Quimera Holding Group S.A.C — Res. 186-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Remuneraciones (Sub materias: Gratificaciones y Pago de Bonificaciones); Seguridad social (Sub materia: Declaración y pago de la seguridad social) y, Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS). 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft Erwin FAU 20555195444 soft 08:58:26-0500

de información notificado el día 27 de noviembre de 2020 y por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada el día 17 de diciembre de 2020; como consecuencia de la denuncia interpuesta por el extrabajador Alejandro Miguel Callata Espinoza.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago integro de la gratificación correspondiente al periodo trunco, en favor del extrabajador Alejandro Miguel Callata Espinoza, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria de la gratificación correspondiente al periodo trunco, en favor del extrabajador Alejandro Miguel Callata Espinoza, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios correspondiente al periodo trunco, en favor del extrabajador Alejandro Miguel Callata Espinoza, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro del descanso vacacional correspondiente al periodo trunco, en favor del extrabajador Alejandro Miguel Callata Espinoza, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada el día 17 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Respecto al incumplimiento por el no pago íntegro del descanso vacacional correspondiente al período trunco del referido extrabajador, advierte que, de los cheques exhibidos por su parte, se demuestra el pago correspondiente a la liquidación del extrabajador, ya que evidencia la concordancia exacta del importe depositado con la liquidación, previa precisión que los diversos pagos de beneficios sociales y liquidaciones que figuran allí, indica que se estaba pagando con anterioridad al extrabajador, al figurar una liquidación anterior entregada al mismo, donde se indica el concepto e importe exacto. Asimismo, niega que estos medios de prueba no tengan el detalle exacto del concepto, pues, en los documentos entregados, se encuentran constancias bancarias, lo cual constituye una operación financiera cuya fecha es cierta e interviene un tercero que verifica la operación.

ii. Respecto a los beneficios sociales cuyo adeudo se señaló y cuyas infracciones se tipificaron como graves; así como, respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el día 17 de diciembre de 2020, indica que, mediante los descargos de fecha 3 de marzo y 22 de junio de 2021, las omisiones de dichas infracciones habían sido subsanadas, lo cual se acreditaba con la liquidación de beneficios sociales de fecha 31 de agosto de 2019, la cual se encuentra debidamente firmada por el extrabajador dando su conformidad y entrega, cuyo pago fue acreditado con los documentos sustentatorios que han sido ofrecidos oportunamente. 1.5 Mediante Resolución de Intendencia N° 100-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 25 de marzo de 20222, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

i. Sostiene que la autoridad sancionadora ha cumplido con pronunciarse de forma razonada, suficiente y congruente, como resultado del análisis del expediente, considerando lo establecido en el Informe Final y los argumentos de defensa practicados en tanto no desvirtuaron las conductas infractoras imputadas, por lo cual, para la Intendencia, se ha cumplido con las garantías correspondientes a toda investigación inspectiva y procedimiento sancionador.

ii. Por otro lado, como consecuencia del establecimiento del vínculo laboral del extrabajador con la impugnante por el periodo del 23 de noviembre de 2018 al 31 de agosto de 2019, el inspector ordenó que la impugnante cumpla con el pago de los beneficios sociales adeudados y señalados previamente.

2 Notificada a la impugnante el 28 de marzo de 2022, véase folio 64 del expediente sancionador.

Así, respecto al argumento que habría cumplido con el pago completo de la liquidación del extrabajador, la Intendencia aprecia que, de los medios de prueba presentados, entre ellos dos cheques girados a nombre del extrabajador, los mismos no contaban con el cargo de recepción correspondiente por parte de éste, situación que no demuestra el cumplimiento de la obligación, al no tomar conocimiento el extrabajador de dicho título de valor girado.

Respecto a otro de los medios de prueba presentados, esto es tres supuestos comprobantes de pago denominada “consulta de pagos masivos” de fechas 24 de diciembre de 2019 , 26 de noviembre y 30 de diciembre de 2020, siendo presuntos abonos por medio de los cuales se daría cumplimiento a las obligaciones señaladas, los mismos no cumplen con las formalidades comunes que presentan los comprobantes de pago o de las operaciones bancarias efectuadas, no existe el registro o documento a través del cual se determine fehacientemente la declaración de desembolso por parte del extrabajador; así como, el hecho que datarían de fechas con un año posterior a la supuesta liquidación efectuada, pretendiéndose aducir que estos abonos correspondían a los beneficios sociales adeudados al extrabajador, lo cual no resulta convalidable, puesto que en dichos documentos no se señala expresamente a que concepto corresponden, no generando la certeza a que ellos pertenezcan a lo adeudado.

iii. Por último, respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, considera que quedó acreditado la inobservancia de la obligación de pago de los beneficios sociales, por lo que ratifica su falta al deber de colaboración con el personal inspectivo. 1.6 Con fecha 18 de abril de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 100-2022- SUNAFIL/IRE-AQP.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente. 3.2 Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal. 3.3 El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8. 3.4 En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional9. 3.5 En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas. 3.6 En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14. 9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE QUIMERA HOLDING GROUP S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 100-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Respecto al extremo resuelto por la resolución impugnada, referente a que los dos cheques girados a nombre del extrabajador no contaban con el cargo de recepción correspondiente por parte de éste, la impugnante refiere que, en las copias de los documentos denominados “Póliza de egresos” de fecha 10 de marzo y 19 de marzo de 2021, se consigna claramente, en el costado derecho inferior, la conformidad del extrabajador, indicando su nombre, DNI, fecha y firma, lo cual es sustento suficiente para acreditar que el cheque fue entregado y recibido por el extrabajador.

Por tanto, sostiene una violación al derecho de prueba, que forma parte del debido proceso, en la medida que la prueba ofrecida por su parte no ha sido racionalmente merituada.

ii. Respecto al medio de prueba “tres comprobantes de pago denominada “consulta de pagos masivos” de fechas 24 de diciembre de 2019, 26 de noviembre y 30 de diciembre de 2020”, los cuales, en la resolución impugnada se alegó que no cumplía con las formalidades comunes que presentan los comprobantes de pago o de las operaciones bancarias efectuadas, la impugnante refiere que los documentos denominados pagos masivos son documentos extraídos directamente de la plataforma digital del Banco, por lo cual, no es posible adicionar datos o modificar la información que se indica, ya que este es un resumen real de las transferencias realizadas desde la cuenta de la empresa.

Asimismo, refiere, por un lado, que las instancias inferiores no le indiciaron cuáles son esas formalidades comunes, pese a haberlo solicitado y, por otro lado, que, en caso la Administración tuviese dudas con relación a que un medio de prueba cumplía o no con dichas formalidades comunes, debía cruzar la información, en aplicación del principio de verdad material.

iii. Respecto al extremo resuelto en la resolución impugnada, esto es que los comprobantes de pago datan de fechas con un año posterior a la supuesta liquidación efectuada, la impugnante refiere que, en efecto, la fecha de pago sí se realizó en un periodo posterior al de la fecha de liquidación, sin embargo, no constituye un motivo para que las instancias previas presuman la existencia de otra obligación pendiente de pago con el extrabajador, por lo cual identifican una vulneración al deber de motivación que tiene la Administración Pública.

iv. Respecto a la conclusión que arriba la Sub Intendencia con relación a que no se ha acreditado el pago de beneficios sociales al extrabajador, trae a colación la Resolución de Superintendencia N° 016-2020-SUNAFIL, la cual refiere que “el pago de las obligaciones laborales económicas se acredita con cualquier medio probatorio”. Efectivamente, ello se ha demostrado con el pago de las constancias de pagos masivos y los cheques, por lo que si a las instancias previas no le hubiese quedado claro, hubiera puesto en práctica sus atribuciones conforme al principio de verdad material.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis agregado).

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto” (subrayado añadido).

11 “TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 12 Guzmán Napurí, C. (2017). Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, p. 348.

“el derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3), de la Constitución Política del Perú. [Sin embargo, su ejercicio no es absoluto, por cuanto] se encuentra sujeto a determinados principios, como son que su ejercicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia naturaleza del derecho”.

Sobre el pago de las vacaciones

13 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo II, Lima: Grijley, 405.

trabajo. Por lo que, en consideración a ello, el trabajador que cumpla con una jornada completa tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, con la finalidad de reponerse del desgaste sufrido.

Figura 1

Figura 2

14 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA: “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”.

procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. Asimismo, la institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo y la regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por QUIMERA HOLDING GROUP S.A.C. y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 716-2021-SUNAFIL/IRE- ARE/SIRE, de fecha 29 de noviembre de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la

Intendencia Regional de Arequipa, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 136-2021- SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 716-2021-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución a QUIMERA HOLDING GROUP S.A.C., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes. CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Arequipa y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.44 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230222MLA