Santander Consumer Bank S.A — Res. 683-2026

Antecedentes

1 Se deja constancia de que dicha denominación figura en los Asientos N° 846 y N° 848 de la Partida Electrónica N° 00079820 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, motivo por el cual será empleada en adelante en la presente resolución. Esta información puede ser vista a través del portal web: https://conoce- aqui.sunarp.gob.pe/conoce-aqui/inicio. Por consiguiente, toda referencia obrante a nombre “CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.” se deberá entender que es dirigida a “SANTANDER CONSUMER BANK S.A.”. Se precisa además que, conforme al Asiento N° 846 de la Partida Electrónica antes indicada, se modificó la denominación social de “CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.” a “FINANCIERA SANTANDER CONSUMER S.A.”; y posteriormente, mediante Asiento N° 848 de la misma Partida Electrónica, se acordó su conversión de entidad financiera a entidad bancaria, así como la modificación de la denominación social a “SANTANDER CONSUMER BANK S.A.”, conjuntamente con la modificación total de su estatuto. 20555195444 soft

formulada en aplicación del literal c) del artículo 12° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber realizado el depósito y/o abono de las cuotas sindicales retenidas a los setenta (70) trabajadores afiliados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Crediscotia Financiera - SUTCSCOTIA a favor de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera y Servicios Afines del Perú - CGTP mencionados en el "Cuadro - A", correspondiente a los meses de noviembre de 2020 a octubre de 2021; tipificada en el numeral 24.10 del artículo 24° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento expedida el día 23 de noviembre de 2021; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

2 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. (…). 3 Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 55.- De los recursos administrativos Los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes: (…). b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad que emitió la resolución en primera instancia a fin de que lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles perentorios, (…). 4 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS

de primera instancia5. El recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido y ante la autoridad que emitió la resolución apelada, la cual procedió a elevarlo a la Intendencia de Lima Metropolitana para el trámite correspondiente.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Artículo 209.- Recurso de apelación El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 5 Cabe precisar que las referencias efectuadas en diversos dispositivos normativos al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, deben entenderse efectuadas al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026- JUS. Ello en atención a que los Textos Únicos Ordenados constituyen instrumentos de técnica normativa destinados a compilar, sistematizar y armonizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones legales preexistentes y sus modificatorias, con la finalidad de dotarlas de coherencia interna y facilitar su aplicación; careciendo, por su propia naturaleza, de carácter innovador o interpretativo, así como de aptitud para modificar el contenido, alcance, valor o fuerza normativa de las disposiciones objeto de ordenación. En tal sentido, al tratarse de una labor de sistematización normativa, las remisiones efectuadas al texto único ordenado previamente aprobado conservan su eficacia jurídica y deben ser comprendidas como referidas al texto que integra y ordena dichas disposiciones. 6 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

Del Recurso De Revisión

7 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15.- Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 8 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 9 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 10 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

11 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 12 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

conformidad con el Principio de Legalidad, y que debe caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de diciembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0001378-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Dentro del plazo previsto en el artículo 13° del Reglamento del Tribunal, se interpone recurso de revisión contra la resolución impugnada, a fin de que el Tribunal de Fiscalización Laboral, en sede de revisión, declare como pretensión principal la nulidad de la resolución impugnada en el extremo referido a la infracción muy grave en materia de labor inspectiva; y, de manera subordinada, se disponga su revocatoria en dicho extremo y, actuando en sede de instancia, se declare fundado el recurso de apelación, dejándose sin efecto la sanción impuesta, conforme a los fundamentos que se desarrollan. ii. Se sostiene la existencia de infracción normativa por inaplicación del numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que consagra el Principio de Legalidad, conforme al cual la autoridad administrativa debe actuar con sujeción estricta a la Constitución, la ley y el derecho. En el presente caso, la resolución impugnada incurre en vulneración de dicho principio al confirmar la imputación por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, sin verificar previamente la existencia de una obligación legal exigible, configurándose un defecto de validez del acto administrativo conforme al artículo 10° del referido cuerpo normativo. iii. En efecto, la imputación se sustenta en no haber acreditado, dentro del plazo otorgado mediante la medida inspectiva de requerimiento, la subsanación del supuesto incumplimiento vinculado al depósito de cuotas sindicales; sin embargo, se reconoce que se efectuó la deducción y pago a favor del sindicato correspondiente, cuestionándose únicamente el no haber realizado un desglose adicional a favor de una federación. No obstante, dicha exigencia carece de sustento normativo, en tanto no se contaba con autorización expresa de los trabajadores para efectuar dicho desglose, requisito indispensable conforme a la normativa sobre relaciones colectivas de trabajo. iv. En esa línea, la autoridad administrativa realiza una interpretación literal y aislada del literal d) del artículo 16-A del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 011-92-TR, omitiendo un análisis sistemático con las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR. De una interpretación

integral se desprende que la deducción de cuotas sindicales requiere, como presupuesto indispensable, la autorización expresa del trabajador, siendo además responsabilidad de las organizaciones sindicales presentar dicha autorización al empleador, no pudiendo este disponer de montos a favor de terceros sin dicho respaldo. v. En consecuencia, la resolución impugnada vulnera el Principio de Legalidad al imponer una sanción sin base normativa válida, al exigir el cumplimiento de una obligación inexistente y materialmente imposible de ejecutar sin autorización expresa de los trabajadores. Asimismo, se desconoce que la deducción y pago de la cuota sindical se realizó conforme al marco legal aplicable, no pudiendo configurarse infracción por no efectuar un desglose no autorizado. Por tanto, no se acredita el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento ni la comisión de infracción en materia de labor inspectiva. vi. Se alega la infracción normativa por inaplicación del numeral 2 del artículo 230° del TUO de la LPAG, que consagra el Principio de Debido Procedimiento, en tanto la resolución impugnada impone sanción sin haber valorado de manera suficiente los argumentos expuestos ni verificado la existencia de una obligación legal exigible. En efecto, se atribuye el incumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento vinculada al desglose de cuotas sindicales, pese a que no se contaba con autorización expresa de los trabajadores para efectuar dicho acto, requisito indispensable conforme a la normativa aplicable. En tal sentido, no puede configurarse infracción a la labor inspectiva si previamente no existía obligación legal de realizar el acto requerido, más aún cuando se acreditó oportunamente que los descuentos y pagos efectuados se realizaron conforme a derecho a favor del sindicato correspondiente. vii. Asimismo, se advierte que la autoridad administrativa omitió verificar el cumplimiento de los requisitos legales por parte de las organizaciones sindicales, en particular la presentación de las autorizaciones expresas de los trabajadores afiliados, pese a haber sido requerido ello mediante comunicación de fecha 29 de marzo de 2021. En ese contexto, conforme a lo previsto en el artículo 16-A° del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 011-92-TR, el empleador se encuentra exento de responsabilidad por los defectos en la comunicación o incumplimientos atribuibles a las organizaciones sindicales. Por tanto, al no haberse evaluado estos elementos ni los argumentos formulados en sede impugnatoria, se configura una vulneración al Principio de Debido Procedimiento, al haberse impuesto una sanción sin la debida verificación de los presupuestos legales necesarios para su configuración. viii. Se alega la infracción normativa por inaplicación del numeral 4 del artículo 3° del TUO de la LPAG, que establece como requisito de validez de los actos administrativos la debida motivación, en tanto la resolución impugnada incurre en un vicio de motivación inexistente al no pronunciarse sobre los argumentos expuestos en sede de apelación. En efecto, la autoridad administrativa omitió analizar que la deducción de la cuota sindical constituye una disposición de la remuneración de los trabajadores, lo que exige necesariamente contar con autorización expresa para su descuento, desglose y eventual

transferencia a favor de terceros, siendo además responsabilidad de las organizaciones sindicales presentar dichas autorizaciones. Pese a ello, la resolución impugnada no desarrolla razonamiento alguno sobre este aspecto central ni justifica jurídicamente la exigibilidad del desglose cuestionado, limitándose a sostener la imputación sin sustento suficiente, lo que configura una motivación aparente contraria al Principio de Debido Procedimiento, al no dar cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión ni responder a las alegaciones formuladas. ix. Se alega la infracción normativa por inaplicación del numeral 6 del artículo 230° del TUO de la LPAG, que regula el Principio de Concurso de Infracciones, en tanto la resolución impugnada descarta indebidamente su aplicación al considerar que los incumplimientos imputados son autónomos e independientes. Sin embargo, se advierte que tanto la supuesta omisión de acreditar el depósito de las cuotas sindicales a favor de la federación como el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento se sustentan en un mismo hecho: la no realización del desglose y disposición de la cuota sindical a favor de un tercero, lo que evidencia la existencia de una única conducta con relevancia infractora. x. En ese sentido, no resulta jurídicamente válido escindir dicha conducta en dos infracciones distintas, cuando ambas derivan del mismo supuesto fáctico y guardan una relación de dependencia directa, en la medida que el incumplimiento del requerimiento se sustenta precisamente en la negativa a efectuar el depósito cuestionado. Así, la imputación doble por una misma conducta vulnera el Principio de Legalidad y el Principio de Debido Procedimiento, al generar una duplicidad sancionadora no prevista por el ordenamiento jurídico, debiendo aplicarse, en su lugar, la regla del concurso de infracciones, que dispone la imposición de la sanción correspondiente a la infracción de mayor gravedad. xi. En consecuencia, la resolución impugnada incurre en una incorrecta subsunción jurídica al no reconocer la existencia de una única conducta infractora, omitiendo aplicar el Principio de Concurso de Infracciones y desatendiendo, además, la valoración de los medios probatorios y argumentos vinculados a la imposibilidad legal de efectuar el desglose sin autorización expresa de los trabajadores. Por tanto, se configura la inaplicación del numeral 6 del artículo 230° del TUO de la LPAG, en concordancia con la vulneración del Principio de Legalidad, el Principio de Debido Procedimiento y el deber de motivación de los actos administrativos.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente

de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre el debido procedimiento y la motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

principio y derecho material, de los derechos de defensa y prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

que el procedimiento sancionador ha respetado las garantías del debido procedimiento y la debida motivación exigidas por el TUO de la LPAG.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”15, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, estableciendo que: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”. Por lo tanto, su configuración se realiza de manera independiente a las infracciones detectadas en relación con el ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

FIGURA N° 01 Medida Inspectiva de Requerimiento de fecha 23 de noviembre de 2021

(…)

(…)

13 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

FIGURA N° 02 Constancia de notificación de fecha 23 de noviembre de 2021

14 Estando a lo expuesto, en aplicación del Principio de Verdad Material, reconocido en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, esta Sala ha procedido a verificar, a través del aplicativo informático denominado “Consulta de Notificaciones”, implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) de la SUNAFIL, la trazabilidad del uso de la casilla electrónica asignada a la impugnante. En

el administrado no cumplió con acreditar, dentro del plazo otorgado, el cumplimiento total de lo exigido en la medida inspectiva de requerimiento; por lo que, se configuró la infracción al numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, al haberse considerado que la documentación presentada no desvirtúa la situación advertida por la autoridad inspectiva ni acredita el cumplimiento total de lo ordenado mediante dicha medida.

ese sentido, se ha constatado que la administrada realizó su primer acceso a dicha casilla electrónica el 16 de abril de 2020 a las 15:55:53 horas, evidenciando un conocimiento efectivo de su habilitación y funcionamiento desde dicha fecha. Asimismo, se verifica que el correo electrónico vinculado al sistema de alertas de la casilla electrónica fue registrado el 16 de abril de 2020 a las 16:04 horas, manteniéndose activo hasta el 18 de diciembre de 2023 a las 11:12 horas, periodo dentro del cual se desarrollaron las actuaciones inspectivas materia del presente procedimiento. Este hecho acredita que la administrada contaba con un canal complementario de información que le permitía tomar conocimiento oportuno de las notificaciones efectuadas a través de la casilla electrónica. En consecuencia, se acredita no solo el conocimiento previo del uso y funcionamiento de la casilla electrónica por parte de la administrada, sino también la implementación y vigencia de mecanismos idóneos de alerta, así como el cumplimiento de las obligaciones de comunicación a cargo de la Administración, lo que refuerza la validez de la notificación efectuada.

mediante la información y documentación presentada, así como las gestiones realizadas durante las actuaciones inspectivas. No obstante, tales alegaciones no desvirtúan el incumplimiento verificado, pues la medida inspectiva imponía al administrado la obligación de atender integralmente el mandato dentro del plazo otorgado y conforme a las condiciones fijadas por la autoridad inspectiva, lo cual no fue observado en los términos requeridos.

“6.19. En tal sentido, con el objeto de contradecir el principio de licitud, que protege la actuación de los administrados, y acreditar fehacientemente los hechos, a la ocurrencia de alguna infracción a la normativa sociolaboral, la Administración debe determinar el cumplimiento del principio de verdad material19. Así, conforme esta directriz, la autoridad administrativa competente debe verificar suficientemente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, esto es, la determinación de multas u obligaciones al sujeto inspeccionado; para lo cual, la autoridad fiscalizadora y sancionadora deben evaluar ampliamente la prueba directa e indirecta actuada en el expediente, así como extender todas las medidas razonables para satisfacer la carga probatoria que recae sobre la Administración, junto con la exigible participación necesaria del deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, conforme a Ley. 6.20. En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente. 6.21. Cabe precisar que esta carga de la prueba que recae sobre la administración para determinar el reproche administrativo al sujeto inspeccionado atiende al derecho fundamental de prueba que tiene este para ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes para sustentar sus alegaciones. Tales actuados, cuando efectivamente sean pertinentes para la determinación de si existe responsabilidad administrativa o no, deberán ser analizados y valorados por la autoridad administrativa al resolver si corresponde o no la determinación de una sanción. 6.22. Lo señalado anteriormente, no implica que la mera alegación del principio/derecho a la presunción de licitud por parte del administrado, sea sustento suficiente para desvirtuar la comisión de infracción o infracciones imputadas; por el contrario, si durante el desarrollo del procedimiento la administración sustenta la responsabilidad del sujeto inspeccionado, la carga de la prueba se traslada a éste, por lo que podrá desestimar los reproches administrativos alegados o la configuración de algún eximente de responsabilidad, a través de la presentación de los medios de prueba que considere oportunos; correspondiendo a la administración resolver sobre la base de la valoración conjunta de las pruebas aportadas al procedimiento”. (Énfasis añadido).

15 Cabe precisar que el artículo 16-A° del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 011-92-TR, establece un régimen diferenciado para la retención y abono de cuotas sindicales, distinguiendo entre los supuestos que requieren autorización individual del trabajador —propios de la relación directa con el sindicato de base— y aquellos vinculados a organizaciones sindicales de grado superior, como es el caso de las federaciones. En este último supuesto, la exigibilidad del abono a favor de la federación se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos de comunicación previstos en dicho dispositivo normativo, los cuales permiten al empleador identificar la afiliación, el monto correspondiente y la cuenta de destino, sin que resulte exigible la acreditación de autorizaciones individuales adicionales. En tal sentido, los argumentos sustentados en exigencias propias de un supuesto distinto no resultan idóneos para desvirtuar la validez ni la exigibilidad del mandato contenido en la medida inspectiva de requerimiento, en tanto esta se sustenta en un marco normativo específico aplicable a las relaciones entre el sindicato y la federación. 16 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC

sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”.

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…). - La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados. - Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”17. (Énfasis añadido).

17 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

i. Una infracción grave en materia de relaciones laborales, referida al incumplimiento de las disposiciones vinculadas al descuento y entrega de cuotas sindicales, cuyo bien jurídico es el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación colectiva de trabajo, garantizando la correcta retención y transferencia de los aportes sindicales conforme al marco normativo aplicable; y ii. Una infracción muy grave a la labor inspectiva, vinculada al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento válidamente emitida por la autoridad inspectiva, cuyo bien jurídico protegido es el deber de colaboración con la función inspectiva. Siendo así, el reproche no recae sobre incumplimiento sustantivo de una obligación sociolaboral, sino en no cumplir ni acatar el mandato expreso de la autoridad inspectiva, constituyendo una conducta autónoma e independiente.

la decisión judicial previa. En el presente caso, de la revisión del Expediente Judicial N° 03350-2024-0-1801-JR-LA-76, se advierte que la impugnante interpuso demanda contencioso administrativa contra la actuación de la administración, fijándose como puntos controvertidos aspectos vinculados a la infracción grave en materia de relaciones laborales, habiéndose emitido sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No acreditar haber realizado el depósito y/o abono de las cuotas sindicales retenidas a los setenta (70) trabajadores afiliados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Crediscotia Financiera – SUTCSCOTIA a favor de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera y Servicios Afines del Perú – CGTP mencionados en el “Cuadro – A”, correspondiente a los meses de noviembre 2020 a octubre 2021. Numeral 24.10 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento expedida el día 23 de noviembre de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SANTANDER CONSUMER BANK S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 0001378-2023- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1837-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 0001378-2023-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en la materia de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a SANTANDER CONSUMER BANK S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20260506MABJ – HR: 53013-2021