Ruwana Sur S.A.C — Res. 295-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Relaciones laborales: Pago de horas extras y labor inspectiva: incumplir la medida inspectiva de requerimiento. PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago en sobretiempo a favor de una (1) trabajadora, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole la multa de 2.25 UIT (2019), ascendente a S/ 9,450.00.

- Una infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar el íntegro de la remuneración vacacional a favor de una (1) trabajadora, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole la multa de 1.35 UIT (2019), ascendente a S/ 5,670.00.

- Una infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por pagar del íntegro de la compensación por tiempo de servicios a favor de una (1) trabajadora, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole la multa de 1.35 UIT (2019), ascendente a S/ 5,670.00.

- Una infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar el íntegro de las gratificaciones legales a favor de una (1) trabajadora, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole la multa de 1.35 UIT (2019), ascendente a S/ 5,670.00.

- Una infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar el íntegro de la bonificación extraordinaria a favor de una (1) trabajadora, infracción tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole la multa de 1.35 UIT (2019), ascendente a S/ 5,670.00.

- Una infracción MUY GRAVE en contra de la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 14 de octubre de 2019 en perjuicio de una (1) trabajadora, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de 2.25 UIT (2019), ascendente a S/ 9,450.00 soles.

i. La impugnante señala que cumplió y acreditó el pago de beneficios sociales (remuneración vacacional, CTS, gratificación y bonificación extraordinaria) y solamente se le detectó una omisión correspondiente al no pago de horas extras que constituye más de una infracción conforme lo consignado en la resolución. Además, que la resolución apelada no aplicó el principio de concurso de infracciones, por lo que correspondía aplicar únicamente la sanción de mayor gravedad y no las seis infracciones, vulnerando el principio de legalidad, derecho de defensa y debido procedimiento.

ii. En la comparecencia de fecha 21 de octubre de 2019, presentó la ampliación de liquidación de beneficios sociales y el Acuerdo Privado sobre horas extras por medio del cual se cumplió con depositar a favor de la trabajadora Flores la suma de S/ 13 884.34, adjuntando la constancia de depósito para acreditar su cumplimiento, lo que no ha sido valorado por la autoridad inspectiva ni por la autoridad instructora.

i. Se ha determinado el incumplimiento del pago de sobretiempo correspondiente a los periodos de mayo – noviembre 2016, enero – junio 2017, agosto 2017 – enero 2018, marzo – abril 2018 y junio – octubre 2018, conforme a lo detallado en el Cuadro N° 01 del Acta de Infracción, especificándose el número de horas extras mensuales laboradas y que les corresponde una sobretasa de 25% o 35% para su cálculo. Dicho detalle fue consignado en la medida inspectiva de requerimiento; por lo que, la inspeccionada tenía pleno conocimiento del cálculo que debía efectuar en relación a los datos verificados de la investigación; sin embargo, hizo caso omiso.

ii. La impugnante adjunta el pago de una suma de dinero a favor de la señora Flores, sin especificar a qué horas extras correspondería el monto abonado, teniendo en cuenta la importancia de su cálculo por la sobretasa que se debería aplicar, para el referido cálculo.

2 Notificada a la inspeccionada el 30 de junio de 2021, ver fojas 64 del expediente sancionador.

iii. Asimismo, consideran que para la aplicación del principio de concurso de infracciones debe cumplirse obligatoriamente con el requisito de la existencia de una misma acción u omisión que configure más de una infracción, exigencia que no se da en el presente caso, puesto que las conductas infractoras de no pagar el íntegro de la remuneración vacacional, de la compensación por tiempo de servicios, de las gratificaciones y de las bonificaciones extraordinarias, son comportamientos que se desarrollan en momentos y por acciones diferentes, por tanto independientes entre sí, lo que implica en buena cuenta que el incumplimiento de éstas constituye una infracción administrativa por cada una de ellas, no siendo subsumible todas las conductas infractoras descritas dentro de lo reglado en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

iv. Ahora bien, el supuesto de que el no pago de horas extras repercutiera en el cálculo del pago de los otros beneficios laborales, ello no se configura como la tipificación de una sola infracción, más aún en el caso de la infracción contra la labor inspectiva que tiene evidentemente otra naturaleza.

II.DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE RUWANA SUR S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- Vulneración del principio del debido procedimiento, por no considerar la finalización del procedimiento por conciliación y transacción

i. Señalan que la impugnante con la ex trabajadora han suscrito un acuerdo privado respecto del pago de horas extras, y la ampliación de la liquidación de beneficios sociales, con la respectiva constancia de depósito de pago, documentos que debieron ser valorados por la Sub Intendencia, pues constituyen una forma de conclusión de los procedimientos administrativos.

ii. Asimismo, precisan que se ha vulnerado el principio del debido procedimiento, en su acepción de falta de motivación por inadecuada valoración de los medios probatorios, por cuanto el Acuerdo Privado de pago de horas extras se encuentra debidamente suscrito por la trabajadora; sin embargo, la resolución impugnada ha precisado que dicho documento no cumple con el detalle de las horas extras y su cálculo respectivo y su incidencia en pago de los otros beneficios laborales.

iii. En consecuencia, los principios como el debido proceso, debida motivación, imparcialidad, legalidad y tipicidad son valores constitucionales que debieron ser respetados dentro del procedimiento inspectivo, por lo que en salvaguarda de su derecho de defensa interponen este recurso de revisión.

8 Iniciándose el plazo el 01 de julio de 2021.

- De los principios de concurso de infracciones, tipicidad y de legalidad

i. Por este principio entendemos que: cuando una misma acción u omisión constituya más de una infracción prevista en el RLGIT, se aplica la sanción establecida para la infracción más grave, lo que no ha ocurrido en el presente caso, pues, el no pago de gratificación, CTS, remuneración vacacional, se debe considerar como única infracción: no pagar u otorgar las remuneraciones y beneficios sociales.

ii. Además, consideran que se ha vulnerado este principio al considerar la infracción del impago de horas extras en un numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, cuando lo correcto es que debía estar tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

9 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 10 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.”

que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley”11.

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral.

El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de

11 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (El énfasis es añadido).

Vulneración del principio del debido procedimiento, por no considerar la finalización del procedimiento por conciliación y transacción

12 STC recaída en el Expediente N° 01412-2007-PA/TC, que señala: “Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de

defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. Queda claro, entonces, que la cláusula fundamental contenida en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace extensivo a los procesos administrativos públicos (como es el caso de autos) o privados”. (Fundamento 8). – “Dentro de la misma línea de razonamiento este Colegiado ha precisado que dentro de aquel conjunto de garantías mínimas que subyacen al debido proceso se encuentra el derecho a la motivación de las resoluciones, que adquiere vital preponderancia en el caso que nos ocupa, pues es este el derecho que el demandante reclama como vulnerado y por el cual acude a esta instancia en pos de tutela. Por su parte, la doctrina considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la administración” (Fundamento 10). – “En consecuencia debemos afirmar que el derecho a la motivación de las decisiones administrativas si bien no tiene un sustento constitucional directo, no es menos cierto que forma parte de aquella parcela de los derechos fundamentales innominados que integra la construcción constitucional del Estado que permite apartarse de toda aquella visión absoluta o autoritaria” (Fundamento 11). – “Hablar de un Estado Constitucional significa hablar de un modelo estatal en el que sus acciones están regidas por el Derecho, lo que trae como correlato que la actuación de la administración deberá dar cuenta de esta sujeción para alejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la administración deberán contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”. (Fundamento 12). – “Cuando en el considerando precedente se ha hecho referencia al término adecuada motivación, esta debe ser entendida como aquella que genera consecuencias positivas en un Estado de Derecho en el que la protección de los derechos fundamentales se rige como uno de sus principales pilares. Así, por un lado, tenemos que una resolución debidamente motivada brinda seguridad jurídica a los administrados, y por otro, sirve como elemento de certeza a la autoridad administrativa que decide el procedimiento”. (Fundamento 13). 13 “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

14 http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15713/16149 15 Ver fojas 541 a 545 del expediente inspectivo

16 Ver fojas 550 del expediente inspectivo 17 Fundamento 6 de la Sentencia 0818-2005-PA/TC.

“El criterio del Tribunal está orientado hacia la protección de los derechos del trabajador, incluida su remuneración, en tanto éstos se sustentan en la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, que constituyen los pilares básicos sobre los cuales se estructura la sociedad y el Estado. En tal perspectiva, en la STC Nº 2906-2002-AA/TC se ha concluido que “La Constitución protege, pues, al trabajador, aún respecto de sus actos propios, cuando pretenda renunciar a los derechos y beneficios que por mandato constitucional y legal le corresponden, evitando que, por desconocimiento o ignorancia –y sobre todo, en los casos de amenaza, coacción o violencia– se perjudique”. En ese sentido, resulta evidente que, si la protección constitucional a los derechos del trabajador se extiende inclusive a los actos propios originados en una declaración de voluntad viciada, con mayor razón dicho amparo alcanza a los supuestos en los que el acto lesionador provenga de la voluntad unilateral y discrecional del empleador”. (El énfasis es añadido).

- De la vulneración de los principios de concurso de infracciones, tipicidad y de legalidad

18BOZA PRO, Guillermo: Lecciones de Derecho del Trabajo, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú,2011,p.175

que establece “solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado”. A su vez el principio de tipicidad, se encuentra regulado en el numeral 4 del artículo 248° del TUO citado19, del que se infiere que esta norma es un límite a la potestad sancionadora administrativa en concordancia con el artículo 247 del mismo TUO.

19 Antes el artículo 230 de la Ley 27444, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N°1272

TEMA ACUERDO Tema N° 01: El concurso de infracciones normativas El concurso de infracciones será aplicable en el caso de una misma acción u omisión que configure más de una infracción, en cuyo caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Si las infracciones son de la misma gravedad se aplicará la misma sanción de mayor cuantía. En caso de tener la misma cuantía, se multará sólo por una.

Del Incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la SUNAFIL, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por RUWANA SUR S.A.C, contra la Resolución de Intendencia N° 085-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 28 de junio de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 209-2020-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuesto en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 085-2021-SUNAFIL/IRE-AQP en el extremo referente a la sanción impuesta por el incumplimiento a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT y en el extremo referente a la sanción impuesta por incumplimiento en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

20 Ver fojas 541 a 545 del expediente inspectivo.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a RUWANA SUR S.A.C y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Arequipa.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luis Gabriel Paredes Morales