Sedapar S.A — Res. 184-2021

Mediante Orden de Inspección N° 1341-2019-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 367-2019-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

Mediante Imputación de cargos N° 218-2020-SUNAFIL/SIAI-AQP del 18 de agosto de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT), la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 190-2020-SUNAFIL/SIAI-AQP,

Mediante escrito de fecha 10 de mayo de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación2 contra la Resolución de Sub Intendencia N° 154-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-AQP, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 069-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 21 de mayo de 20213, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 154-2021- SUNAFIL/IRE-SIRE-AQP, por considerar los siguientes puntos:

Mediante escrito de fecha 21 de junio de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 069-2021-SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 397-2021- SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 25 de junio de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, Sunafil), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que para el cumplimiento de sus fines, la Sunafil contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de Sunafil, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que SEDAPAR S.A. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 069-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/. 9,450.00 por la comisión de la infracción tipificada como MUY GRAVE, prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la citada resolución10.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por SEDAPAR S.A.

Mediante escrito de fecha 21 de junio, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 069-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

De conformidad al principio de tipicidad, regulado en el numeral 4 del artículo 248° del TUO de la LPAG11, sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

En esa medida, es posible afirmar que la observancia del principio en cuestión, constriñe a la Administración Pública a que, desde el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, en la construcción de la imputación sea posible comprobar la correcta subsunción de una conducta del administrado con el hecho infractor tipificado como sancionable por el incumplimiento de la normativa sociolaboral.

La primera instancia ha determinado responsabilidad administrativa por infringir el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT que sanciona “la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

La norma antes citada califica como conducta reprochable el rechazo, oposición o respuesta negativa del sujeto inspeccionado, a uno o más requerimientos de información necesarios para lograr los fines de la visita inspectiva.

Sin embargo, no debe perderse de vista que tales requerimientos pueden resultar lesivas a los administrados, dado los márgenes de discreción con que el Estado inevitablemente actúa, pero también, debido a la presencia de cláusulas generales e indeterminadas como el interés general o el bien común, que deben ser compatibilizados con otras cláusulas o principios igualmente abiertos a la interpretación, como son los derechos fundamentales o la propia dignidad de las personas12.

Por ello, indistintamente del sector, las actuaciones de investigación de la entidades de la Administración, ya sea a través de pedidos de información o exhibición de documentos, deberán ser compatibles al principio de legalidad13.

De esta manera, únicamente estas resultaran válidas si se fundamentan en aquella documentación y/o información que deba contar el administrado al momento del

Tal característica no puede resultar de otra manera, más aún en el plano sociolaboral, dado que los inspeccionados se encuentran subordinados al deber de colaboración frente las actuaciones inspectivas14, siendo, incluso, sujetos de sanción administrativa por la falta de observancia15.

Por lo expuesto, en opinión de este Tribunal, la legalidad en el fondo del pedido de información representa un elemento constitutivo del tipo infractor, porque sólo cabe perseguir administrativamente la oposición de presentar y/o exhibir aquella documentación que, en virtud de las normas sociolaborales, se encuentren los sujetos inspeccionados obligados en poseer. 6.11 Por tanto, corresponde analizar si, en el presente caso, la autoridad inspectiva ha solicitado información calificada como obligatoria para el ordenamiento que nos ocupa, para determinar si el administrado ha incurrido en la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT.

De las actuaciones realizadas en el presente expediente, relativas en dilucidar el autor del despido arbitrario que afectó al señor Pablo Enrique Mendoza Hilari16, se evidencia que el inspector comisionado emitió la medida de requerimiento del 11 de setiembre de 201917, con la finalidad de que esta última cumpla con acreditar, entre otros, lo siguiente:

Posteriormente, ante la falta de entrega en la fecha prevista18, la autoridad inspectiva motivó la infracción en materia de labor inspectiva, en base al presente tenor:

Como se aprecia, si bien la autoridad inspectiva ha denotado la relevancia de la información requerida, bien por su utilidad para determinar el inicio de la relación laboral del citado denunciante o para atender los procedimientos de fiscalización a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Sin embargo, ha omitido relacionarla con una obligación propia del ordenamiento sociolaboral y así dejar constancia de su oposición frente a un pedido válido, teniendo en cuenta que la impugnante es una empresa usuaria en un contrato de intermediación laboral y que el denunciante, de acuerdo a las pruebas actuadas en el expediente, figuraba como trabajador de la empresa de intermediación laboral (Yakuk Service SAC).

Por otro lado, se comprueba que, a lo largo de la etapa instructiva y sancionadora, la impugnante ha colaborado activamente con la autoridad inspectiva, no sólo por exhibir documentación que, en principio, correspondía presentar a la empresa Yakuk Service SAC, por su calidad de empleadora del denunciante, sino porque cuando el inspector solicitó los documentos titulados “Toma de lecturas a medidores por ruta” y “Cédulas de notificación”, el representante de la empresa le ofreció entregarle esa información en soporte informático, pero el inspector se negó, exigiendo que la entrega fuera en versión impresa, a pesar de advertirle que serían más de dos millares de hojas, pues se solicitaba información del año 2016 en adelante.

En este orden de ideas es irrazonable la exigencia de imprimir un número tan alto de documentos cuando no es necesario, puesto que contraría no sólo políticas públicas, sino que resulta excesivamente oneroso, por diversos motivos, para el administrado y también para el cuidado y preservación del medioambiente. En consecuencia, el administrado estaba en su derecho de no cumplir con tal requerimiento.

Por estas razones, la impugnante no ha cometido la infracción tipificada en el artículo 46.3 del RLGIT al incumplir con el requerimiento en el plazo y con las condiciones exigidas por el inspector.

Por tanto, corresponde que esta Sala revocar lo resuelto en la resolución impugnada, amparando en este extremo el recurso de revisión.

En consecuencia, carece de objeto evaluar la procedencia de los demás argumentos del recurso de revisión.