Santander Consumer Bank S.A — Res. 1036-2025

Mediante Orden de Inspección N° 2214-2020-SUNAFIL/IRE-ICA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de del ordenamiento jurídico sociolaboral2, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 790-2020 -SUNAFIL/IRE-ICA (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por la desnaturalización del

Que, mediante Imputación de Cargos N° 570-2021-SUNAFIL/SIAI-IRE-ICA, de fecha 29 de diciembre de 2021, notificada el 04 de enero de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 261-2022-SUNAFIL/IRE-SIAI-ICA, de fecha 22 de junio del 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Ica, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 487-2022-SUNAFIL/IRE-SISA-ICA, de fecha 09 de setiembre de 2022, notificada a la impugnante el 12 de setiembre de 2022, multó por la suma de S/ 11,572.00, por haber incurrido en la siguiente infracció n :

Con fecha 26 de setiembre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 487-2022-SUNAFIL/IRE-SISA-ICA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 091-2023-SUNAFIL/IRE-ICA, de fecha 22 de julio de 20233, la Intendencia Regional de Ica declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 14 de agosto de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ica el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 091-2023- SUNAFIL/IRE-ICA.

La Intendencia Regional de Ica admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM -000740- 2023-SUNAFIL/IRE-ICA recibido el 17 de agosto de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias,

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que SANTANDER CONSUMER BANK S.A. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 091-2023- SUNAFIL/IRE-ICA, emitida por la Intendencia Regional de Ica, que confirmó la sanción impuesta de S/ 11,572.00, por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 03 de agosto de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

El artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho

Así, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre la resolución impugnada, se observa que los elementos esenciales del debido procedimiento han sido satisfactoriamente cumplidos, sin que se advierta vulneración genérica por ausencia de motivación interna o externa. La resolución se encuentra debidamente motivada, exponiendo de manera concreta y directa los hechos probados durante el desarrollo del procedimiento, lo que descarta una indebida motivación. Asimismo, no se verifica afectación al derecho de defensa ni al derecho a la prueba, toda vez que no se ha demostrado que la autoridad administrativa haya impedido u obstaculizado la presentación de descargos o medios probatorios por parte de la inspeccionada, ni que, habiéndolos presentado, estos no hayan sido valorados.

En cuanto al alegato referido a la supuesta superación del plazo para la fase instructiva, cabe precisar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 y el numeral 151.3 del artículo 151 del TUO de la LPAG, los vicios en la ejecución de un acto administrativo o en su notificación son independientes de su validez, y el vencimiento del plazo para cumplir un acto no exime a la Administración de sus obligaciones, salvo disposición legal expresa que así lo determine por la naturaleza perentoria del plazo. Ni la LGIT ni el RLGIT establecen como consecuencia jurídica la nulidad del acto administrativo por actuaciones fuera de plazo, por lo que la demora advertida no afecta su validez. Si bien el retraso resulta notorio, ello no invalida las actuaciones realizadas, sin perjuicio de exhortar a las instancias correspondientes a adoptar medidas que eviten tales dilaciones.

En consecuencia, al haberse respetado formal y materialmente el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente y no configurarse causal de nulidad alguna contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG, corresponde desestimar los argumentos expuestos en este extremo.

La impugnante alega, en primer término, que SUNAFIL carece de competencia material y legal para declarar la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, atribuyendo dicha facultad de manera exclusiva al Poder Judicial, al considerar que ello supone cuestionar la eficacia o validez de un acto jurídico. Asimismo, sostiene que la autoridad inspectiva no habría motivado adecuadamente su decisión, pues no se precisó la causal del artículo 77° de la LPCL que justificaría la desnaturalización, limitándose el inspector —según afirma— a señalar que la causa objetiva “se repite”, sin realizar un análisis jurídico suficiente ni valorar de forma adecuada los medios probatorios, configurándose así un vicio de motivación aparente.

Al respecto, es necesario traer a colación que, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 003- 97-TR - Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral - LPCL), dispone que:

En tal sentido, el artículo 4 de la LPCL, reconoce como regla general la contratación a tiempo indeterminado, la cual no está sujeta al cumplimiento de formalidad alguna. Por el contrario, la contratación laboral de duración determinada denominada “sujeto a modalidad” tiene carácter excepcional, nunca se presume y procede únicamente cuando el objeto del contrato sea el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar, y como resultado de este carácter excepcional, la ley establece formalidades, requisitos, condiciones y plazos especiales para este tipo de contratos, e incluso establece sanciones cuando a través de estos se comete simulación o fraude para evadir la contratación por tiempo indeterminado (énfasis añadido).

Sobre el particular, el artículo 72 del citado cuerpo normativo, dispone que:

Asimismo, el artículo 77, establece que:

Sobre el contrato por inicio o incremento de actividad el artículo 57 de la LPCL, señala que:

En virtud de lo dispuesto por la Ley General de Inspección del Trabajo-Ley Nº 28806 (LGIT), la Inspección del Trabajo tiene como función esencial garantizar el cumplimiento efectivo de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, estando facultada para intervenir tanto de forma preventiva como correctiva ante eventuales infracciones. Así, el artículo 3 establece que corresponde al sistema inspectivo vigilar el respeto al ordenamiento jurídico laboral y promover su cumplimiento a través de acciones directas. En esa misma línea, el artículo 5 reconoce a los inspectores de trabajo la potestad de requerir al sujeto inspeccionado la adopción de medidas concretas, dentro de un plazo determinado, para corregir situaciones contrarias a la normativa vigente, siendo esta una herramienta fundamental para revertir los efectos de una conducta infractora o impedir su continuación.

El Reglamento de la LGIT tipifica como infracción muy grave el incumplimiento de las normas que regulan la contratación a plazo determinado, independientemente del nombre que adopten dichos contratos, así como su utilización con fines fraudulentos. Esta infracción se configura cuando se verifica que el contrato temporal carece de una justificación objetiva, responde a necesidades permanentes de la empresa o está directamente vinculado al desarrollo de la actividad principal del empleador, circunstancias que evidencian su desnaturalización.

A nivel internacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1 del Convenio Nº 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la función esencial del sistema de inspección del trabajo consiste en velar por el cumplimiento de la legislación laboral en los centros de trabajo, incluyendo normas relativas a contratación, jornada, remuneraciones, condiciones de seguridad y salud, entre otros aspectos vinculados a la relación laboral. Esta función no se limita a una actuación verificadora, sino que conlleva la facultad de disponer medidas correctivas y aplicar sanciones en caso de

En el marco legal aplicable y respecto a las actuaciones inspectivas de investigación, se constató —conforme al numeral 4.5 del Acta de Infracción— que el sujeto inspeccionado celebró contratos de trabajo sujetos a modalidad por incremento de actividad con la trabajadora Palomino, por el periodo del 02 de mayo de 2019 al 15 de noviembre de 2019 y sus prórrogas. En todos los documentos contractuales se consignó idénticamente como causa objetiva un supuesto incremento de actividades, productos, servicios y clientes ocurrido desde el año 2014 con proyecciones hacia el 2017. Tal justificación no presenta correspondencia temporal con las fechas de contratación ni acredita la naturaleza excepcional o transitoria de las labores, configurándose la causal de desnaturalización prevista en el artículo 77° del TUO del Decreto Legislativo N° 728.

Frente a ello, la impugnante sostiene que SUNAFIL no motivó adecuadamente su decisión, alegando que no se precisó la causal del artículo 77° de la LPCL y que el inspector se limitó a indicar que la causa objetiva “se repite”, sin realizar un análisis jurídico suficiente ni valorar correctamente los medios probatorios. Sin embargo, del contenido del Acta de Infracción, en sus numerales 4.3 a 4.5, se advierte una exposición ordenada y detallada de: (i) la modalidad contractual empleada — incremento de actividad—; (ii) los periodos de contratación y sus prórrogas; (iii) la causa objetiva invocada; y (iv) la falta de correspondencia temporal y material de dicha causa con el momento de la contratación. Estos elementos fueron debidamente valorados en la resolución de primera instancia para concluir que no se acreditó una causa objetiva válida, configurándose la causal prevista en el inciso d) del artículo 77° del TUO del D. Leg. 728, criterio ratificado en segunda instancia con sustento en jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En consecuencia, la decisión cuenta con motivación suficiente y respaldo normativo.

La simple reiteración en todos los contratos y prórrogas de un texto genérico que alude a un incremento de actividades sucedido años antes de la contratación —2014 con proyecciones a 2017— no satisface la exigencia del artículo 72° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, que impone consignar de manera expresa, concreta y actual la causa objetiva que sustenta la contratación temporal. Tal deficiencia formal y material imposibilita vincular la contratación a una necesidad transitoria real, configurando así la causal de desnaturalización prevista en el artículo 77° del citado cuerpo normativo, conforme fue correctamente determinado por los inspectores comisionados.

Siguiendo el criterio interpretativo adoptado por este Tribunal, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 015-2023 SUNAFIL/TFL, publicado el 28 de diciembre de 2023 en el diario oficial El Peruano, sobre la determinación de la causa objetiva en los contratos a plazo determinado, se deben considerar los siguientes aspectos:

En la misma línea de lo señalado, la consignación de la causa objetiva de contratación temporal y su explicación adecuada y suficiente en el contrato que se celebra por escrito en estos casos, no pueden ser considerados como meras formalidades de los contratos sujetos a modalidad, pues su inobservancia acarrearía la invalidez de la cláusula referente a la temporalidad de la contratación, lo cual implica ser considerados como contratos a plazo indeterminado. Así, la remisión a la causa objetiva, por la excepcionalidad de esta contratación, no significa que baste con una indicación genérica de la causa, sino que deberá detallarse y explicarse adecuada y suficientemente, por qué la causa señalada motiva una contratación sujeta a modalidad determinada” (énfasis añadido).

De los hechos verificados, se constata que los contratos suscritos con la trabajadora consignaron una causa objetiva genérica —referida a un incremento de actividades, productos, servicios y clientes desde el año 2014 con proyecciones al 2017— que no guarda correspondencia temporal con las fechas de contratación (2019 y 2020) ni acredita la naturaleza excepcional o transitoria de las labores. Además, dicha redacción se repitió de manera idéntica en todas las prórrogas, sin mayor desarrollo o explicación que justifique la contratación bajo modalidad de incremento de actividad, incumpliendo así lo exigido en el artículo 72° del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Conforme al criterio establecido en el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 015-2023-SUNAFIL/TFL, la ausencia de una causa objetiva detallada, concreta y actual conlleva la invalidez de la cláusula de temporalidad y determina que la relación laboral sea considerada de duración indeterminada. En consecuencia, se configura la desnaturalización prevista en el artículo 77° del citado cuerpo normativo, tal como fue correctamente determinado por la autoridad inspectiva.

Respecto a los alegatos de la impugnante referidos a que (i) la materia de controversia ya se encuentra judicializada en el Expediente N° 00086-2020-0-1411-JR-LA-01 y que, por ello, SUNAFIL carecería de competencia para pronunciarse sobre la desnaturalización de los contratos y continuar con el procedimiento sancionador, así como (ii) que la facultad de declarar la desnaturalización corresponde exclusivamente al Poder Judicial, corresponde precisar que, de la revisión efectuada en la página de consulta de expedientes judiciales de la Corte Superior de Justicia – CEJ, se advierte

En consecuencia, la existencia de dicho proceso no excluye ni limita en forma alguna la competencia de la autoridad inspectiva para verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, conforme al artículo 1 de la Ley General de Inspección del Trabajo10 y al artículo 3.1 del Convenio N° 81 de la OIT. El procedimiento administrativo sancionador responde a un interés público, siendo función esencial del Sistema de Inspección del Trabajo velar por el cumplimiento de la legislación sociolaboral en los centros de trabajo, lo que comprende no sólo la labor de verificación, sino también la potestad de dictar medidas correctivas y aplicar sanciones ante el incumplimiento, sin que su ejercicio dependa de procesos judiciales iniciados por trabajadores a título individual. La actuación inspectiva no constituye un pronunciamiento jurisdiccional declarativo, sino un ejercicio legítimo de fiscalización y determinación de infracciones administrativas, siendo la vía administrativa y la judicial autónomas, con finalidades y alcances claramente diferenciados.

Cabe añadir que, el proceso judicial referido concluyó de manera firme a favor de la trabajadora, conforme se desprende de la Resolución N° 06, emitida el 29 de marzo de 2022 por el Juzgado Especializado de Trabajo de Pisco, que confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 03 de noviembre de 2021, declarando fundada la demanda interpuesta por doña Palomino contra empresa, por desnaturalización de contratos modales y reposición por despido incausado. En consecuencia, se declaró la existencia de un contrato a plazo indeterminado y se ordenó la reposición de la trabajadora en el mismo puesto o en otro de similar nivel y categoría, con el pago de costos procesales.

El pronunciamiento emitido por el Juzgado Especializado de Trabajo declaró la inexistencia de causa objetiva que sustente la contratación modal y reconoció la existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado. Dicha decisión guarda correspondencia con las conclusiones alcanzadas por la autoridad inspectiva y el órgano encargado del procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, no existe proceso judicial pendiente que justifique la suspensión de la potestad sancionadora, por lo que la medida adoptada por la inspección de trabajo.

En consecuencia, carecen de asidero los alegatos de la impugnante en cuanto a que (i) la judicialización previa impediría la continuación del procedimiento sancionador, o que (ii) SUNAFIL carecería de competencia para verificar la desnaturalización de contratos modales, pues ninguno de estos extremos logra desvirtuar la infracción plenamente acreditada en la presente actuación inspectiva. Por tales consideraciones, no se acogen los argumentos expuestos en el recurso de revisión dirigidos a cuestionar este extremo, confirmándose la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT.

Cabe añadir que En esa misma línea, la Corte Suprema, en la Casación N° 3274- 2019-Del Santa, ha precisado que, aun cuando en sede judicial una de las pretensiones

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.