Racionalización Empresarial S.A — Res. 1134-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS; y, Hoja de liquidación y sus formalidades). 2 Véase folio 76 del expediente inspectivo. 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la hoja de liquidación de compensación por tiempo de servicios y sus formalidades correspondientes a mayo de 2021 en favor de 61 trabajadores, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 10,252.00.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la información solicitada mediante el tercer requerimiento de información notificado el 04 de junio de 2021, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,732.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la información solicitada mediante la medida inspectiva de requerimiento notificado en fecha 14 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 50,864.00.

i. Refieren que, el principio de non bis in ídem proscribe la imposición de sanciones por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento, así ambas infracciones contra la labor inspectiva sancionadas encuentran su sustento básicamente en la no presentación de las hojas de liquidación de CTS de mayo 2021 y de los cargos de entrega; por lo que, sea a través de un requerimiento de información o de una medida de requerimiento, están ante un mandato del inspector frente al cual debe prestarse la colaboración; por lo tanto, debe dejarse sin efecto la infracción propuesta al configurarse una doble punición.

ii. Alegan que han acreditado la entrega de hojas de liquidación de CTS, a favor de los trabajadores afectados, con el reporte SAP remitido, así del paquete de documentación entregada en la etapa inspectiva, se encontraba el registro de salidas obtenidas por el sistema SAIP; por lo que, es irrazonable requerir una constancia de entrega de cada hoja de liquidación cuando se contaba con un sistema que permite asegurar el cumplimiento de la obligación, siendo de esta

manera los documentos presentados plenamente válidos para acreditar la entrega de las hojas de liquidación.

iii. Sostienen que han cumplido con la subsanación de la conducta infractora de entrega de la hoja de liquidación por CTS, así como el formato de autorización de recepción de documentación laboral, a través de correo electrónico, procediendo a remitir dichos medios de prueba respecto de los seis trabajadores pendientes de entrega, conforme la resolución de primera instancia; por lo que, estando al cumplimiento y subsanación total de los hechos materia de infracción advertidos, solicitan la aplicación de la reducción de la multa impuesta conforme al artículo 40 de la LGIT.

i. Sobre la infracción en materia sociolaboral, de la documentación presentada en los descargos efectuados obrante en la carpeta sancionadora se cotejó la entrega de la hoja de liquidación a favor de cincuenta y cinco (55) trabajadores, a través de medios electrónicos y entrega física que datan de fecha posterior a la notificación del Acta de Infracción y la Imputación de cargos.

ii. De esta forma, de conformidad con las actuaciones inspectivas desarrolladas y de la documentación obrante en el expediente inspectivo y sancionador, la resolución de primera instancia materia de impugnación, determinó que la impugnante no cumplió con la entrega de la hoja de liquidación de CTS y sus formalidades correspondientes a mayo de 2021, en perjuicio de los seis trabajadores, subsistiendo con ello la infracción leve en materia de relaciones laborales sancionada.

iii. Sobre el particular, la impugnante señala que ha cumplido con la subsanación de la conducta infractora de entrega de la hoja de liquidación por CTS, así como el formato de autorización de recepción de documentación laboral, a través de correo electrónico, procediendo a remitir dichos medios de prueba respecto de los seis trabajadores pendientes de entrega; por lo que, solicita la ampliación de la reducción de la multa impuesta, conforme al artículo 40 de la LGIT.

iv. Estando a la documentación aportada por la impugnante, se verifica la entrega de la hoja de liquidación de CTS con la correspondiente constancia de recepción

3 Notificada a la impugnante el 02 de febrero de 2023. Véase folio 194 del expediente sancionador.

suscrita por los propios trabajadores; sin embargo, únicamente se anexa el correo electrónico de remisión de dicha liquidación respecto de los trabajadores Nicolas Tolentino Halanocca Mamani y Johan Emiliano Jove Palacios, no cumpliendo con remitir documento alguno que acredite la recepción efectiva por parte de dichos trabajadores de la liquidación de CTS enviada; subsistiendo por ende la infracción sancionada en perjuicio de los dos trabajadores referidos, al no haberse corroborado el cumplimiento, persistiendo la sanción impuesta; no resultando aplicable la reducción de multa frente a la subsanación parcial acreditada.

v. Sobre las infracciones en materia de labor inspectiva, por el incumplimiento del requerimiento de información de fecha 04 de junio de 2021, y el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la impugnante aduce que se ha vulnerado el principio de non bis in ídem; sin embargo, en el presente caso, no se observa transgresión al referido principio, toda vez que las conductas que han configurado las infracciones imputadas a la impugnante han acaecido de manera independiente, frente a dos incumplimientos de fecha y objeto diferentes, inobservando el mandato del inspector como facultad conferida por ley, transgrediendo los bienes jurídicos concerniente a la Administración Pública.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE RACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL S.A.

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de febrero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 24-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, la resolución materia de apelación, lejos de revisar y merituar los argumentos expresados a lo largo del procedimiento, decide imponer una sanción pese a haberse evidenciado una serie de vicios en el procedimiento, que harían imposible la imposición de una multa en el presente caso.

ii. Alegan que la Intendencia justifica la imposición de una multa, remitiéndose a los argumentos establecidos en las instancias precedentes, pese a que, a lo largo del procedimiento se evidenciaron las razones que justificaban que en el presente caso habría una vulneración al principio de non bis in ídem, por cuanto se estaría sancionando dos veces por un mismo hecho, sujeto y fundamento, omitiendo un pronunciamiento sin considerar los argumentos vertidos.

iii. Sostienen que, la imposición de una sanción carece de todo tipo de sustento, atendiendo a que la misma, es el resultado de una serie de inobservancias legales que transgreden los derechos que les corresponden como administrados, y, por tanto, el derecho a un debido procedimiento.

iv. Aducen que, no se han valorado correctamente las pruebas ni los argumentos ofrecidos en el procedimiento inspectivo al momento de emitir una sanción, de forma que, tales hechos, sustentan la necesidad de revocar o anular la resolución recurrida.

v. Respecto al principio non bis in ídem, que la propia SUNAFIL, a través de la Resolución de Sala Plena N° 013-2022-SUNAFIL/TFL, analizó cada uno de los elementos que configuran la triple identidad; sin embargo, el A quo lejos de valorar sus argumentos, sostuvo que en el presente caso no resulta factible la aplicación del citado principio, en tanto las infracciones en materia de labor inspectiva recaen sobre actuaciones distintas; no obstante, no ha tomado en cuenta que, del análisis de los elementos del principio denunciado se puede acreditar de forma válida su aplicación.

vi. Al respecto, señalan que, en cuanto a la identidad subjetiva, ambas sanciones en materia de labor inspectiva versan sobre el mismo sujeto inspeccionado; asimismo, en cuanto a la identidad de hecho, si bien las infracciones imputadas responden a una tipificación distinta, las mismas responden a un mismo hecho, esto es, la no entrega de las hojas de liquidación de CTS de mayo de 2021, respecto del personal comprendido en la inspección, así como de los cargos de entrega de la liquidación. Es decir, tanto las infracciones referentes al incumplimiento de la medida de requerimiento del 04 de junio

de 2021, así como la medida inspectiva de requerimiento, se sustentan sobre un mismo presupuesto fáctico, cumpliéndose con ello el segundo elemento del principio non bis in ídem al encontrarse frente a un mismo hecho.

vii. Por otro lado, respecto al tercer elemento referido a la identidad de fundamento, de la verificación de las infracciones imputadas se advierte que tienen como finalidad la tutela de la labor inspectiva, es decir que las infracciones imputadas consisten en las acciones u omisiones de los sujetos obligados, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados. Por lo cual, el bien jurídico protegido en ambos casos es la labor inspectiva de la SUNAFIL frente al cumplimiento del deber de colaboración por parte del administrado inspeccionado. Y, en consecuencia, se debe dejar sin efecto la infracción propuesta por encontrarse ante una doble punición ilegítima.

viii. Manifiestan que, la Intendencia lejos de emitir un análisis pormenorizado de sus argumentos, en un solo párrafo procede a determinar la inaplicación del principio non bis in ídem, sin antes analizar si quiera la existencia de los tres elementos que la integran, sin señalar con razones objetivas que se encuentran ante un mismo hecho y fundamento; razón por la cual, afirman el incumplimiento de una motivación razonable del acto administrativo que vicia la actuación inspectiva generando la nulidad de tales actos administrativos, dado que, de no ser así, SUNAFIL, estaría en el presente caso realizando una doble punición, infringiendo su propia normativa y por consiguiente el debido procedimiento.

ix. Respecto a la medida inspectiva de requerimiento, refieren que, se debe tener en cuenta un parámetro de razonabilidad al emitir cualquier tipo de medida de requerimiento, todo ello en la medida de evitar un ejercicio abusivo de la potestad punitiva del estado, al imponer dos sanciones sobre la base de un mismo hecho. A tal efecto, señalan que, no sería razonable realizar un requerimiento de información en donde se verifique la inexistencia de la misma, para luego vía medida inspectiva de requerimiento, solicitar la misma información que se ha verificado plenamente su inexistencia, más aún si se tiene en consideración que al momento de la emisión de la medida de requerimiento no existía una decisión definitiva que establezca una infracción en contra del administrado pasible de ser subsanada.

x. Consideran que, se estaría ante una actuación excesiva de la potestad punitiva del estado, en la medida de requerir información en un primer momento para luego pedirla nuevamente vía medida inspectiva de requerimiento y sancionar con ello 2 infracciones sobre la base de la ausencia de la misma información; apreciándose que la real naturaleza del doble requerimiento no era la subsanación de la infracción en materia socio laboral, sino la imposición de una doble sanción sobre la base de un mismo hecho.

xi. Precisan que no es razonable que se le impute una infracción relacionada al incumplimiento de una medida de requerimiento, en base al hecho que tenían un criterio diferente al de la Autoridad Administrativa, al considerar la inexistencia de un incumplimiento a las normas en materia sociolaboral.

xii. Respecto a la vulneración del principio de legalidad, en tanto que, la Intendencia no valoró que el acta de infracción sobre la que partió el procedimiento sancionador fue el resultado de un deficiente análisis normativo, el cual no hacía posible la determinación de una doble sanción en materia de labor inspectiva, más aún si se tiene en cuenta que el presupuesto fáctico por intermedio del cual parten la infracciones es el mismo, pero en cambio, sustenta sus argumentos en dicho documento.

xiii. Por tanto, alegan que la sanción impuesta es el reflejo de una vulneración al principio de legalidad, por la transgresión de diversas normas que son de obligatorio cumplimiento en el procedimiento, lo que se deberá analizar, para que, con buen criterio, revoquen o declaren la nulidad de la resolución materia de revisión.

xiv. Por otro lado, cuestionan la vulneración al principio de razonabilidad, en tanto que, se ha demostrado que la presente causa parte de un mismo hecho (no presentar la información requerida referente a las hojas de liquidación de CTS de mayo del 2021 y de los cargos de entrega de la liquidación); no obstante, la Autoridad Administrativa procede con calificar hasta 2 infracciones relacionadas con el mismo hecho, determinando una multa para cada una de las infracciones, lo cual resulta ser una decisión irrazonable, en la medida que dicha decisión no se encuadra con el principio de concurso de infracciones.

xv. Señalan que, en el presente caso se ha vulnerado el derecho a una decisión motivada, en tanto que, que en la medida inspectiva de requerimiento se les requirió: i) acreditar la entrega de la hoja de liquidación de CTS del mes de mayo de 2021; ii) remitir las hojas de liquidación de la CTS del mes de mayo de 2021 debidamente firmada por el trabajador; iii) remitir los cargos de entrega de las hojas de liquidación de CTS del mes de mayo de 2021 debidamente firmada por el trabajador. A tal efecto, mediante recurso de apelación de fecha 06 de diciembre de 2022, cumplieron con subsanar en su totalidad la medida inspectiva de requerimiento. No obstante, la Intendencia de forma irrazonable determina la inaplicación de la reducción de sanción prevista en el artículo 40 de la LGIT, por cuanto a su entender no se habría cumplido en su totalidad con la medida inspectiva de requerimiento.

xvi. Sostienen que de forma irrazonable la Intendencia varía el contenido del requerimiento, en tanto que requiere la remisión de los cargos de entrega de las hojas de liquidación de la compensación por tiempo de servicios del mes de mayo de 2021, debidamente firmada por cada trabajador; aduciendo que no habrían cumplido con la medida, en tanto no se habría cumplido con la remisión que acredite la recepción, documento que no habría sido requerido en un primer momento.

xvii. Por tanto, alegan que existe una incongruencia, por cuanto no existe un requerimiento en el cual se les requiera la entrega de los cargos de recepción, sino por el contrario se les solicitó la remisión de los cargos de entrega.

xviii. Invocan lo sostenido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el expediente N° 728-2008-HC/TC (CASO LLAMOJA HILARES), sobre motivación aparente.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-

TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió íntegramente con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

del sujeto inspeccionado, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten su alegato, incluso en esta instancia la impugnante no ha acreditado lo requerido en la medida inspectiva de requerimiento. Siendo que, de los actuados, se advierte el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la cual constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

exhibiendo: i) Acreditar el depósito íntegro de la compensación por tiempo de servicios del mes de mayo de 2021, según el punto 09, y ii) Remitir las hojas de liquidación de compensación por tiempo de servicios del mes de mayo de 2021 de todos los trabajadores comprendidos en el cuadro nro. 01 (…)” (énfasis añadido).

Sobre el principio del non bis in ídem 6.20 Debemos precisar que el principio de non bis in ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG, mediante la cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

11 Fund. Jur. N°. 3.3. 12 Fund. Jur. N°. 19. 13 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad

14 LGIT Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5. Adoptar, en su caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, cualesquiera de las siguientes medidas: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.

y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

Sobre la vulneración al principio de concurso de infracciones

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 6. Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califiqué como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que se puedan exigir las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

15 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

TEMA ACUERDO

Tema N° 1: El concurso de infracciones normativas. El concurso de infracciones será aplicable en caso de que una misma acción u omisión configure más de una infracción, en cuyo caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Si las infracciones son de la misma gravedad se aplicará la sanción de mayor cuantía. En caso de tener la misma cuantía, se multará solo por una.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

16 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, 2019, Tomo 1, p. 438.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No acreditar la hoja de liquidación de compensación por tiempo de servicios y sus formalidades correspondientes a mayo de 2021 en favor de trabajadores.

Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

LEVE Relaciones Laborales No remitir la información solicitada mediante el tercer requerimiento de información notificado el 04 de junio de 2021.

Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No remitir la información solicitada mediante la medida inspectiva de requerimiento notificado en fecha 14 de junio de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por RACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 24-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 30 de enero de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 847-2021- SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 24-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a RACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL S.A., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20241126MCR - HR 33514-2023