Promotora Interamericana de Servicios S.A — Res. 694-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Sub materia: pago de la remuneración (sueldos y salarios)). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las remuneraciones correspondientes al periodo: mayo, junio, julio y agosto de 2020, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no proporcionar al personal inspectivo comisionado la información y documentación necesaria, para el desarrollo de sus funciones que fue solicitada mediante requerimiento de información de fecha 13 de enero de 2021, pese a encontrarse válidamente notificado, a través de su casilla electrónica, con el apercibimiento de Ley, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de lo ordenado mediante la medida inspectiva de requerimiento de fecha 02 de febrero de 2021 dentro del plazo otorgado, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Refiere que, la resolución sancionadora resulta ser nula porque la autoridad de primera instancia solo ha mencionado artículos y normas, sin siquiera tener una conexión lógica; es decir, por no tener una adecuada motivación; lo que afirma que ha afectado su derecho a la defensa y vulnera el principio a la debida motivación; ya que, también menciona que en dicha resolución no se ha evaluado correctamente los documentos que ha adjuntado. ii. Respecto a las notificaciones electrónicas de los requerimientos de información, señala que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprobó el uso obligatorio de la casilla electrónica, a efectos de notificar los procedimientos administrativo y actuaciones de SUNAFIL mediante el D.S. N° 003-2020-TR; reconociendo expresamente que desde el año 2020 se había implementado de forma obligatoria la notificación vía casilla electrónica; manifestando que, en los casos en que el inspector de trabajo emplee este

tipo de notificación y no se tenga constancia del envío de la alerta de tal comunicación por correo electrónico o servicio de mensajería, se deberá dejar sin efecto la sanción impuesta por aquellas infracciones derivadas del incumplimiento de los requerimientos remitidos mediante casilla electrónica; mencionando que esto constituye el principal lineamiento jurisprudencial administrativo que se desprende de las resoluciones N° 547- 2021, 548-2021 y 552-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral de SUNAFIL. iii. Además refiere que, en el presente caso los requerimientos de información que se le remitieron se dieron en los meses de enero y febrero del 2021; pero asegura que su representada solo ostenta alertas de notificación desde el mes de abril; por lo que, no se habría evaluado si en realidad enviaron la alerta al correo institucional de su representada; por lo que, se estaría realizando una incorrecta notificación; lo que dice que vulnera el principio al debido procedimiento administrativo y su derecho a la defensa; indicando que se debió tener en cuenta el criterio establecido por el Tribunal de Fiscalización Laboral de SUNAFIL, que señala que cada notificación electrónica para que surta los efectos de ley, debe contar con una alerta al correo institucional de la empresa; hecho que no ocurrió en el presente proceso. iv. Asimismo, menciona a través de los diversos requerimientos de información notificados a su representada, el inspector comisionado le solicitó abundante documentación; la cual le fue imposible de cumplir en un plazo tan corto; afirmando que a pesar de esto, su representada día posterior cumplió con presentar toda la documentación solicitada y que resulta incongruente lo mencionado en la resolución sancionadora, respecto a que su representada no haya remitido información alguna y evidencia el actuar incorrecto de la autoridad administrativa; y que en este caso, se debería tener en consideración lo mencionado por el Tribunal de Fiscalización Laboral de SUNAFIL en la Resolución N° 518- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, donde se indica que el plazo otorgado para el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento debe ser razonable, en función a la totalidad de los requerimientos efectuados; por lo que, señala que debió evaluarse caso por caso al momento de requerir documentación que era necesario que el plazo de requerimiento fuera mayor; a fin que se pudiera cumplir lo solicitado; pues asegura que su representada siempre ha brindado apoyo al inspector comisionado y ha colaborado al desarrollo de su función inspectiva; llegando a la conclusión que no se vulneró los derechos laborales del trabajador. v. Sobre el principio non bis in ídem, manifiesta que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe que una persona pueda ser sancionada dos o más veces por un mismo hecho; y en la resolución en mención dice que se habría señalado que su representada ha cometido dos infracciones muy graves, repitiéndose la misma infracción por los mismos hechos relacionados con la negativa a emitir documentación y que la diferencia en la fecha de requerimiento, no cambia la supuesta infracción. vi. Refiere que la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción han vulnerado el principio de tipicidad; ya que, asegura que su representada no se negó a entregar la información con el fin de obstruir la labor inspectiva y por ello no se configuró la infracción tipificada en el numeral 46.3 del RLGIT; y que en su lugar, se debió aplicar a este caso el criterio de

obligatorio cumplimiento establecido por el Tribunal de Fiscalización Laboral de SUNAFIL en la Resolución de Sala Plena Nº 001-2021- SUNAFIL/TFL. vii. Finalmente, argumenta que debido a la pandemia del Covid-19 su representada sufrió grandes pérdidas económicas que tuvieron como consecuencia que el número de su personal activo se redujera drásticamente y eso le dificultó a su personal, dirigirse de manera física a su despacho ubicado en el distrito de Ancón; lugar donde se encontraba la documentación solicitada; pero a pesar de todas las contingencias presentadas, reitera que su representada siempre estuvo dispuesta a cumplir con lo requerido y por ello pide que se tenga presente el principio de razonabilidad al momento de emitir las sanciones y teniendo en cuenta que su representada al final cumplió con apoyar la labor inspectiva y evitó la vulneración de los derechos laborales de sus trabajadores.

i. El recurrente afirma que la resolución sancionadora ha vulnerado una serie de principios como el debido procedimiento, la debida motivación, y su derecho de defensa; sin embargo, de la revisión de todo su escrito de apelación, se advierte que el recurrente no ha llegado a precisar cuáles son los requisitos de validez, contemplados en el artículo 3° del TUO de la LPAG, que habrían sido vulnerados, o cuál sería el vicio del acto administrativo que desencadenaría la nulidad de pleno derecho. ii. Además, respecto al cuestionamiento de una presunta falta de motivación; resulta necesario precisar que tanto la sanción impuesta por la autoridad sancionadora, como la imputación de cargos realizada contra el sujeto responsable al inicio del presente procedimiento sancionador; de ninguna forma resultan carentes de motivación; dado que, la multa impuesta contra el sujeto responsable, se basó en la propuesta de sanción efectuada por el personal inspectivo en el Acta de Infracción; documento que describe los hechos constatados que sustentan la comisión de una infracción a la labor inspectiva que afectó el desarrollo de las actuaciones inspectivas. iii. Por lo que, si bien el recurrente solicita que se declare la nulidad de la resolución sancionadora, de la revisión de su escrito de apelación se puede observar que, no ha invocado ninguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444; limitándose a señalar que la resolución sancionadora carece de una debida motivación y ha efectuado una interpretación arbitraria de la norma; lo que hace evidenciar que el recurrente no ha cumplido con sustentar válidamente su pedido de nulidad y demuestra que lo que en realidad busca el recurrente es que se declare la revocatoria de la resolución venida en alzada, al sustentar su recurso en base a una interpretación distinta de los hechos investigados y sancionados; por lo que, al no haber sustentado válidamente su pedido de nulidad, es que desestima tal argumento. iv. Asimismo, el sujeto responsable afirma que se debería dejar sin efecto la sanción a la labor inspectiva impuesta en su contra; dado que, SUNAFIL no remitió alertas de notificación a su representada durante los meses de enero y febrero del 2021, comunicándole que le había depositado requerimientos de información en su casilla electrónica; manifestando que, a través de las resoluciones Nº 547-2021, 548-2021 y 552- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala el Tribunal de Fiscalización Laboral de SUNAFIL ha establecido como lineamiento jurisprudencial administrativo que en los casos en que el inspector de trabajo emplee este tipo de notificación y no se tenga constancia del envío

2 Notificada a la impugnante el 02 de junio de 2022, véase folio 63 del expediente sancionador.

de la alerta de tal comunicación por correo electrónico o servicio de mensajería, se deberá dejar sin efecto la sanción impuesta por aquellas infracciones derivadas del incumplimiento de los requerimientos remitidos mediante casilla electrónica. v. Ha quedado demostrado que no se ha incurrido en ninguna causal de nulidad por omisión de los requisitos de validez del procedimiento administrativo, y tampoco se ha vulnerado el principio del debido procedimiento ni se ha puesto en situación de indefensión al sujeto responsable al haberlo notificado a través de su casilla electrónica asignada por SUNAFIL desde el mismo momento en que entró en vigencia el D.S. N° 003-2020-TR publicado el día 14 de enero del 2020; el cual dispuso que la mencionada casilla electrónica constituía un domicilio digital obligatorio y que SUNAFIL era quien asignaba las casillas electrónicas. vi. De la revisión de la Constancia de Actuación Inspectiva obrante a folios 21 del expediente inspectivo, observa que, el día 01 de febrero de 2021 el inspector comisionado dejó constancia de lo siguiente: “Se verificó que el sujeto inspeccionado presentó la documentación requerida con fecha 26 de enero de 2021 a través de la Casilla Electrónica vinculada al SIIT”; y fue justamente de la revisión y análisis de tales documentos que, finalmente el personal inspectivo pudo llegar a determinar que el sujeto responsable había cometido una infracción a la normativa sociolaboral, por la que debía ser sancionado. vii. En función de lo antes expuesto, y de la revisión de los demás actuados de los expedientes inspectivo y sancionador, se evidencia que el sujeto responsable no ha logrado desvirtuar la certeza de los hechos constatados por el personal inspectivo, relacionados con la conducta infractora referente: “No proporcionar al personal inspectivo comisionado la información y documentación necesaria, para el desarrollo de sus funciones que fue solicitada mediante requerimiento de información de fecha 13 de enero de 2021, pese a encontrarse válidamente notificado, a través de su casilla electrónica, con el apercibimiento de Ley”. viii. Adicionalmente, indica que a pesar de haber constatado que el sujeto no cumplió con presentar la información solicitada por el personal inspectivo mediante el requerimiento de información de fecha 13 de enero de 2021; al revisar la Constancia de Actuación Inspectiva obrante a folios 21 del expediente inspectivo, la Intendencia también ha logrado evidenciar que, al dar respuesta oportuna al segundo requerimiento de información el día 29 de enero de 2021, se aprecia que, con un evidente retraso de tiempo, el sujeto responsable llegó a presentar ante el personal inspectivo, los documentos que también le habían sido solicitados mediante el primer requerimiento de información de fecha 13 de enero de 2021 (requerimiento inicial incumplido); lo que, produjo una dilación innecesaria de las diligencias inspectivas (la emisión de un segundo requerimiento de información, mediante el cual se le solicitó presentar la misma información pedida en el requerimiento inicial); y a su vez generó demoras y/o perturbación en el ejercicio de las funciones inspectivas. ix. En tal sentido, considera que al presente caso corresponde aplicar el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria establecido por el Tribunal de Fiscalización Laboral en los fundamentos 15 y 16 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-

SUNAFIL/TFL de fecha 30 de julio de 2021; donde ha establecido lo siguiente: “15. De esta manera, en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT”. x. En el caso que nos ocupa, se observa que a pesar de haber existido un retraso o dilación innecesaria durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas; debido a que el sujeto inspeccionado no brindó respuesta alguna al requerimiento de información de fecha 13 de enero de 2021; ese hecho en particular no impidió que el inspector comisionado pudiera continuar con la tramitación del procedimiento inspectivo; pues sí llegó a concluir su labor de fiscalización sin que se frustrara, logrando la finalidad del procedimiento inspectivo que era verificar todas las materias asignadas en la orden de inspección; constatando en atención a la información presentada por el sujeto responsable al dar respuesta al segundo requerimiento de información de fecha 26 de enero de 2021, que el sujeto responsable cometió un incumplimiento a la normativa sociolaboral que debía ser sancionado; por lo que, en atención a una correcta calificación de los hechos y teniendo en cuenta el Principio de Razonabilidad invocado por el sujeto responsable, es que se determina que la conducta infractora cometida por el sujeto responsable, no calza con la tipificación realizada por la autoridad sancionadora; motivo por el cual, declara fundado en parte el presente recurso y en aplicación de los criterios expuestos en el precedente de observancia obligatoria antes citado; la Intendencia procede a adecuar la tipificación y sancionar al sujeto responsable con la infracción de carácter “Grave” tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT; por lo que, el monto de la multa queda establecido en 1.57 UIT ascendente a la suma de S/6,908.00. xi. Por otro lado, de la revisión de los actuados del expediente inspectivo se ha podido constatar que, para el día 13 de enero de 2021 en que el personal inspectivo efectuó el requerimiento de información al recurrente; ya no se encontraba vigente en el país la etapa de Aislamiento Social (Cuarentena) que prohibía la movilización total de los ciudadanos; pues con la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 116- 2020-PCM – “Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”, y posteriormente a partir del día 01 de enero de 2021, con el D.S N° 201-2020-PCM, se inició y mantuvo una nueva etapa de cuarentena focalizada para determinadas regiones, en las que no estaba incluido el distrito de Ancón (Lima); localidad que el propio sujeto responsable ha indicado como el lugar donde se encuentra ubicado el centro de labores del sujeto responsable. xii. Por tanto, ha quedado demostrado que para el mes de enero del 2021, en que se realizó el requerimiento de información incumplido; ya no estaba vigente la etapa de Aislamiento Social (Cuarentena) que prohibía la movilización total de los ciudadanos; y por tanto el sujeto responsable se encontraba en posibilidades de disponer que uno de sus colaboradores se movilizara o desplazara hasta la oficina indicada, para recabar la documentación solicitada; a fin de obtener la información requerida y remitirla oportunamente al personal inspectivo. xiii. Teniendo en consideración el criterio adoptado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, la Intendencia concluye que en el presente caso, la situación de pandemia y el hecho de que se encontrara limitado económicamente el sujeto o que no haya tenido un número reducido de personal para trasladarse a recabar la información solicitada por el inspector comisionado, no resultan ser justificaciones válidas que lo exoneren de responsabilidad frente a su incumplimiento al deber de colaboración con la función inspectiva; pues debió

ser diligente y adoptar las medidas necesarias para recabar oportunamente la información requerida por el personal inspectivo; siendo su entera responsabilidad cualquier demora, imprevisto o descoordinación que pudiera surgirle; sobre todo, cuando en el requerimiento de información que obra folios 14 del expediente inspectivo, el personal inspectivo expresamente le indicó al sujeto responsable el apercibimiento que aplicaría en su contra, en caso de no proporcionar la información solicitada; detallándole que tal conducta configuraría una infracción a la labor inspectiva que sería sancionable con multa; motivo por el cual, este argumento de defensa expuesto por el sujeto responsable, tampoco resulta amparable.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Artículo 1. Creación y finalidad. Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 66-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, señalando los siguientes alegatos:

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

i. Inaplicación de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Sostiene que se ingresó su escrito de apelación con la finalidad que el superior jerárquico analice sus fundamentos, pese a ello, señala que no han sido evaluados correctamente, con lo cual se vulnera su derecho de defensa, al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones. Considera que no se ha valorado los medios probatorios presentados en la parte inspectiva. ii. Inaplicación del artículo 259 del TUO de LPAG. Detalla que la notificación de la imputación de cargos fue el 24 de mayo de 2021, con lo cual se corrobora que el proceso sancionador fue resuelto en un plazo de más de 9 meses, por lo que se debe declarar la caducidad del procedimiento. Asimismo, menciona que la orden de inspección fue iniciada en el año 2020, con lo cual se acredita que este proceso en general ha demorado más de dos años. iii. Incorrecta Interpretación del artículo 9 de la LGIT e inaplicación del artículo 47 del RLGIT. Menciona que aún cuando su representada ha cumplido con brindar información requerida en los plazos solicitados, se ha considerado su actuar como si hubiera cometido una negativa a labor inspectiva, lo cual no se ajusta a la realidad de los hechos. iv. Indica que se debe tener criterios de razonabilidad y proporcionalidad al momento de establecer un requerimiento. v. Sostiene que el requerimiento nace de la correcta valoración de los hechos y de los medios probatorios, con la finalidad que el inspector laboral requiere al administrado una acción y/o documentación, sin embargo, en el presente caso, no se ha realizado una correcta valoración. vi. Inaplicación de la Resolución N° 432-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. vii. Inaplicación del Decreto Supremo N° 003-2020-TR y las Resoluciones N° 547-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, N° 548-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y N° 552-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala. viii. Inaplicación de la sentencia N° 01-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y principio de tipicidad. ix. Inaplicación de los artículos 16 y 47 de la LGIT y vulneración al principio de primacía de la realidad. Considera que los hechos que se han constatado y formalizados en la Resolución de Intendencia, se presumen ciertos y merece fe de conformidad con los artículos 16 y 47 de la LGIT, sin embargo, la norma también señala que esta presencia admite prueba en contrario, por lo que el administrado puede adjuntar pruebas en defensa de sus derechos e intereses. x. Inaplicación de la Resolución N° 518-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. xi. Inaplicación del principio non bis in ídem. xii. Alega una vulneración al principio de razonabilidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

ese sentido, al no ser las resoluciones N°432-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, N°547-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, N° 548-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, N° 552-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, N° 518-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, normas de derecho laboral ni tener la calidad de precedentes de observancia obligatoria, no resultan amparables al no haber sido expuestas de forma clara en su redacción.

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019- JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la presunta vulneración del derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías

comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso

Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.16. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 1: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido (…)”.

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

actividad privada. En su denuncia ante esta Administración, sostuvo que su empleador le adeudaba el pago de sus remuneraciones desde mayo al agosto del 2020.

Figura 02:

Sobre el plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo sancionador y la caducidad administrativa

10 Se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el 21 de diciembre de 2016. 11 LÓPEZ RAMÓN, F. (2014., “La caducidad del procedimiento de oficio”. En Revista de Administración Pública, Núm. 194, Madrid, p. 17. Citado por la Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junio, 2017, p. 54.

“(…) 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento (…) 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento y se procederá a su archivo. (…)”

“(…) 53.4.2 El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de nueve (9) meses calendarios contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses calendario, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. (…)”.

12 GÓMEZ TOMILLO, Manuel e Iñigo SANZ RUBIALES, Derecho Administrativo Sancionador. Parte general. Teoría General y Práctico del Derecho Penal Administrativo. 2.a ed., Pamplona: Editorial Aranzadi S.A, p. 771

que señala el numeral 259.1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, razón por la cual el procedimiento administrativo sancionador no ha caducado. De la afectación al principio de Non Bis In Ídem 6.46. En cuanto a la vulneración del principio de Non Bis In Ídem, es importante mencionar que el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, señala que la potestad sancionadora de todas las entidades está regida por el siguiente principio: “Non bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.”

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados.

- Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que si son iguales, no procederá la doble punición (…)”13 (énfasis añadido).

13 MORÓN URBINA, J.C. (2015). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, p. 790.

que si bien en el presente caso existe una identidad subjetiva de persona e identidad de la norma incriminatoria, los incumplimientos del administrado corresponden a hechos distintos ocurridos en diferentes oportunidades; por lo tanto, debe desestimarse lo argumentado en dicho extremo.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de las remuneraciones correspondientes al periodo: mayo, junio, julio y agosto de 2020. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor inspectiva No proporcionar al personal inspectivo comisionado la información y documentación necesaria, para el desarrollo de sus funciones que fue solicitada mediante requerimiento de información de fecha 13 de enero de 2021, pese a encontrarse válidamente notificado, a través de su casilla electrónica, con el apercibimiento de Ley. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT

GRAVE Labor inspectiva No acreditar el cumplimiento de lo ordenado mediante la Medida Inspectiva de requerimiento de fecha 02 de febrero de 2021 dentro del plazo otorgado. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General

de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS S.A. en contra de la Resolución de Intendencia N° 066-2022- SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 31 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Piura, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador Nº 263-2021- SUNAFIL/IRE-PIU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. -CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 066-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, en el extremo referente a la infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS S.A., y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230719JCR