Redondos S — Res. 724-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Desnaturalización de la relación laboral (Sub materia: Incluye todas) 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por omisión, se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada, mediante REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN de fecha 17/12/2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,100.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por omisión, se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada, mediante REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN de fecha 05/01/2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 24,150.00.

i. “(…) LA RESOLUCION DE SUB-INTENDENCIA VULNERA EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD (…) el Tribunal de Fiscalización Laboral ha interpretado los alcances de esta disposición con el fin de diferenciarla de la infracción tipificada en el numeral 45.2 del RLGIT, la cual también se origina debido al incumplimiento del administrado de entregar la documentación solicitada por un requerimiento de información (…) en Resolución de Sala Plena No. 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, estableció, como criterios de obligatorio cumplimiento, las siguientes consideraciones respecto a las infracciones relativas a la entrega de información: (…) En este caso, no existió una concurrencia de estos supuestos, porque ninguno de ellos se aconteció. Por un lado, con respecto al primer supuesto, este requiere una negativa (…) la Empresa nunca manifestó rechazo alguno a la existencia de los requerimientos información ni presentó ninguna documentación que indique expresamente su negación a presentar lo solicitado. Por otro lado, el segundo supuesto tampoco se evidenció, dado que la Empresa no frustró la investigación, pues la autoridad inspectiva contaba con otro tipo de actuaciones inspectivas, mediante las cuales podía continuar con la investigación, incluso de una manera más eficaz. Los requerimientos de información no eran los únicos medios a través de los cuales la inspectora podía recabar información dada la naturaleza de esta investigación, la cual tiene como objetivo determinar si se desnaturalizaron relaciones laborales. Así, la inspectora pudo haber realizado visitas al centro de trabajo. Si bien realizó una, esta solo duró 15 minutos y, en ella, solo dejó constancia de la existencia de un requerimiento de información, pero no investigó u observó la naturaleza de labores de los trabajadores a quienes supuestamente se le había desnaturalizado el contrato de trabajo. De ese modo, existió una falta de diligencia de su parte que llevó

al fin de la etapa de Investigación, incluso nueve días antes de acabado el plazo máximo para ello -el cual vencía el 25 de enero del 2022. ii. LA RESOLUCIÓN DE SUB-INTENDENCIA VULNERA EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD (…) Frente a estos casos, en la Resolución No. 000738-2022, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha señalado que, al advertir una negativa frente a un primer requerimiento de información, el Inspector debe desplegar otras actuaciones inspectivas que busquen recabar mayor información durante la etapa de investigación: (…) En esa línea, el Tribunal sostiene que, pese a que el cumplimiento del segundo requerimiento de información constituya una infracción, se deben evaluar la conducta y criterios atingentes para considerar su idoneidad. Así, se apoyó en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 2192-2004-AA/TC, la cual señala los lineamientos para calificar a una decisión sancionadora como razonable. Estos requieren la concurrencia tres requisitos: (…) De ese modo, siguiendo la conclusión del Tribunal, en el caso en concreto, la Resolución de Sub-Intendencia vulnera el principio de proporcionalidad y razonabilidad, pues avala la falta proporcionalidad e idoneidad de la Inspectora al haber solicitado un segundo requerimiento de información pese a no ser el más adecuado para la investigación, buscando una medida perjudicial y muy gravosa para a los Derechos de la Empresa (…)

i. Es pertinente argumentar que, de realizado un estudio de autos, se evidencia que, como parte de las actuaciones inspectivas de investigación, el inspector comisionado, con fecha 17 de diciembre de 2021, envió un primer requerimiento de información a través de la casilla electrónica al inspeccionado, otorgándole un plazo de siete (07) días hábiles, para presentar los documentos solicitados. Sin embargo, el 04 de enero de 2021, el inspector, verificó que el inspeccionado no cumplió con presentar la información requerida dentro del plazo otorgado. ii. Con fecha 05 de enero de 2022, el inspector comisionado, efectúo la visita al centro de trabajo del inspeccionado, sito en la PROLONGACIÓN GRAU NRO.177, HUACHO - HUAURA - LIMA, en dicha visita fue atendida por el señor (…), en calidad de Analista de Administración de Personas, ante quien se identificó conforme a ley y le explico el motivo de la visita y el cumplimiento de normas sociolaborales en la orden de inspección. Asimismo, el inspector comunica al encargado del centro de trabajo que los requerimientos de información se realizarán por casilla electrónica, por lo que el inspeccionado está obligado a revisar su casilla.

2 Notificada a la impugnante el 12 de diciembre de 2022.

iii. Posterior a ello, en misma fecha 05 de enero de 2021, vía casilla electrónica el inspector comisionado envía un segundo requerimiento de información al inspeccionado a fin de verificar el cumplimiento de la materia contenida en la orden de inspección, otorgándole el plazo de cuatro (04) días hábiles, para la presentación de la información requerida; siendo así, el 12 de enero de 2021, el inspector comisionado, verificó que el inspeccionado no dio respuesta al requerimiento información requerida dentro del plazo otorgado. iv. En consecuencia; este Despacho determina que no se ha vulnerado el principio de tipicidad, o el Debido Procedimiento durante las actuaciones o diligencias inspectivas emanadas por el inspector comisionado, bajo este contexto, cabe precisar que la motivación del acta de infracción se ve reflejada en los hechos constatados que han conducido al comisionado a determinar el incumplimiento de las normas que regulan las infracciones que se le imputan al inspeccionado (infracciones a la labor inspectiva), demostrando así que su decisión no es arbitraria, sino resultado del correcto ejercicio de la función de fiscalización, en razón a que ha corroborado que la conducta por parte del inspeccionado al no cumplir con su deber de colaboración ante los requerimientos de información ha configurado en infracciones a la labor inspectiva, tipificado en el artículo 46.3 del RLGIT. v. Por otro lado, respecto a la proporcionalidad y razonabilidad de la multa, cuestionada por la inspeccionada, este Despacho debe precisar que la determinación de la multa, no se encuentra sometida al libre albedrío del Inspector de Trabajo o de la Autoridad Sancionadora; antes bien, y de conformidad con los principios que rigen la actividad sancionadora de la SUNAFIL, las mismas se encuentra previamente regulada conforme a la descripción prevista en el TITULO IV “DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES” del RLGIT6, concluyéndose con ello que tanto las conductas infractoras así como las sanciones se encuentran previamente determinadas y en modo alguno responden a apreciaciones de índole subjetivas y puedan ser consideradas como arbitrarias, conforme lo deja entrever la inspeccionada; antes bien, las sanciones que impone SUNAFIL, por transgresión a la normativa socio laboral de seguridad y salud en el trabajo o por infracción a la labor inspectiva, responden en todos los casos a criterios objetivos previamente determinados y que deben ser conocidos por los administrados.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Redondos S A

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 13 de diciembre de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de enero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 231-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del numeral 13.7 del artículo 13 del rlgit: la intendencia no tuvo en cuenta que la inspectora estaba obligada a agotar los medios de investigación, sin perjuicio de las posibles infracciones a la labor inspectiva, vulnerando además el principio de legalidad previsto en el artículo iv del tuo de la lpag y el artículo 2 de la lgit. ii. Sin embargo, pese a que existe una norma reglamentaria que claramente establece que el inspector debe agotar los medios de investigación disponibles, la cual ha sido desarrollada por la SUNAFIL como Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo, la Intendencia no aplicó el numeral 13.7 del artículo 13 del RLGIT, pues consideró que la inspectora no estaba obligada a cursar un tercer requerimiento de información, pese a que nunca se ha sostenido que la inspectora debió efectuar un requerimiento adicional, sino que si la inspectora no había obtenido una respuesta ante el primer requerimiento de información, debió optar por otra modalidad de actuación inspectiva, tal como lo exige el citado numeral 13.7. iii. Inaplicación del numeral 1.4 artículo iv del título preliminar del tuo de la lpag: no se aplicó el principio de razonabilidad al momento de imponer dos sanciones a redondos por un mismo tipo infractor. iv. Así, conforme al principio de razonabilidad, debe mantenerse una proporción entre las sanciones impuestas y el fin que se pretende tutelar con estas. Sin embargo, en el presente caso, durante la inspección llevada a cabo a Redondos, la inspectora no actuó con razonabilidad, tal como explicaremos en los siguientes párrafos; además ni la Sub- Intendencia ni la Intendencia aplicaron el principio de razonabilidad y decidieron acoger las dos multas propuestas. v. Luego, el 5 de enero de 2022, la inspectora decidió no emitir ningún requerimiento, ya sea de información o de comparecencia, durante la visita inspectiva, limitándose a informar que había notificado un requerimiento de información cuyo plazo estaba vencido y sin aclarar que notificaría un requerimiento adicional. Además, el mismo 5 de

enero de 2021 decidió notificar otro requerimiento de información a través de la Casilla Electrónica, sin tampoco efectuar alguna comprobación de datos. vi. En este punto es donde se debe analizar si las actuaciones de la inspectora fueron razonables, pues si ante un primer requerimiento de información que no fue atendido, cabe preguntarse si lo más razonable para obtener la información que requería la inspectora era efectuar un segundo requerimiento de información por la misma vía (Casilla Electrónica) o recurrir a otra modalidad de actuación inspectiva a fin de verificar el cumplimiento de las normas materia de inspección. vii. La respuesta a la interrogante planteada la podemos encontrar en la Resolución No. 737-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, en la que el TFL consideró que resultaba irrazonable emitir un segundo requerimiento de información y no realizar otras actuaciones inspectivas cuando el primer requerimiento de información no había sido atendido. viii. Inaplicación del numeral 4 del artículo 248 del tuo de la lpag: la intendencia vulneró el principio de tipicidad y se apartó del precedente vinculante presente en la resolución de sala plena no. 001-2021-sunafil/tfl-primera sala. ix. En ese sentido, para poder concluir que Redondos incurrió en la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, la Intendencia y la instancia previa debieron acreditar que (i) existió una negativa y que (ii) esa negativa frustró la investigación. Sin embargo, no lo hicieron. Al respecto, si bien la Intendencia señala que pudo haber existido una negativa tácita por parte de Redondos a no presentar la información en tanto no lo hizo, no acreditó que esta negativa haya afectado de tal forma la etapa de investigación que haya terminado frustrándola. x. Cabe precisar que, como hemos señalado, desde un inicio, la inspectora no cumplió con llevar a cabo las actuaciones inspectivas disponibles para lograr tomar una decisión respecto del fondo de la controversia. Si bien realizó una visita inspectiva, esta no estuvo destinada a recabar información o a descubrir si se incumplía o no la normativa sociolaboral. En ese sentido, si el inspector hubiera utilizado otros medios de investigación como las comparecencias u otra visita inspectiva de ser necesaria, hubiera podido llegar a emitir una decisión de fondo de la materia de la orden de inspección, pues habría podido recabar información de una manera más eficaz. xi. INAPLICACIÓN DEL NUMERAL 1.2 DEL ARTÍCULO IV DEL TUO DE LA LPAG: LA INTENDENCIA VULNERÓ LA GARANTÍA DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN Y, POR ENDE, EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO xii. En el caso en concreto, tal como se ha podido apreciar, se ha incurrido en dos ocasiones en vicios de motivación aparente. En primer lugar, para desvirtuar el argumento del recurso de apelación acerca de la vulneración del principio de tipicidad, la Intendencia señaló que la Empresa se habría negado a presentar la información solicitada al no contestar el requerimiento. xiii. Sin embargo, la tipificación de esta infracción implicaba tomar en cuenta lo desarrollado en el precedente vinculante de la Resolución de Sala Plena No. 001-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, la cual también fue citada en el recurso de apelación y dispone que la supuesta “negativa” también debe frustrar la etapa de investigación para que la conducta sea tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. En ese sentido, el argumento de la Intendencia, al no responder completamente a los nuestros, incurrió en un vicio de motivación aparente. xiv. En segundo lugar, se vuelve a incurrir en un vicio de esta naturaleza cuando la Intendencia, para desvirtuar nuestros argumentos respecto a la vulneración del principio de razonabilidad, señala que no se habría transgredido este debido a que el Inspector efectuó otras actuaciones inspectivas además de los dos requerimientos de información.

xv. Consecuentemente, al haberse vulnerado el principio del debido procedimiento, por la falta de una debida motivación en la Resolución de Intendencia, solicitamos al TFL que declare fundado nuestro recurso de revisión y anule o, en su defecto, revoque la Resolución de Intendencia.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los requerimientos de información

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo IV. Numeral 1.8.

verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

10 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…). 11 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 12 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421.

- Del documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 17 de diciembre de 2021, notificado mediante casilla electrónica, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación:

Figura Nº 01

- Asimismo, conforme se verifica del numeral 4.4 del Acta de Infracción, el inspector comisionado dejó constancia que la impugnante no cumplió con remitir la información solicitada en el plazo otorgado. Motivo por el cual, reitera el 05 de enero de 2022, el requerimiento de información notificado mediante casilla electrónica. Sin embargo, fue incumplido por la impugnante conforme consta en el numeral 4.7 del Acta de Infracción; lo cual impidió la continuación de las actuaciones inspectivas, al no haberse podido verificar la existencia o no de infracciones a las normas sociolaborales.

13 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

Sobre el cierre de la orden de inspección 6.13 Respecto al argumento de la inspeccionada referido a que, si la inspectora no había obtenido una respuesta ante el primer requerimiento de información, debió optar por otra modalidad de actuación inspectiva, tal como lo exige el numeral 13.7 del RLGIT. Al respecto, la Autoridad Administrativa de Trabajo para refutar dicho alegato reiterativo por parte de los administrados, ha tomado en cuenta lo establecido en la Resolución Directoral N° 29-2009-MTPE/2/11.4, que aprueba los Criterios Aplicables por la Inspección de trabajo, y el criterio N° 12 que señala lo siguiente : "En los casos que exista infracción a la labor inspectiva y a efectos de dar cumplimiento a los dispuesto en el numeral 13.7 del artículo 13 del Reglamento de la Ley general de Inspección del Trabajo, según texto agregado por Decreto Supremo N° 019-2007-TR, los Inspectores de Trabajo y/o Auxiliares deberán realizar como mínimo dos (02) actuaciones inspectivas antes de extender el Acta de Infracción y solicitar el cierre de la orden (…)".

14 Iniciando funciones el 01 de abril de 2014, según lo dispuesto por el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 037-2014-TR. La transferencia de competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la Sunafil, se realizó el 31 de marzo de 2014, según lo dispuesto en el artículo 1 de la resolución en mención. 15 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección Del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 29981. 16 Mediante la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del Sector Público, se estableció que la fiscalización de las condiciones contractuales o convencionales, así como las condiciones legales de los trabajadores bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) estaría a cargo de la Sunafil. 17 Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29981 18 A partir del 10 de julio de 2018, en tanto la referida ley fue publicada el 09 de julio de 2018 en el diario oficial El Peruano.

aquellos ámbitos en los cuales éstas no se habían implementado hasta el 31 de diciembre de 2020.

Figura N° 02:

Figura N° 03:

“13. En ese sentido, reconociendo la discrepancia existente (la que habría de resolverse en cuanto haya más Salas del TFL implementadas), la Primera Sala mínimamente ha consensuado un supuesto de responsabilidad administrativa: si, luego de la consulta con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, se identifica que la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica (entiéndase, el administrado) es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos (a través de los cuales se depositarían las alertas complementarias a la notificación por vía de la casilla electrónica).

14. En tal supuesto, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieren depositado en la casilla electrónica. De esta forma, es factible la sanción encausada por el inciso 46.3 del artículo 46 del RLGIT contra el administrado que, por omisión culposa, deja

de registrar el contacto respectivo en la casilla electrónica, impidiendo de esa forma la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR”.

Figura Nº 04

“a) La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta interpretación, tomando en cuenta no sólo una ley particular, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto. b) La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica no sólo una contemplación en “abstracto” de los hechos, sino su observación en directa relación con sus protagonistas, pues sólo así un “hecho” resultará menos o más tolerable, confrontándolo con los “antecedentes del servidor”, como ordena la ley en este caso.

19 GARBERÍ LLOBREGAT, J. y BUITRÓN RAMÍREZ, G. El procedimiento administrativo sancionador. Cuarta edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, pp. 143-144. Citado por: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Guía del procedimiento administrativo sancionador. Lima: MINJUS, 2017 (segunda edición), pp. 18-19.

c) Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena la ley correctamente interpretada en relación a los hechos del caso que han sido conocidos y valorados en su integridad, entonces el tercer elemento a tener en cuenta es que la medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación posible a los derechos de los implicados en el caso” (énfasis añadido).20

20 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 2192-2004-AA/TC. Citada por MORÓN URBINA, op. cit. pp. 24-25. 21 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre la actividad administrativa de fiscalización. Guía para asesores jurídicos del Estado. MINJUS: Lima, p. 37. 22 (Tomás-Ramón Fernández, De la arbitrariedad del legislador. Una crítica a la jurisprudencia constitucional, Madrid, 1998, pp. 95-96)» (fundamento jurídico 13).

23 Resolución de Sala Plena N° 012-2023-SUNAFIL/TFL, de fecha 13 de setiembre de 2023, que establece: “(…) 11. Atendiendo a lo explicado, este Tribunal considera que la labor del personal inspectivo debe orientarse a verificar el cumplimiento de las normas objeto de su competencia, para lo cual corresponde que adopte y ponga en práctica todas las medidas y acciones de investigación que tiene a su disposición y que sean pertinentes para cada caso concreto. En tal sentido, en situaciones en las que este advierta la falta de respuesta de un primer requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, se debe considerar efectuar alguna otra modalidad de actuación inspectiva (por ejemplo, una visita de inspección o una comparecencia), con la

inspectivo cuando realicen las actuaciones inspectivas. En el presente caso, las notificaciones efectuadas a la impugnante fueron válidamente depositadas en su casilla electrónica, remitiendo las alertas correspondientes, tanto a los teléfonos de contacto como a los correos electrónicos registrados por la propia impugnante en el aplicativo de casilla electrónica. En ese entendido, se advierte que las acciones adoptadas por el inspector de trabajo se encontraban en el marco de un comportamiento diligente y razonable, constituyendo responsabilidad de la impugnante la falta de verificación de su casilla electrónica y por ende el incumplimiento de su deber de colaboración.

finalidad de emplear alternativas adicionales de investigación que coadyuven en la determinación o no del cumplimiento sociolaboral investigado.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier

tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello,

se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre los demás argumentos de la impugnante 6.56 En el presente caso, se advierte que las actuaciones inspectivas estaban orientadas a verificar la materia: “Desnaturalización de la relación laboral (Sub materia: Incluye todas)”; en mérito a ello el inspector comisionado notificó los requerimientos de información vía casilla electrónica el 17 de diciembre de 2021 y 05 de enero de 2022, para que la impugnante cumpla con proporcionar la información y/o documentación solicitada. Sin embargo, la impugnante no atendió los requerimientos de información, incurriendo en infracciones a la labor inspectiva, incumpliendo con su deber de colaboración a la labor inspectiva.

concreto realizó. Por tal motivo, corresponde desestimar este extremo alegado por el impugnante.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva

Por omisión, se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada, mediante REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN de fecha 17/12/2021 Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva Por omisión, se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada, mediante REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN de fecha 05/01/2022. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por

el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por REDONDOS S A, en contra de la Resolución de Intendencia N° 231-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, emitida por la Intendencia Regional de Lima, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 021-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 231-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, en todos los extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a REDONDOS S A, y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240717MLA HR: 185690-2021