Q & C Soluciones Informaticas S.A.C — Res. 1380-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de SST (Sub materia: Comité (o supervisor) de SST); Estándares de higiene ocupacional (Sub materia: Comedor-Vestuario-Servicios higiénicos); Estándares de seguridad (Sub materia: Protección colectiva); Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo); Condiciones de seguridad: En lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones seguridad); Condiciones de seguridad: En lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Avisos y señales de seguridad); Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materia: Cobertura en invalidez – sepelio); Identificación de peligros y evaluación de riesgos – IPER (Sub materia: Prevención de riesgos); Instalaciones de trabajo (Sub materia: Protección de zanjas y excavaciones: entibaciones, calzaduras, apuntalamientos, muros pantalla y taludes); Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); y Formación e información sobre SST (Sub materia: Incluye todas).

a las actuaciones inspectivas realizadas, como consecuencia del “Operativo de fiscalización Perú rural seguridad y salud en el trabajo construcción Lima diciembre 2021”.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no cumplir con acreditar contar con un Supervisor de SST, de conformidad con la normativa vigente, tipificada en el numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,070.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no cumplir con acreditar estándares de higiene ocupacional en relación a comedor y vestuarios, de conformidad con la normativa vigente, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,070.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no cumplir con acreditar la materia Equipos de protección personal, de conformidad con la normativa vigente, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 644.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no cumplir con acreditar contar con un Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID19 en el trabajo, de conformidad con la normativa vigente, tipificada en el numeral 27.7 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,070.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no cumplir con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, vinculada a no efectuar la identificación de los peligros y evaluación de riesgos (IPER), tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,070.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento debidamente notificada, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/3,128.00.

i. Al momento de efectuar el cálculo del monto de la multa se incumplió con lo dispuesto en artículo 48.1-A del RLGIT, publicado el 29 de octubre de 2006, que establece la atenuante de reducción al 50% para las micro y pequeñas empresas, por lo cual el monto de multa debió ascender a S/ 6,026.00; por lo tanto, se debe declara la nulidad de la Resolución emitida por la Subintendencia de Sanción.

i. Realizado el estudio correspondiente, se determina que, tanto el acta de infracción como la resolución impugnada han tomado en cuenta y precisado que la Inspeccionada se encuentra registrado en la REMYPE como microempresa, evidenciándose que se ha respetado lo establecido en el punto 48.1-A del artículo 48 del RLGIT, toda vez que, conforme al cuadro de multas contenido en el punto 48.1 del artículo 48 del RLGIT, lo descrito se encuentra en concordancia con lo previsto en el artículo 38 de la LGIT, por lo tanto el cálculo de la multa está en función a los criterios generales para la graduación de multa que son: gravedad de la falta cometida, número de trabajadores afectados, y, tipo de empresa. En ese contexto, se debe precisar que, las multas impuestas ya incluyen la reducción al 50%, por lo que no corresponde volver a aplicar la reducción a un 50%, como erradamente lo interpreta la Inspeccionada.

2 Notificada a la impugnante el 15 de septiembre de 2023.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y Finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE Q & C SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 15 de septiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 160-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando los siguientes alegatos:

i. El 03 de junio de 2022, antes de la notificación de la Imputación de cargos, se cumplió con informar a la autoridad inspectiva de trabajo, la correcta implementación de los casilleros para el bienestar de los trabajadores. ii. Se cumplió con entregar los registros de entrega de equipos de protección personal hasta la fecha 16 de diciembre de 2021, y en el caso de los trabajadores afectados Willy López y Alberto Herrera, se debe verificar que estos ya no contaban con vínculo laboral a la fecha 16 de diciembre de 2021. iii. Respecto a la matriz de Identificación de Peligros y riesgos denominado IPERC, en el formato EXCEL se determinaron criterios de probabilidad y severidad, asimismo, en la pestaña denominada IPERC, se cumplió con señalar la frecuencia de exposición, indicando la evaluación del riesgo, cumpliendo con lo señalado en el artículo 77 del Supremo Nro.005-2012-TR, reglamento de la Ley Nro. 29783 y con lo establecido en el artículo 20° del Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo para el Sector Construcción aprobado por Decreto Supremo N.º 011-2019-TR, que precisa: El empleador define la metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de Controles, en función a las características de la obra, dimensión peligros y riesgos. iv. Sobre la elección del Supervisor de seguridad y salud en el trabajo, señala que la contratista designada por la Municipalidad distrital de Santa María y ejecutora del proyecto: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA REAL, AV. LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA PROVINCIA DE HUAURA – DEPARTAMENTO LIMA” , en el CONCORCIO REAL; del cual, una de las empresas que conforman esta alianza es su representada, subcontrata a la empresa NEGOCIOS MYG SERVICIOS GENERALES, para brindar el servicio de construcción de infraestructura urbana, estando todos bajo el amparo y lineamiento de CONSORCIO REAL. En ese

contexto, según lo dispuesto del literal b) y e) del artículo 5° del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción aprobado por Decreto Supremo N.º 011-2019-TR, fue correcta la elección del comité de SST. v. Se ha emitido una medida inspectiva de requerimiento, otorgando un plazo irrazonable de seis (06) días hábiles. vi. Las sanciones contravienen lo establecido en el inciso 3 del artículo 248, incurriendo en la causal de nulidad del inciso 1° del artículo 10; del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Asimismo, la Inspeccionada solicita que toda notificación de actuación inspectiva se realice a su correo electrónico.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Sobre la notificación por casilla electrónica 6.4. Al respecto, el numeral 20.1.2 del inciso 20.1 del artículo 20 del TUO de la LPAG10, reconoce como modalidades válidas de notificación a las realizadas a través del

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.” 10 TUO de la LPAG, “Artículo 20. Modalidades de notificación 20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación: (…) 20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.”

telegrama, correo certificado, telefax o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.

11 TUO de la LPAG, “Artículo 20. Modalidades de notificación 20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1. (…) La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. 12 Decreto Supremo N° 003-2020-TR, Artículo 1. 13 Decreto Supremo N° 003-2020-TR, Artículo 2.

Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería”. (énfasis es añadido).

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido). 6.10. El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido). 6.11. En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 271-2023-SUNAFIL/IRE-LIM/SISA, como la Resolución de Intendencia N°160-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

14 TUO de la LPAG: Artículo 6: Motivación del acto administrativo (…) “6.3 No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta

de este Tribunal sobre los hechos o aplicación del derecho del caso en revisión, no implica que se haya producido la afectación al debido procedimiento de la impugnante.

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento 6.17. En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado” (énfasis agregado). 15 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.” 16 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)”

sancionador17. En aquellos casos en los que el inspector tiene conocimiento de la insubsanabilidad de la conducta o de la imposibilidad del sujeto inspeccionado de cumplirla, su emisión -a consideración de esta Sala- atenta contra el Principio de Razonabilidad18.

“Quinto.- Que, de la revisión de la documentación remitida, el sujeto inspeccionado remitió el documento tipo PDF denominado “Proceso de elección del CSST” en el cual exhibe la convocatoria de fecha 14/12/2021, 4 cartas de presentación de candidatura y lista de candidatos inscritos), al respecto con la presentación de dicha documentación el sujeto inspeccionado no acredita el Proceso de Elección de los representantes e instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo de ser el caso, el cual debe llevarse a cabo mediante votación secreta y directa.

Por lo que la inspeccionada deberá:

• Acreditar con sustento idóneo haber realizado el proceso de elección e instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme se establece en la normativa vigente, remitiendo documentación como: acta de convocatoria al proceso de elección, acta del inicio del proceso de votación, acta de conclusión del proceso de votación, acta del proceso de elección de los representantes titulares y suplentes, acta de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. (enfasis nuestro)

Hecho que afecta los trabajadores consignados en la tabla N°1. (…)

17 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 18 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

IV. REQUERIMIENTO:

En consecuencia y en uso de las facultades atribuidas por el articulo 5 numeradas 5.3 y 5.4 de la Ley N.º 28806 Ley General de Inspección del Trabajo y los artículos 18 y 20 del Reglamento aprobado por Derecho Supremo N.º 019-20006-TR se procede a efectuar el siguiente REQUERIMIENTO:

PRIMERO. - SE REQUIERE al sujeto inspeccionado identificado en el encabezamiento para que proceda a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo señaladas líneas arriba lo que se entiende sin perjuicio de la posible extensión de Acta de Infracción; en consecuencia, DEBERÁ realizar las siguientes acciones:

1. RESPECTO A LA MATERIA “COMITÉ (O SUPERVISOR) DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”: El sujeto inspeccionado deberá acreditar lo solicitado en el punto QUINTO de los HECHOS VERIFICADOS. (…)”

Otorgando para dicho efecto, un plazo máximo de seis (06) días hábiles para la adopción de las medidas requeridas, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

“De la verificación de la Medida inspectiva de requerimiento el sujeto inspeccionado remitió los documentos denominados:

a) “Convocatoria al proceso de elecciones de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo del CONSORCIO REAL por el periodo 2021 – 2022” (documento de fecha 14/12/2021) b) “Cartas presentando la candidatura para ser representante titular o suplente de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo de la empresa CONSORCIO REAL por el periodo 2021 – 2022”; de Jhonathan Miguel Solis, Miguel Arce Urbina, Henry Leonardo Toledo y Luisa Ramirez Trujillo (documentos de fecha 17/12/2021). c) “Lista de candidatos inscritos para ser elegidos como representante titulares o suplentes de los trabajadores ante el comité se seguridad y salud en el trabajo de la empresa CONSORCIO REAL por el periodo 2021 – 2022” (documento de fecha 20/12/2021). d) “Acta del proceso de elecciones de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo de la empresa CONSORCIO REAL por el periodo 2021 – 2022” (documento de fecha 23/12/2021). e) “Acta de instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo” (Acta N°1-2021-CSST, de fecha 30/12/2021). f) “Informe 001- CR-SGSST-CSST-JLPP”, de fecha 17/01/2022; donde indica que: (…) parte del grupo de colaboradores ya no se encuentran laborando actualmente en obra; por lo que se sugiere iniciar con un proceso electivo para elegir un nuevo comité de seguridad y salud en el trabajo” y Memorándum N°001 - SGSST-CSST-AMSP, de fecha 17/01/2022; donde indica que: (…) se le solicita se inicie el proceso para elegir a los nuevos representantes del comité se seguridad y salud en el trabajo (…) g) Convocatoria al proceso de elecciones de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo del CONSORCIO REAL por el periodo 2022” (documento de fecha 18/12/2021). h) “Cartas presentando la candidatura para ser representante titular o suplente de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo de la empresa CONSORCIO

REAL por el periodo 2021 – 2022”; de Quiche Ramirez José Jhonathan, Suparo Campos María Natividad, Ruiz Zevallos Oswaldo, Solis Paredes Miguel Jonathan (documentos de fecha 22/12/2021). i) “Lista de candidatos inscritos para ser elegidos como representante titulares o suplentes de los trabajadores ante el comité se seguridad y salud en el trabajo de la empresa CONSORCIO REAL por el periodo 2022” (documento de fecha 24 de enero de 2021).

“6.8. Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT,19 pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

19 “Artículo 46.- Infracciones muy graves a la labor inspectiva Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 46.7 No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. 20 Danós Ordoñez, Jorge. “Las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo. Las llamadas resoluciones “que causan estado”. En: Ius et Veritas. Año 9, Nº 16. Lima, junio, 1998, pp. 209- 210, señala que: “(...) acto administrativo que “causa estado” es aquél que agota o pone fin a la vía administrativa porque fija de manera definitiva la voluntad de la Administración, constituye la manifestación final de la acción administrativa respecto de la cual no es posible la interposición de otro recurso impugnativo, (...) por lo que únicamente podría ser objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial. 21 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización.

de requerimiento, resulta de vital importancia que se compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, cumpliendo con la aplicación del principio de legalidad. Pues conforme se advierte de los fundamentos de la misma, determinaron que la impugnante no cumplió con las obligaciones en materias de SST identificadas en la medida de requerimiento, comprobando la configuración de dichas infracciones.

“6.14 El Tribunal de Fiscalización Laboral recuerda que la aplicación del principio de razonabilidad es vinculante para la actuación de los servidores a cargo de la fiscalización. En ese sentido, de decidirse proceder en un caso con una medida de requerimiento, debe tenerse un análisis concreto ante casos complejos, donde existan diversos comportamientos que sean objeto de la misma medida. Así, es importante recordar a todos los órganos y servidores del Sistema de Inspección del Trabajo que, dentro de una medida de requerimiento, el inspector podría solicitar al sujeto inspeccionado la acreditación cabal del cumplimiento de ciertas reglas objeto de supervisión dentro de la normativa sociolaboral y seguridad y salud en el trabajo, siendo exigible que, ex ante, se establezcan plazos razonables para su ejecución por parte del empleador; o bien que, ex post la Administración del Trabajo valore lo lapsos distinguibles para cumplir con las medidas de requerimiento que comprendan a varios comportamientos exigidos al empleador.”

El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

y la R.M. N° 245-2021-TR, “Procedimiento para la elección de los/las representantes de los/las trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Normas de las que se desprenden los procedimientos y los plazos para las acciones requeridas, permitiendo verificar que el plazo otorgado por los comisionados no permitiría la subsanación de la infracción advertida, no resultando razonable el plazo otorgado.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con acreditar contar con un Supervisor de SST en la obra de construcción, de conformidad con la normativa vigente. Numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con acreditar estándares de higiene ocupacional en relación a comedor y vestuarios, de conformidad con la normativa vigente. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con acreditar la entrega de equipos de protección personal a sus trabajadores. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con acreditar contar con un Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID19 en el trabajo, de conformidad con la normativa vigente. Numeral 27.7 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con acreditar las obligaciones relacionadas a la Identificación de Peligros y evaluación de riesgos – IPER. Numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por Q & C SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 160-2023- SUNAFIL/IRE-LIM, de fecha 13 de setiembre de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Lima, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 417-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante la Resolución de Subintendencia N° 271-2023-SUNAFIL/IRE-LIM/SISA, de fecha 05 de julio de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 160-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia CUARTO. - Notificar la presente resolución a Q & C SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C., y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251007PHAT - HR 182400-2023