información solicitada a través del requerimiento de información notificado el día 17 de febrero de 2021 por medio de la casilla electrónica, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no brindar la información solicitada a través del requerimiento de información notificado el día 23 de febrero de 2021 por medio de la casilla electrónica, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

i. La resolución impugnada no ha tomado en consideración los descargos presentados oportunamente por la impugnante, a través de los cuales se sostiene la vulneración del debido proceso por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el literal 7.14.8 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL.

ii. Señala que si bien el plazo para requerir información depende de la discrecionalidad del inspector de trabajo, “…en el presente caso podría resultar arbitrario pues la información solicitada era diversa y no se encontraba a disposición de una sola área”.

iii. Refiere que se ha vulnerado el derecho de petición al omitir dar respuesta, así como la inobservancia de las funciones de la labor inspectiva y el fin de la Ley de Inspección y su reglamento, así como el Principio de proporcionalidad de la sanción.

i. La inspeccionada hace una interpretación errónea del literal 7.14.8 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”, pues “…las infracciones imputadas a la inspeccionada son por incumplir los requerimientos de información de fechas 10, 17 y 23 de febrero de 2021, cuya conducta infractora es distinta a la señalada en el literal 7.14.8 (…) siendo que estas se generan

2 Notificada a la inspeccionada el 14 de junio de 2021.

con posterioridad a la emisión de los requerimientos de información, es decir, con el incumplimiento por parte de la inspeccionada, lo que es contrario a lo establecido en dicha norma, en la cual la conducta infractora de naturaleza insubsanable, se da con anterioridad a la constatación realizada por el inspector de trabajo, por lo que el numeral 7.14.8) de la “Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva”, no es aplicable al caso en concreto, por lo que debe confirmarse la sanción referida a esta materia.

ii. Respecto del extremo en el cual la impugnada sostiene que no existió ninguna negativa, la Intendencia señala que “…se ha podido verificar que se le notificó un primer requerimiento de información con fecha 11 de febrero de 2021 (…); llegada la fecha límite indicada en dicho requerimiento, la inspeccionada no cumplió con remitir la información solicitada por lo que se le notificó un segundo requerimiento con fecha 17 de febrero de 2021 (…) sin embargo la inspeccionada tampoco cumplió con remitir la información solicitada, emitiéndose un tercer requerimiento con fecha 23 de febrero de 2021, otorgándole tres días hábiles incumpliendo también con dicho requerimiento” (considerando 3)

iii. Respecto a la afirmación de la impugnante de no haber obtenido respuesta de la solicitud de ampliación de plazo, “…se ha podido verificar que obra a folios 16 del expediente inspectivo un correo de fecha 22 de febrero de 2021, en el cual solicita 05 días hábiles adicionales al plazo otorgado en la medida de requerimiento de fecha 17 de febrero de 2021, debe tenerse en cuenta que con fecha 23 de febrero de 2021, es decir, con posterioridad a dicha solicitud, la inspectora comisionada emitió el tercer requerimiento de fecha 23 de febrero de 2021, otorgándole el plazo de 03 días hábiles, por lo que debe entenderse que el plazo solicitado de 05 días hábiles le fue denegado y sólo se le otorgó 03 días hábiles siendo que dicho plazo fue otorgado a criterio de la inspectora comisionada…” (considerando 4), por lo que concluye que no se ha vulnerado el derecho de petición invocado por la inspeccionada, confirmándose la sanción en este extremo.

iv. Señala que mediante Resolución N° 189-2019-SUNAFIL se establecieron criterios técnicos para determinar las inspecciones laborales complejas, por lo que de la revisión de la orden de inspección y los requerimientos de información no se verifica que ésta sea calificada como “compleja”.

v. En similar sentido, el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG establece alcances referidos al uso de la casilla electrónica, considerándose como válidamente efectuada desde el “…depósito en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida…”, por lo que considera que “…el tiempo otorgado a la inspeccionada para el cumplimiento de los requerimientos de información fue el necesario, y respecto a la demora en los supuestos trámites internos (memorándums, notas), no son de relevancia en el presente procedimiento sancionador, más aún si se tiene en cuenta que se le requirió hasta en 03 oportunidades la información necesaria para que la inspectora comisionada, pueda llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales…”.

vi. Respecto del alegato de que la información solicitada tiene el carácter confidencial, “Debe hacerse de conocimiento a la inspeccionada que, la información requerida no fue ingresada como una solicitud en atención a la ‘Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública’, sino que fue un requerimiento de información en mérito y en aplicación del artículo 7° de la Ley N° 28806…”, por lo que “…la inspeccionada se encontraba obligada a remitir la información requerida por la autoridad administrativa, lo cual no ha sucedido en el presente procedimiento obstruyendo la labor inspectiva, al no facilitarle la documentación e información necesaria para el desarrollo de las actuaciones inspectivas…” (fundamentos 10 y 11).

vii. Respecto de la supuesta vulneración de diversos derechos o principios invocados, señala que en tanto “…se ha establecido la validez y el normal desarrollo de las actuaciones inspectivas y el procedimiento sancionador…”, no se ha vulnerado algún derecho o principio alegado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de Sunafil, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Seguro Social De Salud

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- Refiere que se ha producido una interpretación errónea del literal 7.14.8 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, toda vez que dicha norma no especifica “…que sea aplicable solamente a conductas que desde el inicio sean catalogadas como isbusanables, por lo que “…al no haberse consignado en la respectiva constancia inspectiva que la infracción (…) es de carácter insubsanable, no se nos ha notificado de manera idónea, omitiendo además el deber de motivación que debe sustentar toda decisión administrativa, pues al tratarse de una infracción insubsanable debe estar debidamente motivada y sustentada en el hecho que son conductas infractoras que, antes de ser detectadas por el inspector comisionado, agotaron sus efetos dañosos y, por consiguiente, ya no es posible remediar el perjuicio producido -o evitar el que se pudiera producir”.

- Finalmente, alega que se “…ha vulnerado lo estipulado en el Art.115.3 de la Ley 27444 que establece que el derecho de petición implica la obligación de dar al interesado una

8 Iniciándose el plazo el 15 de junio de 2021.

respuesta por escrito dentro del plazo legal”, por lo que se ha vulnerado “el derecho a la petición” al no haberse respondido a la solicitud de ampliación de plazo-

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del

9Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…) 10 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 11 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias.” (el énfasis es nuestro)

De la notificación electrónica y el Sistema de Notificación Electrónica de la Sunafil

“Artículo 20. Modalidades de notificación 20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación: 20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio. 20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. 20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial o en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. Adicionalmente, la autoridad competente dispone la publicación del acto en el respectivo Portal Institucional, en caso la entidad cuente con este mecanismo.

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24. Para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en la ley de la materia. La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25. Asimismo, se establece la implementación de la casilla única electrónica para las comunicaciones y notificaciones de las entidades del Estado dirigidas a los administrados. Mediante Decreto Supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban los criterios, condiciones, mecanismos y plazos para la implementación gradual en las entidades públicas de la casilla única electrónica. El consentimiento expreso a que se refiere el quinto párrafo del numeral 20.4 de la presente Ley puede ser otorgado por vía electrónica.” (el resaltado es nuestro)

12Aprueban el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, Decreto Supremo N° 003-2020-TR Artículo 12.- Imposibilidad de uso de la notificación vía casilla electrónica 12.1 Cuando las unidades orgánicas, los órganos desconcentrados de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y la Intendencia de Lima Metropolitana a cargo del procedimiento o actuación administrativa se vean imposibilitadas de efectuar la notificación vía casilla electrónica utilizando el Sistema Informático de Notificación Electrónica, usan las otras modalidades de notificación previstas en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, de acuerdo al orden de prelación previsto en dicho artículo. 12.2 La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), a través de su órgano competente, adopta las acciones que correspondan para atender la situación que imposibilitó el uso de la notificación vía casilla electrónica.

Laboral – SUNAFIL (SINEL – SUNAFIL)” modificado mediante Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL13, en donde se estipuló que aquellas actuaciones y procedimientos de la actividad inspectiva serían implementados entre el 31 de agosto de 2020 al 31 de diciembre de 2020, señalándose específicamente que respecto de las cartas, comunicaciones y requerimientos de información se respetarían las siguientes fechas de implementación:

EN LAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD INSPECTIVA N° DOCUMENTO FASE FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (…) Cartas o comunicaciones Diligencias preliminares (depósito en la casilla) 03/08/2020 Diligencias preliminares (recepción bidireccional) 03/08/2020 (…) Requerimiento de Información Actuaciones inspectivas de investigación 31/12/2020

13 A la fecha, el cronograma ha sido posteriormente modificado mediante Resolución de Superintendencia N° 164-2020-SUNAFIL, publicada el 29 de mayo de 2021 en el diario oficial El Peruano; sin embargo, para efectos del presente procedimiento (por un tema cronológico) se hace referencia a la primera modificación del cronograma. 14 Publicada el 05 de febrero de 2020 en el diario oficial El Peruano

Contradice los alcances previstos por el TUO de la LPAG y el Decreto Supremo N° 003-2020- TR anteriormente citados, siendo innecesaria su remisión.

15 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS Artículo 117.- Derecho de petición administrativa 117.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 117.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 117.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 16 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 147. Plazos improrrogables 147.1 Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario. 147.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los administrados o los funcionarios, respectivamente. 147.3 La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, siempre que el plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y siempre que aquella no afecte derechos de terceros. 147.4 Tratándose de procedimientos iniciados a pedido de parte con aplicación del silencio administrativo positivo, en caso el administrado deba realizar una gestión de trámite a su cargo necesaria para adoptar una decisión de fondo, puede solicitar la suspensión del cómputo del plazo del procedimiento hasta por un plazo de treinta (30) días hábiles.

De la conducta tipificada

17 Ley General de Inspección del Trabajo, aprobada por Ley N° 28806 Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. (…). (el resaltado es nuestro) 18 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.” administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”.19

N ° Materia Presunta Conducta Infractora Normativ a vulnerada Tipificación legal y clasificació n Trabajadore s Afectados Multa impuesta Labor inspectiv a No facilitar la información y documentació n para el desarrollo de la función inspectiva, solicitada mediante requerimiento de información debidamente notificado el 10.02.2021 Artículo 9° literal e), y el artículo 36° de la Ley N° 28806

Artículo numeral 15.2 del DS N° 019- 2006-TR Artículo 45° Numeral 45.2 del RLGIT, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, tipificado como infracción GRAVE

S/ 6,908.00 Labor inspectiv a No facilitar la información y documentació Artículo 9° literal e), y el artículo Artículo 45° Numeral 45.2 del

19 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 Edición. Tomo II., p . 421. 20 Esta posición se condice con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, a través de los principios de Presunción de veracidad y Buena fe procedimental, con estrecha vinculación con el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Sobre el particular, por ejemplo, en los fundamentos 42 y siguientes de la sentencia del Tribunal Constitucional del 08 de agosto de 2012, recaída en el Expediente N° 00156-2012-PHC/TC; así como en el fundamento N° 3 de la sentencia del 29 de noviembre de 2005, recaída en el expediente N° 8811-2005-PHC/TC, al afirmar que “…el derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 2,24,e de la Constitución, obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de simples presunciones”. 21 Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, Ley N° 28806, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR Artículo 45.- Infracciones graves a la labor inspectiva Son infracciones graves, los siguientes incumplimientos: (…) 45.2 Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, siempre que no estén tipificados como infracciones muy graves. (…)”

n para el desarrollo de la función inspectiva, solicitada mediante requerimiento de información debidamente notificado el 23.02.2021 36° de la Ley N° 28806

Artículo numeral 15.2 del DS N° 019- 2006-TR RLGIT, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, tipificado como infracción GRAVE

S/ 6,908.00 MULTA TOTAL IMPUESTA S/ 13,816.0 (*) Vigente al momento de configurar la falta, que para el año 2021 es de S/. 4,400.00, según DS N° 392-2020-EF.

De la supuesta interpretación errónea del literal 7.14.8 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII

“…solamente a conductas que desde el inicio sean catalogadas como insubsanbles, sino más bien, en el segundo párrafo de manera genérica ha dispuesto que: ‘La calificación de un incumplimiento como insubsanable debe ser notificado al sujeto inspeccionado por medio de la respectiva constancia de actuaciones inspectivas, teniendo que estar debidamente motivado y sustentado en el hecho que son conductas infractoras que antes de ser detectadas por el inspector comisionado, agotaron sus efectos dañosos y, por consiguiente, ya no es posible remediar el perjuicio producido (…)’

De lo antes expuesto podemos concluir que ha existido una interpretación errónea de lo estipulado en el segundo párrafo del literal 7.14.8 de la Directiva, pues al no haberse consignado en la respectiva constancia inspectiva que la infracción en la que supuestamente hemos incurrido es de carácter insubsanable, no se nos ha notificado de manera idónea, omitiendo además el deber de motivación que debe sustentar toda decisión administrativa, pues al tratarse de una infracción insubsanable debe estar debidamente motivada y sustentada en el hecho que son conductas infractoras que, antes de ser detectadas por el inspector comisionado, agotaron sus efectos dañosos y, por consiguiente, ya no es posible remediar el perjuicio producido -o evitar el que se pudiera producir”.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”. (el énfasis es añadido)

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fi n de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”. (el énfasis es añadido)

“Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público.

Cualquiera que sea la modalidad con que se inicien, las actuaciones inspectivas podrán proseguirse o completarse sobre el mismo sujeto inspeccionado con la práctica de otra u otras formas de actuación de las definidas en el apartado anterior. Cualquiera que sea la modalidad con que se inicien, las actuaciones inspectivas pueden proseguirse o completarse sobre el mismo sujeto inspeccionado con la práctica de otra u otras formas de actuación de las definidas en el apartado anterior, pueden éstas ser efectuadas de manera presencial y/o a través de sistemas de comunicación electrónica, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación (virtual), según les resulte aplicable.”

“Artículo 12.- Actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias 12.1 En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: a) Visita de inspección a los centros y lugares de trabajo: se realiza sin necesidad de previo aviso, por uno o varios inspectores del trabajo y puede extenderse el tiempo necesario. Asimismo, podrá efectuarse más de una visita sucesiva. b) Comparecencia: exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 69 y 70 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. c) Comprobación de Datos: verificación de datos o antecedentes que obran en las dependencias del Sector Público. A tal fin, la Inspección del Trabajo puede acceder a dicha información, compararla, solicitar antecedentes o la información necesaria para comprobar el cumplimiento de las normas sociolaborales materia de verificación. Cuando del examen de dicha información se dedujeran indicios de incumplimientos, debe procederse en cualquiera de las formas señaladas con anterioridad, para completar las actuaciones inspectivas de investigación. d) Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica: la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), como autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo, regula mediante resolución de superintendencia los mecanismos de implementación correspondientes. 12.2 Cualquiera sea la modalidad con que se inicien las actuaciones inspectivas, la investigación puede proseguirse o completarse, sobre el mismo sujeto inspeccionado, con la práctica de otra u otras formas de investigación definidas en el numeral anterior. (el resaltado es nuestro)

Tal y como se señala en el texto de los mismos requerimientos de información

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004- 2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar por mayoría FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el SEGURO SOCIAL DE SALUD, en contra de la Resolución de Intendencia N° 076-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ de fecha 11 de junio de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 089-2021-PS/SUNAFIL/IRE- CAJ/SIRE, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 076-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, en el extremo referido al incumplimiento del requerimiento de fecha 17 de febrero de 2021, tipificado en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto dicha sanción. Y ADECUAR las infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, por no brindar la información solicitada a través de los requerimientos de información notificados los días 10 y 23 de febrero de 2021, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, como infracciones GRAVES según lo dispuesto en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT; en consecuencia, la sanción impuesta por dichas infracciones asciende a la suma de S/ 13,816.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS CON 00/100 SOLES), conforme a los fundamentos 6.7 a 6.22 de la presente resolución.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución al SEGURO SOCIAL DE SALUD y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Cajamarca.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga

Desirée Bianca Orsini Wisotzki

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante en el extremo por el que se ha considerado que la entrega de la información solicitada por la inspección del trabajo puede ser entregada cuando la investigación ya concluyó y el expediente se encuentra en la etapa de instrucción. Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones: 1. El caso sometido a análisis presenta los requerimientos de información fechados el 10 y 23 de febrero de 2021, y se observa que esta información fue presentada a la SUNAFIL a través de la mesa de partes el 07 de abril de 2021, vale decir, con más de cincuenta (50) días de retraso en la entrega de la información necesaria para que el inspector actuante ejecute sus funciones y a través de un medio que no garantiza una pronta entrega para el servidor competente para desplegar la fiscalización.

2. No comparto el que se trate un requerimiento de plazo adicional al inspector dentro del marco del derecho de petición graciable, el mismo que se cita como base de la decisión adoptada en mayoría. Este derecho se ejerce en el marco de un procedimiento administrativo y la fiscalización laboral posee una naturaleza diferente. En realidad, el marco jurídico en el que debe evaluarse una solicitud semejante hacia el inspector está informado por: i) el deber de colaboración, entendido en un sentido fuerte; y ii) el debido procedimiento administrativo.

3. El deber de colaboración (art. 9º de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo), obliga a un inspeccionado a sustentar el requerimiento de plazo adicional para cumplir con todo o parte del contenido de los requerimientos que, en ejercicio de facultades legales, efectúen los inspectores de trabajo. Así, la sola petición de un plazo adicional, planteada en el último día del lapso en el que se esperaba la información, sin sustentar los motivos por los que la extensión pretendida sea atendible y, peor, sin acreditar algún avance o cumplimiento parcial de lo requerido, no parece dar lugar a una solicitud óptima ni cumplidora del principio de la buena fe procedimental.

4. En un caso como el analizado, entonces, la sanción administrativa es procedente. En todo caso, el comportamiento posterior a la comisión de la infracción del sujeto inspeccionado debe evaluarse desde las normas que pudieran ser invocadas para la reducción de la multa y no desde la subsanación, puesto que la inspección ya había culminado. En ese sentido, debe recordarse que el primer precedente de observancia obligatoria sentado por este Tribunal (a través de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL) reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva: “(…) los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO.

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas Presidente