Recuperaciones Plasticas S.A.C — Res. 1096-2023

Mediante Orden de Inspección N° 8470-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 2221-2019- SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no asistir a los requerimientos de comparecencia de fecha 23 de mayo y 27 de junio de 2019; en mérito a la denuncia presentada por el señor Miguel Santiago Espejo Espejo (Vendedor) por el supuesto incumplimiento al pago de remuneraciones y liquidación de beneficios sociales.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 294-2021-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 14 de abril de 2021, notificada el 16 de abril de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1234-2021-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 26 de mayo de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1442-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 29 de diciembre de 2021, notificada el 04 de enero de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 18,900.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 24 de enero de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1442-2021-SUNAFIL/ILM, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 560-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 04 de abril de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 28 de abril de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 560- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-002507-2022- SUNAFIL/ILM, recibido el 08 de setiembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral,

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que RECUPERACIONES PLASTICAS S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 560-2022- SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 18,900.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 07 de abril de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por RECUPERACIONES PLASTICAS S.A.C.

Con fecha 28 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 560-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

Con fecha 20 de setiembre de 2022, la impugnante presenta el escrito denominado “revisión”, señalando los siguientes alegatos:

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”9. De allí que el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad10.

Por su parte, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores- inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.” siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1111 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, inciso 3) del artículo 36° de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, a folio 22 del expediente inspectivo corre el “Requerimiento de comparecencia” de fecha 15 de mayo de 2019, notificado a la señora Audrey Esther Choquesilla Segura, con el cargo de Asistente de Venta (encargada del centro de trabajo al momento de la visita de inspección) del sujeto inspeccionado, por medio del cual se citó a la impugnante a la diligencia programada para el día 23 de mayo de 2019 a las 09:30 horas, en las oficinas de la Intendencia de Lima Metropolitana, a fin de que cumpla con aportar los siguientes documentos: “[1] Poderes de representación suficiente para comparecer, Vigencia de poder y copias del DNI del representante legal y/o apoderado; [2] Constancia de alta y baja del trabajador; y, [3] Acreditar el pago de comisiones correspondiente a los meses de febrero y marzo 2019, con depósitos o cheque”.

Asimismo, a folio 83 del expediente inspectivo corre el “Requerimiento de comparecencia” de fecha 20 de junio de 2019, notificado al señor Roberto Jesús Apaza Macuri, en calidad

Sin embargo, en los días y horas fijados, el sujeto inspeccionado no se hizo presente a las diligencias programadas, pese a que se le esperó por espacio de quince (15) y treinta (30) minutos, respectivamente, superando el tiempo de tolerancia previsto para este tipo de diligencia conforme al sub numeral 7.6.1. del numeral 7.6 de la Directiva General N° 001- 2016-SUNAFIL/INII, vigente a la fecha de comisión de las infracciones, incurriendo en dos infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

En ese entendido, como se ha establecido en el Acta de Infracción, el comisionado ha determinado como parte de los hechos constatados, en los numerales 4.7 y 4.8 que, el sujeto inspeccionado, no asistió el día 23 de mayo y 27 de junio de 2019, a las 9:30 y 8:30 horas, respectivamente; al requerimiento de Comparecencia efectuado el día 15 de mayo y 20 de junio de 2019; incurriendo en dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, de conformidad con el artículo 46 numeral 46.10 del RLGIT.

Como se verifica de los actuados, la impugnante no participó de las referidas diligencias, reiterando al respecto que, el representante legal no pudo ejercer la defensa por no encontrarse en la ciudad. Sobre el particular, debemos señalar que el literal a) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, establece que constituye condición eximente de la responsabilidad por infracciones el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada12. En similar sentido, el punto 7.1.5.2. de la versión 02 de la Directiva N° 001- 2017- SUNAFIL/INII – “Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 190-2021- SUNAFIL (en adelante, la Directiva), señala respecto del caso fortuito o fuerza mayor lo siguiente: “(…) Respecto al literal a), caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada; deben estar referidas a hechos producidos antes de la primera actuación inspectiva en la cual participe el administrado, debiendo ser acreditado con documento público de fecha cierta, salvo que sean hechos de conocimiento público”.

El profesor Morón Urbina define al “caso fortuito” como: “…un proceso causal que no es obra de la naturaleza sino del hombre, habiendo, por lo demás, un resultado imprevisible e inevitable. En el caso fortuito existe, por lo tanto, obra del hombre y presenta un nexo causal entre la acción de éste y el resultado; no obstante, es un proceso que no resulta

Partiendo de ello, para considerar un evento como fortuito y eximente de responsabilidad, debe determinarse, en primer lugar, la existencia del evento y, adicionalmente, que este reviste de las características de extraordinario, imprevisible e irresistible14.

En el caso en particular, la impugnante alegó que el representante legal no pudo ejercer la defensa por no encontrarse en la ciudad, lo que imposibilitó asistir a las diligencias de comparecencia de fecha 23 de mayo y 27 de junio de 2019. Al respecto, del expediente inspectivo se evidencia que la impugnante no actúo diligentemente en atender a los requerimientos de comparecencia en virtud a su deber de colaboración con la inspección del trabajo. Por tanto, se puede advertir una secuencia en el proceder del sujeto inspeccionado que no permite apreciar que, en virtud a su deber de colaboración con los inspectores de trabajo, debía cumplir con la asistencia a las diligencias de comparecencia programadas por el inspector de trabajo como parte del desarrollo de las actuaciones inspectivas, de conformidad con el artículo 9 de la LGIT15.

En tal sentido, se evidencia que la impugnante no actuó diligentemente, y que lo alegado no justifica la inasistencia a las diligencias de comparecencia, en razón de que la atención de los requerimientos de comparecencias pueden ser realizados a través de representantes o mediante delegación de poderes a otra persona, es decir que, si el representante legal se ve en la imposibilidad de asistir, la impugnante en observancia a su deber de colaboración debió actuar con la responsabilidad y previsión que amerita el caso y efectuar las gestiones necesarias a fin de que cualquiera de sus representantes pueda asistir a las referidas comparecencias.

Por tanto, como se verifica de los actuados, la impugnante no participó de las referidas diligencias, así como tampoco ha acreditado la existencia de alguna causal eximente. Por lo que, el incumplimiento de su deber de diligencia, no la exime de responsabilidad, por la no participación de su representante en las diligencias de comparecencia de fecha 23 de mayo y 27 de junio de 2019, para las cuales se encontraba debidamente notificada, más aún, si se dejó constancia del apercibimiento en los referidos requerimientos de comparecencia, advirtiendo que la inasistencia a las citadas comparecencias constituye infracción a la labor inspectiva.

Por tanto, al no tener asidero legal, que la impugnante trate de deslindar su responsabilidad de no haber asistido a las comparecencias citadas, corresponde desvirtuar lo argumentado en este extremo de su recurso de revisión. Por tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a la obligación de la autoridad laboral de confirmar si el denunciante efectivamente era un trabajador de la empresa, en tanto que, conforme a la Declaración Jurada firmada por el señor Miguel Santiago Espejo Espejo, este declara que no tiene vínculo laboral con la empresa, lo cual es de conocimiento de la SUNAFIL; sobre el particular, se tiene que, por la falta de colaboración de la impugnante con la autoridad administrativa de trabajo, debido a la inasistencia a las diligencias de comparecencia debidamente notificadas, se advierte que se limitó la verificación del cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral por parte del personal inspectivo. En tal sentido, se advierte que el inspector comisionado ha determinado en los hechos constatados del Acta de Infracción que, al haberse configurado infracciones a la labor inspectiva por inasistencia a las comparecencias, de acuerdo a las reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva prevista en el inciso 7.2.18 de la Directiva N° 001-2016- SUNAFIL/INII, solicita la generación de una nueva Orden de Inspección.

En ese contexto, se evidencia que las inasistencias de la impugnante a las diligencias de comparecencia de fecha 23 de mayo y 27 de junio de 2019, debidamente notificadas, han afectado el derecho del recurrente, señor Miguel Santiago Espejo Espejo, en tanto que, de autos se advierte que, las actuaciones inspectivas iniciaron en mérito a la denuncia presentada por el citado recurrente por el supuesto incumplimiento al pago de remuneraciones y liquidación de beneficios sociales y, por la falta de colaboración de la impugnante no se ha logrado culminar con las investigaciones respecto de las materias objeto de la Orden de Inspección.

Asimismo, cabe señalar que el sub numeral 3.2 del numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, dispone que en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo están investidos de autoridad y facultados para exigir la presencia del empresario o de sus representantes en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector actuante, para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes, conforme a lo establecido en el artículo 11 y 12, numeral 12.1, literal b) del RLGIT. En ese contexto, se advierte que, ante el incumplimiento de la impugnante, en tanto que, no presento medios probatorios para comprobar que han observado correctamente las disposiciones legales, el inspector comisionado notifica los requerimientos de comparecencia con el fin de requerir información que considera necesaria para continuar la investigación de las materias objeto de la Orden de Inspección. Por tanto, contrario a lo alegado por la impugnante, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de los requerimientos adoptados por el inspector comisionado, en tanto fueron emitidos dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 8470-2019- SUNAFIL/ILM, y en relación a los hallazgos que posteriormente fueron consolidados en el

Respecto al alegato referido a que la ampliación del plazo se ordena mediante proveído, y que de acuerdo al numeral 7.2.8 del artículo 7 de la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII, la citada directiva ordena que se sustente mediante resolución, pero la inspectora laboral emplea un proveído sin número, incumplimiento que genera que todo acto posterior sea nulo; sobre el particular, contrario a lo alegado por la impugnante, cabe señalar que, a fojas 71 del expediente inspectivo se advierte el Proveído S/N de fecha 17 de junio de 2019; resolución de trámite, a través de la cual la Sub Intendencia de Actuación Inspectiva de la Intendencia de Lima Metropolitana resuelve autorizar la ampliación de plazo de la Orden de Inspección N° 8470-2019-SUNAFIL/ILM, de treinta (30) días a sesenta (60) días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 132 de la Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29783, y el artículo 13, numeral 13.4 del RLGIT, en mérito a la solicitud de fecha 17 de junio de 2019, suscrita por la Inspectora de Trabajo Katiuska Cecilia Vigo Hernández. Por tanto, corresponde a esta Sala desestimar el recurso en este extremo.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 1442-2021-SUNAFIL/ILM, como la Resolución de Intendencia N° 560-2022-SUNAFIL/ILM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.