Savar Corporación Logística S.A — Res. 1563-2025

Mediante Orden de Inspección N° 1501-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 583-2022-SUNAFIL/IRE-CAL (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante, LGIT).

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1105-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SIFN-IC, de fecha 19 de diciembre de 2022, notificada el 21 de diciembre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 470-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SIFN-IFI, de fecha 19 de mayo de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final de Instrucción y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional del Callao, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 974-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, de fecha 14 de agosto de 2023, notificada el 17 de agosto de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/12,098.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 05 de setiembre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 974-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, solicitando la nulidad al haberse afectado el derecho a la debida motivación de los actos administrativos, pues no se ha cumplido con notificar correctamente los requerimientos de información.

Mediante Resolución de Intendencia N° 239-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 15 de setiembre de 20232, la Intendencia Regional del Callao declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, desestimando los argumentos deducidos y confirmando la sanción impuesta.

Con fecha 11 de octubre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional del Callao el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 239-2023- SUNAFIL/IRE-CAL.

La Intendencia Regional del Callao admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000974-2023-SUNAFIL/IRE- CAL, recibido el 17 de octubre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la LGIT5, el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que SAVAR CORPORACION LOGISTICA S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 239-2023-SUNAFIL/IRE- CAL, que confirmó la sanción impuesta de S/12,098.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 22 de setiembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por SAVAR CORPORACION LOGISTICA S.A.

Dado los argumentos expresados por la impugnante, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la LPAG establece que:

Concordante a ello, la LGIT desarrolla en su artículo 44 los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG y la LGIT, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

El numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que regula al Principio de Buena Fe Procedimental establece lo siguiente: “La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”.

De acuerdo al artículo 1 de la LGIT, las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el

Asimismo, conforme al numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados de proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto inspeccionado, situación que se condice con lo dispuesto en el literal d) del artículo 12 del RLGIT, que precisa que, en cumplimiento de las ordenes de inspección recibidas, los inspectores de trabajo iniciaran las actuaciones de investigación, entre otras modalidades, mediante el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica (énfasis añadido).

De igual modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece: “Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. Por lo que, queda entendido que constituye una obligación ineludible de los empleadores, el colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, coadyuvando a que las mismas se logren desarrollar en atención a su finalidad, esto es, la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, el artículo 11 de la LGIT establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT10 establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientado a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada.

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad11. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no sólo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”12.

Debemos señalar que de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia13. Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla electrónica para cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo).

Del mismo modo, el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la línea de procurar la más estricta aplicación del principio de tipicidad, emitió el primer precedente sobre la materia, establecido

En esa misma línea, es pertinente hacer referencia a la Resolución de Sala Plena N° 008-2023- SUNAFIL/TFL, publicada el 09 de mayo de 2023, que constituye precedente vinculante, por medio de la cual se determinó:

En mayor extensión a lo indicado, mediante precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 005-2025-SUNAFIL/TFL, publicada el 16 de julio de 2025, se estableció lo siguiente:

Así, a juicio de esta instancia de revisión, aun cuando el ilícito por la entrega tardía de información constituyera un actuar reprochable, la propuesta de infracción o la sanción resultaría irrazonable si es que el inspector de trabajo comisionado al caso en concreto puede evaluar la información y concluir que el sujeto inspeccionado ha cumplido las normas de

De esta forma, es el inspector actuante el único servidor que puede establecer una estimación ponderada sobre la pertinencia o impertinencia de interrumpir las actividades que debe ejecutar tras la superación del plazo establecido para la exhibición de determinada pieza informativa, sea a través del envío de documentos en físico, por vía digital o a través de una sesión de comparecencia, por ejemplo. En estos casos, el inspector deberá identificar que se encuentra ante un supuesto distinto a los tipificados en el numeral 45.2 del artículo 45 (referido a la perturbación y retraso de la fiscalización imputable al inspeccionado) y 46.3 del artículo 46 del RLGIT (que alude a la negativa de entrega de información).

Por lo antes señalado, compete a esta Sala complementar los criterios de observancia obligatoria aprobados en los fundamentos 15 y 16 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL y fundamentos 9, 11 y 12 de la Resolución de Sala Plena N° 008-2023- SUNAFIL/TFL, estableciendo que los elementos constitutivos para la configuración de conductas no punibles derivadas de la demora en la respuesta a requerimientos de información, en donde no basta con que se haya cumplido con el objeto de la inspección, sino que, además, deberá evidenciarse la existencia de los siguientes presupuestos, concurrentemente:

Sobre dicho marco, del expediente inspectivo se verifica que el inspector comisionado, con el fin de investigar el cumplimiento de las materias inspectivas, emitió un primer requerimiento de información de fecha 12 de setiembre de 2022, que fue notificado vía casilla electrónica en la misma fecha, mediante el cual se solicitó a la impugnante la presentación, dentro del plazo de cuatro (04) días hábiles, de la siguiente documentación:

Luego de vencido el plazo otorgado, el inspector comisionado dejó constancia en el numeral 4.6 de los Hechos Constatados en el Acta de Infracción, que la inspeccionada no cumplió con entregar la información requerida. Debido a esto, el comisionado emitió un segundo requerimiento de información de fecha 19 de setiembre de 2022, que fue notificado vía casilla electrónica en el mismo día, por el cual reiteró la solicitud informativa del requerimiento anterior, otorgando a la inspeccionada el plazo de cuatro (04) días hábiles –que vencía el 23 de setiembre de 2022–, para que cumpla con la remisión de la información que no presentó anteriormente, esto es:

Vencido el plazo concedido en el segundo requerimiento de información, el inspector comisionado precisó en el numeral 4.7 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, que “no se recepcionó la información laboral solicitada (…) al no haber remitido poder de representación. Configurándose una segunda obstrucción a la labor inspectiva, por falta de colaboración”. Sin embargo, del expediente inspectivo, se comprueba con mayor precisión que la inspeccionada presentó información el día 23 de setiembre de 2022. Este hecho, además es considerado también por la autoridad de sanción en la Resolución de Subintendencia N° 974- 2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, donde se reconoce que la documentación presentada dentro del procedimiento inspectivo dentro del plazo del segundo requerimiento de información, fue la siguiente:

Obsérvese que la justificación señalada tanto por el inspector comisionado en el Acta de Infracción, como por la autoridad sancionadora, para incidir en que la inspeccionada, a pesar de la documentación presentada, no cumplió con el segundo requerimiento de información consiste en que no se presentó los documentos de representación del apoderado o representante legal de la impugnante aun cuando fueron requeridos. Sin embargo, a diferencia de la propuesta consignada en el Acta de Infracción, en la resolución de primera instancia, la autoridad sancionadora a pesar de reprochar el incumplimiento del segundo requerimiento informativo no decidió la imposición de sanción al respecto. Siendo así, la situación presentada contiene aspectos que requieren ser examinados en base a los precedentes vinculantes emitidos por este Tribunal, dado cuenta de que la solicitud informativa contenida en el requerimiento de 12 de setiembre de 2022 es idéntica a la del requerimiento de información del 19 de setiembre de 2022, y que, en respuesta a esta última, la inspeccionada sí cumplió con remitir determinada documentación dentro del plazo otorgado por el inspector comisionado.

Con relación a ello, en efecto, los precedentes administrativos de observancia obligatoria, anteriormente citados, contenidos en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, la Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL y Resolución de Sala Plena N° 005-2025- SUNAFIL/TFL, establecen no solo que cuando la demora en la presentación de la información no impida materialmente la verificación de las materias de la orden de inspección, será aplicable la infracción prevista en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, sino que, además, se fija como carga al inspector comisionado y a la autoridad administrativa de sanción, la obligación de diferenciar y motivar de forma precisa las razones objetivas por las que pese a la información presentada por el sujeto inspeccionado, la investigación inspectiva se vio limitada de poder comprobar el cumplimiento de las obligaciones legales fiscalizadas, justificando así la imposición de la infracción prevista en el numeral 46.3 el artículo 46 del RLGIT.

De este modo, frente a la demora en la presentación de la información requerida por el inspector comisionado existe un elemento esencial que define la tipificación de la infracción a la labor inspectiva del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, consistente en las posibilidades materiales de poder verificar o no las materias de inspección, y un deber imprescindible por parte de la Administración de motivar dicho aspecto, estableciendo en base a los lineamientos de una adecuada motivación, las razones concretas pero específicas que determinen dicha imposibilidad. Esta obligación es aún más importante de considerar por parte de las instancias previas, bajo la comprobación de que, a la fecha de emisión de ambas resoluciones, de primera y segunda instancia (agosto y setiembre de 2023), ya habían sido publicados los precedentes vinculantes de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL y de la Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL.

En el presente caso, sin embargo, dicha obligación ha sido omitida por parte de las instancias previas, particularmente por la autoridad sancionadora, ya que obviando examinar que el hecho de que la información solicitada en ambos requerimientos es la misma y que, entonces, con la presentación de información no se han brindado de forma suficiente las razones de por qué las actuaciones inspectivas se vieron frustradas o impedidas de continuar y correspondía.

Considerando en ello, que la administrada brindó una respuesta al requerimiento de información de fecha 12 de abril de 2022; omitiendo justificar así de manera correcta, conforme a los precedentes de observancia obligatoria, la imposición de la infracción prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, máxime cuando de la revisión de la documentación presentada por la inspeccionada se observa que el incumplimiento informativo de la impugnante fue solo parcial, según expresó también la autoridad sancionadora, lo que significa que sí se cumplió con brindar la mayor parte de la información requerida.

Cabe señalar que, la comprobación de si el inspector comisionado pudo corroborar las materias de inspección con la información presentada, debe tener en cuenta que el resultado de la actuación inspectiva no solo pudo concluir en la inexistencia de incumplimientos sustantivos sociolaborales o colectivos, sino que, frente a la entrega parcial de información, bien pudo determinar el impago o la inobservancia por parte de la inspeccionada de sus obligaciones legales relacionadas a las materias de inspección. Lo que, por ejemplo, pudo suceder respecto del pago de utilidades, donde habiéndose presentado la lista de los trabajadores sindicalizados, su información laboral y las hojas de liquidación de utilidades, quedando pendiente solo el extremo de la acreditación del pago efectivo, el inspector actuante tenía la posibilidad de concluir el impago de este derecho, antes que declarar genérica y superficialmente la imposibilidad de cumplir sus funciones fiscalizadoras, tipificando la conducta en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Obviar lo señalado anteriormente, conllevaría a que se ampare la imposición de una infracción muy grave a la labor inspectiva por el actuar y la motivación insuficientes del inspector comisionado, pese a que la circunstancia realmente suscitada no es subsumible en dicho tipo infractor, respaldando así un actuar arbitrario y negligente de la Administración que, en este caso, debió verificar correctamente las posibilidades reales de comprobar el cumplimiento de las materias objeto de inspección y a partir de ello determinar la responsabilidad administrativa realizando una evaluación exhaustiva e integral de todos los documentos presentados por la inspeccionada. Esta falta de observación y motivación por parte de la autoridad sancionadora, entonces, obvia que en el presente caso más que una negativa de presentar la información requerida hubo un retraso en su entrega tipificable bajo el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT y, asimismo, omite evaluar íntegramente que con dicha documentación sí se pudo concluir la función inspectiva.

Resulta imperativo enfatizar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar el respeto por los principios del procedimiento administrativo -entre los cuales se encuentran los principios de Debido Procedimiento y Verdad Material15-, y que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos. Del mismo modo, la conducta de la Administración debe ser objetiva y clara en cuanto a la determinación de los hechos.

Por tales razones, esta Sala identifica que la Resolución de Subintendencia N° 974-2023- SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, de fecha 14 de agosto de 2023, ha vulnerado el debido procedimiento, por afectar el principio de tipicidad y la debida motivación, dado que sanciona y tipifica los actos recogidos en el Acta de Infracción, dentro del tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT respecto a los requerimientos de información del 04 y 12 de junio de 2022, a pesar de que los hechos no se subsumen en este tipo infractor.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente, la cual se configura ya que la Subintendencia si bien da la apariencia de motivación al citar normas y reiterar los hechos detectados por el personal inspectivo, no analiza y subsume la infracción imputada a la impugnante en el tipo infractor correspondiente.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En este expediente se han identificado vicios al debido procedimiento de la impugnante, al momento de motivar sobre las presuntas infracciones cometidas por la impugnante, que acarrearon la imposición de una multa.

En tal sentido, considerando que la Resolución de Subintendencia N° 974-2023-SUNAFIL/IRE- CAL/SISA, de fecha 14 de agosto de 2023, confirmada por la Resolución de Intendencia N° 239- 2023-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 15 de setiembre de 2023, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG; tal resolución carece de efectos y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la citada resolución, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y motivación.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Subintendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión

En consecuencia, se remite la presente resolución al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre los otros alegatos planteados en el recurso de revisión.