Proseguridad S.A — Res. 644-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Jornada y horario de trabajo; horas extras; descanso semanal obligatorio); Remuneraciones (Sub materia: Pago de remuneración; Gratificaciones). soft 20555195444 soft 20555195444 soft

la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar la información y documentación solicitada en fecha 22 de marzo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

i. En ninguno de los requerimientos de documentación, el inspector a cargo hizo apercibimiento de multa en caso no se cumpla con presentar la documentación requerida. ii. La SUNAFIL no ha observado el principio de impulso de oficio ni el de presunción de licitud que rige la LPAG. iii. En ningún momento se les informó que, faltaba documentación, sino que automáticamente se resolvió multarlos sin informarles de la documentación que faltaba. iv. Mediante Resolución N° 134-2019-SUNAFIL, de 23 de abril de 2019, se aplica el beneficio de reducción del 90% establecido en el numeral 17.3 del Artículo 17 del RLGIT, cuando se trate de las sanciones por infracciones a la labor inspectiva en caso no se adviertan otras infracciones y/o se hubieran subsanado las mismas. v. La resolución de Sub Intendencia carece de la debida motivación.

i. No se ajusta a la verdad el argumento esgrimido por el sujeto inspeccionado, pues el inspector comisionado si cumplió debidamente con advertirle al sujeto inspeccionado que, en caso de no cumplir con proporcionar la información requerida sería sancionado con una multa. ii. De la revisión de los actuados, que, el inspector comisionado le ha requerido al sujeto inspeccionado, información y/o documentación específica sobre dos trabajadores. Sin embargo, este último no ha cumplido con proporcionar la información requerida, y por ello es que se le sanciona con una multa.

2 Notificada a la impugnante el 06 de diciembre de 2021, véase folio 61 del expediente sancionador.

iii. No se logra advertir que el sujeto inspeccionado haya proporcionado íntegramente la información requerida por el inspector en su oportunidad. Por ende, no se habría vulnerado los principios de impulso de oficio y de presunción de licitud. iv. Es de advertir la Constancia de Notificación Electrónica, de fecha 26 de mayo de 2021, donde se adjunta el Acta de Infracción y la Imputación de Cargos, donde el sujeto inspeccionado fue informado de la documentación faltante y la infracción incurrida. v. No se advierte del recurso impugnatorio de apelación, en qué extremo de la resolución impugnada se ha vulnerado el Principio de Predictibilidad, se hace citas de carácter doctrinario, en forma general, sin embargo, no señala en forma específica el error de hecho o de derecho en que ha incurrido el inferior en grado para vulnerar el principio referido. vi. Los argumentos esbozados por el sujeto inspeccionado no han desvirtuado las infracciones en la cual ha incurrido, por encontrarse resguardo por el Principio de Legalidad.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PROSEGURIDAD S.A.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 28 de diciembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 033-2021-SUNAFIL/IRE-APU, señalando los siguientes alegatos:

i. El inspector carecía de competencia cuando se emitió el acta de infracción. De la revisión de expediente administrativo, se podrá apreciar que se ha vulnerado lo señalado en el reglamento toda vez que no se han iniciado las actuaciones dentro del plazo exigido de 10 días hábiles. Siendo que la primera de ellas se da recién con la primera visita inspectiva al centro de trabajo, esto es el 17 de mayo de 2019, fuera del plazo legal, lo que evidencia que cuando se iniciaron las actuaciones, el inspector ya no tenía competencia para ello. Al haberse vencido el plazo, todas las actuaciones posteriores, incluida la emisión del acta de infracción, carecían de validez habida cuenta que el inspector estaba actuando fuera del plazo otorgado por la ley. ii. La Intendencia Regional de Apurímac nunca nos indicó que la documentación presentada estaba incompleta. La cuestión de multa es porque no se habría presentado la documentación de forma íntegra, no que nunca se presentó la documentación. Es decir, la inspectora al recibir la documentación en PDF nunca informó que estaba incompleta o faltaba alguna página adicional para que procedan a completar, sino que automáticamente la inspectora resolvió imponer la multa, lo que además viola el principio de licitud y de impulso de oficio.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el inicio de las actuaciones inspectivas

i. Con fecha 23 de febrero de 2021, se emitió la Orden de Inspección N° 167-2021- SUNAFIL/IRE-APU, designando como inspector a cargo de las actuaciones al señor Nilton Durand Torres.

ii. A folios 58 del expediente inspectivo obra la “Constancia de actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 08 de marzo de 2021, por medio de la cual el comisionado deja constancia del inicio de las actuaciones inspectivas, realizando la comprobación de datos en las páginas web de SUNAT, REMYPE y planilla electrónica, obteniendo la información de la impugnante.

Sobre el requerimiento de información

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

10 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…). 11 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”.

cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”12.

i. A folio 59 se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 22 de marzo de 2021, notificado el 23 de marzo de 2021 a la casilla electrónica de la impugnante; otorgando el plazo máximo de cuatro (04) días hábiles, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación: i) Registro de control de asistencia del mes de abril 2018 a julio 2020 de los trabajadores German Rolando Apaza Salazar y Mario Osorio Supa, destacados en la oficina de enlace de la OEFA de Cotabambas – Apurímac; ii) Boletas de pago de remuneraciones del mes de abril 2018 a julio 2020 de los trabajadores German Rolando Apaza Salazar y Mario Osorio Supa destacados en la oficina de enlace de la OEFA de Cotabambas – Apurímac; iii) Boletas de pago de gratificaciones legales por fiestas patrias y navidad desde el 2018 al 2020 de los trabajadores German Rolando Apaza Salazar y Mario Osorio Supa destacados en la oficina de enlace de la OEFA de Cotabambas – Apurímac; iv) Contratos de servicios suscritos con el OEFA que permite el destaque de los trabajadores en la oficina de enlace Cotabambas – Apurímac; v) Informar por escrito la jornada y horario de trabajo que cumplían los trabajadores German Rolando Apaza Salazar y Mario Osorio Supa destacados en la oficina de enlace de la OEFA de Cotabambas – Apurímac; vi) Acreditar el pago de horas extras y el descanso semanal del mes de abril 2018 a julio 2020 de los trabajadores German Rolando Apaza Salazar y Mario Osorio Supa destacados en la oficina de enlace de la OEFA de Cotabambas – Apurímac.

ii. A folio 192 del expediente inspectivo se verifica la “Constancia de actuaciones inspectivas de investigación” de fecha 30 de marzo de 2021, por medio de la cual se deja constancia de la siguiente documentación remitida por la impugnante: i) Carta de fecha 29 de marzo de 2021, suscrita por el apoderado Hugo Buendía; ii) Poder especial por escritura pública de fecha 10 de noviembre de 2017, otorgada por Proseguridad a favor, entre otros, del apoderado Danny Hugo Buendía; iii) Contrato N° 003-2018-OEFA de fecha 23 de enero de 2018, por la Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Oficinas Desconcentradas y Oficinas de enlace del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA suscrito con el sujeto inspeccionado; iv) Contrato complementario al Contrato N° 003-2018-OEFA, de fecha 24 de enero de 2020, por la Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Desconcentradas y Oficinas de Enlace del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA suscrito con el sujeto inspeccionado; v) Boletas de pago de remuneraciones de los periodos julio 2018 a octubre 2019 del trabajador Germán Rolando Apaza Salazar; vi) Boletas de pago de remuneraciones de los

12 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 13 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

periodos mayo 2018 a junio 2020 del trabajador Mario Osario Supa; vii) Reporte de Consulta de Estado de Procesos-Planillas del Scotiabank y BCP relacionada al pago de remuneraciones y beneficios sociales de Germán Rolando Apaza Salazar.

iii. Conforme se verifica de los numerales 4.3 y 4.4 del acta de infracción, el inspector comisionado dejó constancia que la impugnante no cumplió con remitir el registro de control de asistencia del periodo abril 2018 a julio 2020 de los trabajadores German Rolando Apaza Salazar y Mario Osario Supa, los cuales se encontraban destacados en la Oficina de Enlace del Organismo de Fiscalización Ambiental (OEFA) de Cotabambas- Apurímac, pese a contar con dicho documento, tal y como verifico el comisionado, señalando al respecto: “Que es indubitable que el referido registro de control de asistencia si fue implementado por el empleador en el centro de trabajo, ya que de la lectura del Informe No. 00024 y 00025-2020-OEFA/ODES-APU-OEN-COT, de fecha 22 de junio de 2020, emitido por Nelson Anaya Bellido, Responsable de la Oficina de Enlace de Cotabambas-Apurímac, señala en ambos informes en el numeral 2.1 De la Ejecución del Servicio, que el servicio de seguridad y vigilancia de la Oficina de Enlace Cotabambas cuenta con el cuaderno o libro de ingreso y salida del personal interno de la oficina desconcentrada o enlace, forrado con logo del OEFA y foliado”.

iv. Asimismo, en el numeral 4.5 del mismo documento señala que: “la renuencia del empleador de proporcionar el registro de control de asistencia de los trabajadores German Rolando Apaza Salazar y Mario Osorio Supa, impide que el suscrito pueda determinar si efectivamente las aseveraciones vertidas en ambos informes por el señor Nelson Anaya Bellido, funcionario de la OEFA, relacionados a que los agentes han realizado 2 turnos continuos los días 2 y 3; 9 y 10; 16 y 17; y, 23 de abril de 2020 y 24 de abril; 30 de abril y 1 de mayo; 7 y 8; 14 y 15; 21 y 22 de mayo del 2020 (19:00 a 19.00), se encuentran dentro del marco legal laboral, ya que no debemos olvidar que con el referido registro de control de asistencia puedo establecer objetivamente la jornada y el número de horas laboradas en cada turno por cada agente, y también determinar el número de horas extras presuntamente laboradas y si es que fueron canceladas por el empleador; en consecuencia, el no haber aportado el registro de control de asistencia del periodo abril 2018 a julio de 2020 de ambos trabajadores, constituye una infracción por obstrucción a labor inspectiva (…)”.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

14 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I. 14va. Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2019, p. 246.

administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material15.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva La negativa de facilitar la información y documentación solicitada en fecha 22 de marzo de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

15 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PROSEGURIDAD S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 033-2021-SUNAFIL/IRE-APU, emitida por la Intendencia Regional de Apurímac, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 117-2021-SUNAFIL/IRE-APU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 033-2021-SUNAFIL/IRE-APU, en todos sus extremos. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a PROSEGURIDAD S.A., y a la Intendencia Regional de Apurímac, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Apurímac.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente