Promotora Interamericana de Servicios Sociedad Anónima — Res. 816-2025

Antecedentes

Se deja constancia de que dicha denominación figura en la Ficha N° 36075 de la Partida Electrónica N° 00989088 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, motivo por el cual será empleada en adelante en la presente resolución. Esta información puede ser vista en: conoce-aqui.sunarp.gob.pe/conoce-aqui/inicio Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Subgrupo: Entrega de Boletas de pago al trabajador y sus formalidades) y Remuneraciones (Subgrupo: Pago de la Remuneración (Sueldos y Salarios)). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con enviar la información solicitada por el inspector auxiliar comisionado mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica asignada, en fecha 15 de setiembre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/. 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con enviar la información solicitada por el inspector auxiliar comisionado mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica asignada, en fecha 24 de setiembre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/. 11,572.00.

i. Sostiene que se vulneraron sus derechos al debido procedimiento y a la defensa, dado que no se valoró la documentación presentada en su oportunidad. Asimismo, alega que no se atendió su solicitud de ampliación de plazo, lo que constituiría una afectación a su derecho a una defensa adecuada. ii. Aduce que la documentación remitida, como informes situacionales, registros de asistencia y boletas de pago, son suficientes para acreditar la inexistencia de afectación de derechos laborales, por lo que se solicita la aplicación del artículo 40 de la LGIT, que permite la reducción de la sanción al 30% en caso de subsanación voluntaria y acreditación de no afectación de derechos. En esa línea, se invoca el Principio de Informalismo, dado que se habría colaborado activamente con el procedimiento. iii. Por otro lado, afirma que el inspector omitió la etapa previa de conciliación administrativa obligatoria antes de iniciar las actuaciones inspectivas, contraviniendo lo establecido por la normativa vigente. iv. Alega, además, una indebida notificación de los requerimientos, los cuales no habrían sido realizados a través de la casilla electrónica, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR. Esta omisión vulneraría el derecho de defensa y contraviene los lineamientos establecidos por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

v. En la misma línea, la impugnante sostiene que no existió una conducta obstructiva o de retraso en el desarrollo del procedimiento inspectivo, por lo que la infracción atribuida no se ajustaría al tipo sancionador aplicado por la autoridad, solicitando en su lugar se recategorice como infracción grave conforme al numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, en atención a la naturaleza de los hechos y a los Principios de Razonabilidad y Tipicidad. vi. Finalmente, invoca la aplicación de la Resolución N° 518-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, solicitando que se valore su actuación colaborativa durante el procedimiento, así como su predisposición constante a facilitar la labor inspectiva, lo que evidenciaría ausencia de mala fe o intencionalidad obstructiva.

i. Señala que, de la revisión de los actuados se verifica que la inspectora comisionada notificó válidamente a la impugnante, a través de la casilla electrónica, los requerimientos de información programados para entrega los días 21 y 30 de septiembre de 2021, conforme consta en el expediente y en aplicación del marco normativo vigente. En consecuencia, se concluye que las notificaciones fueron correctamente realizadas. ii. No obstante, pese a haber sido debidamente notificada, la inspeccionada no cumplió con presentar la documentación solicitada en los plazos establecidos, configurándose así una negativa manifiesta a colaborar con la labor inspectiva. Esta conducta fue consignada en el Acta de Infracción y no se justifica con el pedido de ampliación de plazo, motivo por el cual se determinó la comisión de dos infracciones muy graves conforme al numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. iii. Se precisa que la solicitud de la inspeccionada para la reducción al 30% de la multa impuesta, invocando el artículo 40 de la LGIT, carece de fundamento, dado que las infracciones imputadas corresponden a incumplimientos a la labor inspectiva, las cuales son de carácter insubsanable. En tal sentido, la presentación tardía de documentos no enerva la obstrucción generada, máxime si la inspeccionada no cumplió con entregar la información dentro de los plazos establecidos, configurándose así dos infracciones muy graves, razón por la cual no procede la reducción solicitada. iv. Respecto a la solicitud de aplicar la conciliación administrativa, se recalca que, si bien dicha figura se reconoce como acción previa a las actuaciones inspectivas en ciertos supuestos, aún no ha sido reglamentada, por lo que carece de operatividad obligatoria. En ese sentido, la inspectora comisionada procedió válidamente con las actuaciones de investigación y comprobación, conforme a lo dispuesto en la orden de inspección. Además, la falta de colaboración de la inspeccionada impidió verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales, por lo que, incluso de

haberse aplicado la conciliación administrativa, esta no habría producido efectos. Por tanto, el argumento invocado no exime de responsabilidad a la inspeccionada. v. Asimismo, señala que el argumento de la inspeccionada respecto a la supuesta falta de análisis documental por no haberse emitido una medida de requerimiento carece de sustento, ya que la imposibilidad de verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales se debió a su falta de colaboración al no atender dos requerimientos de información, lo cual impidió el desarrollo normal de la fiscalización; en ese contexto, recaía sobre la inspeccionada la obligación de entregar la documentación solicitada, por lo que lo alegado no la exime de responsabilidad. vi. Por último, se aclara que la Resolución N° 518-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala no constituye un precedente de observancia obligatoria, ya que no ha sido expresamente calificada ni publicada conforme a los artículos 22 y 23 del reglamento del Tribunal. Por ello, lo argumentado por la inspeccionada no resulta jurídicamente vinculante ni desvirtúa la infracción imputada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Promotora Interamericana De Servicios Sociedad Anonima

Fundamentos Del Recurso De Revisión

El 05 de julio de 2023, la impugnante presentó su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 133-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, argumentando lo siguiente:

i. Alega que se han vulnerado sus derechos al debido procedimiento, a la motivación y a la defensa, en tanto no existe una relación directa entre los hechos imputados y la normativa

Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR

invocada, ya que los hechos no han sido debidamente singularizados ni detallados. En ese sentido, sostiene que la imputación de cargos y el Acta de Infracción incurren en una motivación aparente. Asimismo, refiere que sus descargos no fueron valorados por la autoridad instructora. ii. Sostiene que cumplió con presentar la documentación requerida, con la cual se acredita que no se vulneraron los derechos de los trabajadores afectados. Sin embargo, dicha documentación no fue evaluada, sin que medie justificación al respecto, lo que habría vulnerado su derecho de defensa y el Principio de Primacía de la Realidad. iii. En relación con la documentación presentada –mediante la cual, a su criterio, acredita el cumplimiento de sus obligaciones– precisa que esta incluye el Informe Situacional de los trabajadores afectados, detallando sus fechas de cese y los pagos efectuados por beneficios sociales. En consecuencia, considera que la existencia de documentación objetiva que acredita el cumplimiento de sus obligaciones configura la causal eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria, prevista en el inciso 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG. iv. Señala que enfrentó dificultades para recabar la información requerida debido al contexto de la pandemia. Por ello, en aplicación del Principio de Razonabilidad, solicita que se considere que finalmente cumplió con lo solicitado. v. Aduce que se ha inaplicado el Principio de Informalismo, conforme al cual las normas deben interpretarse en favor del administrado. En ese sentido, sostiene que, habiéndose acreditado la subsanación de las infracciones imputadas, corresponde valorar su voluntad de colaboración. vi. Sostiene que se ha vulnerado el Principio de Legalidad, al haberse inaplicado lo dispuesto en el artículo 14 de la LGIT. Ello debido a que el inspector comisionado no habría realizado un análisis adecuado de la documentación adjunta, limitándose a requerir información e iniciar de forma inmediata el procedimiento sancionador. Por lo que, la medida de requerimiento emitida vulnera el Principio de Legalidad. vii. Afirma que, al haber presentado la documentación requerida, se ha vulnerado el Principio De Tipicidad, dado que la infracción imputada debió ser calificada bajo el tipo previsto en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Precisa que no incurrió en negativa a entregar la información ni frustró el desarrollo de la etapa inspectiva, siendo el inspector quien dispuso unilateralmente su cierre. viii. Aduce que se ha producido un apartamiento injustificado de la línea jurisprudencial emitida por esta Sala, en tanto no se enviaron las alertas electrónicas correspondientes al momento de notificar los requerimientos de información. En consecuencia, considera que se ha vulnerado su derecho al debido procedimiento y a la defensa. ix. Refiere que, con fecha 30 de septiembre de 2021, presentó un escrito solicitando la ampliación del plazo para atender el requerimiento de información, adjuntando la documentación correspondiente. No obstante, dicha solicitud no fue atendida por el inspector actuante, lo que –a su juicio– vulnera su derecho al debido procedimiento, toda vez que, en dicho escrito, se adjuntó la información requerida.

x. Aduce que se ha vulnerado su derecho a la debida motivación, ya que no se aplicó la reducción de la multa impuesta pese a que, a su entender, la infracción fue subsanada. Ello contravendría lo previsto en el artículo 40 de la LGIT y el artículo 49 de su reglamento. xi. Manifiesta que, conforme al artículo 48 de la LGIT, tanto el Informe Final de Instrucción como el Acta de Infracción debieron calificar expresamente el carácter subsanable de las infracciones detectadas, considerando que estas se originaron a partir de la identificación de una infracción sustantiva. xii. Finalmente, sostiene que se ha inaplicado lo dispuesto en el artículo 3 de la LGIT, dado que no se implementó la conciliación administrativa, a pesar de su carácter obligatorio y de constituir una etapa previa al inicio de las actuaciones inspectivas.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8. TUO de la LPAG, Título Preliminar,

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…).

- Se verifica que, previo a la emisión de la Orden de Inspección N° 2234-2021- SUNAFIL/IRE – vinculada al caso concreto – existió la Orden de Inspección N° 1797- 2021-SUNAFIL/IRE-CAL.

- En el trámite de dicha orden fueron emitidos dos (02) requerimientos de información de fecha 07 y 14 de julio de 2021, en el cual se requirió a la administrada la presentación de información relacionada a tres (03) de sus trabajadoras a fin de verificar la materia “Verificación de hechos”.

- Dicha orden de inspección culminó con un Informe de Actuaciones Inspectivas de Investigación del 20 de julio de 2021, en el cual se señaló que:

“SÉTIMO: Con las actuaciones inspectivas realizadas y documentación remitida por el empleador se verificó la materia ordenada en autos, al respecto las trabajadoras MEDINA VALQUE JULIA, TARAZONA SANDOVAL DE ROJAS MARIA CONSUELO y VICHARRA HUAMAN FLORINDA VICENTA se encuentran con vínculo laboral activo, el sujeto inspeccionado les ha efectuado un pago diminuto respecto del mes de junio de 2021, sin haber aportado la boleta de pago respectiva, por lo que se recomienda emitir una Orden de Inspección a efecto de verificar el pago de las remuneraciones del referido mes y de los meses de abril y mayo de 2021 al no efectuar el pago íntegro de las referidas remuneraciones, así como el otorgamiento de boletas de pago” (Énfasis nuestro)

- El inspector comisionado emitió el “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación” de fecha 15 de setiembre de 2021, otorgando un plazo de cuatro (04) días hábiles para que se remita la información solicita. Dicho requerimiento fue notificado el mismo día a través de la casilla electrónica institucional, conforme se acredita en la respectiva “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, según se detalla a continuación:

Figura N° 01

- Asimismo, al realizarse el depósito del mencionado requerimiento de información en la casilla electrónica de la impugnante, se efectuó la alerta de notificación al usuario vigente señalado por la misma, acorde a lo regulado en el segundo párrafo del artículo 612 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, conforme se aprecia a continuación:

Figura N° 02

Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería.

- Ante este requerimiento, la administrada presentó una solicitud de ampliación de plazo de diez (10) días hábiles, aduciendo que sufrió grandes pérdidas económicas producto de la pandemia suscitada por el COVID-19, lo que ocasiono que tenga menos personal activo. A fin de sustentar dicha solicitud presentó el listado de trabajadores y establecimientos, información de conocimiento público obtenida de la página institucional “Consulta RUC”13 de SUNAT.

- Posteriormente, se aprecia que el inspector comisionado emitió el “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación” de fecha 24 de setiembre de 2021, otorgando un plazo de cuatro (04) días hábiles para que se remita la información solicita. Dicho requerimiento fue notificado el mismo día a través de la casilla electrónica institucional, conforme se acredita en la respectiva “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, según se detalla a continuación:

Figura N° 03

- De la misma forma, al realizarse el depósito del mencionado requerimiento de información en la casilla electrónica de la impugnante, se efectuó la alerta de notificación al usuario vigente señalado por la misma, acorde a lo regulado en el segundo párrafo del artículo 614 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, conforme se aprecia a continuación:

Véase en: https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería.

Figura N° 04

- Nuevamente, ante este segundo requerimiento, la administrada presentó una segunda solicitud de ampliación de plazo de siete (07) días hábiles, reiterando que sufrió grandes pérdidas económicas producto de la pandemia suscitada por el COVID- 19, por lo que, tiene menos personal activo. Asimismo, adjunto la misma documentación presentada en su primera solicitud de ampliación.

“QUINTO: Cabe indicar, que los documentos requeridos y no enviados, como son, entre otros: a) Informe situacional respecto de las trabajadoras MEDINA VALQUE JULIA, TARAZONA

SANDOVAL DE ROJAS MARIA CONSUELO y VICHARRA HUAMAN FLORINDA VICENTA precisando remuneración, cargo u ocupación, jornada y horario de trabajo, jefe inmediato, empresa a la cual estuvieron destacadas del 25.05.2021 al 31.08.2021, b) Informes respecto de las mencionadas trabajadora detallando por fechas, desde el 25.05.2021 hasta el 31.08.2021, si realizaron trabajo presencial o remoto, sí estuvieron con licencia con goce de haber, vacaciones, suspensión perfecta de labores, etc.; c) registros de control de asistencia del 25.05.2021 al 31.08.2021; y, d) Fecha de corte de pago de la remuneración de agosto de 2021, resultan necesarios para llevar a cabo la fiscalización de las materias que son objeto de la presente orden de inspección; a efecto de determinar respecto del período comprendido del 25.05.2021 al 31.08.2021, los días que fueron laborados por los mencionadas trabajadoras y los días que no lo fueron, en cuanto a estos últimos, el o los motivos por qué no laboraron.

SEXTO: En atención a lo expuesto en el tercero, cuarto y quinto hechos constatados de la presente Acta de Infracción, resulta manifiesta la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar la documentación/información precisada en los Requerimientos de Información de fechas 15.09.2021 y 24.09.2021, en perjuicio de las trabajadoras. No enervando el incumplimiento al deber de colaboración del sujeto inspeccionado su pedido de que se amplíe el plazo por no haber podido recabar toda la información requerida por haberse reducido su personal activo y dificultarse que su personal se dirija a su establecimiento ubicado en Ancón donde se encuentran su archivo, toda vez que varios de los documentos indicados le fueron requeridos desde el primer Requerimiento de Información notificado el 27.08.2021, siendo que inclusive ya en una anterior Orden de Inspección, asignada con el número N° 1797-2021 (materia: verificación de hechos) se requirió al sujeto inspeccionado Informes situacionales respecto de las tres trabajadoras mencionadas y sus registros de control de asistencia. En ese sentido, al haber frustrado con su conducta la inspección no se ha podido verificar las materias remuneraciones y entrega de boletas de pago, lo cual constituye INFRACCION A LA LABOR INSPECTIVA tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, de conformidad con lo que establece el Tribunal de Fiscalización Laboral, Primera Sala, en el literal B de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-PRIMERA SALA, Precedentes Vinculantes publicada el 08/08/2021, por lo que se deja a salvo el derecho de las trabajadoras MEDINA VALQUE JULIA, TARAZONA SANDOVAL DE ROJAS MARIA CONSUELO y VICHARRA HUAMAN FLORINDA VICENTA para que de estimarlo conveniente lo hagan valer en la vía legal que estimen conveniente”. (Énfasis agregado)

“6.21 En tal sentido, para que un pedido de ampliación de plazo formulado oportunamente por el sujeto inspeccionado sea valorado adecuadamente por el inspector actuante, la justificación que motiva este pedido no debe consistir en una mera alegación de parte. Por el contrario, en estricto cumplimiento del principio de buena fe procedimental, el administrado debería presentar los elementos justificativos con relación a la demora que hace necesario el plazo adicional. Es decir, con arreglo al citado principio, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo deben considerar que resultará exigible al sujeto inspeccionado que solicite un plazo adicional para cumplir un requerimiento informativo que proceda con cuidados significativos, conforme a la casuística general: (i) Que explique sustentadamente y acredite los hechos que impedirían cumplir con la entrega de toda o parte de la información requerida por el inspector de trabajo dentro del plazo establecido. (ii) Que otorgue medios verificables para determinar si, efectivamente, el objeto del requerimiento informativo reviste de complejidad especial. (iii) Que se pueda demostrar que la cantidad de la información, su antigüedad, u otro criterio análogo motiva a flexibilizar el plazo originalmente interpuesto. (iv) Además de los siguientes criterios ejemplificadores, que pueden acontecer singular o combinadamente, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo deberán además considerar si el administrado ha establecido en su petición cuánto es el tiempo que le tardará integrar la información y/o documentación faltante. 6.22 Por otro lado, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo que examinen semejantes peticiones deberán valorar si esta petición se formula -bajo un criterio de razonabilidad temporal- con inmediatez tras la notificación del requerimiento informativo. En particular, este Tribunal de Fiscalización Laboral recuerda que los inspectores de trabajo tienen autonomía funcional, por lo que ellos podrán calificar la seriedad y consistencia de un pedido de este tipo o si, en cambio, opera una práctica contraria al deber de buena fe procedimental. 6.23 Igualmente, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo deberán establecer si, en el expediente de fiscalización, el sujeto inspeccionado puso a disposición la información requerida a la fecha del requerimiento. Con arreglo al deber de prevención, el administrado debería poder presentar esta información ante el personal inspectivo lo más pronto posible, ello con la finalidad de coadyuvar con la labor de investigación. En esta medida, si la petición de un mayor plazo no ofrece información alguna o si la alcanzada no es relevante para la materia investigada, el inspector de trabajo podrá promover el procedimiento sancionador levantando el acta de infracción correspondiente, basándose en que es el empleador quién está obligado a conservar y sistematizar la documentación diversa sobre las relaciones laborales con sus trabajadores. 6.24 En consecuencia, recaerá en la discrecionalidad del inspector actuante el evaluar estos pedidos de ampliación de plazos, y conceder aquellos que cumplan estos estándares, respetando el principio de razonabilidad y la programación de las otras ordenes de inspección

que tenga en simultaneo, descartando de plano aquellos pedidos sin contenido alguno o aquellos donde sea evidente que tienen como único objetivo dilatar las labores inspectivas (como sucede, por ejemplo, cuando se requiere una y otra ampliación, pero finalmente no se presenta la información y/o documentación requerida).”

Sobre la entrega tardía de la información

“15. De esta manera, en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT. 16. Para la aplicación de este criterio, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no sólo puntual y concisa, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración de acuerdo al artículo 45.2 del RLGIT, o al artículo 46.3 del RLGIT, según se haya acreditado en el procedimiento” (Énfasis añadido)

En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

“9. En la misma medida, cuando el inspeccionado no cumpla con la entrega de la información requerida dentro del plazo señalado por el inspector, se sujeta a la calificación del propio inspector actuante, quien podrá o no considerar la documentación remitida en función de la programación de las actuaciones inspectivas que tenga a cargo. En tal supuesto, debe atenderse a que el retraso en la entrega puede producir el efecto de la subsanación o puede imposibilitar la revisión integral de lo solicitado, por lo que se atenderá a la descripción del inspector de trabajo para establecer si tal supuesto constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT. 11. Por ello, cuando los inspeccionados conocen de antemano el plazo otorgado para las actuaciones inspectivas (por ejemplo, por la notificación de la extensión del plazo de las actuaciones inspectivas), la entrega de la documentación solicitada durante el último día de etapa fiscalizadora y que por el volumen o complejidad de la misma no le permite a la autoridad fiscalizadora el analizar y adoptar decisiones en base a dicho contenido, colisionando con el principio de buena fe al frustrar la inspección del trabajo. 12. Finalmente, toda remisión de la información solicitada por los inspectores actuantes, en momentos posteriores al cierre de la orden de inspección constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT”. (Énfasis agregado)

infracción detectada antes de la notificación de la imputación de cargos. Este supuesto no se configura en el presente caso, toda vez que la entrega de la documentación se produjo en respuesta a dicha imputación, y no antes de su notificación. Además, debe recordarse que la infracción imputada —esto es, la obstrucción a la labor inspectiva por omisión en la entrega de información requerida— es de carácter autónomo y de naturaleza insubsanable

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…)”

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

vigente y considerando las particularidades del caso concreto, arribó válidamente a las mismas conclusiones que se sostienen en la presente resolución. Adicionalmente, y en contraposición a lo alegado por la impugnante, se verifica que tanto el Acta de Infracción como el escrito de imputación de cargos —en especial la primera— consignan de manera detallada la secuencia de hechos relevantes, la normativa aplicable y la adecuada subsunción de la conducta observada en el tipo infractor correspondiente. En consecuencia, corresponde desestimar los alegatos formulados en este extremo del recurso.

Respecto al resto de argumentos expuestos por la recurrente

mecanismo alternativo de solución de conflictos en el marco del procedimiento inspectivo.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No cumplir con enviar la información solicitada por el inspector auxiliar comisionado mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica asignada, en fecha 15 de setiembre de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con enviar la información solicitada por el inspector auxiliar comisionado mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica asignada, en fecha 24 de setiembre de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA en contra de la Resolución de Intendencia N° 133-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, del 09 de junio de 2023, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 286- 2022-SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 133-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250709VLFR HR: 131312-2023