Quimera Holding Group S.A.C — Res. 764-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por tiempo de servicio (Sub materia: Depósito de CTS); Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Seguridad Social (Sub materia: Declaración y pago de la seguridad social); Certificado de trabajo. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

2019; en mérito a la solicitud de actuación inspectiva presentada por la señora Ortega Montes.

i. Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no cumplir con efectuar el pago íntegro de las gratificaciones legales correspondientes a navidad 2016 y fiestas patrias 2017, en perjuicio de la trabajadora Gabriela Ortega Montes, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 5,670.00.

ii. Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no cumplir con efectuar el pago íntegro de la bonificación extraordinaria del 9% correspondiente a las gratificaciones legales de navidad 2016 y fiestas patrias 2017, en perjuicio de la trabajadora Gabriela Ortega Montes, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 5,670.00.

iii. Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no cumplir con efectuar el pago y/o depósito íntegro de la compensación por tiempo de servicio en perjuicio de las trabajadoras: Mercedes Patricia Colque Apaza, por la oportunidad de depósito: noviembre 2018, periodo trunco; Gabriela Ortega Montes, por la oportunidad de depósito: noviembre 2016, mayo 2017, noviembre 2017, mayo 2018 – noviembre 2018, mayo 2019, periodo trunco, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 5,670.00.

iv. Una (01) infracción MUY GRAVE a las relaciones laborales, por no cumplir con efectuar el pago íntegro de la remuneración vacacional en perjuicio de la trabajadora Gabriela Ortega Montes, por el periodo 2015-2016 (periodo 30 días) y 2016-2017 (periodo 03 días), tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 9,450.00.

v. Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no cumplir con efectuar el pago de la indemnización vacacional en perjuicio de la trabajadora Gabriela Ortega

Montes, por el periodo 2015-2016 (periodo 30 días/indemnización) y 2016-2017 (periodo 03 días/indemnización) y 2017-2018 (05 días/indemnización), tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 5,670.00.

vi. Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no cumplir con acreditar el pago de los aportes al sistema privado de pensiones en perjuicio de las trabajadoras: Mercedes Patricia Colque Apaza, por el periodo setiembre 2018 - agosto 2019; Gabriela Ortega Montes, por el periodo abril 2017 - agosto 2019, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 9,450.00.

vii. Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia de comparecencia programada para el 02 de diciembre de 2019, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 9,450.00.

viii. Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificada el 21 de noviembre de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 9,450.00.

i. Respecto al pago de las infracciones laborales, con fecha 9 de febrero de 2021 cumplieron con subsanar dichas omisiones a través de los pagos realizados a favor de ambas trabajadoras conforme se puede corroborar de las liquidaciones de beneficios sociales presentadas, así como los comprobantes de pagos y depósitos realizados: empero indebidamente la administración pretende desconocer dicho pago al señalar que es insuficiente la exhibición de los cheques y transferencias a cuenta realizadas; por lo que, la impugnante ha acreditado los pagos que ha realizado a favor de ambas trabajadoras no existiendo una conducta infractora. ii. Que, en la diligencia de comparecencia programada para el 2 de diciembre de 2019, la impugnante no contaba con los documentos que acrediten haber cumplido con los pagos, sin embargo, considerando la situación económica por la que atravesaba ésta realizaron los pagos pendientes conforme se indicó en el escrito de descargo del 9 de febrero de 2021, anexando las liquidaciones y constancias de pago; por lo tanto, de conformidad al artículo 13.3 dicha infracción deberá ser reducida al 90 % al haber

acreditado la subsanación de las infracciones advertidas antes de la expedición del Acta de Infracción. iii. Que, se ha producido una vulneración del principio del Non bis in ídem, puesto que se pretende sancionar el cumplimiento de lo dispuesto en la medida de requerimiento y asimismo la inasistencia de la comparecencia programada, así la Autoridad Sancionadora determina la comisión de infracciones en un primer momento por no realizar el pago y el segundo por no cumplir con el requerimiento de acreditar el pago y por la no asistencia a la comparecencia de la exhibición de dichos pagos; por lo que, se estaría vulnerando dicho principio ya que se está sancionando dos veces por un mismo hecho, que es no haber cumplido con los beneficios laborales.

i. El Inspector propuso infracciones de diferentes materias en un mismo procedimiento inspectivo apreciándose una identidad de sujeto; no obstante, no se observa una similitud entre los hechos verificados y los consecuentes fundamentos, debido a que la conducta infractora en relaciones laborales detectada resulta el no pago de los beneficios laborales que les correspondía percibir a las dos trabajadoras por los periodos laborados; y la conducta infractora contra la labor inspectiva se deriva del incumplimiento de un requerimiento de la autoridad inspectiva; así se sustenta la propia calidad de cada infracción, correspondiendo una de ellas al incumplimiento de la normativa sociolaboral y la otra a la falta de colaboración con la Inspección del Trabajo; por lo que lo alegado por la impugnante carece de sustento fáctico jurídico. ii. De la documentación aportada por la impugnante se verifican copias de unos cheques y constancia de transferencia, a través de los cuales se coteja el pago de las gratificaciones correspondientes al periodo trunco de diciembre de 2019 de ambas trabajadoras; empero es que queda subsistente el incumplimiento respecto de la trabajadora Gabriela Ortega Montes no habiéndose evidenciado el pago de diciembre de 2016 y julio de 2017, así como también la bonificación extraordinaria del 9 % respecto a los referidos periodos; en consecuencia es que se confirma las infracciones graves en materia de relaciones laborales sancionadas en primera instancia. iii. Tal como no fue establecido en la resolución materia de impugnación, respecto al pago íntegro de la remuneración vacacional y vacaciones truncas se tiene que, de la revisión de los documentos y liquidaciones presentadas por la impugnante se verifica que ésta no acreditó el pago de la remuneración vacacional trunca de la trabajadora Mercedes Colque correspondiente al 2019; así como de Gabriela Ortega el goce y remuneración vacacional del periodo 2015-2016 y 2016-2017. Asimismo, en relación al pago de la indemnización vacacional, la impugnación no acreditó el pago de dicho concepto por a favor de la trabajadora Gabriela Ortega por los periodos comprendidos entre 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018; no presentando ningún medio de prueba que corrobore el efectivo pago de ello, subsistiendo lo sancionado en la resolución de primera instancia. iv. De la documentación y actuaciones obrantes en el expediente inspectivo y sancionador se tiene que la impugnante no cumplió con el pago de los aportes al Sistema Privado de Pensiones, respecto de la trabajadora Mercedes Colque por el

2 Notificada a la impugnante el 16 de junio de 2022, folio 120 del expediente sancionador.

periodo de septiembre 2018 hasta agosto de 2019 y respecto de Gabriela Ortega por el periodo de abril de 2017 a agosto de 2019, pese a la medida inspectiva de requerimiento efectuada, quedando evidenciado el incumplimiento normativo subsistiendo la infracción a la seguridad social sancionada por la resolución apelada. v. Ha quedo manifiestamente acreditado que la impugnante incumplió con su deber de colaboración con la labor inspectiva, al no asistir a la diligencia de comparecencia programada, inasistencia que está tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, no habiéndose probado concurrencia de alguna de causal eximente de responsabilidad. vi. Considerando que quedó acreditada la inobservancia de la obligación de pago de los beneficios sociales a favor de las trabajadoras, es que no resulta convalidable su falta al deber de colaboración con el personal inspectivo frente al incumplimiento de sus obligaciones laborales consignadas en la medida inspectiva de requerimiento, subsistiendo por ende la infracción muy grave a la labor lnspectiva incurrida de conformidad con el numeral 46.7 del artículo 46º del Reglamento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE QUIMERA HOLDING GROUP S.A.C.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

infracciones MUY GRAVES, en materia de relaciones laborales, seguridad social y a la labor inspectiva, respectivamente, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25, numeral 44-B.2 del artículo 44 y numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; es decir, el 17 de junio de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 168-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Se ha sancionado a Quimera Holding Group en materia de relaciones laborales, por no cumplir con lo solicitado en la diligencia de comparecencia de fecha 02 de diciembre de 2019. Nuevamente, se han impuesto sanciones generadas en un mismo hecho, violándose el ordenamiento jurídico al imponer sanciones por un único hecho que es el de no pagar determinados beneficios sociales. ii. No cumplir con el pago de obligaciones laborales y no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, son obligaciones similares, vale decir, consistía en acreditar precisamente el pago de tales obligaciones, en consecuencia, la sanción debió agotarse castigándose únicamente el no haber realizado los pagos de los beneficios. La aplicación de ambas sanciones, cristaliza una violación al principio del Non bis in ídem, al de acumulación de infracciones y, finalmente al de razonabilidad. iii. Pese a que se ha acredita el pago de las obligaciones de las trabajadoras mediante diferentes medios de pago que han sido presentadas en su oportunidad. A pesar de ello, la superintendencia indica nuevamente que la información proporcionada no es clara respecto a los conceptos que están siendo cancelados con el pago. Si la administración tenía dudas con relación a si un determinado medio probatorio cumplía o no con determinados "formalidades comunes", debía cruzar la información, en aplicación del ejercicio de verdad material. iv. La información que acredita los pagos se encuentra en el expediente, no existe conducta infractora, por lo cual, no puede pretenderse desconocerlos por un criterio peculiar respecto de forma, correspondiendo eximir de responsabilidad al administrado, dado que se ha subsanado voluntariamente la omisión imputada con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. En tal sentido, se ha vulnerado el principio de verdad material. v. Falta de motivación de la resolución. La superintendencia no ha expresado las razones fácticas o jurídicas por las cuales en un primer lugar no existe una vulneración al principio non bis in ídem, al de acumulación de infracción o al de razonabilidad y en un segundo lugar porque los medios probatorios presentados no son suficientes para acreditar el pago de los beneficios sociales.

Análisis Del Recurso De Revisión

esta Sala no tiene competencia para pronunciarse, toda vez que, respecto a las mismas, ya se ha agotado la vía administrativa.

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Sobre la infracción vinculada con el descanso vacacional

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

10 Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 17.- Facultades del Tribunal de Fiscalización Laboral Al evaluar el fondo del recurso de revisión, el Tribunal está facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas

misma corresponde a la conducta prevista en el tipo sancionador contenido en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, corresponde adecuar dicha sanción.

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento

11 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.”

dentro de un plazo razonable12, calificándose como una infracción a la labor inspectiva el incumplimiento del mandato dictado por el inspector13.

12 La entonces vigente “Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII – Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva”, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 039-2016-SUNAFIL establecía lo siguiente: Finalización de las Actuaciones Inspectivas (…) 7.7.2 Medidas Inspectivas (…) 7.7.2.7 En caso se verifiquen infracciones insubsanables no se emitirá medida inspectiva de requerimiento, debiendo dejar constancia del carácter insubsanable de la infracción en la respectiva constancia de actuaciones inspectivas y anexos. La calificación de un incumplimiento como insubsanable debe ser notificada al sujeto inspeccionado durante las actuaciones inspectivas de investigación y deben estar sustentadas en la imposibilidad de revertir los efectos del incumplimiento normativo o de la afectación del derecho, sustento que también debe ser consignado en el Acta de Infracción. La directiva actual (Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020- SUNAFIL) consigna los mismos alcances en el numeral 7.14.8” 13 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)” 14 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 15 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

“6.8. Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

16 Folio 127 del expediente inspectivo.

17 “Artículo 46.- Infracciones muy graves a la labor inspectiva Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 46.7 No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. 18 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4.

calificadas como infracciones graves en el acta de infracción, se ha agotado la vía administrativa, esto es, ha causado estado19.

19 Danós Ordoñez, Jorge. “Las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo. Las llamadas resoluciones “que causan estado”. En: Ius et Veritas. Año 9, Nº 16. Lima, junio, 1998, pp. 209- 210, señala que: “(...) acto administrativo que “causa estado” es aquél que agota o pone fin a la vía administrativa porque fija de manera definitiva la voluntad de la Administración, constituye la manifestación final de la acción administrativa respecto de la cual no es posible la interposición de otro recurso impugnativo, (...) por lo que únicamente podría ser objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial. 20 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

Sobre la infracción a la labor inspectiva por inasistencia a la diligencia de comparecencia

21 LGIT, artículo 1. 22 “Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público.”

Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

Sobre la aplicación del principio del Non Bis In Ídem

23 Folio 131 del expediente inspectivo. 24 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen iuris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados.

- Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”25 (énfasis añadido).

a) Identidad de Sujetos: QUIMERA HOLDING GROUP S.A.C.

b) Identidad de Hechos: Al respecto, la impugnante invoca el referido principio, alegando que se impone una doble sanción por las infracciones en materia de relaciones laborales y por no cumplir con lo solicitado en la diligencia de comparecencia de fecha 02 de diciembre de 2019. En principio, se debe tener en cuenta que lo solicitado en dicha diligencia era el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento. En ese entendido, los hechos que se le atribuyeron a la inspeccionada se tratan de dos (02) conductas diferentes, la primera por una infracción a las normas sociolaborales, por no cumplir con el pago de gratificaciones, bonificación extraordinaria, vacaciones y seguridad social; y, la segunda es por la infracción a labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. En ese entendido, se verifica que los comportamientos se fundamentan en hechos diferentes.

25 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

Cabe señalar que, tampoco se puede alegar la vulneración del referido principio por la imputación de las dos infracciones a la labor inspectiva, pues en el caso de la primera se refiere a la inasistencia a la diligencia de comparecencia y la segunda por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento. Es oportuno señalar que, el hecho que ambos actos se ejecuten en la misma fecha no implica la unidad de actos, por lo que cada actuación inspectiva señalada es independiente, pues ante el supuesto de asistencia a la diligencia de comparecencia, no asegura el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, manteniendo el carácter independiente de cada actuación inspectiva y las posibles consecuencias sancionadoras, antes la configuración de dichas infracciones.

c) Identidad de Fundamentos: Las obligaciones cuyo incumplimiento se sancionaron tienen diferentes fundamentos: las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral, tipificadas en los numerales 24.4 y 24.5 del artículo 24 y numeral 44- B.2 del artículo 44 del RLGIT; la inasistencia a la diligencia de comparecencia, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, y el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las

garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional

suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción. Lo propio se advierte del análisis probatorio realizado por las instancias previas y el inspector comisionado, quienes evaluaron los documentos presentados por la impugnante y los alegatos expuestos por la misma.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No cumplir con efectuar el pago íntegro de las gratificaciones legales correspondientes a navidad 2016 y fiestas patrias 2017, en perjuicio de la trabajadora Gabriela Ortega Montes. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Relaciones Laborales No cumplir con efectuar el pago íntegro de la bonificación extraordinaria del 9% correspondiente a las gratificaciones legales de navidad 2016 y fiestas patrias 2017, en perjuicio de la trabajadora Gabriela Ortega Montes. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con efectuar el pago y/o depósito íntegro de la compensación por tiempo de servicio en perjuicio de las trabajadoras: Mercedes Patricia Colque Apaza, por la oportunidad de depósito: noviembre 2018, periodo trunco; Gabriela Ortega Montes, por la oportunidad de depósito: noviembre 2016, mayo 2017, noviembre 2017, mayo 2018 – noviembre 2018, mayo 2019, periodo trunco.

Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Relaciones Laborales No cumplir con efectuar el pago de la indemnización vacacional en perjuicio de la trabajadora Gabriela Ortega Montes, por el periodo 2015- 2016 (periodo días/indemnización) y 2016-2017 (periodo 03 días/indemnización) y 2017-2018 (05 días/indemnización). Así, como no cumplir con efectuar el pago íntegro de la remuneración vacacional en perjuicio de la trabajadora Gabriela Ortega Montes, por el periodo 2015-2016 (periodo 30 días) y 2016-2017 (periodo 03 días). Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Seguridad Social No cumplir con acreditar el pago de los aportes al sistema privado de pensiones en perjuicio de las trabajadoras: Mercedes Patricia Colque Apaza, por el periodo setiembre 2018 - agosto 2019; Gabriela Ortega Montes, por el periodo abril 2017 - agosto 2019. Numeral 44-B.2 del artículo 44 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No asistir a la diligencia de comparecencia programada para el 02 de diciembre de 2019. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificada el 21 de noviembre de 2019. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General,

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar, por mayoría FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por QUIMERA HOLDING GROUP S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 168-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 255-2020-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Intendencia N° 168-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, dejando sin efecto dicha sanción. TERCERO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 168-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en los extremos referentes a las infracciones muy graves, tipificadas en el numeral 44-B.2 del artículo 44, y numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT. CUARTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. QUINTO. - Notificar la presente resolución a QUIMERA HOLDING GROUP S.A.C., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes. SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante, en el extremo de la adecuación de la infracción imputada por cumplir con acreditar el pago íntegro de las remuneraciones vacacionales correspondiente al periodo: i) 2015-2016, en perjuicio de la señora Ortega Montes.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

1. El artículo 25 de la Constitución Política del Perú establece que las vacaciones son el derecho que tiene el trabajador a suspender la prestación de sus servicios durante cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración, cuyo disfrute y compensación

es regulada por ley o convenio. Nótese que, desde la norma constitucional se precisa que este descanso es remunerado.

2. Atendiendo al mandato constitucional referido, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 012-92-TR, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 713 sobre descansos remunerados de trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, prescribe que: “Tienen derecho a descanso vacacional el trabajador que cumpla una jornada ordinaria mínima de cuatro (04) horas, siempre que haya cumplido dentro del año de servicios el récord previsto en el artículo 10 del Decreto Legislativo”.

3. Así, el descanso vacacional implica el otorgamiento de un tiempo al trabajador para que pueda dedicarlo al descanso, recreación, entre otro tipo de actividades distintas al trabajo. La doctrina, ha indicado al respecto que la finalidad del descanso vacacional apunta a facilitar un período de tiempo de descanso para permitir la recuperación física y psíquica del trabajador, como que pueda disfrutar de períodos de ocio y esparcimiento26.

4. De autos se observa que, respecto a la trabajadora Gabriela Ortega Montes, se adquirió el derecho a un descanso vacacional remunerado, el cual no fue gozado ni remunerado oportunamente.

5. Atendiendo a ello, en nuestra opinión la infracción cometida por el administrado, con relación a la señora Ortega Montes, sería la recogida en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y no la contenida en el numeral 24.4 de la misma norma, en razón a que el derecho a las vacaciones, cuando se cumple con el récord vacacional correspondiente y el año de servicios, se encuentra comprendida por dos (02) elementos concurrentes e inescindibles: el goce efectivo del descanso físico y el pago de la remuneración vacacional, los cuales deberían otorgarse en conjunto. Justamente, en el presente caso, observamos que no se ha cumplido con una de estas condiciones, por tanto, este incumplimiento por parte de la impugnante se subsumiría en el mencionado tipo infractor muy grave.

6. Consideramos ello, dado que la finalidad de la norma que regula este beneficio social es justamente contemplar que ambos conceptos (pago y descanso) conforman un solo derecho. Justamente, creemos que por esa razón, por ejemplo, el artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 713 dispone que la remuneración vacacional será abonada al trabajador antes del inicio del descanso, lo cual es reafirmado por el artículo 19 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 713 (Decreto Supremo Nº 012-092-TR).

26 Cfr. Gorelli Juan (2014). “Elementos delimitadores del derecho a vacaciones”. Themis (65), p. 61.

7. En la misma línea, es pertinente mencionar que el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 713 indica que el empleador está obligado a hacer constar expresamente en el libro de planillas, la fecha del descanso vacacional, y el pago de la remuneración correspondiente, como si se trataran de dos aspectos que tienen que cumplirse en simultáneo para configurar el otorgamiento íntegro de este derecho. Cómo se aprecia, entonces, todos estos preceptos manifiestan que el goce del descanso vacacional, tendría que estar acompañado del pago de la remuneración correspondiente (remuneración vacacional).

8. En este orden de ideas, creemos también que cuando los artículos 10 y 17 Decreto Legislativo Nº 713, referidos al fraccionamiento y adelanto de vacaciones, respectivamente, permiten estas situaciones especiales, no solo habilitan que los descansos correspondientes sean otorgados, sin estar acompañados del pago de la remuneración vacacional. En ese sentido, tanto el fraccionamiento de las vacaciones como el adelanto de las mismas, tienen que estar vinculados con el pago remunerativo correspondiente.

9. En virtud a lo expuesto, consideramos que el goce del descanso vacacional se encuentra ligado inescindiblemente al pago de la remuneración vacacional, lo cual significa que ambos derechos están íntimamente unidos, siendo de esta manera inevitable su otorgamiento en conjunto, y por ende, contrario a la normativa de la materia, su dación por separado.

10. Resumiendo, en mi opinión, ha quedado acreditado que la impugnante incurrió en la infracción muy grave en materia de relaciones laborales prevista en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, en perjuicio de la señora Gabriela Ortega Montes.

11. Cabe señalar que, respecto a las infracciones muy graves tipificadas en el numeral 44- B.2 del artículo 44 y numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT, el suscrito comparte los fundamentos desarrollas en mayoría, en la presente resolución.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare INFUNDADO y se confirme la Resolución de Intendencia N° 168-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en los extremos referentes a las infracciones tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25, numeral 44-B.2 del artículo 44 y numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230809CEC