Productos Tissue del Perú S.A.C - Protisa-peru — Res. 654-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Contratos de trabajo (Sub materia: Primacía de la realidad); Desnaturalización de la relación laboral y, Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Formalidades de la planilla). soft 20555195444 soft 20555195444 soft

mérito a ello, se emite la medida de requerimiento en la que se solicita al administrado realizar acciones para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales, las cuales deberán regularizar la situación contractual laboral de los cinco (05) trabajadores con vínculo laboral vigente.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con las disposiciones relacionadas con contratación a plazo determinado (desnaturalización del contrato de trabajo), resultando afectados los cinco (05) trabajadores detallados en el párrafo 6 de la resolución de Sub Intendencia, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 18 de octubre de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

i. Se ha vulnerado el derecho al debido proceso y se aplica, contrario a derecho, una reforma en peor, pues en la resolución apelada, se pretende imponer una sanción superior a la que se determinó en el Informe Final, situación que no debe ser amparada al ser una prohibición que vulnera el derecho a la seguridad jurídica que tiene toda persona afectada con un acto administrativo. Por lo tanto, el procedimiento administrativo es nulo. ii. Entre los años 2016 y 2018 las actividades de la empresa se incrementaron y ello ocasionó que se pueda posicionar en el mercado nacional e internacional; debido a ello, se requirió contratar personal adicional. Los contratos de trabajo sujetos a modalidad por incremento de actividad fueron celebrados por escrito y en la cláusula primera se precisó que el incremento en el volumen de la producción y

ventas se había reflejado en el área de almacenes, donde prestaron servicios los denunciantes. Asimismo, en la cláusula segunda no solo se precisó la causa objetiva de la contratación, que fue el incremento de ventas y cobertura de la creciente demanda, sino también las labores que realizarían los trabajadores. Entonces, el motivo por el que se requiere personal temporal en el área de almacenes es el incremento de producción y ventas. Por lo tanto, la necesidad temporal se justifica en la decisión de la empresa de ampliar la capacidad de almacenamiento; es por ello que, los contratos son válidos pues la causa objetiva ha sido correctamente consignada. Asimismo, es importante indicar que, el Poder Judicial ha validado los contratos temporales por incremento de actividad al declarar infundada la demanda interpuesta por un extrabajador que ocupó el puesto de Almacenero - Insumos y que fue contratado dentro del mismo periodo y por las mismas razones que los trabajadores considerados como afectados en el presente procedimiento administrativo sancionador. Sin embargo, en la resolución apelada se desconoce lo resuelto por la autoridad jurisdiccional, sin considerar que ninguna autoridad puede modificar sentencia judicial. iii. Se ha vulnerado el debido procedimiento considerando la indebida motivación de la resolución apelada, al no haber seguido el Protocolo N° 003-2016-SUNAFIL/INII, para la fiscalización de contratos de trabajo sujetos a modalidad; en tanto que, en dicho documento se señala que, para el análisis del contrato de trabajo sujeto a modalidad no solo se requiere la valoración del contrato de trabajo, sino de los medios probatorios que lo sustentan. iv. El incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento no puede ser considerada como una infracción, ya que, al momento de su emisión, aún opera la presunción de inocencia a favor de la empresa, pues su cumplimiento supone una obligación para la empresa de auto inculparse y acatar una medida que no se encuentra fundada en un incumplimiento. v. Existe vulneración al Principio de Concurso de Infracciones, debido a que se pretende aplicar una sanción por incumplir la medida de requerimiento, la misma que versa sobre aspectos que son sancionados ya con las infracciones, materia de imputación.

2 Notificada a la impugnante el 04 de octubre de 2021, véase folio 246 del expediente sancionador.

i. Con relación a la sanción impuesta, en el considerando 41 del Informe Final, la autoridad instructora consignó el monto de la multa propuesta por las dos infracciones imputadas a la inspeccionada, en base a los criterios contenidos en la tabla de sanciones NO MYPE, prevista en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 015-2017-TR. Cabe precisar que, conforme al artículo 38 de la LGIT, las sanciones a imponer por la comisión de infracciones al ordenamiento sociolaboral se gradúan atendiendo a los siguientes criterios: gravedad de la falta cometida y número de trabajadores afectados, criterios señalados en la tabla de sanciones NO MYPE antes referida. ii. La autoridad instructora en el Informe Final, ha consignado para el cálculo del monto de la multa por la infracción a la labor inspectiva, una UIT equivalente a 1.35, criterio que no se encuentra acorde a la tabla de sancionador NO MYPE contenida en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT; toda vez que, por la comisión de una infracción muy grave, con trabajadores afectados de 1 a 10, corresponde aplicar una UIT equivalente a 2.25. Es por esa razón que, la autoridad inferior en grado modificó el monto de la multa impuesta por la infracción a la labor inspectiva. Entonces, tomando en cuenta el numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, el Informe Final contiene una propuesta de sanción, la cual deberá ser analizada por la autoridad sancionadora, por lo que no existe un cambio en la decisión adoptada por la autoridad competente, sino la aplicación correcta de los criterios establecidos en la tabla de sanción para el cálculo de la multa a imponer de acuerdo a la LGIT y al RLGIT. iii. Sumado al marco conceptual, a efectos de reforzar nuestra posición acerca de la desnaturalización, debemos hacer mención a la Sentencia del Tribunal Constitucional relativa al Expediente N° 01167-2012-PA/TC (Caso Billy Jhacson Bartra Dezar); pues “(…) no se ha precisado qué actividad de la empresa demandada se ha incrementado ni cuáles son los “nuevos negocios de ventas” que justifican la contratación temporal del actor. La referencia consignada en el texto de la cláusula primera del referido contrato es vaga y sólo mencionaba la existencia de un “incremento de sus actividades producido como consecuencia de atención personalizada de los nuevos negocios de ventas”. iv. Conforme a lo antes expuesto, los contratos de trabajo sujetos a modalidad deben celebrarse estrictamente con los requisitos y condiciones que señala la ley para que puedan tener validez. Por lo que, el requisito de validez por excelencia lo constituye la consignación de la causa objetiva de la contratación temporal; por cuanto, viene a ser la descripción objetiva y detallada de los motivos por los cuales no es posible contratar a plazo indeterminado, sino de manera temporal a un trabajador. Por ello no es suficiente que en los contratos modales se consigne como causa objetiva una descripción literal de la norma, o que se realicen descripciones genéricas de los hechos que justificarían la contratación temporal, a fin que, tanto el trabajador como esta Autoridad Administrativa puedan conocer las razones por las que se contrata temporalmente. v. Respecto a la validación de los contratos temporales por incremento de actividad alegado, corresponde señalar que, de la revisión de la sentencia judicial del Expediente N° 00128-2019, se evidencia que, el trabajador de la inspeccionada demandante, no es ninguno de los trabajadores afectados en el presente procedimiento administrativo sancionador. Aunado a ello, dicho pronunciamiento

no constituye un precedente vinculante de observancia obligatoria; por lo que, esta Autoridad Administrativa no se encuentra obligada a resolver de la misma forma. vi. Conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la LGIT, la medida inspectiva de requerimiento se emite cuando los inspectores comisionados han determinado la existencia de incumplimientos por parte de los sujetos inspeccionados como consecuencia del desarrollo de las actuaciones inspectivas, con la finalidad de que, en un plazo determinado, éstos adopten medidas necesarias para subsanar los incumplimientos advertidos. Es por ello que, la medida inspectiva de requerimiento se encuentra debidamente fundada en base a todos los hechos constatados por los inspectores comisionados. En ese sentido, la inspeccionada tenía la obligación de dar cumplimiento a lo ordenado en la referida medida inspectiva, sin perjuicio de ejercer su derecho de defensa en el trámite del procedimiento administrativo sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral

artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.C - PROTISA-PERU

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1581-2021-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Al revisar el expediente del procedimiento, su Despacho podrá notar que los días 6 de setiembre y 24 de octubre de 2018, SOFTYS presentó sendos informes, acompañados de documentación sustentadora, mediante los cuales acreditaba la existencia de las causas objetivas que justificaban la contratación temporal de los trabajadores. Sin embargo, esta documentación no fue debidamente apreciada por los inspectores, quienes no analizaron la data compartida a través de estos documentos. ii. Así podemos observar que en el escrito del 06 de setiembre de 2019 se expuso la justificación fáctica de la contratación, que tuvo origen en el incremento de sus operaciones derivado de un incremento en el volumen de ventas para sus clientes, lo que a su vez se deriva en un incremento de la producción de SOFTYS. Entre los documentos, se exhibieron cuadros y gráficos de los volúmenes de ventas por negocios correspondiente a los años 2015 a 2018, reportes mensuales de producción enviados al Ministerio de Producción entre los años 2015 y 2018; por lo que, el proceder de SUNAFIL, de desconocer el contenido de los documentos presentados y no valorar los datos estadísticos reportados sobre la producción al interior de la empresa, sería contraria a los principios que rigen el sistema inspectivo y afectan nuestro derecho de defensa y, por tanto, el derecho al debido procedimiento. iii. Asimismo, cabe resaltar que el Informe carece de debida motivación, no sólo por convalidar anteriores vulneraciones, sino por establecer en su considerando 3.9 que la justificación de los contratos de trabajo se sustentaría únicamente en la decisión empresarial de incrementar actividades existentes. iv. La Autoridad Sancionadora replica los errores de la Autoridad Instructora, pues la investigación no ha sido desarrollada conforme al Protocolo N° 003-2016- SUNAFIL/INII, protocolo para la fiscalización de Contratos de Trabajo sujetos a modalidad, documento que establece pautas para el análisis de la contratación temporal en la inspección del trabajo. Precisamente en el punto 8.1.3 establece los aspectos sustanciales que son evaluados por los inspectores, señalando que los mismos no solo requieren la valoración del contrato de trabajo, sino también los documentos que acrediten la causa prevista. v. A propósito de dicho criterio, el Tribunal de Fiscalización Laboral se ha pronunciado en el Resolución N° 384-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, al respecto, para determinar el cumplimiento -o no- de la validez de la contratación temporal, el Tribunal no se limita al análisis de la literalidad del texto en el contrato que le da origen, sino que incorpora al debate la acreditación de las situaciones habilitantes para la aplicación de la causa objetiva.

vi. Por otro lado, se alega también que estamos frente a un “incremento sostenido en el tiempo”; no obstante, los inspectores desconocen que el artículo 57 de la LPCL, analizado por el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el Expediente N° 602-2010-PA/TC, sostiene que la contratación temporal bajo esta modalidad no se encuentra determinada por la temporalidad o permanencia del servicio, sino por el incremento real y objetivo, sustentado en una decisión empresarial. En ese sentido, la existencia de un crecimiento sostenido en el tiempo, no resulta determinante al momento de definir la modalidad contractual. vii. Se ha vulnerado el principio de non bis in ídem, pues nos ha imputado dos infracciones en base a un único hecho: el supuesto incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la contratación a plazo determinado. viii. No ha sido observado el principio de concurso de infracciones, debido a que se pretende aplicar una sanción por incumplir la medida de requerimiento, la misma que versa sobre aspectos que son sancionados ya con las infracciones materia de imputación. ix. Los contratos de trabajo sujetos a modalidad por incremento de actividad fueron celebrados por escrito y en la cláusula primera se precisó que el incremento en el volumen de la producción y ventas se había reflejado en el área de almacenes, donde prestaron servicios los denunciantes. Asimismo, en la cláusula segunda no sólo se precisó la causa objetiva de la contratación que fue el incremento de ventas y cobertura de la creciente demanda, sino también las labores que realizarían los trabajadores como Almaceneros – Jumbo, las cuales estaban relacionadas con la distribución y control de los insumos para la fabricación de nuestros productos. En la cláusula sétima se señaló expresamente la duración del contrato, de acuerdo con la naturaleza temporal de la modalidad de incremento de actividades y, por último, se consignó el sustento legal que habilitaba la contratación temporal, esto es, el artículo 57 de la LPCL. x. La normativa laboral vigente no ha establecido la forma en la que debería consignarse la cláusula de causa objetiva; sin perjuicio de ello el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el particular y de una revisión de los contratos de trabajo sujetos a modalidad de los trabajadores, es evidente que la causa objetiva fue correctamente consignada. En cada uno de los contratos de trabajo suscritos por los denunciantes se consignó (i) clara, expresa y detalladamente la causa objetiva de contratación temporal; (ii) la actividad que había sido incrementada; (iii) el área en la que se reflejaría dicho incremento; (iv) la coyuntura que lo originó, y, (v) los servicios que realizarían en atención a ello. xi. Consideramos importante señalar que la validez de los contratos temporales por incremento de actividad ha sido evaluada por el Poder Judicial, órgano que ratificó su validez sobre la base de la misma información que proporcionamos, al declarar

infundada la demanda interpuesta por un extrabajador que ocupó el puesto de Almacenero - Insumos y que fue contratado dentro del mismo periodo y por las mismas razones que los denunciantes.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la desnaturalización de contratos sujetos a modalidad

CLÁUSULA SEGUNDA. – CAUSA OBJETIVA PREVISTA “Conforme a lo señalado en la cláusula precedente, debido a que los clientes de EL EMPLEADOR han venido incrementando el volumen o cantidad de productos en los pedidos solicitados, esto ha ocasionado que EL EMPLEADOR haya tenido un incremento de producción, por lo que se requiere la

contratación de personal en el área de ALMACENES bajo la modalidad de contrato de trabajo por incremento de actividad, de conformidad con el artículo 57° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo No. 003-97-TR (LPCL).

En ese sentido, EL EMPLEADOR contrata los servicios de EL TRABAJADOR a fin que desarrolle las labores de ALMACENERO – JUMBOS, en el nivel de OBRERO, en las labores que se mencionan a continuación:

a) Recepción y despacho de Mercadería, ingreso al Sistema de Mercadería. b) Conteos rotativos diarios a Mercadería. c) Inventarios semanales y mensuales de Mercadería. d) El almacenero puede asumir roles en los Almacenes de Repuestos, Insumos, Semielaborados. e) Conocer y cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) y Reglamento Interno de Seguridad Industrial. f) Y desempeñar las demás labores conexas y complementarias relacionadas al área donde se desempeña su puesto de trabajo.

años 2015 a 2018; así como los documentos requeridos a la impugnante mediante “Requerimiento de Comparecencia” de fechas 14 y 27 de agosto de 2018; no obstante, a través del análisis de los mismos las anteriores instancias han podido concluir que, por el contrario, dichos incrementos han sido sostenidos en el tiempo, dado a la propia naturaleza de las actividades de la impugnante, por lo que no se advierte la coyuntura temporal requerida para dicha contratación.

argumentos errados para determinar sanción, pudiendo contravenir el principio de legalidad. Por tanto, corresponde a esta Sala desestimar el recurso en este extremo (énfasis añadido).

Del principio del non bis in ídem 6.12 Debemos precisar que el principio de non bis in ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, mediante la cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

9 Fund. Jur. N°. 3.3. 10 Fund. Jur. N°. 19. 11 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730. 12 LGIT Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…)

plazo determinado- las medidas correspondientes a fin de otorgar cumplimiento a la normativa del ordenamiento sociolaboral.

5. Adoptar, en su caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, cualesquiera de las siguientes medidas: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. 13 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 14 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 173.- Carga de la prueba 173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.” (el resaltado es nuestro). 15Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 124.- Requisitos de los escritos Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente (…) 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho”.

administrados tienen el deber de abstenerse de “formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental” 16.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin

16 Numeral 1 del artículo 67 del TUO de la LPAG, a través del cual se establecen los deberes generales de los administrados en el procedimiento.

que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No cumplir con las disposiciones relacionadas con contratación a plazo determinado (desnaturalización del contrato de trabajo), resultando afectados los cinco (05) trabajadores, detallados en el párrafo 6 de la resolución de Sub Intendencia. Numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 18 de octubre de 2018. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.C - PROTISA-PERU., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1581-2021- SUNAFIL/ILM, de fecha 30 de setiembre de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 399-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1581-2021-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.C - PROTISA- PERU, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (https://www.gob.pe/sunafil).

Presidente