Seguro Social de Salud — Res. 207-2025

Mediante Orden de Inspección N° 3217-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 27-2022-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de, dos (02) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, y una (1) infracción muy grave a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 542-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIAI, de fecha 25 de mayo de 2022, notificada el 27 de mayo de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 611-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIAI, de fecha 16 de septiembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub-Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la cual mediante Resolución de Sub-Intendencia N° 940-2022- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 2 de enero de 2023, notificada el 4 de enero de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/ 72,450.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 25 de enero de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub-Intendencia N° 784-2022-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 77-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 20 de marzo de 20232, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 10 de abril de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 77-2023- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 966-2023- SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 20 de abril de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que SEGURO SOCIAL DE SALUD presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 77-2023- SUNAFIL/IRE-AQP que confirmó la sanción impuesta de S/ 72,450.00, por la comisión de dos (2) infracciones MUY GRAVES en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 y el literal b) de la Novena Disposición Final y Transitoria del RLGIT, y una (1) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del mismo cuerpo normativo, respectivamente, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 27 de marzo de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por SEGURO SOCIAL DE SALUD.

Por otra parte, ante el Estado de Emergencia Nacional, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, se implementó el trabajo remoto, caracterizado por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita; de esta manera considerando lo estipulado en la normativa precedente es que el personal médico sólo debe realizar cuatro (4) horas de trabajo en tele consulta, no debiéndose elevar dicha cantidad de horas por decisión unilateral del empleador.

El numeral 9.1 y 9.3 del D.S. N° 10-2020-TR, que desarrolla disposiciones para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID – 19, señala sobre la jornada laboral en trabajo remoto: “9.1 La jornada ordinaria de trabajo que se aplica al trabajo remoto es la jornada pactada con el/la empleador/a antes de iniciar la modalidad de trabajo remoto o la que hubieran

En la norma antes citada, se define a la Tele consulta como la consulta distancia que se realiza entre un profesional de la salud de una persona usuaria mediante el uso de las TIC, con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso, cumpliendo con las restricciones reguladas a la prescripción de medicamentos y demás disposiciones que determine el Ministerio de Salud. Es decir, no vienen hacer sino una suerte de prestación de servicios de una consulta ambulatoria con la diferencia que se realiza a través del uso de las TIC a fin de evitar la propagación del virus COVID - 19.

Al respecto, el numeral 6.1.11 de la Directiva Administrativa N° 293-MINSA/2020/DIGEP, sobre la jornada de trabajo del Trabajo Remoto en Salud, señala que la jornada ordinaria del Trabajo Remoto en Salud es la jornada pactada con el personal de la salud o administrativo de la entidad de salud antes de iniciar la modalidad de Trabajo Remoto en Salud o la que hubieran convenido con ocasión de este. Durante dicha jornada al personal de la salud o administrativo de la entidad de salud debe con encontrarse disponibles para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias. Las partes pueden pactar que el personal de la salud distribuya libremente su jornada de trabajo en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, siempre que no se exceda la jornada legal de trabajo.

En el caso de autos, los hechos materia versan respecto a la jornada laboral del trabajo remoto en salud, efectuadas por los diecisiete (17) trabajadores identificados en el Cuadro N° 01 del Acta de Infracción, trabajadores médicos bajo el régimen laboral de la actividad privada, que desarrollaron su prestación de servicios a través de trabajo remoto en la modalidad de tele consultas del servicio de especialidades médicas del Hospital de ESSALUD- YANAHUARA, durante los meses de setiembre y noviembre del 2021, realizando seis (6) horas de tele consultas diarias.

Del análisis de la documentación presentada, como el Reporte Horas efectivas Essalud Yanahuara con la programación de actividades de tele consulta de los trabajadores comprendidos, el Memorando Circular N°003 JSEM DMED-HILY-RAAR-ESSALUD-2021 sobre Programación Tele consulta Trabajo Remoto y la declaración efectuada en la diligencia de comparecencia de fecha 03/12/2021 por el apoderado del impugnante Abog. Ismael Daza Chami, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos José Maque Fernández y del Jefe del Servicio de Especialidades Médicas Carlos Adolfo Galdós Márquez; se verifica

Del mismo modo, de la revisión de la documentación presentada no se advierte la existencia de un acuerdo previo entre los trabajadores y el impugnante para efectuar la modificación de la jornada de trabajo frente al trabajo remoto que venían efectuando, no habiéndose respetado las cuatro horas máximas de consultas ambulatorias que venían realizando, sino que, de manera unilateral el impugnante amplió a seis horas de trabajo remoto diarias, inobservando el máximo establecido por ley, incurriendo en una infracción al numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Por otra parte, la impugnante alega que no se han valorado los medios probatorios aportados en fecha 06 de junio de 2022, consistentes en la Programación Asistencial de Marzo, Abril y Mayo 2022, por 150 horas mensuales; las Consultas externas por 04 horas diarias correspondiente a Marzo, Abril y Mayo 2022; y, el Acta de Conciliación Administrativa de fecha 09 de mayo del 2022. En principio, se reitera que el periodo verificado corresponde a los meses de setiembre y noviembre de 2021; no correspondiendo analizar los medios probatorios relacionados a los meses de marzo, abril y mayo 2022, pues estos son respecto a periodos posteriores al verificado en el presente caso. Esta misma situación sucede con el acta de conciliación de fecha 9 de mayo de 2022, entre la impugnante y el trabajador Francisco Ibáñez Ramos, por ser esta posterior al periodo verificado por los inspectores comisionados; no obstante, de la lectura de dicha acta se observa que versa sobre acuerdos que no se encuentran relacionados al periodo de setiembre y noviembre de 2021; por lo que, dichos argumentos deben ser desestimados.

Por las consideraciones señaladas, se ha acreditado que la impugnante ha vulnerado la normativa respecto a la jornada de trabajo del personal médico, y no habiendo subsanado su incumplimiento a través de la medida inspectiva de requerimiento, corresponde confirmar la infracción al numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Conforme al Decreto Supremo N° 10-2020-TR, se emiten disposiciones para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 26-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19, en cuyo artículo 6° establece que corresponde al/la empleador/a determinar los medios y mecanismos a ser empleados por el/la trabajador/a para la realización del trabajo remoto en atención a las funciones desarrolladas por el/la trabajador/a. Asimismo, el artículo 7° de la norma en mención establece que cuando los medios o mecanismos para el desarrollo de trabajo remoto sean proporcionados por el/la trabajadora, las partes pueden acordar la compensación de los gastos adicionales derivados del uso de tales medios o mecanismos.

Asimismo, el literal b) del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, instituye que de manera excepcional se utiliza las entidades públicas e implementar las medidas temporales excepcionales que resultan pertinentes para evitar el riesgo de contagio de COVID-19 y la protección del personal a su cargo. Estableciendo entre dichas medidas, sin limitarse a estas y sin transgredir la finalidad del Decreto Legislativo bajo

Mediante Resolución Ministerial N° 458-2020-MINSA de fecha 2 de julio de 2020, se aprobó la Directiva Administrativa N° 293-MINSA-2020/DIGEP “Directiva Administrativa que regula el trabajo remoto en salud (TRS) para el personal de salud y administrativo del Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales”, la que tiene como uno de sus objetivos el estandarizar el proceso y las herramientas metodológicas para el trabajo remoto en salud en las entidades de salud; estipulando en el literal h del numeral 6.1.9 que es obligación de la entidad de salud “Proporcionar al personal de salud y administrativo equipos informáticos a efectos de ser destinados en calidad de préstamo para la realización de TRS, cuando corresponda.”. Directiva de la impugnante, que sigue la misma línea normativa del Decreto Legislativo N° 1505, expuesto líneas arriba.

Del mismo modo, a través de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 010-2020-TR, publicada el 24 de marzo de 2020, se incorporó al RLGIT, la Novena Disposición Final y Transitoria, que en su literal b, señala como infracción muy grave en el marco de la Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19, a: “b) Incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para trabajadores/as considerados/ as en el grupo de riesgo por los períodos de la Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia Nacional.”

Del desarrollo de las actuaciones inspectivas de investigación, se determinó en el numeral 4.33 del Acta de Infracción, que los cargos de equipos celulares remitidos por el inspeccionado el 16 de diciembre de 2021 solo comprueban la entrega de equipos celulares a 3 trabajadores, de los 17 que realizaban trabajo remoto a través de tele consultas. Por lo que, el sujeto inspeccionado no entregó los equipos móviles para la ejecución de las atenciones ambulatorias vía tele consulta, a 14 trabajadores que laboraron bajo la modalidad de trabajo remoto en salud.

Respecto a ello, la impugnante alega que el exigir por cuestiones presupuestales y lo imprevisible de la propagación del virus Covid-19, no contaban con equipos suficientes de celulares para dotar al personal asistencial para dicha modalidad de trabajo que se estaba implementando en los centros asistenciales; y que el obligar comprar equipos celulares, vulnera el derecho presupuestario. Sobre dicho punto, se observa que la impugnante no ha cumplido con acreditar haber entregado equipos celulares para el desarrollo de sus labores, conforme lo dispone el literal h del numera 6.1.9 de la Resolución Ministerial N° 458-2020-MINSA, acorde a la Directiva Administrativa que regula el trabajo remoto en salud (TRS) para el personal de la salud y administrativo del Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales. Asimismo, si bien la impugnante indica que no contaba con

Es así que, pese a la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, la impugnante no acreditó la subsanación de dicha conducta infractora, incurriendo en la infracción muy grave tipificada en el literal b) de la Novena Disposición Final y Transitoria del RGLIT, calificando dicha conducta como infracción muy grave el marco de la Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19.

Ahora bien, conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece lo siguiente:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2 que “si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a la identificada dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicada el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

Así, en tanto el objeto de la medida inspectiva de requerimiento es la de revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado. En la búsqueda de dicho cumplimiento, el inspector de trabajo le otorga al entonces inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento, tal como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”9: Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

En similar sentido -y de manera referencial – la versión 2 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, del 10 de agosto de 2021, mantiene el mismo enfoque al detallar los factores para el establecimiento del plazo de cumplimiento en el numeral 7.15.5.

En el presente caso, al detectar los incumplimientos en materia sociolaboral detallados en el Acta de Infracción, el inspector comisionado el 17 de enero de 2022, emite la medida inspectiva de requerimiento, notificada al sujeto inspeccionado en la misma fecha, con la cual le requirieron en el plazo de siete (07) días hábiles que la inspeccionada cumpla las siguientes acciones, conforme a la imagen: Figura 02:

De acuerdo con el numeral 4.41 del acta de infracción, la impugnante no presentó la documentación que acredite el cumplimiento de la medida inspectiva efectuada, hecho que no ha sido negado por la impugnante; configurándose con ello, la infracción al numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Asimismo, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, en tanto fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 3217-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, y en relación con los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción.

En consecuencia, el inspector comisionado ha realizado una correcta aplicación de los artículos 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, que señalan que para la extensión de una medida inspectiva de requerimiento resulta de vital importancia que se compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, supuesto que ha ocurrido en autos, pues en fase inspectiva se ha realizado una correcta actuación probatoria de cara a que la Administración Pública acredite la existencia de las infracciones imputadas.

En tal sentido, debe mantenerse la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT y desestimarse todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo; puesto que, se encontraba en el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva. Por ello, al no evidenciarse una vulneración en la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, que transgreda lo dispuesto por el artículo 14 de la LPAG y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, corresponde confirmar la infracción tipificada y, no cabe acoger el recurso de revisión. A mayor abundamiento, nos remitimos también a lo explicado en los numerales 6.16 y 6.17 de esta resolución.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguiente infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.