Ransa Comercial S.A — Res. 879-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas) y, Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Horas extras). 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar con registro de control de asistencia del recurrente, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

i. La resolución apelada es nula por contravenir el principio de licitud, ya que se asegura que a pesar de haber cumplido con presentar todos los documentos requeridos e indicar que el accionante no estaba sujeto a fiscalización, se ha sancionado sin existir ninguna infracción y el acta de infracción no tiene fundamento alguno que corrobore tal imputación ni pruebas que demuestren su culpabilidad; además del principio de verdad material, pues la autoridad de trabajo debe probar sus argumentaciones y no solo basarse en dichos o analogías. ii. Se ha vulnerado el principio del debido procedimiento, porque de la documentación presentada, se verifica que el accionante era un trabajador no sujeto a fiscalización inmediata al tener el cargo de conductor y por tanto sus actividades no tienen supervisión inmediata, ya que realizaba sus funciones fuera del centro de trabajo, acudiendo a las instalaciones solamente para dar cuenta de su trabajo, y que por el principio de primacía de la realidad se debe considerar la naturaleza del cargo de conductor y es por ello que no se cuenta con registros de asistencia todos los días, por lo que es evidente que no habrían incurrido en la infracción propuesta, ante lo cual la autoridad solo se basa en que, de la revisión de los documentos, existe un registro incompleto de asistencia, pero no se considera que toman el control al momento que el personal ingresa a las instalaciones. iii. La resolución apelada tiene una motivación insuficiente, porque no se puede simplemente afirmar que estarían incumpliendo con las normas. Asimismo, se deben respetar los principios de tipicidad y legalidad. iv. Se ha realizado una incorrecta aplicación del numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, porque a pesar que en el acta de infracción se ha reconocido que el accionante ocupaba el puesto de conductor, no se ha fundamentado por qué deberían tener los registros de su asistencia, si la mayoría de sus funciones las realiza fuera de las instalaciones y no tiene fiscalización inmediata, y por tanto, no estaba sujeto a la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales y por tanto, no tiene derecho a

horas extras, concepto que nunca se pagó, y que lo indicado en las boletas de pago de los periodos setiembre, diciembre 2018, enero, agosto, noviembre y diciembre 2019, corresponden a pagos por días laborados en feriado o en su descanso semanal obligatorio pero que el sistema SAP lo refleja como “horas extras 100%”.

i. De la revisión del escrito de apelación, se advierte que el recurrente no ha llegado a precisar cuáles son los requisitos de validez, contemplados en el artículo 3 del TUO de la LPAG, que se habrían vulnerado, o cuál sería el vicio del acto administrativo que desencadenaría la nulidad de pleno derecho; es decir que, el recurrente no ha cumplido con sustentar válidamente su pedido de nulidad, limitándose a enunciar de forma muy general la vulneración de una seria de principios y sustentando su recurso en una presunta motivación insuficiente y una incorrecta interpretación de la normativa aplicable; lo que significa que su recurso de apelación se basa en una interpretación distinta de los hechos investigados y sancionados; así como en una discrepancia de criterio respecto a la aplicación de la normativa correspondiente a la tramitación del presente. ii. Hasta el momento el sujeto responsable no ha logrado aportar y/o presentar medios de prueba que permitan demostrar que el accionante realmente no se encontraba sujeto a fiscalización inmediata; sino que por el contrario, durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas el inspector comisionado logró constatar que, según el contrato de trabajo el accionante fue contratado para ocupar el puesto de Conductor y además en el T-Registro consignó que estaba sujeto a la jornada de trabajo máxima; además de que, durante la visita de inspección realizada el día 14 de diciembre de 2020, se verificó que el sujeto responsable no tenía un registro de control de asistencia durante todo el tiempo de labores del accionante, lo que configuró un hecho insubsanable. iii. No basta con decir que el accionante desempeñó el cargo de Conductor o Chofer para demostrar que no se encontraba sujeto a fiscalización inmediata; puesto que las boletas de pago del accionante consignando el concepto de pago de horas extras demuestran lo contrario, y de igual forma las hojas de registro de asistencia firmadas por el accionante; también registraba sus horas de ingreso y salida a su centro de labores, lo que videncia la aplicación de un control o supervisión hacia su persona; más aun si, el propio sujeto inspeccionado ha manifestado que el accionante acudía al centro de labores para dar cuenta de su trabajo y realizar las coordinaciones pertinentes.

2 Notificada a la impugnante el 04 de enero de 2022, véase folio 79 del expediente sancionador.

iv. De igual forma, este Despacho también ha revisado las hojas de ruta (Contenedores/Importación) presentadas por el sujeto responsable, y de allí se observa que el accionante tenía un control directo o fiscalización inmediata de sus actividades; puesto que en tales documentos se registraban todas las actividades que el accionante realizaba cada día, indicándose sus fechas y horas; además de evidenciarse que cada una de las hojas de ruta se encuentran suscritas por el supervisor, lo que demuestra que se encontraba sujeto a fiscalización por parte de un superior que verificaba y controlaba las labores diarias que realizaba. v. Respecto a los conceptos de “Horas Extras al 100%”, lo alegado resulta ser una aseveración o afirmación sin mayor sustento fáctico; puesto que, el sujeto responsable no ha presentado ningún medio probatorio que acredite que esos montos cancelados a favor del accionante, realmente correspondan al trabajo realizado por el trabajador en cuestión, durante días feriados o en su día de descanso semanal obligatorio.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE RANSA COMERCIAL S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 167-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, señalando los siguientes alegatos:

i. La resolución apelada es nula por contravenir el principio de licitud, ya que se asegura que a pesar de haber cumplido con presentar todos los documentos requeridos e indicar que el accionante no estaba sujeto a fiscalización, se ha sancionado sin existir ninguna infracción y el acta de infracción no tiene fundamento alguno que corrobore tal imputación ni pruebas que demuestren su culpabilidad; además del principio de

verdad material, pues la autoridad de trabajo debe probar sus argumentaciones y no solo basarse en dichos o analogías.

ii. Se ha vulnerado el principio del debido procedimiento, porque de la documentación presentada, se verifica que el accionante era un trabajador no sujeto a fiscalización inmediata al tener el cargo de conductor y por tanto sus actividades no tienen supervisión inmediata, ya que realizaba sus funciones fuera del centro de trabajo, acudiendo a las instalaciones solamente para dar cuenta de su trabajo, y que por el principio de primacía de la realidad se debe considerar la naturaleza del cargo de conductor, por lo que la actividad que merece dicho puesto de trabajo se da fuera de las instalaciones de la empresa; es decir, durante el día, se dedica a los encargos señalados por su jefe inmediato, lo cual muchas veces puede terminar antes del día y es por ello que es imposible contabilizar las horas efectivamente trabajadas, ya que hay lapsos de tiempo que no tiene que realizar trabajo hasta que su jefe le dé indicaciones. En consecuencia, no se cuenta con registros de asistencia de todos los días, por lo que es evidente que no habrían incurrido en la infracción propuesta, ante lo cual la autoridad solo se basa en que, “de la revisión de los documentos, existe un registro incompleto de asistencia”, pero no se considera que toman el control al momento que el personal ingresa a las instalaciones.

iii. Del mismo modo, tampoco se puede considerar lo señalado respecto a las hojas de ruta revisadas, sobre las cuales, erróneamente y sin base legal, la Autoridad de Trabajo señala que demuestran un control directo o fiscalización inmediata de las actividades del accionante por nuestra parte.

iv. La resolución apelada tiene una motivación insuficiente, porque no se puede simplemente afirmar que estarían incumpliendo con las normas antes señaladas y que consideren sin justificación alguna que incumplieron con contar con el registro de control de asistencia o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo.

v. Se ha realizado una incorrecta aplicación del numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, porque a pesar que en el acta de infracción se ha reconocido que el accionante ocupaba el puesto de conductor, no se ha fundamentado por qué deberían tener los registros de su asistencia, si la mayoría de sus funciones las realiza fuera de las instalaciones y no tiene fiscalización inmediata, y por tanto, no estaba sujeto a la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales y por tanto, no tiene derecho a horas extras, concepto que nunca se pagó, y que lo indicado en las boletas de pago de los periodos setiembre, diciembre 2018, enero, agosto, noviembre y diciembre 2019, corresponde a pagos por días laborados en feriado o en su descanso semanal obligatorio pero que el sistema SAP lo refleja como “horas extras 100%”.

vi. La resolución apelada inaplica el principio de primacía de la realidad, en razón de que el trabajador desempeña las labores que realiza un chofer, lo cual provoca que la mayor parte del tiempo no realice labores dentro del centro de trabajo como para requerir que la empresa tenga un registro de control de asistencia como sí aplica para el personal sujeto a fiscalización inmediata.

vii. Se ha inaplicado el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, respecto al supuesto de caducidad administrativa, en razón de que el procedimiento administrativo sancionador ya se encontraba caduco el 02 de noviembre de 2021, toda vez que el inicio del procedimiento sancionador se dio el 01 de febrero de 2021, al momento de ser notificados con la imputación de cargos. Por tanto, la Autoridad Administrativa no puede desconocer que las normas del procedimiento administrativo deban ser las más favorables al administrado, conforme lo establece el numeral 1.6 del artículo VI del TUO de la LPAG, y en tal sentido, debe proceder a declarar caduco el procedimiento sancionador.

viii. Asimismo, se ha vulnerado el principio de razonabilidad, en la medida que los estarían multando sin indicar los factores que se consideraron para la determinación de la multa, debiendo tener presente que no existe infracción alguna por la naturaleza de las funciones del señor Ronald Negrón, y, asimismo, existiendo una desproporción e irracionalidad de la multa impuesta.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el Registro de Control de Asistencia

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas”.

“El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera

permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso.”

8 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR

de Conductor; conforme el Formulario N° 1604-1 - Constancia de alta del trabajador, se puede advertir que, el trabajador se encuentra comprendido en la “Jornada laboral: Jornada de trabajo máxima”, asimismo, se puede apreciar del citado documento que en el apartado correspondiente a “Situación especial”, no se hace referencia a alguna situación en particular; del TR 05 de trabajador, se verifica que no tiene régimen acumulativo, estando sujeto a la jornada máxima. De igual manera, verificado el contrato de trabajo y su adenda, se advierte que, en ninguna de las cláusulas se hace referencia que, el trabajador no será sujeto a fiscalización inmediata, así como tampoco se precisan las funciones que desempeñará, en razón de las cuales no se encontraría sujeto a fiscalización inmediata.

9 Artículo 49 del RLGIT Artículo 49.- (…)

contrario, las infracciones serán insubsanables cuando los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación no puedan ser revertidos, al ser irreparable en el tiempo respecto al periodo en el que se produjo.

Las infracciones son subsanables siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación, puedan ser revertidos. (…)

suficiente señalar que el trabajador afectado al desempeñar el cargo de Conductor o Chofer, no requería de un registro de control de asistencia, debido a que la mayor parte del tiempo se encontraba fuera de las instalaciones del centro de trabajo, sin fiscalización inmediata; puesto que, las boletas de pago del trabajador afectado consignando el concepto de pago de horas extras demuestran lo contrario, así como los demás medios probatorios aportados por el sujeto inspeccionado y evaluados por el personal inspectivo. Por lo tanto, han sido los hechos antes señalados, los que válidamente motivaron la imposición de la sanción de multa contra el sujeto inspeccionado, al haberse evidenciado que no logró acreditar contar con el Registro de Control de Asistencia de todo el tiempo laborado del trabajador afectado, hecho que no ha permitido verificar el cálculo correcto de las horas extras del trabajador.

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del

órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”10.

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Mediante Imputación de Cargos N° 049-2021- SUNAFIL/IRE-PIU/SIAI-IC 01/02/2021 Fin Resolución de Sub Intendencia N° 495-2021- SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE 29/10/2021

10 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”.

11 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG.

buena fe”12. Así, no es congruente con el principio de buena fe procedimental que un administrado interponga un recurso administrativo (y en esta instancia, ante un recurso extraordinario) sin acompañar al fundamento de hecho que lo sustente, en clara contradicción al artículo 173.2 del TUO de la LPAG13 y en un sentido lato, de acuerdo al numeral 2 del artículo 124 del TUO de la LPAG14, más aún si a través de dicha afirmación —sin sustento— señala que la inspección y la resolución impugnada han vulnerado principios del derecho administrativo; por el contrario, los administrados tienen el deber de abstenerse de “formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental” 15.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No contar con registro de control de asistencia del recurrente. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

12 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 13 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 173.- Carga de la prueba 173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.” (el resaltado es nuestro). 14Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 124.- Requisitos de los escritos Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente (…) 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho”. 15 Numeral 1 del artículo 67 del TUO de la LPAG, a través del cual se establecen los deberes generales de los administrados en el procedimiento.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por RANSA COMERCIAL S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 167-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, emitida por la Intendencia Regional de Piura, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 033-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 167-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a RANSA COMERCIAL S.A., y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

20220914MCR