Productos de Acero Cassado S.A — Res. 52-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Particpacion en la Utilidades (Sub materias: Pago, y Hoja de liquidación y sus formalidades). 20555195444 soft soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con entregar la Hoja de Liquidación de participación de utilidades de los periodos 2018 y 2019, perjudicando a doscientos cincuenta y seis (256) trabajadores, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 16,039.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago íntegro y oportuno de la participación de utilidades del periodo gravable 2019, perjudicando a doscientos cincuenta y seis (256) trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 44,935.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento emitida con fecha 24 de agosto de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 79,077.00.

i. Indebida motivación de la resolución de primera instancia, toda vez que, en ella, no se ha individualizado los trabajadores afectados en cada uno de los supuestos incumplimientos y, más bien, aduce que la SIRE pretende sancionarla por la cantidad total de trabajadores afiliados al sindicato (256), asumiendo que todos ellos son los perjudicados, independientemente de su fecha de ingreso, convalidando, de esta forma, el accionar ilegal del inspector, plasmada en el numeral 4.4 del Acta de Infracción. ii. Asimismo, sostiene que la SIRE no ha señalado el motivo por el que desconoce la plataforma digital que la empresa ha implementado para la entrega de documentos laborales, más aún si los trabajadores tienen un acceso adecuado y razonable a esta plataforma y el propio Decreto Legislativo N° 1310 obliga a la autoridad inspectiva a respetar esta modalidad de entrega de documentos laborales. De esta manera, tanto el inspector a cargo de la investigación como la SIRE han realizado un análisis erróneo de la situación, desconociendo sin mayor reparo la entrega digital de los documentos de pago, asumiendo que la empresa es un empleador infractor a pesar de que, advierte, se

les ha señalado en reiteradas oportunidades que la entrega de los documentos laborales se hace a través de dicha plataforma digital que los trabajadores conocen y es de fácil acceso. iii. También, sostiene que se ha vulnerado el principio de legalidad y licitud pues sanciona por una medida de requerimiento que no se debió emitir, cuando quien debe acreditar que el empleador ha incurrido en una infracción normativa es el personal inspectivo, y no partir desde la premisa contraria, presumiendo que el empleador es un infractor. Así pues, la medida de requerimiento adolece de graves vicios porque ya se habría entregado las hojas de liquidaciones que requería el inspector, dando por presentada la información solicitada vía correo electrónico. iv. Por otro lado, la impugnante precisa que ha cumplido con sus obligaciones laborales, dado que pagó correctamente las utilidades del año 2019. Sin embargo, la SIRE intenta cuestionar la forma de pago de la liquidación de utilidades del año 2019, estableciendo un cálculo arbitrario de la base de cálculo de este beneficio. Ello solo evidencia un desconocimiento absoluto de las normas tributarias y contables, a las que se supedita el cálculo de las utilidades. v. Por último, solicitó audiencia para informe oral.

i. Que, la participación en las utilidades se encuentra regulada en el Decreto Legislativo N° 892, norma que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa que desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría, el Decreto Supremo N° 003-2006-TR y la Ley N° 28873. ii. Que, el impugnante señaló el pago de importe de la participación de utilidades, pero, se advierte que no ejecutó el cálculo según lo dispuesto en la normativa vigente, la cual prescribe que la participación en las utilidades se calculará sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores, de acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta, sin que esta incluya la deducción de la participación de los trabajadores en las utilidades, con lo cual se tiene un monto de diferencia a favor de los trabajadores, que el impugnante no cumplió con depositar. iii. Respecto a la alegación que señala que la SIRE no individualizó los trabajadores afectados, la Intendencia sostiene que ello es incorrecto pues, en el Cuadro N° 01 del

2 Notificada a la impugnante el 11 de marzo de 2022, véase folio 71 del expediente sancionador.

Acta de Infracción, se señalan a los trabajadores afectados en función a sus fechas de ingreso. iv. Que, en virtud al numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1310 y al principio de presunción de veracidad, la Intendencia considera que se debe dar por subsanada la acreditación de la hoja de liquidación de la participación en las utilidades, sólo en el extremo del periodo 2018, pues las obligaciones laborales en cuanto al pago de la participación en las utilidades 2018 fue acreditado por medio del depósito bancario de fecha 15 de marzo de 2019 mediante Telecrédito BCP y no se encuentra como periodo incumplido en la infracción imputada. Asimismo, sobre este mismo periodo, en aplicación de medidas de simplificación administrativa, el impugnante, por medio de la plataforma digital que implementó en su empresa, acreditó tal obligación, a la cual los trabajadores tienen acceso. v. Sin embargo, respecto a la acreditación de la hoja de liquidación de la participación en las utilidades del periodo 2019, la conducta omisiva persiste pues la impugnante no acreditó el pago íntegro de la participación de utilidades del año gravable 2019, ya que el cálculo realizado no se ejecutó según lo dispuesto en la normativa vigente, existiendo un monto de diferencia a favor de los trabajadores afiliados al Sindicato, que pese a haber sido requerido su cumplimiento mediante la medida de requerimiento, éste no cumplió, persistiendo la infracción muy grave y por no entregar las hojas de liquidación correspondientes. vi. Conforme al debido procedimiento, corresponde sancionar únicamente por la infracción de mayor gravedad, esto es por el incumplimiento del pago de la participación de utilidades del año gravable 2019, en aplicación del concurso de infracciones respecto al no pago de la participación de las utilidades y a la no entrega de las respectivas hojas de liquidación regulado en el Tema N° 2 de los Criterios aprobados mediante la Resolución de Superintendencia N° 085-2021-SUNAFIL, de fecha 05 de marzo de 2021. vii. Que, los medios de prueba presentados en la etapa inspectiva y sancionadora tales como las hojas de liquidación de la participación en las utilidades del ejercicio 2019 y declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría correspondiente al año 2019, no han logrado levantar las observaciones respecto al incumplimiento del pago íntegro de la participación de utilidades del periodo gravable 2019. Por tanto, se advierte que no existe vulneración al principio de licitud y legalidad en la medida que se ha cautelado el derecho de defensa y debido proceso. 1.6 Con fecha 31 de marzo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional del Callao el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 043-2022- SUNAFIL/IRE-CAL.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. – PRODAC S.A.

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

2022-SUNAFIL/IRE-CAL, que revocó en parte la Resolución de Sub Intendencia N° 925-2021- SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, adecuando la multa impuesta a la suma de S/ 124,012.00, por la comisión, entre otra, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 12 de marzo de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 31 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 043-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. La Resolución de Intendencia incurre en vulneraciones al debido procedimiento al no haber valorado adecuadamente sus argumentos de defensa y medios probatorios ofrecidos durante el procedimiento sancionador. Además, ha incurrido en una motivación deficiente.

ii. La Intendencia se equivoca al resolver pues omitió tomar en cuenta lo siguiente:

- En el ejercicio 2019, PRODAC consideró la participación de utilidades de los trabajadores como gasto deducible por haberlo pagado con anterioridad a la presentación de la Declaración Jurada. Por ello, antes de aplicar el porcentaje de 10%, la Empresa agregó el gasto deducido a la renta neta imponible de tal ejercicio. Este criterio técnico ha sido validado por la empresa auditora PricewaterhouseCoopers y que está recogido expresamente en la Ley del Impuesto a la Renta. - La SUNAFIL se equivoca en el cálculo, pues toma como base imponible, de manera incorrecta, la de los estados financieros para determinar la participación en utilidades de los trabajadores, lo cual supone una duplicidad de participación en utilidades para los trabajadores, pues al determinar como base imponible la casilla 484, el monto provisionado de la participación en las utilidades se duplica, pues se vuelve a agregar dicho concepto.

iii. La resolución recurrida carece de una debida motivación pues valida una medida inspectiva de requerimiento que se emitió sin realizar una correcta interpretación de la normativa tributaria. La referida medida solicitaba que PRODAC cumpla con el pago de

las utilidades 2019, pese a que se cumplió con esta obligación. A criterio del inspector y de la Intendencia, la empresa no habría tomado una base de cálculo correcta para el reparto de utilidades y por ello considera que no se pagó íntegramente, lo cual se contradice con la normativa contable y tributaria vigente. Al respecto, en el ejercicio 2019, sostiene que realizó el pago de la participación de las utilidades de los trabajadores antes de la presentación de la Declaración Jurada del IR 2019; por ello, dicho concepto sí podía ser deducido para la determinación del IR 2019.

iv. Los artículos 34 y 37 (inciso v) de la Ley del Impuesto a la Renta señalan que la participación legal en las utilidades de los trabajadores podrá ser deducida en el ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido pagadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. Por ello, PRODAC estaba facultada a considerar la participación en utilidades de los trabajadores como gasto deducible al pagarlo antes a la presentación de la Declaración Jurada del año 2019.

v. Que, se solicitó a la empresa PricewaterhouseCoopers SCRL que realice un informe en el que audite la metodología utilizada para “el cálculo Participación de Utilidades 2019”. Tal empresa auditora señaló que el cálculo realizado por la empresa es correcto.

vi. Que, no se debió emitir la medida inspectiva de requerimiento, pues no existió conducta ilegal que revertir. A modo de complemento, cita la Resolución N° 082-2021- SUNAFIL/TFL, la cual indica que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva cuyo objeto es revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

vii. Se ha vulnerado el principio de presunción de licitud y legalidad. Considera que los inspectores no han recabado medios probatorios suficientes para acreditar que han cometido alguna infracción. A modo de complemento, cita la Resolución N° 025-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, la cual señaló que la carga de la prueba del hecho objeto de sanción corresponde a la Administración, no al administrado.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la vulneración a la debida motivación, derecho de defensa, legalidad y debido procedimiento

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

9 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material10.

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”12.

10 “TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 11 GUZMÁN NAPURÍ, C. (2017). Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 348. 12 El subrayado no es del original. 13 Véase el escrito “Ofrecemos Descargos” presentado por la impugnante, de fecha 14 de mayo de 2021, a fojas 28 y 29 del expediente sancionador.

Al respecto, se aprecia en los numerales 3.5 al 3.7 de la resolución impugnada, que no expone ni contradice lo alegado por la impugnante, tampoco señala en base a qué normativa realiza dichos cálculos para la determinación del monto de utilidades que corresponde pagar a la impugnante por el ejercicio fiscal del 2019, limitándose a repetir lo señalado por el inspector comisionado en el Acta de Infracción.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma” (énfasis añadido).

De la potestad del tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

dicha Resolución sea declarada nula por parte de esta Sala, debiéndose retrotraer lo actuado hasta la fecha del acto declarado nulo, careciendo de objeto pronunciarse sobre los demás argumentos esgrimidos por la impugnante en su recurso de revisión.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. – PRODAC S.A., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 925-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 09 de diciembre de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional del Callao y, la de los sucesivos actos y actuaciones emitidos en el marco del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 017-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio original; esto es, la emisión la Resolución de Sub Intendencia N° 925-2021- SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. – PRODAC S.A., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional del Callao y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.27 de la presente Resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

20230118CVT