R & G Soluciones para el Desarrollo S.A.C — Res. 495-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago integro y oportuno de la remuneración convencional (sueldo y salarios), Gratificaciones y pago de bonificaciones), Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones), y, Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Deposito de CTS) soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración, correspondiente al periodo julio 2018, a favor del extrabajador afectado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, con una multa ascendente a S/. 1,867.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar a favor del extrabajador Wilder Sharon Mejía el pago de la compensación por tiempo de servicios del sexto periodo laborado: noviembre 2017; mayo 2018 y noviembre trunco 2018, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, con una multa ascendente a S/. 1,867.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la gratificación legal del sexto período laborado: julio 2017, diciembre 2017 y julio 2018 a favor del extrabajador afectado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, con una multa ascendente a S/. 1,867.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria del sexto periodo laborado: julio 2017, diciembre 2017 y julio 2018 a favor del extrabajador afectado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, con una multa ascendente a S/. 1,867.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las vacaciones truncas del periodo 2016-2017 y 2017-2018 (trunco), a favor del extrabajador afectado, e decir del sexto periodo laborado del 27 agosto 2016 al 26 de julio 2018, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, con una multa ascendente a S/. 1,867.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con asistir a la diligencia de comparecencia programada para el día 25 de setiembre de 2018 a las 09:00 horas, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, con multa ascendente a S/. 3,195.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectíva de requerimiento de fecha 01 de octubre de 2018, cuya verificación estaba programada para el día 05 de octubre de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, con multa ascendente a S/. 3,195.00.

i. El presente procedimiento administrativo sancionador ha caducado en virtud de lo previsto en el numeral 53.4.2 del artículo 53 del RLGIT, pues desde la fecha del inicio de la fase instructora el 01 de octubre de 2018, a la fecha de la notificación de la Imputación de Cargos el 23 de febrero de 2021, han transcurrido más de nueve meses. ii. El artículo 45 de la LGIT, indica que una vez notificada el Acta de Infracción, el sujeto inspeccionado tiene 15 días hábiles para presentar sus descargos, lo que no ocurrió en el presente caso, pues se ha notificado el Acta de Infracción e Imputación de Cargos, haciendo responsable a la empresa sin haberlos escuchado, vulnerando al debido proceso como principio constitucional, por lo que se deberá declarar la nulidad. iii. En los considerandos 1 al 19 de la resolución apelada, corrobora lo expuesto que se ha festinado plazos y normas de procedimiento obligatorio para todos, asimismo se detalla normas y jurisprudencia inoportuna, además, en el presente caso la empresa no ha negado la condición del trabajador Wilder Sharon, por lo que carece de lugar. iv. En los considerandos 20 al 24 de la resolución apelada, trata lo mismo que el señor Sharon es un trabajador, luego en el considerando 25, indica que la empresa no ha hecho cuestionamiento al Informe Final, lo cual no es exacto. Asimismo, es necesario indicar que se menciona la Orden de Inspección N° 26557-2020, el mismo que no tiene vinculación con la orden N° 4181-2018, que da origen al presente procedimiento.

v. De los considerandos 28 al 39 trata de la prescripción solicitada y acogida, debiendo hacer la precisión que en el considerando 36 de ha cambiado el orden de lo acogido y lo no acogido. vi. Respecto de las infracciones en materia de relaciones laborales, la empresa ha cumplido con el pago de la liquidación, prueba de ello es que el señor Sharon no asistió a las comparecencias y, que el mencionado haya estado renuente a recibir el importe, que luego lo hizo, es un tema no inherente a la empresa, además el pago de CTS, se ha efectuado y, que el Banco no tenga un formulario mejor con el detalle que se quiere pero no expresado por el Inspector escapa del control de la empresa, por otro lado, en los considerandos 40 al 61 señala el detalle de las normas, que la empresa ha cumplido y acreditado. vii. Respecto a las infracciones a la labor inspectiva, la empresa asistió a cada una de las sesiones programadas presentando los escritos correspondientes, por lo que de acuerdo al principio de presunción de licitud, la Sunafil no solo debe encargarse de indicar las presumibles faltas, sino debe demostrar con pruebas la acusación, sustentando su afirmación, los mismos que no han sido detalladas en el Informe Final ni en la resolución apelada, por ejemplo el dicho posterior del extrabajador indicando que no se le pago, el reclamo judicial del mencionado, no hay pruebas y la razón es por se pagó en su oportunidad, en ese sentido, se debe observar el principio de informalismo y legalidad.

i. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició de oficio con la notificación a la inspeccionada del Acta de Infracción N° 1328-2018 y de la Imputación de Cargos N° 625-2019-MTPE/l/20.49-IC de fecha 20 de noviembre de 2019 efectuada el 23 de febrero de 2021, conforme se muestran en la Cédula de Notificación N° 8403- 2021. ii. Asimismo, de la revisión del expediente sancionador se advierte que la autoridad de primera instancia emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 1218-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5 el 17 de noviembre de 2021; cuyo pronunciamiento fue notificado a la inspeccionada el 19 de noviembre de 2021, conforme se evidencia de la Constancia de Notificación Electrónica. iii. En esa línea argumentativa, conforme a la disposición señalada en el considerando 3.1 de la presente resolución, el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador vencía el 23 de noviembre de 2021, siendo ello así, el procedimiento fue resuelto dentro del plazo de nueve meses antes que tenga efectos la caducidad. En consecuencia, corresponde desestimar este extremo del recurso de apelación. iv. Habiendo la inspeccionada ejercido su derecho de defensa mediante los escritos con registros N° 32953-2021 y 38701-2021, presentados dentro del plazo establecido en la imputación de Cargos, los mismos que fueros valorados y merituados por la autoridad instructora mediante el Informe Final, notificada a la inspeccionada el 08 de noviembre de 2021 a través de la Constancia de Notificación Electrónica. En tal sentido, carece de asidero lo alegado por la inspeccionada, en tanto no ha demostrado que se haya lesionado el principio del debido procedimiento, así como tampoco no ha

2 Notificada a la impugnante el 25 de mayo de 2022, véase folio 136 del expediente sancionador.

acreditado que se le haya impedido a la inspeccionada ejercer su derecho de defensa aportando los medios probatorios que considere convenientes. v. En atención a lo señalado en los numerales iii), iv) y v) del recurso de apelación, se aprecia que el inferior en grado ha motivado su decisión de sancionar a la inspeccionada por las infracciones que fueron imputadas en el Acta de Infracción, no sólo en base a las conclusiones arribadas por el personal inspectivo, sino evaluando nuevamente el material probatorio que se tuvo a la vista en la etapa de actuaciones inspectivas y los alegatos presentados. vi. Se debe precisar que, asistir a las diligencias programadas y cumplir con presentar documentación requerida por el personal inspectivo responden al deber de colaboración que en todo momento debe mantener la inspeccionada ante la Inspección del Trabajo; sin embargo, en el caso materia de análisis no sucedió, pues se observa que el personal inspectivo en el décimo primero y décimo segundo de los Hechos Verificados del Acta de Infracción, dejó constancia que la inspeccionada ha incurrido a la labor inspectíva al no haber cumplido con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 01 de octubre de 2018 y, no asistió a la comparecencia notificada para llevarse a cabo el día 25 de setiembre de 2018 a las 09:00 horas, a pesar de encontrarse notificado mediante Requerimiento de Comparecencia de fecha 14 de setiembre de 2018. vii. En el presente caso se ha verificado que la inspeccionada incurrió en la comisión de la infracción a la labor inspectiva, no advirtiendo contradicción alguna respecto de lo resuelto por el inferior en grado por cuanto la inspeccionada no ha demostrado haber cumplido con su obligación en materia de relaciones laborales, ni durante las actuaciones inspectivas ni con la presentación del presente recurso de apelación; en consecuencia, la multa impuesta se encuentra conforme a ley, por todo ello, se desestima lo argumentado en este extremo del recurso de apelación, debido a que no se ha configurado ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 del TUO de la LPAG que invaliden el presente procedimiento sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Del Recurso De Revisión

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE R & G SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 841-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Se deja de lado la primera notificación Nro. 86848-2019 del 06 de diciembre de 2019 mediante la cual a su representada es notificada con la Imputación de Cargos Nro. 625-2019-MTPE/1/20.4. Con la segunda notificación mediante cargo 8403-2021 el 23/02/2021, se deforma por decir lo menos los tramites y los plazos. Desde que por la primera y única vez correcta en que se notificó la Imputación de Cargos, a la fecha de la segunda notificación de esta, han pasado más de 90 días. ii. Es decir, con el actuar de la Autoridad Instructora - Intendencia de Lima, se inaplicado las normas del debido proceso y el plazo de caducidad del procedimiento que les ocupa, señalado en punto 53.4.3 del Decreto Supremo 016-2017-TR Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Periodo donde no hubo suspensiones de plazos por COVID19 o por el traslado del acervo documentarlo dispuesto por la Resolución Ministerial 096-2020-TR que estable Disposiciones Aplicables al Proceso de Transferencia Temporal de Competencias, funciones, personal y acervo documentarlo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana SUNAFIL, se estableció una suspensión de plazos entre el 01 de junio al 22 de Junio del 2020. Situación que lo largo del proceso no ha sido vista o analizada correctamente por la administración, como se puede ver en los puntos mencionados. iii. Aquí un nuevo error de la resolución que no ocupa cuando afirma en el punto. 3.5 3.6 3.7 que han hecho valer su derecho, presentando los descargos mediante escritos 32953-2021 y 38701-2021 es cierto, pero resulta que en el procedimiento administrativo se señala con precisión que efectuada el Acta de Infracción es el momento de hacer los descargos no después del Acta de Imputación, esto festina el procedimiento, pues no ha sido escuchada su representada en su oportunidad, en consecuencia el proveído de fecha 29 de enero de 2021, incumple lo señalado en el artículo 45.c de la Ley General de Inspección del Trabajo, pues prescribe que notificada el Acta de Infracción el sujeto inspeccionado (la empresa recurrente) en un plazo de 15 días hábiles presentará los descargos correspondiente.

iv. Que el debido proceso importa que toda autoridad administrativa se encuentra en la obligación de observar y respetar el contenido del derecho a la tutela procesal efectiva en cada una de las decisiones que adopte dentro de todo procedimiento administrativo, porque la mejor garantía que pueden tener los funcionarios públicos en sus actuaciones se relaciona con el debido proceso que importa un ejercicio razonable de sus facultades, sin que la presunción de veracidad de sus actos pueda afectar a los administrados. Es decir, es necesario que el funcionario tenga empatía con el administrado, no ser un obstáculo para el desarrollo de las empresas. v. Que han cumplido con el pago de la liquidación, prueba de ello es que el señor Sharon no asistió las comparecencias, que el mencionado haya estado renuente a recibir el importe que luego lo hizo es un tema no inherente a la empresa, por lo que es de aplicación el principio de la realidad, es un hecho cierto que el mencionado señor cobro e hizo más en el procedimiento, como poder verse cobro y nunca más asistió a las diligencias programadas. Que el pago de CTS, se ha efectuado, adjunto nueva constancia del pago efectuado al señor Wilder Sharon, con un mejor detalla del depósito por CTS.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización

Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la notificación a la Inspeccionada 6.7. Al respecto, precisamos que si bien obra en el expediente sancionador la cedula N° 0000086848-2019, mediante la cual fue notificada la impugnante el 06 de diciembre de 2019, con la Imputación de Cargos N° 625-2019-MTPE/1/20.49-IC, no obstante, se visualiza que, en dicha cédula, el notificador señalo que dejó la documentación bajo puerta en la segunda visita realizada.

conforme a lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del TUO de la LPAG, con la finalidad de dar cumplimiento al acto de notificación, siendo este último acto desde el cual se contabiliza el plazo del inicio del procedimiento sancionador toda vez que, con esta última la inspeccionada ha procedido a presentar sus descargos, generando convicción plena de que tuvo conocimiento del mismo.

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales

razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”9.

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Imputación de Cargos N° 625-2019- MTPE/1/20.49-IC 23/02/2021 Fin Resolución de Sub Intendencia N° 1218-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5 19/11/2021

9 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

buena administración, tipicidad ni legalidad, por cuanto, la Administración ha procedido respetando el debido procedimiento administrativo y conforme a ley.

Sobre el debido procedimiento y la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente, se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente

establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

instructiva. En ese sentido, corresponde confirmar la infracción impuesta tipificada en el numeral 46.7 del RLGIT, al no haberse acreditado vulneración alguna a las normas citadas por parte de la impugnante.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago de la remuneración, correspondiente al periodo julio 2018, a favor del extrabajador afectado. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar a favor del extrabajador Wilder Sharon Mejía el pago de la compensación por tiempo de servicios del sexto periodo laborado: noviembre 2017; mayo 2018 y noviembre trunco 2018. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la gratificación legal del sexto período laborado: julio 2017, diciembre 2017 y julio 2018 a favor del extrabajador afectado. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la bonificación extraordinaria del sexto periodo laborado: julio 2017, diciembre 2017 y julio 2018 a favor del extrabajador afectado. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de las vacaciones truncas del periodo 2016-2017 y 2017-2018 (trunco), a favor del extrabajador afectado, e decir del sexto periodo laborado del 27 agosto 2016 al 26 de julio 2018. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Labor Inspectiva No cumplir con asistir a la diligencia de comparecencia programada para el día 25 de setiembre de 2018 a las 09:00 horas. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 01 de octubre de 2018, cuya verificación estaba programada para el día 05 de octubre de 2018. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por R & G SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 841-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 23 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 4310-2020- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 841-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a las infracciones a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a R & G SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240522MLA HR:98228-2022