Proseguridad S.A — Res. 1431-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Submaterias: Registro trabajadores y otros en la planilla, y Alta, Modificación y Baja en el T-Registro); Desnaturalización de la relación laboral (Submateria : Incluye todas); Registro de control de asistencia (Submateria : Incluye todas); Contratos de trabajo (Submateria : Formalidades); y, Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Submateria : Jornada y horario de trabajo). relación laboral y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por la desnaturalización de contratos de trabajo; tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/12,098.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/12,098.00. 1.4 Con fecha 09 de mayo de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 068-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-PAS, argumentando lo siguiente:

i. Que, la SUNAFIL no tiene competencia para declarar la desnaturalización de contratos, dado que esta facultad es única y exclusiva del juez competente en la materia, conforme lo dispuesto por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. ii. Que, el inciso d) del artículo 77° del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, exige una carga probatoria al trabajador respecto de la simulación o fraude de los contratos. Su aplicación a nivel inspectivo, requería que se solicitara a los trabajadores el esfuerzo probatorio correspondiente, al no haberse cumplido con ello, la conducta imputada no coincide con la norma supuestamente infringida, vulnerándose el principio de tipicidad, por lo que la multa debe ser dejada sin efecto. iii. Que, la resolución es nula por cuanto transgrede el derecho constitucional a obtener una decisión debidamente motivada, más aún al no haberse sustentado la falta de actuación probatoria a cargo de los trabajadores; y, asimismo, porque trasgrede el principio de legalidad y tipicidad.

i. Que, en el contrato de trabajo celebrado con el trabajador Edinso Chicoma , si bien se ha consignado como causa objetiva la necesidad de mercado, al realizar la verificación el inspector comisionado, no se ha demostrado con medio de prueba alguno cuál era el incremento coyuntural de la producción que no podía ser satisfecho con el personal permanente de la empresa. ii. Que, respecto de los trabajadores Jorge Choquehuanca y Eduardo Ingaruca, se señala como causa objetiva de contratación el incremento de actividades por las locaciones de servicios con sus clientes, sin embargo, no existe documento idóneo que sustente el incremento de actividad. iii. Que, al no demostrarse la causal las contrataciones se han utilizado con el propósito de esconder que los trabajadores realizaban actividades de naturaleza permanente, incurriéndose en el supuesto de desnaturalización previsto en el literal d) del artículo 77° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, determinando la existencia de una relación laboral de naturaleza indeterminado. iv. Que, la ley ha otorgado a SUNAFIL la facultad para verificar el cumplimiento de la normativa laboral, lo que incluye verificar la desnaturalización de los contratos de trabajo. v. Que, dentro del procedimiento inspectivo, es el inspector comisionado quien dirige la investigación o comprobación de datos, no requiriendo solicitud de documentos al trabajador, más aún si se considera que es el empleador quien se encuentra en mejor posición de contar con la documentación vinculada a la relación laboral. La carga de la prueba no la tiene el trabajador, sino los inspectores actuantes. vi. Que, no se ha fundamento cual es el error inducido por la Administración para la aplicación de la eximente de responsabilidad del literal e) del artículo 257° del TUO de la LPAG. vii. Que, sobre la vulneración a la debida motivación, se verifica que esta no existe, como tampoco la vulneración al principio de tipicidad al haberse

2 Notificada a la impugnante el 24 de julio de 2023. 3 Mediante Resolución de Gerencia General, de fecha 23 de junio de 2023, se acepta la abstención solicitada por el Intedente Regional de Pasco mediante el Informe-000045-2023-SUNAFIL/IRE-PAS, de fecha 19 de junio del 2023, designando a la Intendencia Regional de Huánuco como la autoridad encargada de emitir pronunciamiento en segunda instancia administrativa. determinado que la cara probatoria en el procedimiento inspectivo no es de los trabajadores denunciantes sino del inspector. viii. Que, la medida inspectiva de requerimiento de fecha 23 de junio de 2022, la inspeccionada no cumplió con la misma dentro del plazo de tres días hábiles otorgado, presentando únicamente un escrito de fecha 23 de junio de 2023, con el cual se señala que existe error al considerar que todos sus trabajadores deben estar sujetos a contratos a plazo indeterminado, lo que implica que no ha cumplido ningún extremo de la medida de requerimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 3.3 El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias9.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PROSEGURIDAD S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de agosto de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 092-2023-SUNAFIL/IRE-HUA, señalando los siguientes alegatos:

i. Que, el plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento fue muy corto considerando la cantidad de trabajadores con los que cuenta, vulnerándose el plazo razonable, con la intención de imponer la multa.

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

ii. Que, asimismo, se ha vulnerado el principio de debida motivación pues se impone las sanciones sin mayor argumento ni sustento, planteando razones muy escuetas y que no sustentan las infracciones.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la desnaturalización del contrato de trabajo

“En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece. También puede celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna”.

“Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral” (énfasis añadido).

6.7De igual manera el artículo 73, respecto a los requisitos formales, señala que:

“(…) La Autoridad Administrativa de Trabajo puede ordenar la verificación posterior de la veracidad de los datos consignados en la copia a que se refiere el párrafo precedente, a efectos de lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 77, sin perjuicio de la multa que se puede imponer al empleador por el incumplimiento incurrido” (énfasis añadido).

6.8Asimismo, el literal d) del artículo 77, establece que:

“Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada: a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo permitido; b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida la obra materia de contrato, sin haberse operado renovación; c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuare laborando; d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley” (énfasis añadido).

“6.29 Debe tenerse en cuenta que, considerando el tenor de las normas antes citadas, en el régimen laboral peruano resulta factible la celebración amplia de contratos modales de diferente naturaleza, siendo necesario que en cada supuesto se encuentre plenamente determinada la causa objetiva, que justifique su celebración. Sin embargo, si el inicio de la relación laboral se realizó al amparo de un contrato modal en el que no se haya especificado —o no se ha explicado suficiente ni adecuadamente la causa objetiva que justifique dicha contratación— aquella tendrá naturaleza indeterminada, por lo que, los contratos modales celebrados con posterioridad y de manera continua (renovaciones, prórrogas, adendas o similares), que sí especifiquen una causa objetiva, no podrán cambiar la naturaleza indeterminada de la relación laboral ya existente.

El contrato temporal por inicio de una nueva actividad es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador originados por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su duración máxima es de tres años.

Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa.

“La única respuesta posible, asumiendo que el legislador ha actuado guardando un mínimo de coherencia con el principio de causalidad que él mismo ha proclamado, sería la de entender que a través de este contrato ha pretendido atender a lo que un sector de la doctrina consideró en su momento “una nueva dimensión” de dicho principio, cuyo fundamento se hallaría no tanto en la naturaleza temporal de las labores, sino más bien en la incertidumbre que suele acompañar el inicio de una nueva actividad empresarial. Este factor de incertidumbre sería el que justificaría que las primeras contrataciones sean temporales, a fin de facilitar su extinción en caso de fracaso de esta. (…) llevada hasta sus últimas consecuencias, la definición que se aporta es capaz de permitir que prácticamente todo nuevo puesto de trabajo que se cree, al estar vinculado en línea de principio a un incremento de las actividades de la empresa, pueda ser cubierto por personal temporal. (…) Para ello, la única vía aceptable sería la de estimar, pese a los obstáculos literales que puedan oponerse, que la celebración de este contrato se justifica solo cuando se trate de actividades que tengan una duración, si bien no necesariamente limitada en el tiempo, al menos incierta (…)

Obviamente la materialización de este requisito exigiría el cumplimiento de al menos tres condiciones. En primer lugar, la existencia de una efectiva ampliación de las actividades a las que se dedica la empresa, con exclusión de los supuestos de mera introducción de cambios en los procesos o líneas de producción ya existentes. En segundo lugar, dicha ampliación deberá suponer la introducción de un elemento innovador, dotado de un nivel no habitual de riesgo o incertidumbre en cuanto a su aceptación en el mercado, sin que sea suficiente, en consecuencia, el inicio o la continuación de una actividad ya experimentada cuya rentabilidad ha podido ser comprobada previamente o no es dudosa. Finalmente, dado que lo requerido es la contratación de nuevo personal, es evidente que la empresa que va a desarrollar la actividad habrá de ser una de nueva creación o una ya existente, pero que con su personal habitual no está en condiciones de llevarla a cabo.” (énfasis agregado).

“Octavo. Es importante destacar que, según la doctrina autorizada, no es prohibido que el incremento de las actividades de la empresa se realice por propia voluntad de esta, y no por factores exógenos o coyunturales; como sí ocurre, por ejemplo, en el contrato de necesidad de mercado; en ese sentido, dicho aspecto no resulta cuestionable, sino que, más bien, lo que dicha doctrina exige para efectos de justificar la temporalidad de este tipo de contratación de incremento por actividad es la incertidumbre que

10 Sanguineti Raymond, Wilfredo. Los contratos de trabajo de duración determinada. Gaceta Jurídica. Revista Soluciones Laborales. Pág. 30-33.

genere dicho incremento a razón de que la actividad no tiene una rentabilidad comprobada” (énfasis agregado).

“DÉCIMO TERCERO. Sin embargo, el incremento de actividades ya existentes en la empresa (último supuesto del artículo 57 de la LPCL), no puede ni debe ser interpretado como el incremento ordinario de la producción originado en la variación regular de la demanda, sino que debe tratarse de un incremento temporal o transitorio, de lo contrario se vacía de contenido el artículo 22 de la Constitución y el principio de causalidad, que además tiene desarrollo en el artículo 53 de la LPCL.

En efecto, el artículo 57 de la LPCL no puede ser interpretado en el sentido que la creación de todo nuevo puesto de trabajo, en tanto supone un incremento de actividades, justifica la celebración de este contrato modal, pues una interpretación de dicha naturaleza supondría abrir una puerta de elusión al régimen de contratación causal establecido por el legislador y desarrollado por el Tribunal Constitucional a lo largo de su jurisprudencia, en virtud al cual la contratación modal es excepcional, siendo la regla general la contratación a plazo indeterminado.

DÉCIMO CUARTO. La conclusión que precede sobre la correcta interpretación del último supuesto del artículo 57 de la LPCL, se sustenta no solo en una interpretación conforme a la Constitución2, que tiene basamento constitucional en el artículo 138 de la Carta Magna, sino también en una interpretación teleológica y sistemática.

Así pues, el contrato modal por inicio o incremento de actividad tiene por finalidad promover la actividad empresarial en el país, habilitando la contratación de personal a plazo fijo ante la incertidumbre de si la nueva empresa o la nueva actividad de la empresa ya existente, va a prosperar en el mercado. Esto es, en esencia, el objeto de contratación de esta modalidad; por lo que, el incremento de actividades ya existentes en la misma empresa originada en el incremento regular u ordinario de la demanda, no se encuentra dentro de dicho objeto, pues en tales casos no existe ese riesgo o incertidumbre que es el común denominador en los demás supuestos del artículo 57 de la LPCL.

En tal virtud, el incremento ordinario, constante y/o progresivo de la demanda que amerita la generación de nuevos puestos de trabajo para cubrir tal variación, no justifica la celebración de un contrato modal por inicio o incremento de actividad.” (énfasis añadido)

“El contrato temporal por necesidades del mercado es aquel que se celebra entre un empleador y un trabajador con el objeto de atender incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con personal permanente. Este puede ser renovado sucesivamente hasta el término máximo establecido en el Artículo 74 de la presente Ley

En los contratos temporales por necesidades del mercado, deberá constar la causa objetiva que justifique la contratación temporal.

Dicha causa objetiva deberá sustentarse en un incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva, con exclusión de las variaciones de carácter cíclico o de temporada que se producen en algunas actividades productivas de carácter estacional.”

“DÉCIMO TERCERO. De acuerdo con el artículo 58 del TUO de la LPCL, el contrato por necesidad del mercado tiene por objeto atender incrementos coyunturales de la actividad productiva, originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado.

Con relación a la causa objetiva del contrato por necesidades del mercado, el citado artículo precisa que el incremento de la actividad productiva debe ser de naturaleza temporal e imprevisible, por lo que se excluyen las variaciones o incrementos de carácter cíclico o de temporada que se producen en algunas actividades productivas de carácter estacional. De este modo, se habilita la contratación temporal de trabajadores para que realicen labores ordinarias que forman parte de la actividad normal de la empresa, cuando – debido al incremento sustancial e imprevisible de la demanda – dichas labores no pueden ser satisfechas con el personal permanente.

Entonces, se advierte que para el legislador solo se justifica la contratación temporal bajo dicha modalidad, cuando el incremento de la demanda es coyuntural, temporal e imprevisible y cuando este incremento no puede ser cubierto con el personal estable de la empresa. Es decir, la sola variación de la demanda no justifica la contratación modal, a menos que se trate de una variación sustancial, empero sobretodo temporal e imprevisible. Y es que, conforme señala la Doctrina, la necesidad debe ser meramente transitoria pero sustancial debido a la elevación imprevista y significativa de la demanda del servicio o de los bienes que produce el empleador, la cual, no puede ser atendida con el personal permanente de este último11.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente Nº 03072- 2016- PA/TC ha ratificado que el incremento de la actividad empresarial, objeto del contrato por necesidades del mercado, “debe ser coyuntural – es decir, extraordinario – y, en segundo lugar, imprevisible” (fundamento 11). A ello, se debe agregar que este incremento extraordinario e inesperado en la demanda, no pueda ser cubierto con el personal estable de la empresa, surgiendo la necesidad impostergable de captar nuevo personal.” (énfasis añadido)

11 Sanguineti Raymond, Wilfredo. Los contratos de trabajo de duración determinada. Gaceta Jurídica. Revista Soluciones Laborales. Pág. 39-40. 6.22 Frente al marco normativo expuesto anteriormente, de la revisión de los actuados, se advierte que la infracción del numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, se sustenta en la desnaturalización de la contratación modal ejercida respecto de cuatro trabajadores de la inspeccionada, respecto de los cuales en el numeral 4.7.3 del Acta de Infracción, el inspector comisionado, dejo constancia de lo siguiente:

Figura N° 01: Respecto del trabajador Marcial Yalico Figura N° 02: Respecto del trabajador Edinso Chicoma

Figura N° 03: Respecto de los trabajadores Jorge Choquehuanca y Eduardo Ingaruca 6.23 De este modo, primero, con relación a los trabajadores Marcial Yalico y Edinso Chicoma, cuya contratación responde al artículo 58° de la LPCL, contrato a plazo fijo por necesidad de mercado, se observa que la causa objetiva descrita en las cláusulas primera y segunda del contrato de trabajo, si bien hace referencia a los elementos que configuran la necesidad de mercado conforme, esto es, el “incremento coyuntural e imprevisible de la demanda en el mercado que no es posible de ser cubierta con el personal habitual de la empresa”, no efectúa una descripción detallada y demostrativa que especifique cuál es el incremento coyuntural del mercado en concreto ni por qué es imprevisible y no puede ser atendido por el personal habitual. El que se enuncie que el motivo consiste en las “necesidades apreciadas en el mercado de locales públicos”, es insuficiente pues no permite juzgar si se trata de una circunstancia exógena a la inspeccionada, que responda a un evento específico del mercado, que además sea sustancial e imprevisible.

Sobre la infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura N° 04 : Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

12 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”13, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

13 RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

Sobre el principio de debido procedimiento y la debida motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

14 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

15 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

se verifica que se han absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción, cumpliendo sobre todo con motivar la relación causal entre los incumplimientos detectados, conforme al precedente contemplado en la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales Por la desnaturalización de contratos de trabajo debido a que no se acredito los contratos de trabajo a modalidad. Numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva Por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 23 de junio de 2022. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PROSEGURIDAD S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 092-2023-SUNAFIL/IRE-HUA, de fecha 13 de julio de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Huánuco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 032-2023-SUNAFIL/IRE- PAS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 092-2023-SUNAFIL/IRE-HUA, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a PROSEGURIDAD S.A., y a la Intendencia Regional de Pasco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251015RDTN - HR 158614-2023