Promotora Interamericana Servicios S.A — Res. 665-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la Remuneración). soft 20555195444 soft 20555195444 soft

del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no presentar la información solicitada para el día 17 de febrero de 2021 a horas 10:00, a través del correo institucional de la inspectora comisionada, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no presentar la información solicitada para el día 26 de febrero de 2021 a horas 10:00, a través del correo institucional de la inspectora comisionada, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Ha cumplido con remitir la información solicitada en la oportunidad debida. ii. De la Imputación de Cargos se observa que vulnera su Derecho al Debido Proceso- Motivación y a su Derecho de Defensa. iii. No se ha tenido en consideración que en todos los requerimientos se apoyó directamente al Inspector, por lo que solicitan utilizar el Principio de Razonabilidad al momento de emitir las sanciones.

i. Se verifica que PISERSA no cumplió con remitir la totalidad de la documentación requerida por el Inspector comisionado a través de los Requerimientos de Información de fechas 11 y 22 de febrero del 2021, incumplimiento que ha sido analizado por el inferior en grado, tal como lo ha señalado en los considerandos décimo primero al décimo segundo de la resolución cuestionada y que este Despacho toma como válidos y hace suyos. ii. Se verifica que PISERSA ha sido notificada mediante casilla electrónica, con la Imputación de Cargos e Informe Final de Instrucción, los días 28 de junio y 24 de setiembre del 2021 respectivamente, según se verifica mediante las constancias de notificación electrónica que obran a fojas 10 y 18 de autos; sin embargo, no

2 Notificada a la impugnante el 09 de diciembre de 2021, véase folio 45 del expediente sancionador.

presentó sus descargos en el plazo otorgado para dicho fin. Por otro lado, el numeral II de la Imputación de Cargos desarrolla las infracciones a labor inspectiva cometidas por la administrada, indicando la conducta omisiva y la consecuencia de dicho incumplimiento. iii. Las infracciones al incumplimiento de los Requerimientos de Información de fechas 11 y 22 de febrero del 2021, constituyen Infracciones independientes, al estar referidas a actuaciones inspectivas distintas, lo cual implica que no se está sancionando dos veces por un mismo hecho, sino que se han verificado dos infracciones tipificadas en el mismo numeral 46.3 del artículo 46° del Reglamento de la Ley, relativas a dos actuaciones inspectivas realizadas en distintas fechas, no vulnerándose en el presente caso el principio non bis ídem. iv. El monto de la multa impuesta por la autoridad de primera instancia se ha determinado con estricta observancia al Principio de Razonabilidad y de Proporcionalidad. v. No se evidencia la afectación a algún tipo de derecho, ni mucho menos existe un apartamiento de la normativa legal, puesto que todo el procedimiento está regulado de acuerdo a los dispositivos legales vigentes; por lo que al haberse acreditado en el Acta de Infracción y en la Resolución de Sub Intendencia, así como los argumentos que se desarrollaron en los considerandos precedentes, y no habiendo otros argumentos respecto a las infracciones a la labor inspectiva en relación al no cumplimiento de los requerimientos de información de fechas 11 y 22 de febrero del 2021, se toma como válidos los argumentos expuestos por la Sub Intendencia de Resolución.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover,

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PROMOTORA INTERAMERICANA SERVICIOS S.A.

comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 10 de diciembre de 2021.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de diciembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 104-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del artículo 139, incisos 3 y 5, de la Constitución Política del Perú. De la revisión de la Resolución de Intendencia, en muchos considerandos solo menciona artículos y normas sin conectarlos con los hechos en cuestión; asimismo, copia varios párrafos de lo señalado en la Resolución de Subintendencia; por tanto, se demuestra que no se está motivando dichos alegatos, debido a que, la debida motivación no se trata de enumerar normas legales o de copiar párrafos de la Resolución de Sub intendencia. ii. De la revisión de la Imputación de Cargos, se observa que vulnera el Derecho al Debido Proceso- Motivación y a nuestro Derecho de Defensa, debido a que no existe una relación concreta de la imputación con los hechos suscitados en el presente proceso, debido a que siempre actuó de manera óptima para el apoyo a la labor inspectora. iii. Es Importante recalcar que, al no señalarse en concreto los hechos imputados, se estaría vulnerando nuestro Derecho de Defensa y la imputación de cargos estaría incurriendo en una aparente falta de motivación. iv. Acredita mediante documentos que los derechos laborales de la trabajadora no han sido vulnerados. v. Incorrecta interpretación artículo 9° de la LGIT e inaplicación del artículo 47° del RLGIT. vi. Pese a que ha cumplido con brindar la información requerida en los plazos solicitados y. otorgar a los inspectores las facilidades requeridas por ley; se ha considerado su actuar como si hubiéramos cometido una negativa a la labor inspectora. vii. La determinación de la sanción debe estar de acorde a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en el presente caso, al tener en consideración su actuar, puesto que ha cumplido con los documentos solicitado a fin de acreditar nuestra postura; sin embargo, estos elementos de prueba no han sido evaluados, por lo que causa perjuicios en el Debido Proceso. viii. Inaplicación de lo establecido en la Resolución N° 518-2021-SUNAFIL/TFL, emitido por la Primera Sala del Tribunal SUNAFIL, puesto que los requerimientos realizados no tuvieron un plazo prudente para que el administrado los pueda cumplir. ix. Inaplicación del artículo 16º y 47º de la LGIT y vulneración al principio de primacía de la realidad. x. Inaplicación del principio de Non Bis In Ídem.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el requerimiento de información

8 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

9 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…).

i. A folio 11 se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información”, de fecha 11 de febrero de 2021, notificado en la misma fecha al administrador de la impugnante; otorgando el plazo máximo de cuatro (04) días hábiles, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación: i) Vigencia de poder; ii) Constancia de alta de trabajador, formulario 1604-1; iii) Contrato de trabajo de trabajador; iv) Formato R01, R06, R07 de la planilla electrónica plan; v) TR5, datos laborales del trabajador; vi) Boletas de pago de remuneraciones; vii) Hoja de liquidación de beneficios sociales; viii) Informe sobre las razones objetivas por las cuales no viene ejecutando el pago de los beneficios citados; ix) Registro de control de asistencia de trabajador; x) Otros documentos que crea conveniente. La referida documentación respecto del señor Jaime Nicolas Rafeile Guzmán. ii. A folio 46 del expediente inspectivo se verifica la “Constancia de actuaciones inspectivas de investigación” de fecha 17 de febrero de 2021, por medio de la cual

10 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 11 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 12 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

se deja constancia de la siguiente documentación remitida por la impugnante: i) Poderes de representación, vigencia de poder y carta de fecha 17 de febrero de 2021, firmada por representante legal; ii) Constancia de transferencia en cuenta de trabajador de fecha 21 de noviembre de 2020 por el monto neto de S/ 5,055.15; iii) Detalle de pago de haberes de abril a setiembre de 2020; iv) Constancia de modificación o actualización de datos del trabajador, formulario 1604-2; v) Planilla electrónica PLAME de los meses mayo a diciembre 2020 (formatos R01, R06, R07).

iii. A folio 48 se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información”, de fecha 22 de febrero de 2021, notificado en la misma fecha al administrador de la impugnante; otorgando el plazo máximo de cuatro (04) días hábiles, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación: i) Vigencia de poder; ii) Formato R02 y R08 de la planilla electrónica PLAME, más constancia de presentación laboral; iii) Formato R06 y R07 de la planilla electrónica PLAME, más constancia de presentación laboral del mes agosto 2020; iv) Boletas de pago de remuneraciones, gratificaciones legales (diciembre 2020), bonificación extraordinaria, asignación familiar, más constancia de transferencia en cuenta de trabajador en caso que se pague a través de este medio; v) Informe sobre las razones objetivas por las cuales no viene ejecutando el pago de los beneficios citados; vi) Registro de control de asistencia de trabajador; vii) Otros documentos que crea conveniente. La referida documentación respecto del señor Jaime Nicolas Rafeile Guzmán.

iv. A folio 57 del expediente inspectivo se verifica la “Constancia de actuaciones inspectivas de investigación” de fecha 26 de febrero de 2021, por medio de la cual se deja constancia de la siguiente documentación remitida por la impugnante: i) Certificado de vigencia de poder de representante legal; ii) Carta poder a favor de apoderada de fecha 26 de febrero de 2021.

v. Asimismo, conforme se verifica de los numerales 4.6 y 4.7 del acta de infracción, el inspector comisionado dejó constancia que la impugnante no cumplió con presentar la totalidad de los documentos requeridos en cada requerimiento. Asimismo, en el numeral 4.8 del mismo documento señala que, “la falta de presentación de los documentos citados en los numerales 4.6 y 4.7, no permitió que cumpla con sus funciones encomendadas, (…), así como la protección de los derechos laborales reclamados por el trabajador Jaime Rafeile Guzmán”

que, si bien remitió parte de la información ello no implica el cumplimiento de los requerimientos efectuado, pues toda la información requerida es relevante para las actuaciones inspectivas, sumado al hecho que no ha acreditado fehacientemente los motivos de la imposibilidad de cumplir con la remisión de todos los documentos requeridos. Por lo que, la conducta materializada bien constituye una negativa a cumplir con los requerimientos de información válidamente notificados.

13 Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL 14 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

15 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I. 14va. Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2019, p. 246. 16 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

ejercer su derecho de defensa. Por tanto, corroborada la motivación del referido documento, no corresponde amparar dicho extremo del recurso.

Sobre la aplicación del principio del Non Bis In Ídem

17 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC

i. La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

ii. La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen iuris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados.

iii. Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”18 (énfasis añadido).

a) Identidad de Sujetos: Promotora Interamericana Servicios S.A.

b) Identidad de Hechos: Los hechos que se le atribuyen a la inspeccionada se tratan de dos (02) conductas contra la labor inspectiva, sancionables en forma independiente, por cuanto las infracciones a la labor inspectiva son de comisión inmediata y son insubsanables, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta. En ese sentido, el primer incumplimiento es por el incumplimiento del requerimiento de información a ser cumplido el 17 de febrero de 2021; mientras que la segunda infracción se configura por el incumplimiento del requerimiento de información a ser cumplido el 26 de febrero de 2021. Siendo que tales incumplimientos no han permitido al Inspector comisionado verificar el cumplimiento respecto a las materias contenidas en la Orden de Inspección. En esa línea argumentativa, ambos actos constituyen modalidades de actuación de

18 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

investigación a las que se encuentra facultado el Inspector comisionado, por lo que el incumplimiento de cada uno constituye un acto independiente, como ocurre en el presente caso. c) Identidad de Fundamentos: Las obligaciones cuyo incumplimiento se sancionan tienen los mismos fundamentos, toda vez que se imputa la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva Por no presentar la información solicitada para el día 17 de febrero de 2021 a horas 10:00, a través del correo institucional de la inspectora comisionada. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva Por no presentar la información solicitada para el día 26 de febrero de 2021 a horas 10:00, a través del correo institucional de la inspectora comisionada. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PROMOTORA INTERAMERICANA SERVICIOS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 104-2021- SUNAFIL/IRE-ANC, emitida por la Intendencia Regional de Ancash, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 144-2021-SUNAFIL/IRE- ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 104-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, en todos sus extremos. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a la PROMOTORA INTERAMERICANA SERVICIOS S.A., y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Ancash.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente