SDF Energía S.A.C — Res. 1231-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Submateria: Gratificaciones; Pago de Remuneraciones). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con enviar la información solicitada mediante requerimiento de información notificado el 19 de marzo de 2021, infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/23,100.00. - Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con enviar la información solicitada mediante requerimiento de información notificado el 25 de marzo de 2021, infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/23,100.00. 1.4 Con fecha 05 de junio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 679-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, argumentando lo siguiente:

i. Se sostiene que habría accedido a la casilla electrónica de SUNAFIL en fecha anterior a los requerimientos de información, por lo que se habría incurrido en un supuesto de omisión culposa, por no consignar los datos de contacto, lo que recién se habría hecho el 23 y 24 de agosto de 2021, por lo cual no podríamos oponer ante SUNAFIL el argumento de falta de remisión de alertas al correo o número de celular. Sin embargo, la propia autoridad inspectiva en ninguna de sus instancias previas toma en consideración que fue en fecha 23 de agosto de 2021, y con anterioridad al registro de nuestra parte del correo electrónico y número de contacto. ii. SUNAFIL envió a un número de contacto de sus apoderados un mensaje de texto informando acerca de la notificación, cayendo en una contradicción respecto a una presunta imposibilidad por parte de SUNAFIL. No se ha ponderado que resulta imposible que la falta de conocimiento de un requerimiento, sea equiparable a una negativa de su parte, pues como podrían oponerse a algo que no sabían o conocían. iii. No se analiza que apenas tomaron conocimiento de la existencia de requerimientos de información, referidos al pago de gratificaciones y bonificaciones, se remitió toda la información solicitada, acreditándose con la misma que no hubo perjuicio alguno en contra de alguno de los 19 presuntos trabajadores afectados. iv. El requerimiento de información, es uno solo, y que se notificó el mismo en fecha distintas, quedando acreditado que es un único hecho omisivo que justifica la aplicación de la regla de concurso de infracciones, por lo tanto, la multa termina siendo desproporcionada e irrazonable, siendo ello así, la imposición de las multas trasgrede el principio non bis in ídem.

i. La inspeccionada ingreso de forma previa a los requerimientos de información programados en fechas del 24 de marzo de 2021 y 30 de marzo de 2021, esto es, en fechas, 23 de julio de 2020 y 03 de agosto de 2020, sin embargo, pese a ello, realizó el registro de sus contactos en fecha posterior, esto es, los días 23 y 24 agosto de 2021, impidiendo así el recibir las alertas complementarias, lo cual deviene en una omisión culposa, toda vez que pese a tener conocimiento oportuno del uso obligatorio de la casilla electrónica, dado los accesos a la casilla electrónica que tuvo de forma previa, no registro su contacto de forma oportuna, impidiendo así la inspeccionada el cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR. ii. La autoridad de primera instancia emitió su pronunciamiento y sancionó a la inspeccionada únicamente por la comisión de las dos (2) infracciones a la labor inspectiva atribuidas, no siendo materia del presente procedimiento sancionar el dilucidar la existencia o no de infracciones en materia de relaciones laborales en contra de diecinueve trabajadores. iii. No se observa transgresión alguna al principio non bis in ídem, toda vez que los hechos y fundamentos constitutivos en infracción atribuidos a la inspeccionada son distintos como señalo el inferior en grado. Asimismo, si bien se han tipificado las dos infracciones en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, cabe precisar que un tipo legal puede contener la descripción de distintos incumplimientos, así en el caso de autos, se observa que las conductas infractoras son disímiles entre sí, por ocurrir en momentos diferentes (19 de marzo de 2021 y 25 de marzo de 2021). iv. La resolución apelada contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular, asimismo, se encuentra debidamente motivada conforme se puede verificar de los considerandos 4.1 al 4.34 de la resolución apelada; toda vez que expuso las razones que justifican su decisión para considerar la comisión de la infracción por parte de la inspeccionada, analizando cada uno de los argumentos de defensa señalados en el escrito de descargo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 3“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 4 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 5“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 6“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

7 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SDF ENERGIA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de septiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 195-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. Alegan que no existe sustento o fundamento jurídico alguno en virtud del cual razonablemente se pueda articular la defensa de la imposición de las dos multas, siendo que los hechos no tienen nada que ver o distan abiertamente de cualquier acción que pudiera representar una negativa de colaborar o brindar información durante la etapa inspectiva de una orden de inspección. ii. Sostienen que al mostrar el reporte de ingresos a la Casilla con anterioridad al mes de marzo de 2021, donde se podía apreciar un ingreso en el mes de julio de 2020 y otro en agosto de 2020, no habiendo evidencia o registro de ingreso alguno de su parte durante el mes de marzo de 2021, por lo que, queda en evidencia y resulta ser un hecho irrefutable de que no había forma alguna de que tuviera conocimiento oportuno de los requerimientos de fecha 19 y 25 de marzo de 2021, razón por la cual resulta claramente irrazonable que se les pretenda atribuir una manifiesta negativa de cumplir con los referidos requerimientos. iii. Refieren que la simple referencia a la Resolución de Sala Plena N° 002-2023 SUNAFIL/TFL resulta un argumento genérico que articula la Intendencia Regional del Callao, para no analizar a profundidad los argumentos de defensa desarrollados por nuestra representada (en las instancias previas), siendo claro que el caso analizado en el mismo, no resulta idéntico o similar al desarrollado en el presente caso, teniendo en consideración que el presente caso, tiene diversas particularidades que ameritan un análisis más profundo del mismo, debiendo ponderarse justamente que no hubo negativa de su parte. iv. Manifiestan que de acuerdo al Decreto Supremo N° 003-2020-TR se aprobó el uso obligatorio de la Casilla Electrónica de SUNAFIL, para ser empleador en como canal de notificación en los procedimientos administrativos y actuaciones inspectivas que

siguiera dicha entidad, estableciendo la obligación de informar mediante correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería, al administrado, acerca de cualquier notificación que depositara en la referida Casilla Electrónica. v. Señalan que, para poder ejercer el derecho de defensa, es indispensable que las partes tengan un conocimiento, previo y oportuno, de los diferentes actos que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que les correspondan. Por tanto, las exigencias que se derivan del significado constitucional del derecho de defensa no se satisfacen con la posibilidad de que in abstracto las partes puedan formalmente hacer ejercicio de los recursos previstos en la ley, sino también con la garantía de que puedan interponerlos de manera oportuna. vi. Alegan que con fecha 23 de agosto de 2021 y con anterioridad al registro de su correo electrónico y numero de contacto, que la SUNAFIL envió a un numero de contacto de sus apoderados un mensaje de texto informando acerca de una notificación a la Casilla Electrónica, cayendo en una manifiesta contradicción respecto a una presunta imposibilidad por parte de SUNAFIL de poder cumplir con el mandato imperativo que tenía de remitirnos la alerta antes referida ante una presunta falta de registro formal del correo y número celular de contacto, argumento que fuera formulado y que hasta la fecha no ha merecido el mínimo análisis, o ponderación. vii. Manifiestan que han presentado la información solicitada por el inspector previo a la notificación de imputación de cargos, la misma que fuera ingresada o presentada mediante hoja de Ruta N° 0000127478- 2021, información que hasta la fecha SUNAFIL se niega a revisar, sabiendo que no existe incumplimiento alguno de su parte respecto a las materias de fiscalización y, por el contrario, persiste con la imposición de una sanción generada por las deficiencias del inspector de procurar realizar una verdadera fiscalización o interés de realmente fiscalizar. Además, la mencionada información fue remitida al correo electrónico del inspector comisionado. viii. Refieren que a imposición de las multas transgrede el principio non bis in ídem, pues se está sancionando por una misma conducta infractora dos veces, dado que, se trata de un único requerimiento de información, el cual fue notificado dos veces, bajo el supuesto de que dicho requerimiento hubiese sido notificado válidamente. ix. Sostienen que el inspector comisionado, desde el momento en el que no tuvo respuesta del primer requerimiento de información, debió ejercer más atribuciones que solamente el depositar un segundo requerimiento en la Casilla Electrónica de nuestra representada, menos si no había envío de una alerta (por correo o celular) de dicho depósito; debiendo tenerse presente que no se puede soslayar que el personal inspectivo tiene más medios para poder procurar el conocimiento al administrado.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la notificación por casilla electrónica

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo No 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

8 TUO de la LPAG, “Artículo 20. Modalidades de notificación 20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación: (...) 20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.” 9 TUO de la LPAG, “Artículo 20. Modalidades de notificación 20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1. (...) La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. 10 Decreto Supremo N° 003-2020-TR, Artículo 1.

actuaciones y actos administrativos en el marco del ejercicio de las funciones y competencias de la SUNAFIL”.11 6.5 La misma norma, en su numeral 5.1 del artículo 5 establece: “Casilla electrónica: es el buzón electrónico asignado al usuario, creado en el Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), cuyo propósito es el trámite seguro y confiable de las notificaciones en el marco de los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). La casilla electrónica se constituye en un domicilio digital obligatorio. (...)”. (énfasis añadido)

“Primera. - Emisión de normativa de desarrollo y cronograma para la implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en un plazo no mayor d sesenta (60) días calendario posteriores a la publicación del presente decreto supremo, emite el cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica y la normativa de desarrollo necesaria para su funcionamiento.

Segunda. - Implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica a nivel nacional Mediante resolución de superintendencia, y en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario posteriores a la publicación del presente decreto supremo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), da inicio a la implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica a nivel nacional en atención al cronograma referido en la Primera Disposición Complementaria Final de esta norma.

La fecha de inicio establecida en el cronograma determina el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).”

11 Decreto Supremo N° 003-2020-TR, Artículo 2. 6.8 Por su parte, mediante artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020- SUNAFIL, publicada en el Diario Oficial El Peruano, en fecha 8 de marzo de 2020, se aprueba el Cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, el cual fue modificado mediante el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 114-2020- SUNAFIL, publicada en el Diario Oficial El Peruano, en fecha 1 de agosto de 2020, que establecía como cronograma de implementación el siguiente:

Figura N°01

“Artículo 1.- Objeto La presente resolución tiene por objeto modificar el artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, modificado por el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, que aprueba el CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL – SUNAFIL (SINEL-SUNAFIL).”

Figura N°02

Figura N°04

Figura N° 05

“(...) 13. En ese sentido, reconociendo la discrepancia existente (la que habría de resolverse en cuanto haya más Salas del TFL implementadas), la Primera Sala mínimamente ha consensuado un supuesto de responsabilidad administrativa: si, luego de la consulta con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, se identifica que la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica (entiéndase, el

administrado) es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos (a través de los cuales se depositarían las alertas complementarias a la notificación por vía de la casilla electrónica).

14. En tal supuesto, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieren depositado en la casilla electrónica. De esta forma, es factible la sanción encausada por el inciso 46.3 del artículo 46 del RLGIT contra el administrado que, por omisión culposa, deja de registrar el contacto respectivo en la casilla electrónica, impidiendo de esa forma la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo No 003-2020-TR.”

Sobre el requerimiento de información

12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros

principios generales del Derecho Administrativo: (...) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 13 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en:

perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (...). 14 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (...) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 15 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 16 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44. debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla electrónica para cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo).

i. El documento denominado “Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 19 de marzo de 2021, notificada en la misma fecha a la casilla electrónica de la impugnante; otorgando el plazo máximo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación:

Figura N° 06

ii. Conforme se verifica del punto primero del numeral 4.3 del Acta de Infracción, el inspector comisionado dejó constancia que la impugnante no cumplió con remitir la información solicitada en el plazo otorgado.

iii. Asimismo, el 25 de marzo de 2021, emite el segundo requerimiento de información notificado mediante casilla electrónica. Sin embargo, fue incumplido por la impugnante conforme consta en el punto segundo del numeral 4.3 del Acta de Infracción. Además, el inspector deja constancia que los incumplimientos de los requerimientos de información han provocado que no se puedan verificar el cumplimiento de las materias a fiscalizar por la orden de inspección.

impugnante tenía pleno conocimiento de las consecuencias que acarrearía incumplir con presentar, en el plazo otorgado, los documentos requeridos.

De la invocación a la presunta vulneración del principio Non bis in ídem

17 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC

en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”.

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados. - Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”18 (énfasis añadido).

18 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No cumplir con enviar la información solicitada mediante requerimiento de información notificado el 19 de marzo de 2021 Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con enviar la información solicitada mediante requerimiento de información notificado el 25 de marzo de 2021 Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SDF ENERGIA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 195-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, emitida por la Intendencia Regional del Callao dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 104-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 195-2023-SUNAFIL/IRE-CAL., en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a SDF ENERGIA S.A.C., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250917LGN - HR 178158-2023