Recreativos Fargo S.A.C — Res. 463-2023

Mediante Orden de Inspección N° 47-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 49-2021-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otra, de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por incumplir la medida inspectiva de requerimiento notificada con fecha 27 de enero de 2021 que ordenaba el pago por la participación de las utilidades del ejercicio 2019; en mérito a la solicitud de actuación inspectiva presentada por el ex trabajador Boris Junior Delgado Cartagena.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 111-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha el 23 de febrero de 2021, notificada el 01 de marzo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción de Instrucción N° 140-2021- SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 12 de marzo de 2022, (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lambayeque, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 334-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 07 de mayo de 2021, notificada el 12 de mayo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 13,644.40, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 27 de mayo de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 334-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 151-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 27 de abril de 20222, la Intendencia Regional de Lambayeque declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 24 de mayo de 2022, la impugnante presentó, ante la Intendencia Regional de Lambayeque, el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 151-2022- SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-000621-2022- SUNAFIL/IRE-LAM, recibido el 01 de junio de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que RECREATIVOS FARGO S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 151-2022- SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, que confirmó la sanción impuesta de S/ 13,644.40 por la comisión, entre otra, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 04 de mayo de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por RECREATIVOS FARGO S.A.C.

Cabe señalar que la naturaleza del recurso de revisión se encuentra regulado en el artículo 218 del TUO de la LPAG, el cual establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, la siguiente redacción:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT, establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

Asimismo, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece la finalidad del recurso de revisión:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con la infracción muy grave, e identificando si sobre ésta se ha producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente, por lo que no corresponde que esta Sala se pronuncie por lo alegado por la impugnante en relación a la infracción grave.

Es oportuno señalar que, en mérito al recurso de revisión, esta Sala solo es competente para resolver respecto a las infracciones calificadas como muy graves, en el presente caso, la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. En tal sentido, si bien el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento reposa en no cumplir con el pago íntegro por la participación en las utilidades del ejercicio económico 2019, sancionada como infracción grave, no será materia de análisis al no tener competencia para emitir pronunciamiento.

Ahora bien, conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece lo siguiente:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2 que “si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

Así las cosas, corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo)9, existiendo otra variante por la que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo). Por ello, la inspeccionada tiene la carga de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad inspectiva, caso contrario, su incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

Así, en tanto el objeto de la medida inspectiva de requerimiento es la de revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado, el inspector de trabajo le otorga al entonces inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento, tal como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”10:

En similar sentido -y de manera referencial – la versión 2 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021- SUNAFIL, del 10 de agosto de 2021, mantiene el mismo enfoque al detallar los factores para el establecimiento del plazo de cumplimiento en el numeral 7.15.5.

En ese sentido, de la revisión de los actuados se observa que el inspector comisionado el 27 de enero de 2021, emite la medida inspectiva de requerimiento, notificada al

En consecuencia, el inspector comisionado ha realizado una correcta aplicación de los artículos 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, siendo que la emisión de la medida inspectiva de requerimiento resulta razonable, pues la materia de inspección está orientada al cumplimiento de la normativa en materia sociolaboral, dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 47-2021- SUNAFIL/IRE-LAM.

Conforme lo descrito en el numeral 6.14 de la presente resolución, el mandato contenido en la medida inspectiva estaba orientado al cumplimiento de obligaciones de pago de naturaleza laboral.

En este punto cabe recordar la protección constitucional del cumplimiento y priorización de las obligaciones laborales, conforme lo dispone el artículo 24 de la Constitución Política del Perú. Por lo que, el argumento de la impugnante referido a que por el contexto de la pandemia generada por el Covid-19, no pudo cumplir con el mandato contenido en la medida de requerimiento, carece de sustento jurídico, pues, éstas no dispusieron que los empleadores no cumplan con sus obligaciones laborales contraídas. Por lo que, se debe desestimar el argumento expuesto en este extremo, ya que la afirmación de imposibilidad de pago, no puede constituir prima facie impedimento para el reconocimiento y goce de los derechos laborales que la Constitución y la ley reconocen.

De otro lado, la impugnante cuestiona el plazo otorgado por la autoridad inspectiva en la medida inspectiva, indicando que este fue diminuto y reducido. Sobre el particular, conforme la normativa vigente contenida en la LGIT y el RLGIT, el plazo que otorga la autoridad inspectiva en dichas actuaciones está sujeta a la discrecionalidad del inspector comisionado atendiendo a la naturaleza del objeto de la inspección y a las infracciones advertidas.

Al respecto, en la Resolución de Sala Plena N° 010-2022-SUNAFIL/TFL, publicada el 19 de noviembre de 2022 en el diario oficial El Peruano, el principio de razonabilidad busca limitar la discrecionalidad de la Administración en el ejercicio de la potestad sancionadora, buscando reducirse el riesgo del denominado “exceso de punición”. Conforme lo señala el fundamento 6.22 de la resolución en mención, existe exceso de punición cuando “(…) la sanción impuesta a un administrado no guarda proporcionalidad con el objeto de la norma represiva que sustentó el dictado del precepto como la emisión del acto administrativo sancionador (desvío de poder). Aun

Así de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, sobre la razonabilidad del plazo otorgado para el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, se dispuso:

Por ello, en el caso materia de autos se observa en virtud del principio de publicidad de las normas jurídicas, que la impugnante tenía conocimiento que, su incumplimiento transgredía al ordenamiento sociolaboral e inspectivo. En tal sentido, en el caso de autos, el plazo de tres (3) días hábiles otorgado para el cumplimiento del mandato relacionado con el pago de obligaciones laborales, no vulnera el principio de razonabilidad en los términos señalados por la impugnante, debiéndose declarar como infundado dicho extremo del recurso de revisión.

Por tales razones, debe mantenerse la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; puesto que, se encontraba en el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva, sin embargo, incumplió con lo dispuesto en dicha medida en el plazo otorgado, conforme constan en el acta de infracción; en consecuencia, corresponde confirmar esta infracción muy grave a la labor inspectiva, y desestimar todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

En cuanto al argumento referido a que el inspector comisionado debió solicitar las constancias de baja del trabajador afectado, entre otros, el requerimiento por parte del trabajador a través de cartas simples cursadas al empleador emplazándolo con una demanda. Al respecto, se advierte que la recurrente pretende primero, guiar el modo y forma en la que la autoridad administrativa debe cumplir su función, lo que transgrede el principio de autonomía funcional, y segundo, su alegato supone erróneamente que la labor de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral está condicionada a la interposición y/o emplazamiento de una demanda, lo cual no tiene sustento jurídico,

Asimismo, esta Sala verifica que desde un análisis formal, sobre el procedimiento inspectivo y las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, advierte la observancia de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa, pues la impugnante ha podido interponer los recursos y medios probatorios que ha considerado pertinentes, asimismo se ha respetado y garantizado el derecho a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación, al valorarse los argumentos y documentos presentados por el recurrente.

La impugnante alega que debido a la emergencia nacional producida por la pandemia del Covid-19, se sujetó a la suspensión perfecta de labores y sus actividades se paralizaron en un 100%, y, luego reabrió con restricciones. En tal sentido, corresponde a esta Sala definir el marco legal aplicable para el caso en concreto, en aras de determinar si corresponde o no eximir de responsabilidad administrativa a la impugnante.

En tal sentido, Morón Urbina define al “caso fortuito” como: “(…) un proceso causal que no es obra de la naturaleza sino del hombre, habiendo, por lo demás, un resultado imprevisible e inevitable. En el caso fortuito existe, por lo tanto, obra del hombre y presenta un nexo causal entre la acción de éste y el resultado; no obstante, es un proceso que no resulta previsible. En todo sentido, se caracteriza por su imprevisibilidad, inevitabilidad y, sobre todo, por la ausencia de relación entre la voluntad del agente y el resultado”11.

Por su parte, Leysser León precisa la diferencia entre “caso fortuito” y “fuerza mayor”, del siguiente modo:

A nivel jurisprudencial, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la Casación Nº 1693-2014-LIMA, de fecha 08 de marzo de 2016, señala lo siguiente:

En ese sentido, se colige que, para considerar un evento como fortuito y eximente de responsabilidad, debe determinarse, la existencia del evento y, adicionalmente, que este reviste de las características de extraordinario, imprevisible e irresistible13.

Debemos señalar que, el literal a) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, establece que constituye condición eximente de la responsabilidad por infracciones, el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada14.

Conforme la doctrina descrita precedentemente, tenemos que la fuerza mayor, alegada por la impugnante, implica la ‘irresistibilidad’, es decir, “inevitabilidad”, “insuperabilidad”, “imposibilidad de control” del hecho o evento alegado como tal. En ese sentido, estando a lo alegado por la recurrente, como causa de fuerza mayor, a enero de 2021 en que se dicta la medida inspectiva de requerimiento, la emergencia nacional y sus restricciones por Covid-19, no era un evento imprevisible, pues, ya había transcurrido casi un año desde su declaratoria, por lo que, pudo prevenir este evento, esto es, que la SUNAFIL realice una inspección laboral en su centro de labores, estando a que no había cumplido con el pago de utilidades del ejercicio 2019, hecho que conocía con anterioridad, pues, se encuentra reconocido en la Constitución y la ley vigente, contingencia que pudo prever, sin esperar la intervención de la autoridad administrativa.

Por tales razones, sus argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados, toda vez que la adopción de la suspensión perfecta de labores por la emergencia nacional, no puede ser óbice para incumplir el deber de colaboración con la labor inspectiva que tiene a cargo todo empleador y cuyo derecho reconoce la Constitución

Tampoco se configura un “caso fortuito”, el cual se determina por la ocurrencia de un evento “anormal”, “inusual”, “extraordinario”; sin embargo, analizándose la causa que motivó “el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento”, según el administrado, obedece a la emergencia nacional por el Covid-19, sin embargo, la ocurrencia de una visita de la SUNAFIL por los incumplimientos al ordenamiento sociolaboral, así como la extensión de una medida inspectiva de requerimiento para que se cumpla con estos, lejos de ser anómalo su configuración, constituye un hecho de alta probabilidad de ocurrencia, y por tanto la configuración de los hechos del presente caso, enero de 2021, no es “inusual” o “anormal” o “extraordinario”.

Por tales razones, corresponde desestimar todos los argumentos expuestos en este extremo por parte de la impugnante.

De la revisión de los recursos presentados (apelación, revisión), se observa la conducta de la impugnante de reiterar alegatos que han sido abiertamente desvirtuados.

En esa línea argumentativa, el TUO de la LPAG también reconoce como un principio rector al principio de buena fe procedimental, a través del cual se espera que tanto la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados realicen los respectivos actos procedimentales “(...) guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”15.

En palabras de Morón Urbina, es incompatible con el principio de buena fe procedimental, desde la perspectiva del administrado:

En el presente caso, se aprecia que la impugnante reitera en su recurso de revisión la no valoración a sus argumentos, alegando una motivación insuficiente, y una falta de esta, alegando que se ha configurado una eximente de responsabilidad por la emergencia sanitaria del Covid-19 y por la suspensión perfecta de labores a la que se sujetó por esta; argumentos que han sido, debidamente absueltos por la Intendencia Regional de Lambayeque en los considerandos 3.8 al 3.22 de la Resolución Nº 151-2022- SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE. Por ello, esta Sala identifica que el actuar de la impugnante, vulnera este principio, al impugnar de manera reiterativa y bajo los mismos fundamentos, sin aportar nuevos elementos de juicio, aludiendo supuestas vulneraciones a derechos fundamentales y señalando el comportamiento ajeno a la Ley

En ese sentido, se debe desestimar los argumentos alegados por la impugnante en este extremo, exhortándola a adecuar su conducta al principio de buena fe procedimental.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.