Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provias… — Res. 890-2026

Mediante Orden de Inspección N° 0000001298-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 693-2022-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante, la LGIT).

Que, mediante Imputación de Cargos N° 231-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificada al procurador público el 13 de julio de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral Bianca FAU 20555195444 soft 19:23:11-0500

del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 663-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificado al procurador público el 07 de septiembre de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1199-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada al procurador público el 26 de enero de 2024, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 05 de febrero de 2024, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1199-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP.

Mediante Resolución de Intendencia N° 103-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, notificada al procurador público el 18 de marzo de 2024, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 10 de abril de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 103-2024- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, los mismos que fueron recibidos el 03 de mayo de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo3 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 103-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.1 del artículo 25 del RLGIT, y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 19 de marzo de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante insta una presunta vulneración al debido procedimiento relacionado a su derecho a la debida motivación. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento administrativo se manifiesta en la necesidad de garantizar a las partes todos los derechos y garantías asociadas al procedimiento sancionador, de acuerdo con lo regulado en el numeral 1.2 del artículo IV. Principios del Procedimiento Administrativo del TUO de la LPAG, el principio del debido procedimiento implica que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo más no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 1199-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, como la Resolución de Intendencia N° 103-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, así como, no se advierte vulneración genérica por ausencia de motivación. Por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo, debiendo ser desestimados; sin perjuicio de examinarse la motivación específica respecto de cada reproche administrativo, calificados como infracciones muy graves.

Por tales razones, no corresponde amparar los argumentos expuestos en este extremo del recurso de revisión.

Al respecto, el último párrafo del artículo 24 de la Constitución Política dispone que “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.”.

Asimismo, el artículo 6° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR (en adelante, la LPCL), establece que: “Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable para efecto de cálculo de los

Dicho ello, se precisa que la Remuneración Mínima Vital (en adelante, la RMV), al 30 de abril de 2022 ascendió a S/ 930.00, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2018-TR. Sin embargo, la misma pasó de S/ 930.00 a S/ 1,025.00 de conformidad con lo señalado en el Decreto Supremo N° 003-2022-TR, el cual entró en vigencia el 1 de mayo de 2022. Asimismo, debe entenderse que el concepto de RMV supone la garantía de un monto mínimo percibido por el trabajador como retribución por sus servicios, el cual no puede ser fijada por debajo del monto mínimo establecido por el Estado. (énfasis añadido)

Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo tipifica, en el numeral 25.1 del artículo 25, la conducta referida a “No pagar la remuneración mínima correspondiente” como una infracción muy grave en materia de relaciones laborales.

Que, del numeral 4.7, 4.8 y 4.9 de los hechos constatados del Acta de Infracción, se advierte que el inspector comisionado dejó constancia que el entonces sujeto inspeccionado no acreditó el pago de la RMV señalando lo siguiente:

Que, en el plazo otorgado, EL INSPECCIONADO presentó un escrito en el que expresa el motivo por el cual no ha efectuado reintegro de pago de las remuneraciones de los trabajadores en reajuste al incremento de la RMV, teniendo como sustento el Informe 1052-2022-EF/53.04 de fecha 10/05/2022 emitido por l Dirección de gestión de personal activo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los RRHH del Ministerio de Economía y Finanzas que concluye:

En relación con los alegatos planteados en su recurso de revisión, la impugnante sostiene que el incremento de la RMV dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 003-2022-TR no resultaba aplicable a los trabajadores sujetos al régimen laboral privado que prestan servicios en entidades públicas, por cuanto el artículo 6 de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, prohíbe el reajuste o incremento de los ingresos del personal del sector público. Asimismo, cuestiona que las instancias

Sobre el particular, corresponde señalar que la controversia planteada por la impugnante no radica en determinar si la entidad podía, por decisión propia, otorgar un incremento remunerativo a su personal, supuesto expresamente restringido por la Ley N° 31365, sino en establecer si el incremento de la RMV fijado mediante una norma de alcance general y obligatorio resultaba exigible respecto de trabajadores comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada. En tal sentido, la solución de la controversia debe efectuarse a partir del régimen jurídico específico que regula la RMV, el cual comprende el artículo 24 de la Constitución Política del Perú, las normas que regulan dicho derecho mínimo y el Decreto Supremo N° 003-2022-TR, sin perder de vista el alcance propio de las disposiciones presupuestales invocadas por la impugnante. (énfasis añadido)

En esa línea, no se advierte incompatibilidad entre el artículo 6 de la Ley N° 31365 y el Decreto Supremo N° 003-2022-TR, pues ambas disposiciones regulan supuestos jurídicos distintos. Mientras la primera restringe que las entidades públicas otorguen, por iniciativa propia y sin habilitación normativa, reajustes o incrementos remunerativos a su personal, la segunda fija el monto de la RMV aplicable a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. En consecuencia, la prohibición presupuestal no puede entenderse como una autorización para incumplir el pago de un derecho mínimo establecido por una norma de alcance general y obligatorio, pues ello vaciaría de contenido el mandato previsto en el último párrafo del artículo 24 de la Constitución. (énfasis añadido)

El Decreto Supremo N° 003-2022-TR fue expedido en ejercicio de la competencia atribuida al Estado por el último párrafo del artículo 24 de la Constitución Política para regular las remuneraciones mínimas, fijando a partir del 1 de mayo de 2022 el monto de la RMV aplicable a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. En tal condición, constituye una norma jurídica de carácter general y obligatorio, cuya observancia resulta exigible para todos los empleadores comprendidos dentro de su ámbito de aplicación. En consecuencia, sus efectos jurídicos no pueden ser restringidos ni condicionados mediante criterios administrativos o interpretaciones que carezcan de sustento en el propio ordenamiento jurídico. (énfasis añadido)

La RMV constituye el umbral mínimo de protección remunerativa fijado por el Estado para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. En tal condición, su observancia no puede quedar condicionada a criterios administrativos o presupuestales que conduzcan al pago de una remuneración inferior al mínimo legal. (énfasis añadido)

En ese contexto, los informes técnicos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad contienen criterios administrativos respecto del alcance de la normativa presupuestal; sin embargo, carecen de fuerza normativa para modificar, suspender o restringir los efectos jurídicos del Decreto Supremo N° 003-2022-TR, el cual se encontraba plenamente vigente durante el período materia de fiscalización. En tal sentido, dichos informes no resultan idóneos para desvirtuar la obligación legal de garantizar el pago de, cuando menos, la RMV fijada por el Estado. (énfasis añadido)

En ese contexto, la actuación de la autoridad inspectiva y de las instancias sancionadoras se limitó a aplicar el régimen jurídico vigente que regula la RMV y a verificar

Del mismo modo, no se advierte vulneración del deber de motivación ni del derecho de defensa. De la revisión de las resoluciones emitidas en ambas instancias administrativas se verifica que la posición jurídica asumida por la impugnante fue expresamente analizada, examinándose los alcances de la Ley N° 31365, del Decreto Supremo N° 003- 2022-TR y de los informes técnicos invocados por la impugnante. En ese sentido, el desacuerdo de la impugnante con la conclusión jurídica alcanzada por la Administración no evidencia, por sí mismo, una motivación insuficiente ni una afectación al debido procedimiento administrativo.

Ahora bien, de los hechos constatados en el Acta de Infracción se encuentra acreditado que durante los meses de mayo y junio de 2022 la impugnante no efectuó el pago de la RMV vigente a los diez trabajadores comprendidos en la inspección, manteniendo remuneraciones inferiores al monto mínimo establecido por el Decreto Supremo N° 003- 2022-TR. Asimismo, se verificó que la propia entidad aplicó la nueva RMV para efectos del cálculo de la asignación familiar, circunstancia que evidencia el reconocimiento de la vigencia del Decreto Supremo N° 003-2022-TR para el cálculo de la asignación familiar, sin que exista justificación objetiva para excluir su aplicación respecto de la remuneración mínima. (énfasis añadido)

En consecuencia, al haberse acreditado el incumplimiento del pago de la RMV y no haberse desvirtuado los hechos constatados por la inspección mediante medios probatorios idóneos, corresponde concluir que se configuró la infracción muy grave prevista en el numeral 25.1 del artículo 25 del RLGIT. Los argumentos desarrollados por la impugnante parten de la premisa de que la restricción presupuestal prevista en la Ley N° 31365 autoriza el pago de remuneraciones inferiores a la RMV cuando el empleador es una entidad pública; sin embargo, dicha premisa no resulta compatible con el régimen

Al respecto, es de precisar que, el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, señala que los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. En concordancia, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

En tal sentido, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, establece que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, pudiendo comprender, siempre que se funden en el incumplimiento de la normativa vigente, la obligación de registrar en planillas a los trabajadores afectados, abonar remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, entre otras acciones correctivas.

En la misma línea, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2 que “Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización.” (énfasis añadido).

En consecuencia, de las normas citadas se desprende que la medida inspectiva de requerimiento tiene naturaleza jurídica eminentemente correctiva, orientada a revertir los efectos de la conducta infractora detectada antes del inicio del procedimiento sancionador. Por ello, su cumplimiento constituye un deber jurídico exigible, cuyo incumplimiento configura infracción a la labor inspectiva sancionable conforme al artículo 36 de la LGIT y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En el caso concreto, de la revisión de las actuaciones inspectivas se evidencia que, la medida inspectiva de requerimiento emitida el 13 de julio de 2022, ordenó a la recurrente que cumpla, en un plazo máximo de ocho (08) días hábiles, con la adopción de las siguientes medidas:

Asimismo, de la lectura de los ítems 4.18 del apartado IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, se advierte que el inspector interviniente dejó constancia que la impugnante no cumplió con la medida de requerimiento, lo que constituyó una infracción pasible de sanción.

Ahora bien, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante la Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano y aplicable al caso concreto, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben realizarse bajo los siguientes aspectos:

Asimismo, corresponde traer a colación lo dispuesto en el precedente administrativo de observancia obligatoria, contenido en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023- SUNAFIL/TFL, referido a los elementos de la medida de requerimiento, a través del cual se señaló:

En atención a lo señalado y conforme a los precedentes de observancia obligatoria previamente citados, corresponde que el análisis de la medida inspectiva de requerimiento, emitida en el presente caso, se oriente a verificar si esta fue dictada con estricta observancia de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, evaluando si cuenta con un sustento fáctico y jurídico suficiente. Asimismo, resulta necesario determinar si dicha medida delimita, de manera clara y precisa, su ámbito subjetivo y objetivo, identificando correctamente al sujeto obligado, la conducta exigida y las condiciones para su cumplimiento. De igual modo, debe analizarse si la medida guarda coherencia con la verificación previa de una infracción y si su contenido resulta idóneo y necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de relaciones laborales.

De la verificación realizada a la medida inspectiva de requerimiento se advierte que, ésta cumple con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, al haber sido emitida en el marco de las actuaciones inspectivas originadas por la Orden de Inspección N° 0000001298-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, y en concordancia con los hallazgos verificados durante la etapa inspectiva y consolidadas en el Acta de Infracción correspondiente.

En consecuencia, el personal inspectivo ha aplicado correctamente lo dispuesto en el artículo 14° de la LGIT y en el numeral 17.2 del artículo 17° del RLGIT, los cuales señalan que para la extensión de una medida inspectiva de requerimiento resulta de vital importancia, la verificación de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral. Tal supuesto se ha configurado en el presente caso, toda vez que, durante la fase inspectiva, se llevó a cabo una actuación probatoria adecuada, orientada a que la Administración Pública acredite fundadamente la existencia de la infracción imputada

Es pertinente precisar que, el cumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento exige la atención integral, oportuna y conforme a los términos expresamente establecidos por la autoridad inspectiva. Dado su carácter coercitivo, dicha medida impone la obligación de acatar en su totalidad el mandato contenido en ella, cumpliendo con cada extremo dentro del plazo señalado, sin que sea válido el cumplimiento fragmentario o condicionado a interpretaciones unilaterales del administrado. 6.38. Conforme a lo anteriormente descrito, debe mantenerse la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 de artículo 46° del RLGIT, desestimándose todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo, dado que, el administrado tenía el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva. Por ende, al no evidenciarse una vulneración en la emisión de la medida inspectiva de requerimiento que transgreda lo dispuesto por el artículo 14° de la LGIT y en el numeral 17.2 del artículo 17° del RLGIT, corresponde confirmar la infracción tipificada y no acoger el recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuan- tía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.