R & S Carga S.A.C — Res. 711-2025

Mediante Orden de Inspección N° 3160-2018-MTPE/1/20.4, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, en materia de relaciones laborales que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1023-2018-MTPE/1/20.4 (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante, entre otras, por la comisión de dos (02) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, por no acreditar el registro de trabajadores y otros en la planilla, así como, no cumplir con el registro de control de asistencia; y, una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 111-2020-MTPE/1/20.49-IC, de fecha 09 de marzo de 2020, notificada a la impugnante el 29 de abril de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1093-2022-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 06 de junio de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción 4 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 817-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4, de fecha 22 de julio de 2022, notificada el 25 de julio de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 3,320.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 17 de agosto de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub intendencia N° 817-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1553-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 16 de setiembre de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 11 de octubre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1553- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM-001844-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 27 de junio de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal),

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias,

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que R & S CARGA S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1553-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 3,320.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de relaciones laborales, tipificadas en el numeral 25.19 y 25.20 del artículo 25 del RLGIT, respectivamente, y, una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 20 de septiembre de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos jurídicos, previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por R & S CARGA S.A.C.

En ese sentido, debe observarse la naturaleza del recurso de revisión, en tanto que el artículo 218 del TUO de la LPAG establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, específicamente en su artículo 49 lo siguiente:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en el punto 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que éste tiene por finalidad:

Por consiguiente, el análisis de estos argumentos debe realizarse bajo la competencia que le corresponde a este Tribunal, vinculada solo en relación con las infracciones muy graves, e identificando si sobre éstas se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del Reglamento citado en el numeral precedente (énfasis añadido). Por lo expuesto, no corresponde emitir pronunciamiento sobre los alegatos efectuados por la impugnante vinculados a la infracción grave.

Las disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 004-2006-TR, en su artículo 1 referente al ámbito, precisa lo siguiente:

Asimismo, en el artículo 3 del mismo dispositivo normativo, se establece lo siguiente:

Ahora, la finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, sirve para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores conforme a ley. Debiendo, para dicho efecto, contener la siguiente información mínima: “Nombre, denominación o razón social del empleador; Número de Registro único de Contribuyentes del empleador; Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador; Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo; las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo9”.

En el presente caso, conforme a las actuaciones inspectivas de investigación, se ha dejado constancia en el quinto hecho verificado del Acta de Infracción y en el Anexo a la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación de fecha 23 de agosto de 2018, que el sujeto inspeccionado no presentó el Registro de Control de Asistencia

No obstante, esta alegación fue desvirtuada durante la inspección, al haberse acreditado que el trabajador afectado sí prestó servicios en el centro de trabajo de Lima el 19 de febrero de 2018, fecha en la cual ocurrió el accidente de trabajo que motivó la presente fiscalización. Además, debe tenerse en cuenta que el sujeto inspeccionado no presentó medio probatorio alguno que sustente su afirmación de que el referido trabajador no se encontraba sujeto a fiscalización. En ese sentido, tal incumplimiento reviste especial gravedad, ya que la omisión del registro correspondiente a dicha fecha constituye una infracción de carácter insubsanable, conforme a lo establecido en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, en tanto se trata de una obligación de cumplimiento diario, cuya inobservancia no puede ser subsanada de forma posterior.

Conforme se reconoce en los numerales 6.10 a 6.12 de la Resolución de Sala Plena N° 007- 2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 26 de abril de 2023, establecidos como precedentes vinculantes para las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo:

En tal sentido, cuando sea que los empleadores realicen el registro de asistencia de su personal de manera física, deberán poner a disposición de sus trabajadores dicho registro, así como asegurar, bajo responsabilidad, que sus trabajadores cumplan con el registro de su asistencia al centro de labores. Lo mismo ocurre en caso se implemente un registro virtual o biométrico u otro, de similar naturaleza. En cualquier escenario, cuando se evidencie la ausencia del registro de asistencia de uno o más trabajadores, el empleador debe actuar con la debida diligencia para garantizar su adecuada implementación.

Asimismo, el empleador debe garantizar que el registro de asistencia no sufra alteraciones de ningún tipo, lo que puede consistir en deterioro parcial o total que imposibilite continuar con el registro, esto es, en caso evidencie que ha sufrió algún daño, este debe ser motivo de verificación oportuna, así como objeto de la adopción de los mecanismos pertinentes orientados a que se continúe con el correcto registro de la asistencia en el centro de trabajo.” (énfasis añadido)

Cabe destacar que, en dicha resolución, se precisa que la obligación de llevar el registro de control de asistencia no solo implica su existencia formal, sino también el deber del empleador de garantizar su adecuado manejo, supervisión y disponibilidad, como expresión de la debida diligencia exigida por la normativa laboral. Así, el incumplimiento de esta obligación como en el presente caso, en que no se acreditó que el trabajador estuviera exceptuado del registro ni se justificó con prueba idónea su omisión configura una infracción muy grave, insubsanable y atribuible al sujeto inspeccionado. Por tanto, la conducta constatada no solo infringe la normativa nacional (numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT), sino que contraviene expresamente lo establecido en el referido precedente administrativo de obligatorio cumplimiento.

Conforme a lo señalado por la autoridad de primera instancia, el incumplimiento relativo al registro de control de asistencia se circunscribe únicamente al día 19 de febrero de 2018, por cuanto se trata de la única fecha en la que el trabajador afectado habría prestado servicios, conforme a lo constatado en las actuaciones inspectivas. En efecto, se descartó la exigibilidad del registro para fechas anteriores, al no haberse acreditado vínculo previo, así como para el día 20 de febrero de 2018, en tanto el trabajador se encontraba hospitalizado desde el día del accidente. En tal sentido, el incumplimiento se configura de manera puntual respecto al 19 de febrero de 2018, fecha en la que debió existir un registro que acredite la jornada efectivamente realizada, siendo su omisión constitutiva de infracción muy grave e insubsanable, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

En ese sentido, al tratarse de una obligación de cumplimiento diario, la omisión del registro de control de asistencia correspondiente al día 19 de febrero de 2018 no puede ser regularizada con posterioridad, toda vez que la finalidad de dicho registro es reflejar en tiempo real la jornada efectivamente cumplida por el trabajador, garantizando su autenticidad y veracidad. Al no haberse generado en su momento, resulta imposible retrotraer los hechos para subsanar dicha omisión, lo que configura una infracción de naturaleza insubsanable. Este carácter no solo fue debidamente motivado en el Anexo a la Constancia de Actuaciones Inspectivas de fecha 23 de agosto de 2018, sino que también fue formalmente notificado al sujeto inspeccionado por intermedio de su apoderado en la misma fecha, conforme consta en el folio 68 del expediente de investigación.

En relación a la infracción bajo análisis, Jorge Toyama Miyagusuku y Augusto Eguiguren Praeli11, citando la Resolución N° 46-2016 Áncash, reseñan que: “el incumplimiento de contar con el registro de asistencia es insubsanable, por cuanto el citado registro constituye una obligación de cumplimiento diario y permanente. No cabe la regularización posterior para evitar la multa respectiva”.

De esta manera, esta Sala concluye que las actuaciones de fiscalización han cumplido con demostrar, suficientemente, la culpabilidad del sujeto inspeccionado, esto es, que el incumplimiento advertido ha sido de su entera responsabilidad; por lo tanto, se debe confirmar la sanción impuesta, en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

En tal sentido, es obligación del empleador registrar a sus trabajadores en el T-REGISTRO el mismo día de ingreso a prestar el servicio, esto es, en el transcurso de dicho día. Por lo tanto, atendiendo a lo señalado, es obligación de los empleadores, registrar a los trabajadores en la planilla electrónica. Por lo que, de no hacerlo, dicha conducta constituiría infracción imputada, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT.

Conforme se advierte de los actuados, no constituye una cuestión controvertida que el trabajador afectado prestó servicios personales para la inspeccionada, bajo condiciones que evidencian la existencia de un vínculo laboral. Este hecho ha sido acreditado desde la

De acuerdo con el personal inspectivo, el recurrente venía desarrollando labores en el centro de trabajo ubicado en Av. El Sol N.º 2241, Villa El Salvador, en calidad de ayudante de carga y descarga, bajo las órdenes del conductor y del auxiliar del camión. Esta prestación de servicios personales, subordinadas y remuneradas permite aplicar la presunción legal prevista en el artículo 42 del TUO del D. Leg. Nº 728, respecto de la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. A pesar de ello, la inspeccionada no presentó contrato de trabajo alguno ni acreditó el registro del trabajador en la planilla electrónica, incumpliendo así su deber formal de registrar al trabajador desde el inicio de la relación laboral.

En ese sentido, ha quedado plenamente acreditada la infracción consistente en no haber cumplido con registrar al trabajador en la planilla electrónica, pese a haber mantenido con él una relación laboral desde al menos el 19 de febrero de 2018, fecha en la que ocurrió el accidente mientras desempeñaba funciones propias del giro del negocio. Esta omisión no solo vulnera los derechos laborales fundamentales del trabajador, sino que también constituye una infracción formal que impide el acceso a los beneficios y protecciones de la seguridad social. Por tanto, corresponde confirmar la infracción imputada a la empresa inspeccionada.

Determinada la existencia del vínculo laboral y la omisión de registro en planilla, el inspector actuante emitió medida de requerimiento el 23 de agosto de 2018, a fin de que la inspeccionada regularizara dicha omisión registrando al trabajador en la planilla electrónica. Sin embargo, pese a dicha exigencia formal y considerando la Constancia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud, por medio del cual el trabajador continuaba asegurado por R & S Carga S.A.C. hasta el 15 de septiembre de 2018 bajo el rubro “Transporte de carga por carretera” (véase folios 59 del expediente de investigación), la inspeccionada se limitó a presentar una declaración jurada firmada por el propio trabajador, en la que esté, de manera aislada y posterior al accidente, manifestó no ser trabajador de la empresa y señaló haber prestado un servicio de carga y descarga solo por ese día. Además, declaró que la empresa lo venía apoyando económicamente por las lesiones sufridas y se retractó de cualquier acción o denuncia laboral. No obstante, dicha declaración carece de eficacia para desvirtuar los elementos objetivos del vínculo laboral verificados por la inspección, siendo más bien reveladora del grado de injerencia de la empleadora sobre el trabajador afectado tras el accidente.

Por tanto, la conducta infractora ha quedado debidamente determinada y verificada durante la etapa inspectiva, al haberse acreditado la existencia de un vínculo laboral no registrado oportunamente en planilla, configurándose con ello un incumplimiento que se encuentra calificado y tipificado como infracción muy grave en el numeral 25.20 del artículo del RLGIT.

Ahora bien, corresponde analizar el cuestionamiento formulado por la impugnante respecto a las medidas adoptadas por la autoridad inspectiva en relación con las infracciones detectadas, particularmente su alegato sobre la supuesta contradicción entre

En ese sentido, y frente a lo alegado por la impugnante, resulta necesario reiterar que la actuación de la autoridad inspectiva fue plenamente conforme a la normativa aplicable y no vulneró principio alguno del procedimiento sancionador. Tal como se ha dejado constancia en la resolución de primera instancia, así como en la resolución emitida por la autoridad de segunda instancia, la única infracción calificada como insubsanable fue la referida al incumplimiento de llevar el registro de control de asistencia, lo cual fue debidamente consignado en la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación de fecha 23 de agosto de 2018, notificada en la misma fecha al sujeto inspeccionado. En cambio, respecto al incumplimiento de registrar al trabajador en planilla electrónica, se emitió medida inspectiva de requerimiento por tratarse de una infracción subsanable, lo cual es plenamente compatible con lo establecido en la Directiva Nº 001-2020- SUNAFIL/INII. Por tanto, carece de sustento el alegato según el cual debió emitirse una constancia de hechos insubsanables respecto de todas las infracciones, siendo evidente que la autoridad actuó conforme a la naturaleza de cada incumplimiento debidamente tipificado.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

En tal sentido, corresponde analizar si en uso de dicha facultad, los inspectores comisionados extendieron la medida inspectiva de requerimiento en consideración al presupuesto principal contenido en el artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, referente a la comprobación de la existencia de infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral al momento de emitir dicho requerimiento. De lo contrario, se estaría incurriendo en una vulneración del principio de legalidad12.

De las actuaciones inspectivas realizadas se evidencia que el inspector comisionado emitió la medida de requerimiento, de fecha 23 de agosto de 2018, con la finalidad de que la impugnante cumpla con acreditar lo siguiente:

En tal sentido, atendiendo a lo antes determinado y lo acreditado por las instancias anteriores, se evidencia que la comisionada emitió la medida inspectiva de requerimiento al amparo de lo previsto en el artículo 14 de la LGIT y 17.2 del RLGIT, resultando la misma razonable. Por lo que, al no tenerse por cumplido lo requerido, ha incurrido en la infracción contenida en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, correspondiendo confirmar la multa impuesta en este extremo.

En cuanto a la alegación de la impugnante referida a la supuesta falta de notificación de la Imputación de Cargos Nº 111-2020-MTPE/1/20.49-IC, cabe señalar que dicho cuestionamiento constituye un argumento reiterativo ya abordado y desvirtuado tanto por la autoridad de primera como de segunda instancia, quienes dejaron constancia de que la notificación se efectuó conforme a los requisitos legales establecidos en el artículo 21 del TUO de la Ley Nº 27444.

En efecto, mediante Cédula de Notificación Nº 14863-2022 E, obrante a folio 19 del expediente sancionador, se cumplió con realizar la notificación bajo puerta luego de que se dejara aviso en la primera visita, diligencia en la que además se consignaron las referencias del domicilio (tipo y color de puerta, color de fachada, número de pisos), que coinciden con el domicilio fiscal registrado por la empresa ante la SUNAT y que no han sido desvirtuadas con prueba idónea por parte de la impugnante. Incluso, como se precisó en segunda instancia, la fotografía presentada por la inspeccionada corresponde a un inmueble distinto (interior 19), lo que confirma que la imputación de cargos fue válidamente notificada el 29 de abril de 2022, surtiendo plenos efectos. Por tanto, el cuestionamiento sobre una supuesta indefensión carece de sustento fáctico y legal, no configurándose ninguna causal de nulidad que invalide los actos del procedimiento.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Subintendencia N° 817-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4, como la Resolución de Intendencia N° 1553-2022-SUNAFIL/ILM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

En tal sentido, no resulta atendible el pedido de nulidad formulado por la impugnante, toda vez que, como ha quedado acreditado, el procedimiento administrativo sancionador se ha desarrollado respetando los principios del debido procedimiento, legalidad y razonabilidad, encontrándose debidamente motivado y habiéndose efectuado válidamente las notificaciones conforme al marco normativo vigente. En consecuencia, no se configura ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 del TUO de la Ley N.º 27444, por lo que corresponde desestimar dicho extremo del recurso y confirmar la validez de la Resolución de Intendencia Nº 1553-2022- SUNAFIL/ILM.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.