Racionalizacion Empresarial S.A — Res. 623-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Relaciones colectivas: Convenios colectivos. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar con el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del convenio colectivo suscrito con el Sindicato, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 34,452.00.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con su deber de colaboración frente a la inspección del trabajo, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 34,452.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 05 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 62,392.00.

i. La presente orden de inspección se inició con el propósito de verificar el cumplimiento en la entrega de los útiles de aseo conforme a lo pactado en el Convenio Colectivo 2019-2020. En ese marco, se requirieron diversos documentos destinados a acreditar dicho cumplimiento, presentándose el Informe Laboral N° 002-2021, el cual detalla aspectos de la gestión interna de la empresa que respaldan la entrega de los útiles de aseo. Asimismo, se aportaron los cargos de entrega correspondientes y un cuadro en formato Excel que especifica los útiles entregados, el trabajador receptor y la fecha de entrega. Cabe resaltar que, pese a las dificultades técnicas para cargar dichos documentos en la casilla electrónica, éstos fueron remitidos oportunamente vía correo electrónico, sin embargo, dicha documentación no fue tomada en cuenta ni en el informe final ni en la resolución apelada. ii. En relación con la presunta falta de certeza sobre la autenticidad de las firmas en los cargos de entrega, contrario a lo establecido en la resolución apelada, los documentos efectivamente cuentan con la firma de recepción en la parte inferior y los trabajadores están debidamente identificados mediante sus códigos de trabajador. La empresa, al igual que muchas otras, utiliza este sistema de identificación interno que permite la correcta individualización de cada trabajador. Por tanto, el cargo de entrega generado desde el almacén se fundamenta en dicho código y detalla los objetos retirados. Además, el trabajador firma en señal de

conformidad, lo que demuestra la recepción efectiva de los útiles. En este contexto, no se comprende cuál es la base legal o fáctica que justifique la persistencia en sancionar una supuesta infracción inexistente. Cabe destacar que no existe norma que regule formatos o documentos específicos para la entrega, por lo que, en ejercicio de su facultad de organización interna, la empresa estableció la utilización del código de trabajador para garantizar un control adecuado, criterio que debe ser respetado y no objeto de sanción, más aún en el contexto de la pandemia. En consecuencia, debió aplicarse el principio de presunción de veracidad, que implica aceptar como cierta la documentación presentada por el administrado. iii. Por otra parte, se le imputa a la empresa el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 05 de febrero de 2021, sin embargo, se demostró el cumplimiento respecto a la entrega de los útiles pactados en el convenio colectivo. La información fue enviada por correo electrónico y no por casilla electrónica debido al tamaño y extensión de los archivos. En este sentido, la autoridad de primera instancia reconoció parcialmente este extremo y decidió no sancionar la supuesta infracción relacionada con la entrega de información y documentos. iv. Pese a la relevancia constitucional del derecho al debido procedimiento, principio fundamental reconocido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, el Informe Final vulnera este derecho al no brindar una motivación adecuada ni sustentar debidamente sus conclusiones. El informe se limita a reproducir el contenido del acta de infracción sin ofrecer argumentación que responda a la defensa planteada, lo cual resulta contrario al derecho de defensa y afecta la validez del acto administrativo. v. Asimismo, en atención al carácter constitucional de la debida valoración de la prueba, es evidente que las evidencias presentadas por la empresa no han sido debidamente valoradas. Además, la carga de la prueba sobre el hecho objeto de sanción recae en la Administración y no en el administrado. En tal sentido, se ha vulnerado la presunción de licitud y veracidad de la documentación aportada, limitándose a imputar una falta sin una adecuada evaluación de los medios probatorios. Finalmente, cabe señalar que la multa impuesta resulta desproporcionada, pues omite el principio de razonabilidad y la finalidad sancionadora de fomentar la formalización laboral, no la imposición de sanciones gravosas. Por tanto, corresponde declarar la nulidad de la resolución apelada.

i. El numeral 2 del artículo 28° de la Constitución Política del Perú reconoce y fomenta la negociación colectiva, otorgándole fuerza vinculante a los convenios colectivos

en el ámbito de lo concertado. Esta disposición es desarrollada en los artículos 41°, 42° y 43° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR (en adelante el TUO de la LRCT), los cuales establecen que la convención colectiva regula condiciones de trabajo, y tiene carácter obligatorio para las partes firmantes y se incorpora automáticamente a los contratos individuales, prevaleciendo sobre disposiciones en contrario. ii. Corresponde señalar que la inspeccionada ha reiterado sus alegatos formulados en el escrito de descargo respecto al Informe Final que obra a fojas 89 a 157 del expediente sancionador. Sin embargo, dichos argumentos han sido debidamente desvirtuados por la instancia respectiva, criterio que este Despacho comparte plenamente. Más aún, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.8 de los hechos constatados del Acta de Infracción, se evidenció que la inspeccionada no cumplió con la cláusula prevista en el Convenio Colectivo 2019-2020, ni con el Acta de Solución de Pliego de Reclamos suscritos con el Sindicato respectivo. iii. En atención a ello, el personal inspectivo determinó que la empresa no acreditó la entrega bimestral de útiles de aseo correspondiente a los meses de marzo, mayo, julio y setiembre del 2020 a los trabajadores afiliados del referido Sindicato, conforme a la relación contenida en el Anexo 1 del Acta de Infracción. iv. Ahora, si bien la inspeccionada presentó diversos documentos, tales el Informe Laboral N° 002-2021-JRS/GGHH, relación de afiliados al sindicato, cuadros en formato Excel, archivos denominados “vale acompañamiento mercancía” y otros, la documentación adolece de elementos probatorios esenciales para demostrar de manera fehaciente y vinculante la entrega efectiva y completa de los útiles de aseo en los periodos señalados. En particular, no se identifica claramente a los trabajadores beneficiaros ni se precisa el mes y año al que correspondería cada entrega, lo que resulta insuficiente para desvirtuar la infracción. Asimismo, las comunicaciones internas y los mensajes emitidos por la empresa para que el personal recoja los útiles de aseo carecen de valor probatorio suficiente para acreditar el cumplimiento íntegro de lo pactado. Y de otro modo, según la declaración del secretario general del sindicado, manifestó vía comunicación telefónica que la entrega de los útiles de aseo no ha sido cumplida en su totalidad y que se realiza de forma parcial y en lugares distintos al habitual, reforzando así, la constatación inspectiva. v. En virtud de lo dispuesto en los artículos 16° y 47° de la LGIT, los hechos constatados y formalizados en el Acta de Infracción se presumen ciertos, salvo que la inspeccionada presente prueba idónea que los desvirtúe, lo cual no ha ocurrido. En consecuencia, la documentación aportada por la inspeccionada no resulta suficiente para acreditar la entrega efectiva y completa de los útiles de aseo correspondientes a los meses de marzo, mayo, julio y septiembre del 2020, siendo responsabilidad de la empresa garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas con los trabajadores, conforme a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en concordancia con el marco constitucional vigente. Por tanto, corresponde confirmar la infracción imputada y desestimar las alegaciones formuladas por la inspeccionada en relación con este extremo. vi. Por otra parte, con respecto a la medida inspectiva de requerimiento, el artículo 14° de la LGIT, establece que cuando el inspector actuante constata la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, debe requerir al sujeto inspeccionado la adopción de las medidas necesarias para subsanar dicha infracción dentro de un plazo determinado. En tal sentido, la medida inspectiva de requerimiento tiene una naturaleza correctiva, y su finalidad es que el empleador

revierta los efectos de la conducta infractora previamente al inicio del procedimiento sancionador. Por lo tanto, recaía sobre la inspeccionada la carga de cumplir oportunamente con el requerimiento formulado el 05 de febrero de 2021, relacionado con los hechos constatados del Acta de Infracción, tal como consta en su numeral 4.8.3; no obstante, al no cumplir se configuró infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36° de la LGIT y el artículo 46° del RLGIT. En consecuencia, se concluye que la inspeccionada estaba legalmente obligada a cumplir con la medida inspectiva dentro del plazo otorgado, en atención a las obligaciones derivadas de la Orden de Inspección N° 34800-2020-SUNAFIL/ILM. Por tanto, lo argumentado por la inspeccionada carece de sustento, en tanto los inspectores actuaron conforme al marco normativo aplicable. vii. Asimismo, corresponde precisar que las infracciones determinadas se ajustan plenamente al tipo legal por el cual se sancionó a la inspeccionada, con la debida expresión de la normativa vulnerada, en estricto respeto al principio de tipicidad y legalidad. Por tanto, este Despacho considera que el pronunciamiento de primera instancia está debidamente motivado, al haberse detallado claramente los hechos que dieron lugar a la sanción, garantizando el debido procedimiento, la imparcialidad y el ejercicio del derecho de defensa del administrado, quien hizo uso de dicho derecho mediante la presentación de sus escritos. viii. Por otra parte, el artículo 38 de la LGIT establece como criterios para la graduación de las sanciones la gravedad de la infracción y el número de trabajadores afectados. A su vez, el RLGIT complementa dichos criterios, estableciendo una tabla de infracciones y sanciones, así como otros parámetros especiales para la graduación. En particular, el artículo 47 del RLGIT establece que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, conforme al numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS. En este sentido, habiéndose constatado que la autoridad de primera instancia aplicó correctamente las normas invocadas y utilizó los parámetros establecidos en la tabla correspondiente a la condición de No Mype que ostenta la inspeccionada, esta Instancia administrativa concluye que la empresa incurrió en responsabilidad administrativa que amerita la imposición de sanción. ix. En mérito a lo expuesto, se observa que la inspeccionada no ha desvirtuado con pruebas contundentes las infracciones determinadas por la autoridad de primera instancia. Por lo tanto, esta Intendencia considera que las infracciones se encuentran debidamente fundamentadas y justificadas, habiendo sido plenamente identificadas en los hechos constatados y descritos en el Acta de Infracción. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos presentados en la apelación, dado que no se ha configurado ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS que puedan invalidar el procedimiento sancionador. x. En ese orden de ideas, no cabe acusar a la resolución apelada de falta de motivación ni de vulneración del debido procedimiento, por lo que, corresponde confirmar íntegramente la resolución impugnada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de octubre de 2022, RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A., fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1559-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Señala que se ha inaplicado el artículo 44° de la LGIT, el cual consagra como principio la observación del debido proceso, en concordancia con el principio del debido procedimiento recogido en el TUO de la LPAG. Ello en la medida en que la resolución impugnada carece de una debida motivación y no se han valorado adecuadamente los

Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006- PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

medios probatorios ofrecidos, vulnerando así las garantías fundamentales del administrado. ii. Por otra parte, señala que se ha inaplicado el artículo 3° del RLGIT, es decir se ha vulnerado el principio de legalidad, puesto que no existe una exigencia que no se encuentre prevista en alguna norma vigente de que los cargos de entrega de útiles de aseo deban contener datos adicionales a los códigos de identificación utilizados internamente por el inspeccionado. Sino que tales códigos constituyen un medio válido y legítimo para identificar a los trabajadores, no existiendo disposición legal que prohíba su uso ni establezca requisitos específicos sobre el contenido de los cargos. iii. Por último, recalcan que en el presente procedimiento administrativo sancionador opera la figura jurídica de la caducidad administrativa, por lo que, solicita el archivo del expediente debido a que ha transcurrido el plazo legal sin que se haya efectuado actuación procedimental que determine la comisión de una infracción. Asimismo, señalan que a notificación de la resolución impugnada se realizó el 19 de setiembre de 2022, excediéndose así el plazo máximo de nueve meses previsto para la tramitación del procedimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo.

3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. (…)”. (Énfasis añadido).

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos

ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

procedimiento ha sido observado en el desarrollo del presente procedimiento sancionador.

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento

“(…) 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por

la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

Figura N° 01

cumplimiento de lo exigido en la medida inspectiva de requerimiento; por lo que, se configuró la infracción al numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del convenio colectivo suscrito con el Sindicato. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE

Labor Inspectiva No cumplir con su deber de colaboración frente a la inspección de trabajo. Numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 05 de febrero de 2021 Numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1559-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 16 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1184-2021- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1559-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 16 de setiembre de 2022, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250604MABJ – HR: 122029-2023