Santa Verena S.A.C — Res. 390-2022

Mediante Orden de Inspección N° 7211-2016-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1659-2016 (en adelante, el Acta de Infracción).

Mediante Proveído S/N de fecha 15 de agosto de 2016, notificado el 18 de agosto de 2016, la Sub Intendencia de Resolución 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana remitió a la impugnante el Acta de Infracción y dio inicio al procedimiento sancionador, otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles para la formulación de los descargos que estimen pertinentes, conforme el inciso c) del artículo 45 de la Ley Nº 28806- Ley General de Inspección de Trabajo (en adelante, la LGIT).

Recibidos los descargos, la Sub Intendencia de Resolución 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 294-2017-SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 17 de octubre de 2017, notificada de 15 de noviembre de 20172, multó a la impugnante por la suma de S/ 71,100.00 con reducción al 35% asciende a S/ 24,885.00 por haber incurrido en una infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT, imponiéndole una sanción ascendente a S/ 11,850.00; una infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, imponiéndole una sanción ascendente a S/ 19,750.00; y dos infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT, imponiéndole una sanción ascendente a S/ 19,750.00, por cada una.

Con fecha 06 de diciembre 2017, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 294-2017-SUNAFIL/ILM/SIRE3.

Mediante Resolución de Sub Intendencia N° 036-2018-SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 19 de enero de 20183, la Sub Intendencia de Resolución 3 declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la impugnante, por considerar que no cumple con la exigencia legal, esto es, que el recurso de reconsideración debe sustentarse en nueva prueba.

Con fecha 04 de abril de 2018, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 036-2018-SUNAFIL/ILM/SIRE3.

Mediante Resolución de Intendencia N° 1464-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de setiembre de 20214, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto.

Con fecha 20 de setiembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1464- 2021-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 2090-2021- SUNAFIL/ILM, recibido el 30 de noviembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

El artículo 217 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias5.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que SANTA VERENA S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1464-2021-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 24,885.00 por la comisión, entre otra, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT; y dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 16 de setiembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por SANTA VERENA S.A.C.

La impugnante alega en el recurso de revisión la caducidad del procedimiento, por lo que corresponde a esta instancia analizar, en primer lugar, si se ha configurado en el presente expediente sancionador N° 187-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE3, de la Intendencia de Lima Metropolitana.

Sobre el particular, el artículo 259 del TUO de la LPAG establece:

Por su parte, el artículo 53 del RLGIT, vigente a la fecha de la notificación del acta de infracción, 18 de agosto de 2016, prescribe que:

El procedimiento administrativo sancionador se desarrolló en el siguiente periodo:

El procedimiento administrativo sancionador se inició el 18 de agosto de 20166, con la notificación del acta de infracción. Por lo que de conformidad con el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, la autoridad sancionadora (Sub Intendencia de Resolución 3) tenía hasta 18 de mayo de 2017 para emitir y notificar la resolución de sanción. Sin embargo, ésta fue notificada el 15 de noviembre de 2017.

Se debe destacar que, conforme a la norma acotada, se desprende que la caducidad del procedimiento sancionador no se computa desde la fecha de emisión del acta de infracción, sino desde su notificación, porque así se da inicio al procedimiento sancionador. Por ende, una vez transcurrido el plazo para resolver, sin que se haya notificado le resolución respectiva, caduca automáticamente el procedimiento.

Cabe precisar que la Resolución de Sub Intendencia N° 294-2017-SUNAFIL/ILM/SIRE3, fue notificada con fecha 15 de noviembre de 20177, cuando el procedimiento administrativo sancionador ya había caducado. Para mejor ilustración se adjunta la línea de tiempo:

Por tanto, corresponde declarar la caducidad del procedimiento administrativo sancionador recaído en el presente expediente sancionador Nº 187-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE3, disponiendo su archivo; careciendo de objeto pronunciarse sobre los demás argumentos esgrimidos por la impugnante en su recurso de revisión.

Conviene precisar que la declaración de caducidad que efectúa la Sala no supone la nulidad de toda la actuación realizada por las instancias precedentes, sino que, en virtud de los numerales 4 y 5 del artículo 259 del TUO de la LPAG, determinadas actuaciones mantienen su validez. En concreto, la declaración de caducidad no afecta las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios actuados.

Culmina el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador 15.11.2017 Se notifica la Resolución de Sub Intendencia Nº 294-2017- SUNAFIL/ILM/SIRE3 Fin del cómputo del plazo 9 meses Inicio del cómputo de plazo 19.05.2017 La caducidad operó (al día hábil siguiente del plazo máximo para resolver)

Así también las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador. Además, la autoridad competente conforme al Sistema, en caso la infracción no hubiera prescrito, evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.