Seafrost S.A.C — Res. 34-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Vacaciones, Bonificaciones no remunerativas, Pago de remuneraciones, Gratificaciones y Depósito de CTS. PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe los descargos que estime pertinentes2.

- Tres infracciones GRAVES en materia de relaciones laborales, por el incumplimiento de disposiciones legales relativas a:

- No acreditar el depósito íntegro y oportuno de la Compensación por Tiempo de Servicios por los periodos del 05.01.2014 al 31.08.2014, del 01.12.2014 al 30.09.2015, del 01.11.2015 al 30.09.2016, del 01.01.2017 al 31.05.2017, del 01.07.2017 al 31.08.2017, del 01.10.2017 al 31.01.2018 y del 01 al 31.03.2018 conforme a lo requerido en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11.02.2019., tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT.

- No acreditar el pago íntegro y oportuno de las gratificaciones por los periodos del 05.01.2014 al 31.08.2014, del 01.12.2014 al 30.09.2015, del 01.11.2015 al 30.09.2016, del 01.01.2017 al 31.05.2017, del 01.07.2017 al 31.08.2017, del 01.10.2017 al 31.01.2018 y del 01 al 31.03.2018, conforme a lo requerido en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11.02.2019, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

- No acreditar el pago íntegro y oportuno de la bonificación extraordinaria por los periodos del 05.01.2014 al 31.08.2014, del 01.12.2014 al 30.09.2015, del 01.11.2015 al 30.09.2016, del 01.01.2017 al 31.05.2017, del 01.07.2017 al 31.08.2017, del 01.10.2017 al 31.01.2018 y del 01 al 31.03.2018, conforme a lo requerido en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11.02.2019, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

- Dos infracciones MUY GRAVES en materia de relaciones laborales, por el incumplimiento de disposiciones legales relativas a:

- La inasistencia del sujeto inspeccionado a la verificación de la medida inspectiva de requerimiento, programada para el día 14.02.2019 a las 16:30 horas, tipificada en el numeral 46.6 del artículo 46 del RLGIT.

2 Notificado el 23 de enero de 2020.

- El inspeccionado no ha acreditado el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11.02.2019, dentro del plazo otorgado, conforme con lo previsto en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

i. Señala que la Resolución apelada tiene como premisa errónea que la persona de José Marino Collazos Gómez, fue trabajador de su representada bajo el régimen de la actividad privada, cuando en realidad a él se le aplicó el Régimen Especial de Pescador de Consumo Humano Directo regido por el D.S. N° 009-76-TR y demás normas especiales que informan dicho régimen, habiéndosele cancelado todos sus beneficios sociales, entre ellos, abonos efectuados por remuneraciones, vacaciones, gratificaciones y CTS realizados a la cuenta N° 455-18902516-0-88, mismos que la recurrente indica no han sido considerados por la autoridad sancionadora al momento de resolver en la recurrida.

ii. Manifiesta que las supuestas infracciones, imputadas en su contra, no se han producido debido a que los beneficios sociales requeridos se han cancelado dentro de los plazos previstos en la ley, tal y conforme consta de la documentación anexada al expediente y de los cargos de las boletas de pago correspondientes. Fundamenta su decisión en el hecho que, cumplió con presentar la información del Banco de Crédito del Perú de los abonos efectuados a la cuenta del ex trabajador desde el 01.01.2014 al 31.01.2018, donde se acredita el pago oportuno de las remuneraciones, CTS, Vacaciones, gratificaciones y bonificación extraordinaria.

iii. Indica que no se ha debido continuar con el procedimiento administrativo, en función a que el accionante tiene un proceso judicial signado con el N° 030-2018- LA, seguido ante el Juzgado Laboral de Paita, en el cual se ha demandado no solo vacaciones, sino también CTS, gratificaciones, solicitando por tanto se declare nulo todo lo actuado. Además indica que, el presente procedimiento tiene casi dos años de iniciado, ello si se considera que el Acta de Infracción se emitió el 14.02.2019, habiéndose excedido del plazo máximo que tiene la administración para emitir un pronunciamiento. Respecto a las vacaciones, indica que se procedió a exhibir documento idóneo, sobre el otorgamiento de las mismas, existiendo boletas que no han sido valoradas, presentadas el 19 de noviembre de 2020 en el descargo a la orden de inspección.

iv. Finalmente, en cuanto a la inasistencia del 14.02.2019, el recurrente señala que ésta no se ha producido, dado que su representada si se encontraba debidamente acreditada en el procedimiento inspectivo. Afirma que, conforme se aprecia de la Constancia de Actuación Inspectiva del día 04.12.2018, se acreditó el poder y se apersonó al abogado Rafael Rosado Gómez y el señor Carlos Engelberto Rumiche Chunga, quien es Asistente Administrativo de Flota. Que, el mismo asistió el día 14.02.2019, no habiéndosele permitido participar de la diligencia de comparecencia, a pesar que su poder ya se había presentado en una diligencia anterior, considerando dicha circunstancia como injusta. Indica que no se ha corrido traslado al Ministerio Público del documento en el que el denunciante no reconoce su firma, no siendo suficiente que la entidad determine de forma ocular que la firma es falsa, siendo necesario que se cuente con un profesional especializado como un perito, toda vez que el inspector no tiene la calidad de perito.

i. Primero, aclara que es falso decir que la autoridad sancionadora ha tenido como premisa que el trabajador accionante pertenecía al régimen laboral de la actividad privada. Señala que en el numeral 3.7.6.1 de la resolución apelada, se observa que la autoridad sancionadora, al igual que el personal inspectivo en la Medida de Requerimiento de fecha 11.02.2019, indicaron expresamente que el régimen laboral del citado accionante estaba regulado por lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 014-2004-TR. Se debe precisar que dicha norma regula el pago de beneficios compensatorios y sociales de los trabajadores pescadores, cuya supervisión corresponda a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. Por tanto, es en atención a tal régimen laboral especial del Trabajador Pesquero que, la autoridad sancionadora, procedió a analizar todos y cada uno de los medios presentados por el sujeto responsable, con el objeto de constatar si, en atención a lo dispuesto en tal dispositivo legal, había logrado acreditar el cumplimiento de los requerimientos efectuados por el personal inspectivo en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11.02.2019, no habiendo podido acreditar, en ninguno de estos casos, el haber efectuado la cancelación de tales beneficios sociales de manera mensual y con efecto cancelatorio.

ii. Sustenta el que, muy por el contrario de lo argumentado por el apelante, se aprecia que la autoridad sancionadora sí ha cumplido con valorar todos y cada uno de los medios probatorios que ha presentado a largo de la tramitación del presente procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya producido ninguna vulneración a su derecho de defensa. No obstante, continúa, de la revisión y análisis de cada documento, contrastado con las pautas legales establecidas por el Régimen Especial del Trabajador Pesquero para efectuar la cancelación de los beneficios sociales de CTS, Gratificación Legal y Bonificación Extraordinaria, se pudo constatar que el sujeto responsable no llegó a acreditar el pago oportuno de tales beneficios sociales a favor del accionante. Por ello, culmina, resultó necesaria la imposición de una sanción por las infracciones a la normativa sociolaboral que cometió, no siendo amparables los argumentos expuestos.

3 Notificada a la inspeccionada el 05 de abril de 2021.

iii. Con relación a la existencia de un proceso judicial en curso, la resolución apelada indica que, en los numerales 3.7.11 y 3.7.12, la autoridad sancionadora ya se pronunció respecto a este tema, manifestando que, tal y como lo constató el inspector actuante en el numeral 4.11 del Acta de Infracción, y conforme se indicó en la Resolución N° 01 – Auto Admisorio, de fecha 05 de marzo del 2018, emitida en el Expediente Judicial N° 030-2018, la cual obra a folios 09 a 11 del expediente inspectivo, la demanda judicial interpuesta por el accionante fue admitida a trámite teniendo como pretensión principal únicamente el pago de Vacaciones, Vacaciones truncas, Indemnización por descanso vacacional no gozado y Utilidades. Por ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 4° del T.U.O. de la Ley Orgánica de Poder Judicial, el personal inspectivo (en su oportunidad) señaló que no realizaría ninguna actuación inspectiva respecto a este beneficio social (vacaciones). Sin embargo, se advirtió que el inspector comisionado no tenía ningún tipo de limitación legal que le impidiera llevar a cabo el correspondiente procedimiento inspectivo y realizar actuaciones inspectivas para verificar el cumplimiento de los otros beneficios sociales denunciados por el accionante, como la Compensación por Tiempo de Servicios y el pago de la Gratificación Legal y Bonificación Extraordinaria, ya que evidenció que la demanda judicial no tenía entre sus pretensiones el resolver una controversia referida a dichos beneficios sociales.

iv. Finalmente, respecto, a la infracción por inasistencias, indica que si bien el sujeto responsable otorgó Carta Poder, de fecha 30 de noviembre del 2018, misma que contenía un poder específico a favor del señor CARLOS ENGELBERTO RUMICHE CHUNGA a efectos que representara a su empleador en un acto concreto (Comparecencia del día 04.12.2018), dicho documento solo concedió poder al señor Rumiche para que se apersonara en nombre y representación de la empresa solamente a la diligencia de comparecencia de dicha fecha, sin que se indicara que, con el mismo, pudiera representarlo en diligencias posteriores.

v. Que, conforme al numeral 7.6.7.6 de la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII,4 la Sunafil ha establecido que: “(…) Los apoderados de los sujetos inspeccionados acuden a la comparecencia debiendo contar con facultades expresas para intervenir en ella. Salvo indicación expresa en contrario del sujeto inspeccionado, el Inspector comisionado asume que el poder otorgado al apoderado rige para todas las comparecencias programadas conforme a la orden de inspección”. Por tanto, resulta correcto que para el presente caso, el inspector actuante, no debiera asumir que el poder otorgado al señor Carlos Engelberto Rumiche Chunga fue otorgado por el

4 Vigente durante los hechos objeto de análisis. sujeto responsable para que lo representara en todas las demás comparecencias que se programaran con posterioridad al día 04.12.2018, dado que el citado poder otorgado tenía una indicación expresa del sujeto responsable en la cual se indicaba que, la persona antes mencionada, lo representaría únicamente en la comparecencia del día 04.12.2018. Por ello, concluye, resulta de entera responsabilidad de la compañía el que no haya cumplido con designar a la misma u otra persona para que asista a la nueva diligencia de comparecencia del día 14.02.2019, con la acreditación suficiente para que participe por ella como su apoderada. Era preciso, pues, la exhibición del documento pertinente que habilitara a quien compareciera a participar en la sesión de Verificación de Cumplimiento de Medida Inspectiva de Requerimiento, programada por el personal inspectivo con la anticipación correspondiente, es decir, con los 3 días hábiles, conforme a las reglas fijadas en las directivas que rigen al Sistema de Inspección de Trabajo.

vi. Se precisa que, con dicha omisión, se configuró una “inasistencia jurídica” a la diligencia programada para el día 14.02.2019, dado que si bien hubo un apersonamiento físico a nombre del sujeto responsable que tiene calidad de empleador, existió una ausencia del documento que acreditaba la representación o apoderamiento de la persona que se presentó ese día, configurándose el supuesto previsto en el artículo 17° de la Ley General de Inspección de Trabajo y, por ende, una infracción a la labor inspectiva que correspondía ser sancionada; tal y como lo hizo la autoridad sancionadora; por lo que, este Despacho comparte cada una de las decisiones de sanción adoptadas por la Sub Intendencia de Resolución en la resolución apelada; y en consecuencia corresponde CONFIRMAR la resolución venida en alzada; debido a que ninguno de los fundamentos invocados por el recurrente resultan amparables.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SEAFROST S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

10 Iniciándose el plazo el 13 de abril de 2021

- Señala, como lo hizo en su recurso de apelación, que la resolución sujeta a revisión, tiene como premisa errónea que la persona de José Marino Collazos Gómez, fue trabajador de su representada bajo el régimen de la actividad privada, cuando en realidad a éste se le aplicó el Régimen Especial de Pescador de Consumo Humano Directo regido por el D.S. N° 009-76-TR y demás normas especiales que informan dicho régimen.

- Manifiesta que no se han producido las supuestas infracciones imputadas en su contra, habiéndose acreditado con la documentación correspondiente, los abonos por concepto de beneficios sociales, cancelados al trabajador denunciante.

- Indica que no se ha debido continuar con el procedimiento administrativo debido a que el accionante tiene un proceso judicial signado con el N° 030-2018-LA, seguido ante el Juzgado Laboral de Paita, no solo por vacaciones, sino también por CTS y gratificaciones, solicitando se declare nulo, de pleno derecho, todo lo actuado.

- También sustenta que se debe declarar nula de pleno derecho la multa impuesta, considerando que el procedimiento ya tiene mas de un año de iniciado, habiéndose excedido el plazo máximo para emitir pronunciamiento contemplado en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Indica que no se produjo la inasistencia el día 14 de febrero de 2019, toda vez que su representante estuvo debidamente acreditado en dicho proceso, según consta en el Acta de fecha 4 de diciembre de 2018, donde se acreditó el poder respectivo, incluso acompañado del abogado Rafael Rosado Gómez, con Registro ICAP N° 597.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el ámbito material sujeto a pronunciamiento 6.1 Respecto a lo señalado por la impugnante, referente a la inexistencia de las infracciones, que en materia sociolaboral, fueron confirmadas en la resolución de segunda instancia, debe dejarse establecido que el recurso de revisión, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR11 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), claramente establece que el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el RLGIT.

Sobre la existencia de conflicto con la función jurisdiccional

11“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (…) Artículo 14.- Materias impugnables El recurso de revisión tiene por finalidad la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias. (…)”

La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso.” 6.5 Del análisis de la norma citada, se desprende que existen determinados presupuestos que deben concurrir necesariamente para que proceda la inhibición por parte de la autoridad administrativa; así, de acuerdo con Morón Urbina12, se requiere la concurrencia de lo siguiente:

 Una cuestión contenciosa suscitada entre dos particulares dentro de un procedimiento administrativo. Esto es, que el surgimiento del conflicto sea durante el desarrollo del procedimiento administrativo, no antes ni después. Esto refiere a que, en vía administrativa y judicial se encuentren tramitando simultáneamente procesos que mantienen vinculación, debiendo prevalecer la instancia judicial a la administrativa. En tal sentido, no cabe la aplicación de esta inhibición si no existiera un proceso abierto en el Poder Judicial o si fuera la propia Administración quien evasivamente planteara que el tema deba ser analizado en sede judicial y no administrativa.

 Que la cuestión contenciosa verse sobre relaciones de Derecho Privado. Es decir, que el contenido esencial de la materia discutida sea inherente al derecho privado y regulado conforme a sus normas, y no de derecho público.

 Necesidad de obtener el pronunciamiento judicial previo para poder resolver el asunto planteado ante la Administración. En ese caso, se requiere no solo que la materia civil del conflicto y el asunto administrativo sometido al conocimiento de la autoridad, tengan vinculación, o sean relativos a un mismo tema, si no que tengan relación de interdependencia, de modo que lo resuelto en la vía judicial sea supuesto de hecho para la resolución del caso administrativo.

 Identidad de sujetos, hechos y fundamentos. La segunda exigencia de contenido es que entre la materia judicial y la administrativa deba existir identidad entre las partes que están en el procedimiento administrativo, identidad entre los hechos que se vienen instruyendo en ambos procedimientos, y además los fundamentos de las pretensiones deben ser los mismos. De ello se extrae que no basta con que exista un procedimiento judicial abierto para que la Administración ceda su competencia, aun

12 MORÓN URBINA, JUAN CARLOS. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Incluye Comentarios a la Ley del Silencio Administrativo. Lima: Ediciones Gaceta Jurídica, 2014, págs. 345-346. cuando los temas fueran concurrentes, sino que exista coincidencia de los fundamentos jurídicos.

o interferir con la labor del juez, de manera tal que se impidiese cumplir las funciones judiciales o las sustituyera de alguna forma. Como puede apreciarse, esto no sucede para el caso de la inspección del trabajo (ni los procedimientos sancionadores), toda vez que en nada impiden, limitan o condicionan el ejercicio de la función jurisdiccional. Además de ello, se debe tomar en cuenta que, conforme lo establece el numeral 74.2 del artículo 74 del TUO de la LPAG, “Solo por ley o mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa de su competencia”. De esta manera, de los documentos que se han tenido a la vista y que se actuaron en el procedimiento inspectivo y sancionador, no obra instrumental alguno que permita establecer que se haya emitido un mandato judicial expreso que ordene a la autoridad administrativa que no siga desplegando su competencia, lo que implica que ésta no puede dejar de pronunciarse sobre los asuntos respecto a los cuales se encuentra facultado para ello. Por ello, se les desestima la nulidad planteada en el recurso de revisión contra lo resuelto por la autoridad de segunda instancia, al no existir razón alguna para que esta se haya tenido que inhibir en el presente caso.

De la caducidad en el procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259. Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve {9} meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (las negritas son nuestras)

vigente desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 29 de junio del 2020, empezando el reinicio de dichos plazos el 30 de junio del presente año.

Del incumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento

1. El trabajador deberá abrir dos (2) cuentas en la institución bancaria de su elección, con el objeto de recibir por separado el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios, de un lado, y de las Vacaciones y Gratificaciones Legales, del otro. De conformidad con lo previsto en los literales c) y d) del Apéndice de la Ley Nº 28194, las operaciones que se realicen en dichas cuentas se encuentran exoneradas del Impuesto a las Transacciones Financieras.

2. Dentro de los cinco (5) días hábiles de iniciada la prestación de sus servicios, el trabajador deberá comunicar a su empleador el nombre de la institución bancaria elegida y los números de las cuentas mencionadas en el numeral precedente. En caso no producirse la comunicación mencionada, el empleador efectuará los pagos respectivos en la institución bancaria de su elección, bajo la modalidad de depósito a plazo fijo por el período más largo permitido.

3. El empleador, dentro de los cinco (5) días hábiles del mes siguiente, deberá depositar el monto correspondiente a los beneficios compensatorios y sociales del trabajador, devengados en el mes anterior, en cada una de las cuentas señaladas en el numeral 1. del presente artículo. Para tal efecto, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador deberá señalar los periodos semanales que deben ser cancelados en cada oportunidad.

Tomando en cuenta la especial naturaleza del trabajo pesquero, los trabajadores de dicho sector, o en su defecto el empleador, deberán abrir las cuentas mencionadas en el numeral 1. del presente artículo, en una institución bancaria de alcance nacional.

Respecto a la inasistencia a la comparecencia del 14 de febrero de 2019

- A fojas 14, en el marco de la fiscalización iniciada, consta el poder otorgado por el Gerente General de la impugnante en favor de Carlos Engelberto Rumiche Chunga (de fecha: 30 de noviembre de 2018 del expediente inspectivo), identificado con DNI N° 41747998, a fin de que se apersone a la comparecencia del 4 de diciembre del mismo año.

- A fojas 93 y siguientes se aprecia la constancia de actuaciones inspectivas de investigación fechada el 4 de diciembre de 2018. En dicha oportunidad se aprecia la comparecencia del Sr. Rumiche, acompañado de un letrado. El apoderado aportó documentación enlistada y declaró su situación laboral en la compañía.

- Se aprecia la medida de requerimiento de fecha 11 de febrero (fojas 108 y siguientes del expediente inspectivo) por la que, al cabo de una serie de puntualizaciones sobre la relación de trabajo y condiciones laborales aplicables al trabajador cuya denuncia motivó la investigación, se advirtió al sujeto inspeccionado que la falta de cumplimiento del requerimiento, en el plazo establecido (un máximo de tres días hábiles) constituiría una infracción a la labor inspectiva sancionable.

- El 14 de febrero de 2019 compareció el mismo Sr. Carlos Rumiche, esta vez sin poderes de representación (a diferencia de lo acontecido en la diligencia previa). En la constancia de actuaciones inspectivas (fojas 119 del expediente inspectivo) se aprecia que el mencionado trabajador de la impugnante manifestó “que se apersonaba en representación de la empresa SEAFROST S.A.C. Sin embargo, al momento de requerirle que aportara los documentos que acreditaran su representación para con la inspeccionada, manifestó no tenerlos, puesto que pensaba que solamente era para la aportación de documentos” [sic].

- Esto aparece corroborado por la firma y DNI del Sr. Rumiche, quien a mano consignó que “se pensó que la carta poder anterior era para todo el caso”.

13 “Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 64.- Representación de personas jurídicas Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan premunidos de los respectivos poderes”. 14 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 244.- Contenido mínimo del Acta de Fiscalización 244.1 El Acta de Fiscalización o documento que haga sus veces, es el documento que registra las verificaciones de los hechos constatados objetivamente y contiene como mínimo los siguientes datos: (…) 4. Nombres e identificación del representante legal de la persona jurídica fiscalizada o de su representante designado para dicho fin. (…) 6. Las manifestaciones u observaciones de los representantes de los fiscalizados y de los fiscalizadores. (…).

que da validez a las actas de fiscalización y que permite dejar constancia de sus dichos u observaciones en el curso de la inspección practicada. Y es que, como recuerda la doctrina, la persona jurídica como sujeto de derecho expresa a través de intervención de personas naturales. “Este sujeto de derecho, debido a su particular naturaleza, manifiesta su voluntad de la única forma que le es posible: por medio de un representante o de sus dependientes”.15

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SEAFROST S.A.C. contra la Resolución de Intendencia N° 37-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 8 de abril de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Piura dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 332-2019-SUNAFIL/IRE-PIU.

15 PAZOS HAYASHIDA, Javier. “La capacidad de la persona jurídica. Apuntes indiciarios”. En Ius et veritas (31), p. 108. Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/12411/12974/

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 37-2021-SUNAFIL/IRE-PIU en todos sus extremos, por las razones expuestas en los fundamentos 6.1 a 6.19 de la presente resolución.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a SEAFROST S.A.C. y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Piura.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.sunafil.gob.pe).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga