Saga Falabella S.A — Res. 377-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Relaciones colectivas (Sub materia: Libertad sindical (Licencia sindical, Cuota sindical, entre otros); Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios)); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Jornada y horario de trabajo; y, Horas extras); y, Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas). 2 Véase folio 365 y 366 del expediente inspectivo. soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

trabajo indebidas, y sin que se les paguen por las mismas; reduciendo las remuneraciones a trabajadores afiliados al sindicato, para compensar las horas dejadas de laborar durante el Estado de Emergencia Nacional, por las que se otorgó licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago efectivo de las remuneraciones íntegras a los trabajadores afectados, respecto a los meses de julio a diciembre de 2020, debido a que el inspeccionado efectuó descuentos en dichas remuneraciones, sin autorización de los trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 17,248.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de lo ordenado mediante medida inspectiva de requerimiento notificada el 22 de enero de 2021, dentro del plazo otorgado, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,100.00.

i. Refiere que, la resolución apelada debe ser declarada nula porque vulnera el principio del debido procedimiento y su derecho a la debida motivación; ya que señala que se ha limitado a señalar que el personal inspectivo solicitó la subsanación del presunto incumplimiento y no ha señalado donde se encuentra la prohibición para la compensación de una deuda cuya existencia en ningún momento ha sido cuestionada.

ii. Manifiesta que, su representada ha explicado que no ha realizado un simple descuento, sino que debido a la negativa de los trabajadores a elegir una de las

opciones que su representada les ofreció para compensar los días que adeudaban, señala que su representada dispuso unilateralmente la forma de compensación mediante descuentos en las boletas de pago, tomando en consideración que estos fueron proporcionales y tuvieran el tope del monto de la licencia otorgada; afirmando que esa medida se encuentra avalada por lo dispuesto en la Resolución N° 052-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala; la cual señala que el trabajador se convierte en deudor frente al empleador; en tanto se dio una retribución sin que el trabajador haya prestado el servicio para el que fue contratado y por ello afirma que si es posible que su representada pueda compensar estas licencias mediante descuento de las remuneraciones; pero asegura que la autoridad sancionadora considera que esa resolución del Tribunal no resulta aplicable al caso.

iii. También señala que, la medida inspectiva de requerimiento no ha cumplido con determinar de manera correcta, quienes fueron los trabajadores afectados; dado que, ha considerado un total de 12 trabajadores, a pesar que la propia autoridad sancionadora ha reconocido que su representada sí llegó a un acuerdo con 03 de los trabajadores considerados como afectados (Sánchez Céspedes David Martín, Morales Cruz Gerard y navarro Juárez Jorge).

i. Que, en cada uno de los argumentos de defensa, el recurrente afirma que el procedimiento sancionador que se viene tramitando, debe ser declarado nulo, porque la resolución apelada supuestamente ha vulnerado los principios de debido procedimiento y debida motivación; además de indicar que, la autoridad sancionadora no ha tenido consideración lo expuesto en pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral.

ii. Sin embargo, de la revisión de todo su escrito de apelación, se advierte que el recurrente no ha llegado a precisar cuáles son los requisitos de validez, contemplados en el artículo 3 del TUO de la LPAG, que habrían sido vulnerados, o cuál sería el vicio del acto administrativo que desencadenaría la nulidad de pleno derecho; es decir que, el recurrente no ha cumplido con sustentar válidamente su pedido de nulidad.

3 Notificada a la impugnante el 24 de octubre de 2022. Véase folio 106 del expediente sancionador.

iii. Sobre los descuentos realizados por el sujeto responsable a la remuneración de los trabajadores afectados, el hecho que la impugnante haya reanudado sus actividades económicas, no le habilitaba para poder realizar descuentos unilaterales entre los meses de julio a diciembre de 2020, sobre la remuneración de los trabajadores a los que les había otorgado licencias con goce de haber; ya que todo descuento a la remuneración se debe realizar con previa autorización o acuerdo del trabajador.

iv. Asimismo, con relación a este punto, se considera importante hacer mención expresa a la Resolución N° 904-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, resaltando específicamente lo desarrollado en los numerales 6.16 a 6.18; lo que significa que, mientras dure el Estado de Emergencia decretado a nivel nacional, el sujeto responsable no se encontraba aún autorizado a realizar ningún tipo de mecanismo de recuperación de su acreencia con relación a las horas dejadas de laborar por los trabajadores afectados, ni tampoco podía exigirles que realicen la recuperación de esas horas dejadas de laborar, más aun teniendo en cuenta, que en el presente caso el gobierno ha venido prorrogando continuamente el Estado de Emergencia Nacional, el cual se mantiene vigente hasta la fecha, tal como lo establece el Decreto Supremo N° 118- 2022-PCM.

v. Por lo que, no existe justificación alguna que ampare el actuar arbitrario del sujeto responsable de haber realizado descuentos unilaterales a la remuneración de los trabajadores afectados.

vi. Ahora bien, respecto a que su representada sí llegó a un acuerdo con 03 trabajadores que no debieron haber sido considerados como parte de los afectados, ni debieron considerarse al momento de efectuar el cálculo de la sanción de multa a la labor inspectiva impuesta. Este despacho ha procedido a revisar los actuados del expediente inspectivo, encontrando las Cartas de Decisión de Compensación de horas, de fecha 13 de mayo de 2020, mediante las cuales, en forma unilateral el recurrente le indicó a estos 03 trabajadores, cuál sería el esquema de compensación de horas que les aplicaría y ejecutaría al término de la cuarentena; apreciándose que ninguna de esas 03 cartas, cuenta con la conformidad o aceptación de estos trabajadores, y lo mismo sucede con las Cartas de Decisión de Compensación de horas, de fecha 04 y 08 de julio de 2020.

vii. Asimismo, del referido expediente encontramos otras 03 cartas y acuerdos de compensación de horas, de fechas 14 y 15 de agosto de 2020, que también fueron dirigidas a estos 03 trabajadores, en las que, a diferencia de las anteriores, éstas sí cuentan con las firmas de los 03 trabajadores en señal de recepción y conformidad con los acuerdos allí detallados.

viii. De modo que, del análisis antes realizado en aplicación del principio de verdad material, se advierte que en el presente caso resulta cierto que, el recurrente ha logrado acreditar la existencia de acuerdo para compensación y descuento en la remuneración de los 03 trabajadores (Sánchez Céspedes David Martín, Morales Cruz

Gerard y Navarro Juárez Jorge), a partir del mes de agosto de 2020, hasta completar 05 meses; más no ha podido acreditar la subsanación total de esta infracción en materia sociolaboral.

ix. En tal sentido, y en atención al principio de verdad material, corresponde revocar en parte la Resolución de Sub Intendencia N° 323-2022-SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, con relación a la infracción sociolaboral por “no acreditar el pago efectivo de las remuneraciones íntegras a los trabajadores”; determinando como periodo de incumplimiento respecto a los 03 trabajadores antes mencionados el mes de julio de 2020; manteniéndose inalterable el periodo de incumplimiento de los meses de julio a diciembre de 2020 para los otros 09 trabajadores afectados, y precisando que, esta reducción parcial del periodo de incumplimiento no afecta de ninguna forma en la determinación y graduación del monto total de la multa, al no haberse producido modificación en el número total de afectados de ninguna de las dos infracciones.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SAGA FALABELLA S.A.

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

impuesta por la suma de S/ 40,348.00, por la comisión, entre otra, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 25 de octubre de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 135-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, bajo los siguientes alegatos:

i. Refieren que, se ha aplicado erróneamente el artículo 14 de la LGIT, que regula la imposición de una medida inspectiva de requerimiento, en tanto que, la medida inspectiva de requerimiento solo puede ser adoptada y emitida en el escenario en el que, concluidas las actuaciones inspectivas de investigación, se tenga certeza de estar frente a un incumplimiento de naturaleza subsanable, pero se necesita que primero se compruebe fehacientemente que el empleador omitió el cumplimiento de una obligación legal.

ii. Alegan que la medida inspectiva de requerimiento fue emitida inaplicando el principio de razonabilidad, en tanto que, como es de público conocimiento, a efectos de evitar la propagación del Covid-19 en el Perú, el 12 de marzo de 2020 se emitió el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, por el cual el Gobierno declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional.

iii. Señalan que, el Decreto de Urgencia N° 029-2020, dispone que el otorgamiento de la licencia para el personal que no califica dentro del grupo de riesgo se encuentra supeditado a que, la actividad del empleador no se encuentre permitida durante el Estado de Emergencia Nacional.

iv. Por otro lado, precisan que, las licencias con goce de haber compensables establecen obligaciones tanto para el empleador como para el trabajador. Así, el primero está obligado a otorgar una licencia con goce de haber al trabajador, mientras que este último deberá compensar la licencia que su empleador le otorgó.

v. En cuanto al modo de compensación, manifiestan que, ninguna de las disposiciones citadas establece algún tipo de mecanismo de compensación prohibido para dicha compensación; la única regla inicialmente establecida fue que, para cierto grupo de actividades económicas, la compensación unilateral únicamente se permitía con posterioridad al Estado de Emergencia Nacional, salvo acuerdo en contrario.

vi. Por tanto, refieren que es posible afirmar, en virtud de los artículos 2.24 literal a) y 103 de la Constitución Política que, toda forma de compensación que no constituya un abuso

del derecho será posible. Por tales consideraciones, señalan que, se aprecia que la falta de acuerdo no libera al trabajador de su obligación de compensar, por lo que, será el empleador quien defina unilateralmente la forma de compensación dentro de los límites de la ley.

vii. Asimismo, señalan que, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, una vez que contase con su “Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el Trabajo” y lo remitiera al Ministerio de Salud: i) se encontraría autorizada a reiniciar su actividad empresarial, ii) su actividad calificaría como servicio esencial de acuerdo al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 083-2020- PCM; iii) dejaría de encontrarse en el supuesto del artículo 26.2 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, para encontrarse en el supuesto del artículo 26.1, esto último significaría que no se le aplicaría la limitación de recuperación de la licencia compensable respecto a la compensación con posterioridad a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional. viii. En consecuencia, alegan que, a falta de acuerdo con el trabajador, la compensación unilateral se podría ejecutar desde aquel momento, y no necesariamente con posterioridad a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional.

ix. Manifiestan que, tal como señala el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución N° 019-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, la norma que regulaba la compensación no preveía que el avance del Covid-19, obligara a mantener el Estado de Emergencia de manera indefinida; por lo que, castigar a las empresas que, desde el reinicio de sus actividades, dispusieron la compensación, resulta un exceso de punición.

x. Por tanto, alegan que, no existe incumplimiento, si la empresa decide aplicar la compensación de los días en los que los trabajadores se encontraron con Licencia con Goce, desde que reinicia sus actividades.

xi. Por otro lado, precisan que, privilegiaron el diálogo y el acuerdo entre las partes, en tanto se ofreció a los trabajadores la posibilidad de compensar con las horas extras generadas hasta el 15 de marzo de 2020, descuento de los días de vacaciones, descuento del 50% de la gratificación de julio de 2020, descuento de días de trabajo a partir del momento en el que reinicien las actividades, descuento del 50% de la gratificación recibida en diciembre de 2020. Sin embargo, señalan que, ante la negativa de los trabajadores, resulta irrazonable que el empleador no pueda aplicar el plan de compensaciones.

xii. Sobre la compensación por descuentos, invocan la Resolución N° 052-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, en tanto que, reafirma la posibilidad de poder realizar la compensación de licencias con goce de haber mediante descuentos en la remuneración, siempre que ello no afecte el carácter alimentario de la remuneración. Por ello, precisan que, tras agotar esfuerzos para llegar a acuerdos con sus trabajadores, no logró respuesta de los mismos, y en consideración a ello, se les remitió cartas unilaterales de compensación en las cuales se les explicó la modalidad y oportunidad de compensación; por lo que, se advierte que se vio forzada a ejercer la posibilidad legal que le permitía establecer la forma de compensación unilateral.

xiii. Respecto a la medida inspectiva de requerimiento, señalan que fue emitida inaplicando el principio de predictibilidad o de confianza legítima, y que se deberá tener en consideración los criterios establecidos en la Resolución N° 019-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala y 052-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, a través de los cuales, se advierte que se permite la compensación unilateral una vez reactivadas las actividades de la empresa, en aplicación del principio de razonabilidad.

xiv. Asimismo, aducen que la medida inspectiva de requerimiento fue emitida inaplicando el principio de licitud, en tanto que, es evidente que la Intendencia no consideró que la única forma de dejar de lado la presunción de licitud es cuando la administración cuenta con medios probatorios idóneos que acrediten fehacientemente que la empresa cometió las infracciones imputadas, lo que no ocurrió en el presente caso.

Análisis Del Recurso De Revisión

De los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden

siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

una naturaleza alimentaria y está en estrecha relación con los derechos a la vida, igualdad, dignidad, y con efectos sobre el desarrollo integral de la persona humana.

Sobre la solicitud de informe oral

y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten10 (énfasis añadido).

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007- HC/TC, entre otros)".

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

10 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

29.Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

6.28Por consiguiente, esta Sala considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, pudiendo prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No acreditar el pago efectivo de las remuneraciones íntegras de 09 trabajadores afectados, respecto a los meses de julio a diciembre de 2020, y de trabajadores correspondiente al mes de julio de 2020, debido a que el inspeccionado efectuó descuentos en dichas remuneraciones, sin autorización de los trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No acreditar el cumplimiento de lo ordenado mediante medida inspectiva de requerimiento notificada el 22 de enero de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SAGA FALABELLA S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 135-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 21 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Piura, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 469-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 135-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a SAGA FALABELLA S.A., y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240417MCR