Ransa Comercial S.A — Res. 115-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia); Máquinas y equipos de trabajo (Sub materia: Incluye todas); y, Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no haber cumplido con el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia de acuerdo a ley, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,980.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento programada para el día 29 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Refieren que la resolución es nula porque vulnera los principios que regulan el debido procedimiento inspectivo conforme a la LPAG, señalando que los inspectores han vulnerado el derecho de defensa de la empresa; asimismo, indican que no se respetó el principio de presunción de licitud, pese a que cumplieron con presentar todos los documentos antes de la emisión del Acta de Infracción, sustentando que no han cometido ninguna falta contraria a las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, indicando a la vez que, la autoridad no tomó en cuenta los medios probatorios, lo cual evidencia una grave vulneración al derecho al debido procedimiento administrativo.

ii. Alegan que la inspección del trabajo debía presumir desde el inicio del procedimiento inspectivo que actuaron conforme a sus obligaciones. De esta manera, solo si a partir del desarrollo de las actuaciones inspectivas se encuentran pruebas que demuestren su culpabilidad, debería imputarse la infracción, hecho que claramente no ha sucedido en el presente caso.

iii. Que, en el presente caso, los inspectores han vulnerado el principio de licitud, en la medida que, pese a que no existe ninguna prueba objetiva que demuestre la obligación de entregar los equipos de protección a un trabajador que no laboraba de

manera efectiva, los inspectores asumen que han incurrido en esta infracción, presumiendo que lo señalado por la empresa es falso.

iv. De igual modo, indican que las actuaciones inspectivas realizadas y el Acta de Infracción, deben ser consideradas nulas, pues han demostrado que las mismas han vulnerado el principio de verdad material e imparcialidad y, en consecuencia, el derecho al debido procedimiento, puesto que no ha valorado correctamente los medios probatorios presentados en el proceso inspectivo.

v. Así también, indican que el acta es ilegal, por no respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad señalados en la Ley N° 27444.

i. Que, de la revisión de los actuados se tiene que la autoridad sancionadora de primera instancia, analizó y valoró cada uno de los documentos exhibidos por la inspeccionada durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas; no obstante, de forma reiterativa alega vulneración al debido procedimiento, presunción de licitud, verdad material y derecho de defensa, refiriéndose a materias consistentes en la entrega de equipos de protección personal y la identificación de peligros y evaluación de riesgos, las cuales difieren de la infracción analizada en el presente caso, respecto al incumplimiento del registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia de acuerdo a ley, la cual se encuentra calificada como infracción grave, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT.

ii. Sin perjuicio a ello, después de analizar integralmente los documentos ofrecidos por el administrado, queda determinado que los argumentos y pruebas exhibidas no lograron levantar las observaciones respecto al incumplimiento del registro de inducción, capacitaciones, entrenamiento y simulacros de emergencia con las formalidades de ley, en perjuicio de los trabajadores Mondragón Quispe Jacinto y Ramos Becerra Wilfer; toda vez que los documentos ofrecidos como certificados y declaraciones juradas, si bien, son documentos que demuestran la formación e información en SST, lo cierto es que los mismos no responden a registros conforme a los formatos referenciales con la información mínima requerida que señala la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR.

2 Notificada a la impugnante el 03 de octubre de 2022. Véase folio 72 del expediente sancionador.

iii. Sin embargo, pese a que el inspector comisionado mediante medida inspectiva de requerimiento de fecha 24 de junio de 2021, requirió a la inspeccionada para que acredite el cumplimiento de las disposiciones vulneradas; la inspeccionada no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE RANSA COMERCIAL S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 17 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 176-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, solicitando la nulidad de la misma, bajo los siguientes alegatos:

i. Refieren que se ha vulnerado el debido procedimiento, regulado en el artículo 44, inciso a) de la LGIT y el artículo 4, numeral 4 del TUO de la LPAG, vinculados al derecho de defensa, así como a una debida motivación de las resoluciones administrativas; en tanto que, la Intendencia tenía el deber de evaluar las pruebas y argumentos de defensa más relevantes. Asimismo, señalan que estos argumentos tampoco fueron analizados a lo largo del procedimiento sancionador.

ii. Alegan que la Intendencia, lejos de hacer un análisis sobre la validez de la Resolución de Sub Intendencia, como habían solicitado ante la flagrante vulneración de derechos procedimentales, realiza una nueva revisión de argumentos, sosteniendo que habrían incurrido en la infracción imputada.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

iii. Por otro lado, manifiestan que se ha vulnerado el artículo IV del 1.11 del Título Preliminar del TUO de la LPAG, referido al principio de verdad material, en tanto que, resulta equivocado el criterio de la entidad de trabajo al considerar que no exhibieron el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia de acuerdo a ley, cuando han evidenciado brindar formación e información de seguridad y salud en el trabajo al trabajador, es así que en las comparecencias presentaron medios probatorios que sustentan su posición; pero que no fueron considerados en ningún extremo, lo que vulnera el debido procedimiento administrativo.

iv. Asimismo, señalan que se ha vulnerado el principio de tipicidad, principio de legalidad y el principio del debido proceso; en tanto que, se les pretende imputar conductas que no están tipificadas ni en la ley ni en norma alguna como infracciones, es decir, no existe la tipicidad en la imputación de cargos en el procedimiento inspectivo.

v. Al respecto, manifiestan que en ninguna parte de la Imputación de Cargos ni en el Acta de Infracción se indica cuál es la obligación que han incumplido, tampoco se indica que disposición o disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo establece la obligación de implementar la documentación de seguridad y salud en el trabajo en la forma que se les está exigiendo.

vi. Aducen que es doblemente ilegal la imputación que se hace al señalar que han exhibido un IPER, que no es conforme a ley, sin mencionar a que ley es la que se refiere.

vii. Alegan que en el Acta de Infracción se señala que habrían incurrido en la infracción referida a la no implementación de las medidas de control establecidas del periodo 2016 para la actividad de descarga y traslado de mercadería a muelle de la “matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles”, sin embargo, los inspectores justifican que esta imputación ocasionó el accidente, sancionando por la conducta en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, pese a que el supuesto de hecho no guarda relación con las conductas imputadas, ya que no se ha acreditado que la conducta de la empresa hubiera ocasionado el accidente sufrido por el trabajador.

viii. Por el contrario, refieren que se ha acreditado que cumplieron con sus obligaciones de seguridad y salud en el trabajo para prevenir una afectación a la salud e integridad del trabajador (capacitaciones, entregas de equipos de protección

personal, etc.). En ese sentido, señalan que el Acta de Infracción no cumple con el contenido mínimo exigido por el artículo 46 de la LGIT y el artículo 54 del RLGIT.

ix. Invocan la aplicación del punto 4 del Memorándum Circular N° 105-2015- SUNAFIL/ILM, de fecha 21 de julio de 2015, en virtud del principio de jerarquía contenido en el numeral 6 del artículo 2 de la LGIT.

x. Manifiestan que se ha vulnerado el derecho de defensa, en tanto que no se respetó el principio de presunción de licitud, pese a que cumplieron con presentar todos los documentos antes de la emisión del Acta de Infracción. Asimismo, señalan que los inspectores no han contado con elementos suficientes e idóneos para sustentar su posición, en la medida que, pese a que no existe ninguna prueba objetiva que demuestre la obligación de entregar los equipos de protección a un trabajador que no laboraba de manera efectiva, los inspectores asumen que habrían incurrido en esta infracción.

xi. Asimismo, aducen que la resolución es nula ya que no valora de manera conjunta y razonada los medios probatorios presentados en el procedimiento inspectivo, lo cual vulnera el derecho al debido proceso.

xii. Por último, alegan que el procedimiento sancionador es nulo al no respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad señalados en la Ley N° 27444, ya que al multar por dicho monto es irrazonable.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019- 2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves,

que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

relación a los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción. Por tanto, corresponde declarar infundado el recurso de revisión en este extremo, en tanto la impugnante no acreditó el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, conforme lo han determinado las instancias de mérito, al evaluar y valorar todas las documentales presentadas.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como

principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo No haber cumplido con el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia de acuerdo a ley. Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento programada para el día 29 de julio de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones

de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por RANSA COMERCIAL S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 176-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 30 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 382-2021-SUNAFIL/IRE- CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 176-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a RANSA COMERCIAL S.A., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20240131MCR