Programa Subsectorial de Irrigaciones-psi — Res. 432-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o Registros que la sustituyan (Sub Materia: Registro Trabajadores), Seguridad Social (Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud y pensiones). 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft

los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción (01) MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la inasistencia a la comparecencia programada para el día 22 de abril de 2019, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

- Una infracción (01) MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la inasistencia a la comparecencia programada para el día 02 de mayo de 2019, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. Indica que, SUNAFIL debió notificar desde la Orden de Inspección N° 543-2019- SUNAFIL/IRE-PIU, a la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en su domicilio, y también ponerle en conocimiento las citaciones a las diligencias de comparecencia, para que el procurador público pudiera comparecer en las diligencias programadas y entregar la documentación que fuese requerida; pues conforme a lo indicado en el artículo 24 del Decreto Legislativo N° 1326, las entidades públicas tienen como órgano de defensa jurídica a la Procuraduría Pública. ii. Señala que, durante la tramitación del presente procedimiento, la Procuraduría Pública no ha sido notificada con la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción en su dirección de correo electrónico; y que ha tomado conocimiento de tales documentos extra oficialmente y por tal motivo que, con fecha 15 de abril de 2021 presentó un escrito solicitando que se le notifique oficialmente con tales documentos; además reconoce que tanto la Imputación de Cargos como el Acta de Infracción fueron notificados al sujeto inspeccionado en su domicilio oficial y con fecha 19 de febrero de 2021 también fueron notificados a la Procuraduría Pública del Ministerio de Agricultura y Riego, pero a una dirección distinta a la que corresponde a su domicilio; por lo que, asegura que la falta de notificación oficial a la Procuraduría Pública, vulnera el principio de debido procedimiento administrativo y lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 28806. 1.5 Mediante Resolución de Intendencia N° 138-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 12 de noviembre de 20212, la Intendencia Regional de Piura declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

i. En el presente caso resulta necesario explicar al sujeto responsable que la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo es muy clara al indicar en su artículo 17 quienes

2 Notificada a la impugnante el 15 de noviembre de 2021, véase folio del expediente sancionador.

son los sujetos que cuentan con capacidad para obrar ante el personal inspectivo durante el desarrollo y tramitación de los procedimientos inspectivos; precisando que, para el caso de las personas jurídicas de naturaleza pública, ellas “actuarán por medio de quienes, al tiempo de la actuación inspectiva, ocupen los órganos de su representación o la tengan conferida, siempre que lo acrediten con arreglo a ley.” ii. De lo antes expuesto se aprecia que la Ley N° 28806 que regula el Sistema de Inspección del Trabajo establece que la persona que debe comparecer ante el personal inspectivo en el marco de un procedimiento inspectivo es el representante legal del sujeto responsable o entidad que está siendo fiscalizada; por lo que, en el presente caso corresponde determinar quién es la persona que ejerce la representación legal del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI. iii. Además, los dos Requerimientos de Comparecencia en este caso, fueron diligenciados por el inspector comisionado conforme a ley y en atención a lo establecido por el “Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo” de la SUNAFIL, en el anexo de la Resolución de Superintendencia N° 237-2019-SUNAFIL, de fecha 24 de julio del 2019, que estableció como criterio normativo lo siguiente: “Se considera válidamente notificado el requerimiento de comparecencia al sujeto inspeccionado, cuando éste es realizado en el domicilio del administrado (…)”. iv. Este Despacho no ha evidenciado la existencia de ningún tipo de irregularidad en la tramitación del procedimiento inspectivo seguido en la Orden de Inspección N° 543- 2019-SUNAFIL/IRE-PIU, entre el personal inspectivo de SUNAFIL y el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, en su condición de sujeto inspeccionado; habiéndose verificado que el inspector comisionado cumplió con su obligación de notificar los requerimientos de comparecencia al PSI en el centro de labores materia de inspección; a efectos de que compareciera ante él su representante legal y/o apoderado; de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 28806; sin embargo, y a pesar que no era indispensable su participación, el Procurador Público Adjunto de los asuntos jurídicos del Ministerio de Agricultura y Riego, se apersonó al procedimiento inspectivo indicando que tomó conocimiento del primer requerimiento de comparecencia de manera extra oficial y señaló como su domicilio procesal, la misma dirección del centro de labores inspeccionado, en la que se notificó el segundo requerimiento de comparecencia; por lo que, se presume que en esta segunda ocasión, tanto el sujeto responsable como el Procurador Público tomaron conocimiento del referido requerimiento de comparecencia notificado por el personal inspectivo. v. Respecto a la notificación del Acta de Infracción y la Imputación de Cargos, al revisarse la cédula de Notificación N° 45206-2020 E que obra a folios 55 del expediente sancionador se evidencia que existió un error en su diligenciamiento; pues, en la parte correspondiente a los datos de dirección del destinatario se consignó: Av. La Universidad N° 200 – La Molina – Lima – Lima; dirección que resulta ser distinta al lugar donde se ubica el domicilio de la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Av. Benavides 1535 – Miraflores – Lima – Lima); sin embargo, es preciso indicar que, en su escrito de apelación, el propio sujeto responsable ha reconocido expresamente lo

siguiente: “habiendo tomado conocimiento extra oficialmente de la Imputación de Cargos y el Acta de infracción, es que presentamos, de fecha 15 de abril de 2021 escrito (…).”; además, también ha admitido que los dos documentos antes mencionados fueron notificados el día 19 de febrero de 2021 a la Procuraduría Pública, pero en la dirección ubicada en Av. La Universidad N° 200 – La Molina – Lima – Lima. vi. Lo antes mencionado demuestra que, si bien es cierto que en el presente caso existió un defecto en la notificación de la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción dirigida al Procurador Público, al consignarse una dirección distinta a la del lugar correcto donde se ubica su domicilio; también es cierto que, la propia Procuradora Pública ha reconocido expresamente que pese a ese error, sí pudo tomar conocimiento extra oficial de la Imputación de Cargos y el Acta de infracción; motivo por el cual, en el presente caso, resulta importante tener en cuenta lo establecido en el artículo 27 de del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante D.S N° 004- 2019-JUS, respecto al saneamiento de las notificaciones defectuosas. vii. En atención a lo antes expuesto, a pesar de no haberse dirigido la cédula de notificación a la dirección correcta en la que se ubica el domicilio de la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, se observa que la Procuradora Pública encargada de ejercer la defensa del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, expresamente ha reconocido en su escrito de apelación que sí tomó conocimiento extra oficialmente de la Imputación de Cargos N° 13-2020-SUNAFIL/IRE-PIU/SIAI-IC, y el Acta de Infracción N° 236-2019-SUNAFIL/IRE-PIU; lo que demuestra que la Procuraduría Pública apelante, sí llegó a conocer el contenido de los dos documentos, respecto de los cuales alega no haber sido debidamente notificada; produciéndose por tanto, el saneamiento de la notificación y quedando, desvirtuada la alegación de la presunta afectación al debido procedimiento administrativo, sin que exista ningún vicio que invalide la tramitación del presente procedimiento administrativo sancionador; motivo por el cual, corresponde desestimar este extremo de su recurso y confirmar las sanciones impuestas en la resolución apelada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

corresponde analizar los argumentos planteados por el PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 30 de noviembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 138-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, señalando los siguientes argumentos:

i) Como se ha venido sosteniendo, el Acta de Infracción y la Imputación de Cargos fueron notificados solo al sujeto inspeccionado; esto es, al Programa Subsectorial de Irrigación – PSI, mas no así a la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en su domicilio real, legal, fiscal y procesal ubicado en la Av. Alfredo Benavides N° 1535 del distrito Miraflores, provincia y departamento de Lima, que es quien tiene a su cargo la defensa jurídica del Sector Agricultura (Sede, Órganos Públicos Adscritos, Proyectos Especiales, Programas como el PSI, Órganos Desconcentrados, etc.) a nivel nacional en sede administrativa, judicial, policial, etc. ii) No obstante, las instancias inferiores están convencidas de haber notificado válidamente sosteniendo su domicilio en la Av. La Universidad N° 200 del distrito de La Molina, de la provincia y departamento de Lima, según se puede ver de la Cédula de Notificación 0000045206-2019 en el cual se verifica como fecha de recepción el día 19 de febrero de 2021, así como de una Cédula de Notificación que refiere contener el Proveído N° 112-2021-SUNAFIL-SIRE-IRE-PIURA e Informe Final de Instrucción N° 076- 2021-SUNAFIL-SIAI-IRE-PIURA, el cual tiene consignado como Destinatario al Procurador Público Adjunto del MINAGRI, con Dirección en: Av. Los Cocos Nro. 105 Urb. Club Grau, Piura – Piura, nada menos, distinto y distante a su domicilio pre citado líneas arriba. De los cuales tomamos conocimiento no documentada con posteridad y luego de indagaciones.

Análisis El Recurso De Revisión

Sobre la vulneración al debido procedimiento administrativo y al derecho de defensa

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (énfasis añadido).

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“los actos administrativos deben tener como requisito de validez la notificación con la finalidad de que el administrado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los actos administrativos, más aún en el caso que se apliquen sanciones o que se limiten los derechos del ciudadano; incumplir este requisito vulnera el derecho de defensa”. (énfasis agregado)

9 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

consagrados en la Constitución”10. Esta disposición es coherente con lo establecido en el artículo 47 de la Constitución Política del Perú de 1993, según el cual, la defensa de los intereses del Estado se encuentra a cargo de los Procuradores Públicos.

10 Oficio N° 035-2020-SUNAFIL/INII 11 Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, “Artículo 14.- Acto de notificación a los/las procuradores/as públicos/as (…) 14.2. Las procuradurías públicas son notificadas en el domicilio real o procesal (casilla física y/o electrónica), con todas las disposiciones y resoluciones que se emitan en una investigación, proceso o procedimiento en que el Estado es parte.” 12 Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado “Artículo 26.- Domicilio y notificaciones Las Procuradurías Públicas con competencia sectorial y especializada tienen domicilio procesal, real, fiscal y legal en la capital de la República, donde deben dirigirse todas las comunicaciones y notificaciones relacionadas con la defensa jurídica del Estado. Se puede fijar domicilios procesales alternativos, conforme al procedimiento establecido por el Reglamento del presente Decreto Legislativo.” Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del decreto Legislativo 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado “Artículo 39.- Ejercicio de la defensa jurídica del Estado 39.1. El/la Procurador/a Público/a ejerce la defensa jurídica del Estado en el ámbito nacional, en sede administrativa, jurisdiccional y no jurisdiccional, conforme a las siguientes acciones: (…) 3. Participar como denunciante o sujeto procesal en defensa de los intereses de la entidad donde ejerce sus funciones, en representación del Estado, interviniendo en las audiencias que corresponda, contribuyendo con los objetivos de la investigación, ofreciendo medios probatorios o requiriendo la realización de actos procesales, de investigación o indagación, conforme a la ley de la materia. (…)”

Público del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, Av. La Universidad N° 200 – La Molina – Lima – Lima, dirección que conforme se ha señalado en el considerando 6.1.17 de la resolución impugnada, evidencia un error de diligenciamiento pues no corresponde al domicilio procesal ubicado en Av. Benavides 1535 – Miraflores – Lima – Lima.

13 Artículo 27 del TUO de la Ley N° 27444 “27.1 La notificación defectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de contenido, surtirá efectos legales a partir de la fecha en que el interesado manifiesta expresamente haberla recibido, si no hay prueba en contrario. 27.2. También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. (…)”

citados ut supra les corresponde a los procuradores públicos ejercer la defensa jurídica del Estado; con lo cual se ha vulnerado el principio del debido procedimiento, así como el derecho de defensa, incurriéndose así en la causal de nulidad contemplada en el inciso 1 del artículo 10 de la LPAG.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

14 Cf. Sentencia recaída en el expediente N° 3741-2004-AA/TC, fundamento 24 al 26.

de los pronunciamientos de las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo. Por tanto, al apreciar la vulneración de principios del procedimiento administrativo, según fue invocado por la impugnante, el Tribunal se encuentra en la obligación de revisar el cumplimiento de esta normativa adjetiva en materia sociolaboral. Cabe resaltar que la normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujeto del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico procedimental establecida en el marco del Sistema de inspección del Trabajo.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI, y, en consecuencia, NULO todo lo actuado a partir de la notificación del Informe Final Instrucción N° 076-2021-SUNAFIL-SIAI-IRE-PIURA, de fecha 11 de marzo de 2021, emitido por la Sub Intendencia de Actuación Inspectiva de la Intendencia Regional

15 TUO de la LPAG, “Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él. (…)”

de Piura y, recaído en el expediente sancionador N° 008-2020-SUNAFIL/IRE-PIU, ordenándose RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Devolver todos los actuados a la Intendencia Regional de Piura, para que proceda de acuerdo con sus atribuciones y conforme a lo señalado en el fundamento 6.22 de la presente resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución al PROCURADOR PÚBLICO DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (https://www.gob.pe/sunafil).

Presidente