S.G. Natclar S.A.C — Res. 722-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS y hoja de liquidación y sus formalidades). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20168999926 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia de comparecencia programada para el día 04 de enero de 2021, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia de comparecencia programada para el día 13 de enero de 2021, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la información requerida mediante requerimiento de información notificado el 20 de enero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

i. Que, los requerimientos de comparecencia no son exigibles pues han vulnerado el debido procedimiento, así estos fueron efectuados en el centro de trabajo ubicado en Calle Santo Domingo N° 123- Arequipa, siendo que la gestión administrativa se encuentra centralizada, toda la información solicitada se encuentra en la ciudad de Lima, lo cual era de pleno conocimiento del Inspector actuante. ii. Que, teniendo en consideración el Estado de Emergencia Sanitaria se estableció el protocolo para ejercicio de la inspección de trabajo el cual señala la prioridad del uso de tecnologías de información, sin embargo el Inspector contradiciendo dicho protocolo realizó los requerimientos de comparecencia con el objeto de entregar documentos que podrían ser entregados por la tecnología de información, pues de la revisión del requerimiento de información queda claro se solicitó la presencia de la impugnante para hacer entrega de archivos digitales, puesto que se ha podido acreditar que se requirió archivos en formato TXT y Excel, incluso grabados en un CD, por lo que se cuestiona si era razonable e imprescindible entregar dichos archivos de manera presencial. iii. Que, a través del requerimiento de información de fecha 20 de enero de 2021 se solicita la misma documentación requerida con anterioridad pero esta vez que sea

remitida a través de la casilla electrónica, por lo que queda acreditado que se ha cumplido con hacer entrega de la información requerida con anterioridad a través de los medios digitales sin tener que asistir en forma presencial a las oficinas de la Intendencia Regional de Arequipa, los días 04 y 13 de enero de 2021, puesto que dichos requerimientos no tenían ninguna justificación mínima y razonable, resultando ellos arbitrarios y en consecuencia que no sean exigibles pues atentan contra el debido procedimiento. iv. Que, el Acta de Infracción no cumple con el contenido mínimo establecido en el artículo 46 de la Ley General de Inspección de Trabajo y su Reglamento, en cuanto debe señalarse la calificación de la infracción con expresión de la norma vulnerada, así es que se deben señalar cuales son las infracciones que se subsumen a los hechos comprobados, así en el presente caso no se señala la norma expresa que se ha vulnerado respecto a la infracción de no haber asistido a la comparecencia en fechas 04 y 13 de enero de 2021, por lo que al no haber señalado expresamente la norma que se habría vulnerado que contenga la obligación de la impugnante de cumplir con la asistencia a dichas diligencias, es que las multas señaladas deben ser desestimadas. v. Que, la negativa a entregar la documentación no puede ser atribuida a la impugnante pues el 14 de enero de 2021 cumplieron con entregar la información solicitada por el Inspector de Trabajo, así el hecho de que éste no haya revisado ni valorado no supone que ésta se haya negado entregar la información más aún porque el Inspector solicitó información que ya había sido entregada con anterioridad, por lo que no se configura la negativa señalada. vi. Que, de la revisión de lo establecido por el artículo 38° de la Ley 28806 no se establece que las multas por infracción a la labor inspectiva se deban graduar en función del número de trabajadores, pues el bien jurídico tutelado es el interés de la autoridad administrativa por lo que no tendría sentido graduar la falta en consideración el número de los trabajadores involucrados en el procedimiento en aplicación del principio de razonabilidad, por lo tanto la multa debe ser desestimada y en su defecto debe ser calculada con estricta sujeción a la Ley General de Inspección de Trabajo.

I. Refiere que, acorde con el contenido del Acta de Infracción y de la Resolución de Sub Intendencia, se encuentra en ambos expresamente señalado el establecimiento de los criterios de graduación de multa de la cual es pasible la impugnante, al haberse evidenciado infracciones contra la labor inspectiva frente a la inasistencia a las

2 Notificada a la impugnante el 30 de mayo de 2022, véase folio 68 del expediente sancionador.

comparecencias programadas, así como a la no entrega de la documentación requerida, conductas que imposibilitaron la verificación de cumplimiento de la normativa sociolaboral respecto de los veintisiete (27) trabajadores detallados en el cuadro N° 01 del Acta de Infracción; por lo que, en consecuencia dichos trabajadores se configuran como perjudicados frente al accionar de la impugnante; por lo tanto, queda desvirtuada la alegación sostenida al haberse cumplido con calcular adecuadamente la multa estipulada en mérito a los criterios de graduación e imposición de multa, no configurándose la vulneración al principio de razonabilidad alegado. II. De acuerdo a ello, considera que se ha desarrollado la investigación inspectiva y el procedimiento sancionador dentro de los lineamientos de la legalidad y observando las garantías correspondientes, como son los principios administrativos. III. Sobre el cuestionamiento de la notificación de los requerimientos de comparecencia, se precisa que, de los hechos verificados, el Inspector a cargo guardó el debido cuidado en ubicar el domicilio de la impugnante, llegando a determinar que el centro laboral se encontraba ubicado en Calle Santo Domingo N° 123, distrito, provincia y departamento de Arequipa. En ese sentido, se verifica de la carpeta inspectiva, que los requerimientos y las actuaciones inspectivas fueron notificados a dicho domicilio, no existiendo ningún tipo de cuestionamiento. Al respecto, se puede verificar que las notificaciones efectuadas gozan de todos los requisitos establecidos en el artículo 24° del T.U.O de la LPAG, las mismas que fueron válidamente notificadas al centro laboral donde realiza trabajo la impugnante. Asimismo, el artículo 27° del mismo cuerpo legal, señala que se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución. En consecuencia, en el presente caso no existe vulneración al debido procedimiento o al derecho de defensa de la impugnante, al haber sido este válidamente notificada; puesto que alegar que la información solicitada se encuentra en su cede central no constituye justificación frente a su no comparecencia; por lo tanto, no se configura causal que genere que dichos requerimientos no sean exigibles, habiéndose cumplido con su debida notificación conforme al debido procedimiento. IV. Por otra parte, puntualiza que el objeto de los requerimientos de comparecencia efectuados no deviene únicamente en la exhibición de documentación, pues en esta, la impugnante tendría y podría efectuar las aclaraciones, precisiones y responder a las solicitudes de información que indague el Inspector actuante, en el marco de las actuaciones investigativas; por lo que, lo alegado por la impugnante respecto a que únicamente bastaba presentar en físico o virtualmente la información requerida, es que deviene en incongruente y contraria a la labor inspectiva. En congruencia, el artículo 11° de la LGIT estipula que las actuaciones inspectivas podrán proseguirse o completarse sobre el mismo sujeto inspeccionado a través de requerimientos de comparecencia ante el inspector actuante, con el objeto de aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes; en mérito a ello es que el requerimiento de comparecencia efectuado en el presente procedimiento fue válidamente efectuado por el inspector, siendo el objeto de esta la exhibición de la documentación requerida para verificar el cumplimiento de normativa sociolaboral respecto de sus trabajadores. V. En este sentido, ha quedo manifiestamente acreditado que la impugnante incumplió con su deber de colaboración con la labor inspectiva, pues incurrió dos veces en la infracción tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT al inasistir a las comparecencias solicitadas, no habiéndose probado concurrencia de alguna de

causal eximente de responsabilidad; subsistiendo las sanciones impuestas por la autoridad sancionadora en primera instancia. VI. Asimismo, acorde a lo establecido en la resolución apelada en concordancia con lo determinado en el Acta de Infracción se ha demostrado la falta de colaboración por parte de la impugnante , habiendo obstaculizado la labor inspectiva, como se evidencia en el acta en el punto IV Hechos Comprobados, donde ante el requerimiento efectuado con fecha 20 de enero de 2021, la impugnante no cumplió con remitir la documentación solicitada, impidiendo el desarrollo de las investigaciones inspectivas a efecto de poder establecer la existencia o no de vulneraciones a las normas sociolaborales. VII. Así, teniendo en cuenta que la obstrucción a la labor inspectiva es definida como las: “Acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, contrarias al deber de colaboración con la inspección de trabajo”; tal y como fue establecido en la resolución apelada en concordancia con lo señalado en el Acta de Infracción se evidenció el accionar obstruccionista al desarrollo de la labor inspectiva por parte de la impugnante al no facilitar la información necesaria para ello, no siendo convalidable su falta al deber de colaboración con el personal inspectivo, por lo que se ratifica que la impugnante incurrió en una infracción muy grave contra la labor inspectiva de conformidad con el numeral 46.3 del artículo 46° del Reglamento. VIII. De esta manera, en atención a lo analizado en los puntos precedentes, se ratifica que la impugnante incurrió en tres (3) infracciones contra la labor inspectiva, persistiendo la sanción impuesta conforme fue determinado por la Sub Intendencia de Resolución.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE S.G. NATCLAR S.A.C.

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

tipificadas en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; es decir, es decir, el 01 de junio de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 153-2022-SUNAFIL/IRE-AQP en términos similares a su recurso de apelación, señalando los siguientes alegatos:

i. Alega que se ha quebrado el principio de razonabilidad establecido en el artículo primero del TUO de la Ley N°27444. ii. Precisa que, el inspector desobedeciendo la versión 2 del Protocolo N°005-2020- SUNAFIL/INII, y sin motivar hasta la fecha la decisión de la violación de dicha norma, decidió citar a su empresa para presentar la información requerida de manera física tanto el 04 como el 13 de enero de 2021, conociendo que su empresa no podría llegar a dicha oportunidad, pues se volvieron a las restricciones de desplazamiento por encontrarnos en la segunda ola por la Covid-19. iii. Indica que el 20 de enero de 2021, desconociendo la entrega de documentación realizada por correo electrónico, les vuelve a requerir la misma información, pero ahora a través de la casilla electrónica, por lo que, no entiende el cambio o diferencia para requerir presencialidad las dos primeras veces, y si la admisión de entrega virtual recién una tercera vez. iv. Cita la Resolución N°347-2021-Sunafil/TFL-Primera Sala, en la que se señaló que durante el estado emergencia no es necesario el citatorio de comparecencia, si este solo tiene por finalidad la entrega de documentos. v. Por otra parte, sobre la gradualidad de la multa, manifiesta que considerar 27 trabajadores como afectados es un nuevo abuso de derecho y un error en la cuantificación, pues la inspectora no puede considerar que los mismos sean afectados sin haber hecho un análisis de si existía algún tipo de vulneración de las obligaciones que se buscaban revisar, más aún si se cumplió con presentar la información requerida y omitida por el inspector. vi. Refiere que el acta de infracción no contiene un razonamiento claro, analítico y expresado respecto de sus conclusiones y solo propone se les imponga una multa sin realizar algún tipo de análisis sobre los hechos que se les imputa. vii. Considera que existe un error en la tipificación de las faltas, pues no ha señalado expresamente la norma que habría vulnerado y que contiene la obligación de su empresa de cumplir con la asistencia a las diligencias de comparecencia. viii. Alega una vulneración de su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, así como el inciso 3 del artículo 122° del Código Procesal Civil. ix. Sostiene que no se puede hablar de un debido proceso toda vez que el Acta de Infracción emitida no cuenta con respaldo argumentativo alguno que justifique la decisión adoptada. x. Invoca el principio de buena fe procedimental, por medio del cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y en general,

todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las inasistencias a las diligencias de comparecencias en las fechas de 04 y 13 de enero de 2020, y el requerimiento de información de fecha 20 de enero de 2020

9 LGIT, artículo 1. 10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 11 “Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público.”

Figura N°01

Además, es importante recalcar que el requerimiento de comparecencia señala expresamente que la inasistencia constituye una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 36 y 39 de la LGIT.

segundo requerimiento de comparecencia, a través del cual se requirió su presencia en las oficinas de la Intendencia Regional Arequipa – SUNAFIL el 13 de enero de 2021 a las 11:30 horas; sin embargo, pese a estar válidamente notificado, no asistió a la citada comparecencia.

apartamientos inmotivados de precedentes; sin embargo, la resolución invocada por la impugnante no tiene tal naturaleza. Por lo cual, no cabe acoger este argumento expuesto en este extremo.

Sobre el derecho a la motivación y debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

12 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009- MTPE/2/11.4.

Sobre la gradualidad de la multa

seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

13 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.” 14 Artículo 6: Motivación del Acto Administrativo del TUO de la LPAG Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”.

requerida, conductas que imposibilitaron la verificación de cumplimiento de la normativa socio laboral respecto de los veintisiete (27) trabajadores detallados en el cuadro N° 01 del Acta de Infracción, dichos trabajadores se configuran como perjudicados frente al accionar de la impugnante. Por lo tanto, no habiendo, la impugnante, desvirtuado estos hechos comprobados y verificados, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva No asistir a la diligencia de comparecencia programada para el día 04 de enero de 2021. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE Labor inspectiva No asistir a la diligencia de comparecencia programada para el día 13 de enero de 2021. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE Labor inspectiva No remitir la información requerida mediante requerimiento de información notificado el 20 de enero de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por S.G. NATCLAR S.A.C. en contra de la Resolución de Intendencia N º 153-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 27 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N º 220-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N º 153-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a S.G. NATCLAR S.A.C. y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230802JCR