Red Sur Plus y Comunicaciones Empresa Individual de Responsabilidad… — Res. 1273-2025

Mediante Orden de Inspección N° 1164-2022-SUNAFIL/IRE-CUS, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral2, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 609-2022-SUNAFIL/IRE-CUS (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales por no contar con el registro de

Que, mediante Imputación de Cargos N° 779-2022-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIFN, de fecha 28 de noviembre de 2022, notificado el 30 de noviembre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 133-2023-SUNAFIL/IRE- CUSCO/SIFN, de fecha 10 de marzo de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Cusco, la que mediante Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 335-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, de fecha 19 de mayo de 2023, notificada el 22 de mayo de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/17,664.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Mediante escrito de fecha 13 de junio de 2023, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 335-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 181-2023-SUNAFIL/IRE CUS, de fecha 15 de agosto de 20233, la Intendencia Regional de Cusco declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 08 de setiembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cusco el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 181-2023-SUNAFIL/IRE CUS.

La Intendencia Regional de Cusco admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 570-2023- SUNAFIL/IRE-CUS, recibido el 15 de setiembre de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que RED SUR PLUS Y COMUNICACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 181-2023-SUNAFIL/IRE CUS, que confirmó la sanción impuesta de S/ 17,664.00 por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, y dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva,

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por RED SUR PLUS Y COMUNICACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Al respecto, importa recordar que las disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 004-2006-TR, en su artículo 1 referente al ámbito, precisa lo siguiente:

De igual manera, el artículo 2 de la misma normativa, establece como contenido obligatorio del registro de control de asistencia, lo siguiente:

Por su parte, el artículo 3 del mismo dispositivo normativo establece lo siguiente:

Del dispositivo normativo expuesto, se aprecia que la finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, sirve para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores, conforme a ley.

Para lograr dicho fin, el registro de control de asistencia debe contener la siguiente información mínima: “Nombre, denominación o razón social del empleador; Número de Registro único de Contribuyentes del empleador; Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador; Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo; las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo”10.

Conforme se reconoce en los numerales 6.10 a 6.12 de la Resolución de Sala Plena N° 007-2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 26 de abril de 2023, establecidos como precedentes vinculantes para las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo:

En tal sentido, cuando sea que los empleadores realicen el registro de asistencia de su personal de manera física, deberán poner a disposición de sus trabajadores dicho registro, así como asegurar, bajo responsabilidad, que sus trabajadores cumplan con el registro de su asistencia al centro de labores. Lo mismo ocurre en caso se implemente un registro virtual o biométrico u otro, de similar naturaleza. En cualquier escenario, cuando se evidencie la ausencia del registro de asistencia de uno o más trabajadores, el empleador debe actuar con la debida diligencia para garantizar su adecuada implementación.

Asimismo, el empleador debe garantizar que el registro de asistencia no sufra alteraciones de ningún tipo, lo que puede consistir en deterioro parcial o total que imposibilite continuar con el registro, esto es, en caso evidencie que ha sufrió algún daño, este debe ser motivo de verificación oportuna, así como objeto de la adopción de los mecanismos pertinentes orientados a que se continúe con el correcto registro de la asistencia en el centro de trabajo” (énfasis añadido).

Al respecto, en el numeral 4.2 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, se verifica que el inspector comisionado observó que, en el reporte del registro de asistencia de junio y julio de 2022 presentado por la inspeccionada, no consta la marcación de ingreso y salida de los días 28 y 29 de julio por parte de los diecisiete trabajadores enumerados, pese a que en las boletas de pago se consigna el pago de ambos feriados a cada uno de ellos. Asimismo, el inspector recogió la declaración brindada por la representante legal de la impugnante al respecto en la diligencia de comparecencia del 07 de setiembre de 2022, quien habría informado que los trabajadores sí prestaron servicios el día 28 y 29 de julio de 2022, pero que “su reloj marcador no reconoció sus marcaciones de su jornada laboral” en dichas fechas. Este Tribunal ha verificado, en la misma línea, que en la Constancia de Actuación Inspectiva correspondiente a la diligencia de comparecencia del 07 de setiembre de 2022, en efecto, se registró lo siguiente: Imagen N° 01:

Por otro lado, corresponde destacar que, en el recurso de revisión, la impugnante reitera los mismos argumentos expuestos por su representante legal durante las actuaciones inspectivas. En particular, sostiene que la omisión en el registro de asistencia de los días 28 y 29 de julio de 2022 se debió a una falla en el dispositivo destinado a registrar el ingreso y salida de los trabajadores; precisando, además, que el pago por la prestación de servicios en dichas fechas fue otorgado conforme a ley. Así, se advierte que, tanto en la información proporcionada por la inspeccionada como en sus propias declaraciones —formuladas en dos oportunidades, durante la inspección y en el recurso de revisión— , se ha reconocido expresamente la ausencia de registros de ingreso y salida correspondientes a los diecisiete trabajadores señalados en el numeral 4.2 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, respecto de los días feriados no laborables del 28 y 29 de julio de 2022.

Ahora bien, para dar respuesta a los argumentos de la inspeccionada, es importante establecer que el tipo legal del artículo 25.19 del artículo 25 del RLGIT, vigente al momento de la determinación de la comisión de la infracción sancionada, establece:

De la norma citada se advierte que el tipo infractor contempla tres supuestos: i) la inexistencia de un registro de control de asistencia; ii) la existencia de dicho registro, pero sin contener la información mínima exigida; y iii) la sustitución o impedimento al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo. En el presente caso, conforme lo precisado por el inspector comisionado en el Acta de Infracción, se acreditó que en los días 28 y 29 de julio no se efectuó la marcación del turno de trabajo, pese a que existió prestación efectiva de servicios que, incluso, fue remunerada, tal como se acredita en las boletas de pago. En consecuencia, el registro de asistencia utilizado por la inspeccionada no cumplió con consignar la información mínima prevista en el artículo 2 del Decreto Supremo N.º 004-2006-TR, consistente en la “fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo.

No resulta estimable, por tanto, el argumento esgrimido por la inspeccionada, referente a que sí se ha cumplido con adjuntar el registro de control de asistencia de junio y julio de 2022, dado que la infracción impuesta no fue sobre el supuesto del tipo infractor relacionado a contar o no con el registro de control de asistencia, sino a que este cumpla con la información mínima exigida por la ley que lo regula, lo cual –como se ha observado– no ocurrió. Queda demostrado así también, que en ninguna medida se ha vulnerado la presunción de veracidad sobre las pruebas o documentos presentados por la impugnante, concluyéndose la comisión de la infracción producto de la valoración que el inspector comisionado efectuó sobre ellas en contraste con las declaraciones brindadas por la misma inspeccionada.

Respecto del argumento de la impugnante que cuestiona el carácter subsanable de esta infracción, este Tribunal ha establecido como precedente vinculante en la Resolución de Sala Plena N° 003-2024-SUNAFIL/TFL, lo siguiente:

Por tanto, deben considerarse como infracciones insubsanables a aquellos incumplimientos tipificados en el RLGIT, cuyos efectos originaron daños comprobados por la inspección del trabajo y cuya naturaleza suponga que no pueden ser reparados, conforme a la motivación definida en el documento de fiscalización correspondiente (constancia de hechos insubsanables, acta de infracción u otro que sea incluido en el expediente de fiscalización)

Contrario a ello, si la infracción o infracciones constatadas originan riesgo o un potencial daño, y, en tanto, las medidas adoptadas por el sujeto inspeccionado — espontáneamente o bajo el requerimiento del inspector actuante— garanticen que dicho riesgo desaparezca o sea reparado, se considerarán como subsanables.

De acuerdo con lo antes señalado, a fin de que los daños ocasionados por conductas infractoras sean considerados como insubsanables, deben ser reales, no susceptibles de ser corregidos o rectificados, y estar vinculados al incumplimiento normativo determinado por el tipo infractor. Sin embargo, serán consideradas como subsanables aquellas situaciones que, constituyendo un incumplimiento normativo, sólo ocasionan riesgos, sin llegar a ocasionar daños tangibles, pudiendo ser corregidos o rectificados. Para dicho efecto, sólo resulta necesario que el administrado adecúe oportunamente su conducta al cumplimiento normativo, previniendo con ello la ocurrencia de nuevas situaciones de riesgo o que se genere un daño irreparable.” (énfasis añadido)

En atención a lo expuesto, resulta evidente que la omisión en el registro del tiempo de trabajo —particularmente en días de prestación extraordinaria como los feriados no laborables— constituye un incumplimiento que no puede ser subsanado. Ello obedece a que la marcación en el registro de asistencia tiene por finalidad consignar en tiempo real las horas y minutos exactos en que el trabajador pone a disposición de su empleador su fuerza de trabajo, así como el momento en que concluye su jornada. La falta de dicha consignación impide registrar posteriormente información auténtica y verificable sobre el ingreso y salida del trabajador. Por tal razón, y en concordancia con el precedente

Es relevante mencionar que la obligación del registro del control de asistencia implica que los empleadores observen la debida diligencia en su manejo, pues la normativa invocada no solo prevé que se habilite el registro físico o digital del control de asistencia, sino también que se realicen las acciones necesarias para que el mismo cumpla su finalidad. Por ende, el empleador se encuentra obligado a poner dicho registro a disposición de sus trabajadores, así como de asegurar, bajo responsabilidad, que estos llenen de forma personal este registro de asistencia y que este contenga toda la información mínima establecida por ley. Lo cual no ha sido cumplido por la inspeccionada.

En ese sentido, de las diligencias inspectivas y conforme a lo determinado por las instancias de mérito, ha quedado acreditado que el registro de asistencia presentado por la impugnante no cumplió con la información mínima establecida en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, esto es, no registró la hora de inicio y de término de las jornadas de trabajo prestadas en los días 28 y 29 de julio de 2022, configurándose de este modo la infracción prevista en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Por ende, corresponde confirmar la sanción impuesta, desestimando los argumentos del recurso de revisión en este extremo.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. (…)”12

El numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados de proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto inspeccionado, situación que se condice con lo dispuesto en el artículo 12 del RLGIT.

De igual modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece: “Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. Por lo que, queda entendido que constituye una obligación ineludible de los empleadores, el colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, coadyuvando a que las mismas se logren desarrollar en atención a su finalidad, esto es, la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, el artículo 11 de la LGIT establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT13 establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientado a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada.

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad14. Sobre el

Debemos señalar que de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia16. Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla electrónica para cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo).

Del mismo modo, el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la línea de procurar la más estricta aplicación del principio de tipicidad, emitió el primer precedente sobre la materia, establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que en su fundamento 15 determina lo siguiente:

En esa misma línea, es pertinente hacer referencia a la Resolución de Sala Plena N° 008- 2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 09 de mayo de 2023, que constituye precedente vinculante, por medio de la cual se determinó:

Sobre dicho marco, del expediente inspectivo se verifica que con fecha 03 de agosto de 2022, el inspector comisionado notificó de manera presencial a la inspeccionada un requerimiento de comparecencia con citación para el 09 de agosto de 2022, contemplando que en dicho acto la inspeccionada cumpliera con la exhibición y/o presentación de los siguientes documentos:

Posteriormente, llevada a cabo la diligencia de comparecencia en la fecha programada, el inspector comisionado consigna en la Constancia de Actuaciones Inspectivas de fecha 09 de agosto de 2022, que la inspeccionada no cumplió con la presentación completa de la información requerida el 03 de agosto de 2022, dado que omitió adjuntar la boleta vacacional –alegando que los trabajadores ingresaron en fecha posterior– y la Declaración Jurada de Impuesto a la Renta del 2021-Tercera Categoría. Compruébese ello con la siguiente imagen:

Tal incumplimiento sustentó, según lo expresado por el comisionado en los párrafos primero al tercero del numeral 4.10 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, la obstaculización de la inspección y la calificación de una infracción a labor inspectiva conforme al numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Sin embargo, en este extremo, es importante considerar que de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.7.2 de la versión 02 del Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII “PROTOCOLO SOBRE EL EJERCICIO DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, DENTRO DEL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADES LABORALES Y ECONÓMICAS A CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS (COVID 19) EN EL TERRITORIO NACIONAL”, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 103-2020- SUNAFIL, de fecha 10 de julio de 2020, se dispone que, “7.7.2. Si se verifica que el sujeto inspeccionado se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en la infracción a la labor inspectiva”.

Vale precisar que la directiva anterior es congruente también con lo dispuesto en el numeral 7.11.3 del ítem 7.11 “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA” de la directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “DIRECTIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 3 de febrero de 2020 (vigente en ese momento), se dispone que: “Si el sujeto inspeccionado no cumple con proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en infracción a la labor inspectiva, según los previsto por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, siempre que haya sido válidamente notificado según lo establecido en el TUO de la LPAG”.

De este modo, se abstrae de las directivas antes detalladas que el requerimiento de información, cualquiera sea la modalidad mediante la cual se aplique, debe cumplir con determinadas formalidades, las mismas que constituyen exigencias legales que la Administración Pública debe de cumplir para poder hacer exigible el requerimiento al administrado. En consecuencia, si la autoridad correspondiente no cumple escrupulosamente con estos requisitos, no se podrá extraer ninguna consecuencia negativa en contra del administrado ni hacerle perder derechos. En ese sentido, a modo de analogía, es importante considerar el criterio normativo aprobado mediante la Resolución de Superintendencia N° 134-2019-SUNAFIL de fecha 23 de abril de 2019, el cual, para el caso de la diligencia de comparecencia, enfatiza la contemplación del apercibimiento como un elemento indispensable en el acto de requerimiento de dicha actuación inspectiva, señalando que: “La citación a comparecencia emitida por el personal inspectivo, debe señalar el apercibimiento en caso de inasistencia del sujeto inspeccionado a la citación. Si el personal inspectivo propone la aplicación de una sanción sin haber señalado el apercibimiento, la sanción propuesta no será acogida”.

A partir de lo anterior, a criterio de este Tribunal la incorporación del apercibimiento de sanción en el marco de las actuaciones inspectivas —ya sea respecto del requerimiento de comparecencia o del requerimiento de información— constituye un presupuesto esencial. Ello en la medida que permite advertir al administrado acerca de las consecuencias jurídicas derivadas de un eventual incumplimiento, garantizando así la vigencia del Principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima, previsto en el numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. De esta forma, se asegura que el administrado se encuentre debidamente informado sobre los efectos que puede generar su conducta dentro del procedimiento inspectivo.

Siendo así, de la revisión efectuada al requerimiento de información aunado al requerimiento de comparecencia de fecha 03 de agosto de 2022, se verifica que el inspector comisionado solo consignó el apercibimiento correspondiente a la inasistencia a la diligencia de comparecencia, mas no precisó apercibimiento alguno como consecuencia del incumplimiento informativo, tal como consta en la siguiente imagen:

Esta omisión detectada debió limitar, por parte de la autoridad sancionadora, la imposición de multa en contra de la impugnante. Sin embargo, se observa que ni aquella ni la instancia superior, han reparado en el análisis correcto del requerimiento de información del 03 de agosto de 2022, examinando el cumplimiento de los requisitos mínimos que esta debió observar a fin de tipificar la infracción consecuente sin poner en riesgo el debido procedimiento al vulnerar el principio de predictibilidad o de confianza legítima y, asimismo, el derecho a la debida motivación por emitir una justificación aparente que únicamente dilucida de modo superficial la imposición de la sanción. En consecuencia, este Tribunal observa que, respecto de este extremo, ha existido una afectación al debido procedimiento que motiva la nulidad de la infracción prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT respecto del requerimiento de información de fecha 03 de agosto de 2022.

Ahora, siguiendo con el análisis del presente caso, se verifica también que durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, dado el incumplimiento informativo observado por la inspeccionada al requerimiento de información del 03 de agosto de 2022, el comisionado emitió un segundo requerimiento de información de fecha 16 de agosto de 2022, mediante el cual se requirió la siguiente información:

Asimismo, de los párrafos cuarto al sexto del numeral 4.10 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, se corrobora que el sujeto inspeccionado no habría cumplido con

Proceder con este examen resultaba particularmente importante en el presente caso, dado que, según se observa del expediente inspectivo, el segundo requerimiento de información del 16 de agosto de 2022 guardó similitud con el primer requerimiento del 03 de agosto de 2022, al repetir la solicitud informativa de la “Declaración jurada de impuesto a la renta – TERCERA CATEGORIA -ejercicio 2021”. Siendo que justamente la presentación de esta información fue el motivo esencial por el cual el inspector comisionado calificó la comisión de la infracción prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, según se observa del párrafo final del numeral 4.10 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción. No obstante que, de los numerales 4.2 al 4.8 también de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, se puede comprobar que el inspector comisionado si pudo proseguir con el desarrollo del procedimiento inspectivo, verificando el cumplimiento de las materias de inspección.

En tal sentido, queda claro que la autoridad sancionadora debió examinar y motivar de manera suficiente las razones que justificaban que, a pesar de la información presentada por la inspeccionada y de la conclusión satisfactoria de las materias de inspección, la conducta de la impugnante habría constituido una frustración o impedimento que frenó el desarrollo y término de la fiscalización. Procediendo, por tanto, a corroborar en aplicación de la Resolución de Sala Plena N.º 001-2021-SUNAFIL/TFL, la procedencia de un reproche administrativo subsumible en el tipo infractor del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, o si, en cambio, al juzgar que la inspección si pudo continuar y que si se pudo emitir pronunciamiento sobre las materias inspectivas, la conducta era subsumible en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, por constituir más que una negativa frustrante, un retraso o perturbación.

En tal sentido, es primordial que el órgano encargado del procedimiento administrativo sancionador, como responsable de determinar la responsabilidad administrativa, realice una evaluación exhaustiva y un reexamen integral de todos los documentos presentados por la administrada, con el fin de subsumir adecuadamente la conducta objeto del reproche administrativo en el tipo infractor que corresponde.

Por tales razones, esta Sala identifica que la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 335-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, de fecha 19 de mayo de 2023, ha vulnerado el debido procedimiento y el principio de tipicidad, dado que sanciona y tipifica los actos recogidos en el Acta de Infracción, dentro del tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT respecto al requerimiento de información de fecha 16 de agosto de 2022, a pesar de que los hechos no se subsumen en este tipo infractor.

A su vez, el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala que:

Por otro lado, el Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto, respecto de la debida motivación de las resoluciones.

El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo criterios jurisprudenciales que deben ser tenidos en cuenta por quienes deban administrar justicia, al momento de resolver, de acuerdo al artículo VII del Código Procesal Constitucional18. A este entender, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA, estableció una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señalando, además, lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material19.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

Además, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 08 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, por vulneración del principio de predictibilidad o confianza legítima, al principio de tipicidad y a la debida motivación por la comisión de una motivación aparente, la cual se configura porque la Subintendencia si bien da la apariencia de motivación al citar normas y reiterar los hechos detectados por el personal inspectivo, no analizó el cumplimiento de los requisitos mínimos, como el apercibimiento, en el requerimiento de información del 03 de agosto de 2022 para la imposición de multa, ni tampoco fundamentó correctamente la subsunción del incumplimiento del requerimiento de información del 16 de agosto de 2022 en el tipo infractor del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT y no en el tipo infractor del numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, dado el contexto de las actuaciones inspectivas que anteriormente han sido detalladas.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 335-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, confirmada por la Resolución de Intendencia N° 181-2023-SUNAFIL/IRE CUS, incurre en vicio de nulidad y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la vulneración al debido procedimiento y por motivación aparente.

Finalmente, en razón a los argumentos precedentemente expuestos, mediante los cuales se ha determinado la transgresión de la garantía del debido proceso, consideramos que carece de objeto pronunciarnos por la totalidad de los argumentos esgrimidos por la inspeccionada.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que, la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 335- 2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, de fecha 19 de mayo de 2023, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.2 del artículo 13 del TUO de la LPAG20;

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Subintendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

En consecuencia, se remite la presente Resolución al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre los otros alegatos planteados en el recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente —sin perjuicio del pronunciamiento que se emita como efecto de la nulidad desarrollada en la presente resolución—, como resultado del procedimiento administrativo sancionador, serían la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.