Prociel S.R.LTDA — Res. 656-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Verificación de Regímenes Especiales y Grupos Específicos (personas con discapacidades). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no enviar la documentación solicitada a los inspectores comisionados, para el desarrollo de sus funciones, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, con una multa ascendente a S/ 33,660.00.

i. No hemos recibido alerta de notificación vía casilla electrónica; nuestro correo electrónico se encuentra operativo; por lo que, reiteramos que no hemos tomado conocimiento de las notificaciones.

ii. En el requerimiento de información de fecha 23 de febrero de 2021, no se hace referencia al periodo investigado y tampoco de que trabajadores se requieren los documentos.

iii. El acta de infracción señala trabajadores de la sede de la ciudad de Tacna y otras regiones; por lo que se concluye que el inspector a cargo no ha verificado quienes son los trabajadores afectados. 1.5 Con fecha 22 de julio de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 389-2021-SUNAFIL-IRE-CUSCO-SIRE, argumentando lo siguiente:

i. No hemos recibido alerta de notificación vía casilla electrónica; nuestro correo electrónico se encuentra operativo; por lo que, reiteramos que no hemos tomado conocimiento de las notificaciones.

ii. SUNAFIL, a fin de garantizar nuestro derecho de defensa, en el marco de la inspección realizada, debió tomar todas las medidas necesarias a efectos de asegurar el acceso a los actos notificados vía casilla electrónica.

iii. En el acta de infracción se indica haber realizado dos visitas a nuestro domicilio fiscal; fechas en la que el representante legal se encontraba en la ciudad de Lima, por problemas de salud; motivo por el cual estuvo imposibilitado de tomar conocimiento de los documentos notificados de manera electrónica y poder ejercer su derecho de defensa.

iv. En el requerimiento de información de fecha 23 de febrero de 2021, no se hace referencia al periodo investigado y tampoco de que trabajadores se requieren los documentos.

v. Respecto a la verificación de la cuota de empleo de personas con discapacidad; en aplicación al Protocolo N° 004-2016/INII, los trabajadores afectados serían 5.54 y no los 184 que pretenden poner, lo cual para una pequeña empresa es desproporcionado. 1.6 Mediante Resolución de Intendencia N° 143-2021-N-SUNAFIL/IRE-CUS, de fecha 10 de agosto de 20212, la Intendencia Regional de Cusco declaró la nulidad de oficio de la Resolución de la Sub Intendencia de Resolución N° 389-2021-SUNAFIL-IRE-CUSCO-SIRE, y retrotrae el procedimiento, por los siguientes fundamentos:

i. Que, sin perjuicio del recurso de apelación interpuesto, se advierte que el sancionador informa un extremo no apelado, ello con relación a la falta de valoración del descargo al Informe Final de Instrucción presentado por el administrado; en ese sentido, no siendo un extremo recurrido evidencia un vicio que podría acarrear la nulidad, en tal medida, esta Intendencia aplica el extremo regulado como actos de revisión de oficio a efectos de que la Sub Intendencia de resolución emita nuevo pronunciamiento.

ii. En ese contexto, corresponde declarar la nulidad de la Resolución de la Sub Intendencia de Resolución N° 0389-2021-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIRE, a efectos que cumpla con lo señalado en la Directiva que regula el procedimiento sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo aprobado por Resolución de Superintendencia N° 171-2017- SUNAFIL.

iii. Resuelve, retrotraer el presente procedimiento a la calificación del escrito presentado por PROCIEL S.R.L. el 30 de junio de 2021, conforme lo informado por la Sub Intendencia de Resolución y califique dicho descargo al Informe Final de Instrucción. 1.7 Mediante Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 457-2021-SUNAFIL-IRE-CUSCO- SIRE, de fecha 16 de agosto de 20213, la Intendencia Regional de Cusco multó a la impugnante con la suma de S/. 33,660.00, por considerar los siguientes puntos:

i. Que, por medio del requerimiento de información de fecha 23 de febrero de 2021, se solicita cumpla con alcanzar la documentación precisada en la referida actuación;

2 Notificada a la inspeccionada el 13 de agosto de 2021. 3 Notificada a la inspeccionada el 18 de agosto de 2021.

otorgándole tres días hábiles para su cumplimiento, siendo remitida el 26 de febrero de 2021.

ii. Pese a la precisión de la información requerida, el 01 de marzo de 2021 se procedió a la verificación, no cumpliendo el inspeccionado con el requerimiento, obstaculizando la labor inspectiva, infracción contenida en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

iii. Con fecha 06 de marzo de 2020, se emite la Resolución de Superintendencia N° 058- 2020-SUNAFIL, por medio de la cual se aprobó el cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL (SINEL- SUNAFIL); a través de la cual además se aprobó el Cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL.

iv. De este modo, la constancia de notificación vía casilla electrónica emitida por el inspector el 23 de febrero de 2021, ha sido válidamente notificada al administrado, pues la modalidad de la notificación electrónica para las actuaciones inspectivas de investigación estaban vigentes desde el 31 de setiembre de 2020.

v. Respecto a la ausencia de la determinación del periodo investigado, se encuentra contenida en el requerimiento de información corriente a folios 02 del expediente de investigación. Así como el supuesto de que los trabajadores afectados correspondían a otras regiones, esta objeción debió ser aclarada por el administrado en la etapa inspectiva, con el incumplimiento del requerimiento del 23 de febrero de 2021.

vi. Sobre el extremo de la ausencia del representante legal en las visitas inspectivas, lo alegado no enerva la obligación de cumplir con lo dispuesto por el requerimiento de información de fecha 23 de febrero de 2021.

i. Que, la resolución apelada se ha emitido con defectos en los actos de notificación, lo que ha impedido que podamos ejercer adecuadamente nuestro derecho de defensa. No hemos recibido ninguna notificación, toda vez que nuestro correo electrónico se encuentra operativo, por lo que; reiteramos no haber tomado conocimiento de las notificaciones en ninguna etapa del procedimiento.

ii. Por otro lado, en el acta de infracción se indica haber realizado 02 visitas a nuestro domicilio fiscal; fechas en las que el representante legal se encontraba en la ciudad de Lima por problemas de salud, motivo por el cual estuvo imposibilitado de tomar conocimiento de las notificaciones electrónicas y poder ejercer derecho de defensa.

iii. El requerimiento de información no refiere el periodo a ser investigado, tampoco de que trabajadores se requieren los documentos.

iv. Además, la materia indicada en la orden de inspección es verificar la cuota de empleo de personas con discapacidad; en aplicación al Protocolo de fiscalización de la cuota de empleo para personas con discapacidad, los trabajadores afectados serían 5.54 y no los

184 que ponen como criterio de graduación, el cual para una pequeña empresa es desproporcionado. 1.9 Mediante Resolución de Intendencia N° 169-2021-SUNAFIL/IRE CUS, de fecha 10 de setiembre de 20214, la Intendencia Regional de Cusco declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 457-2021-SUNAFIL/IRE-CUSCO-SIRE, por considerar los siguientes puntos:

i. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, los actos emitidos por la administración, fueron notificados vía casilla electrónica; motivo por el cual se verifican las constancias de notificación electrónica válidamente realizadas. Por lo que, la notificación del requerimiento de información de fecha 23 de febrero de 2021 no contiene ningún defecto de notificación.

ii. Respecto a que la apelante no habría recibido ninguna alerta de notificación; se aprecia que la notificación se entiende como válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario, por lo que no resulta necesario para su eficacia, las alertas al correo electrónico aludidas, tomando en consideración que la inspeccionada ha tomado conocimiento de la notificación a partir del depósito.

iii. Que, se demostró con las constancias de las notificaciones válidamente realizadas a la casilla electrónica de la apelante; por lo que, el hecho que el representante se encontrase en la ciudad de lima, no impide que haya podido verificar su casilla electrónica.

iv. Respecto a que no se establece el periodo investigado en el acta de infracción, tampoco de qué trabajadores se requiere los documentos; resulta contradictorio ya que alude no haber tenido conocimiento de los actos notificados; sin embargo, en el escrito recursivo, ilustra un fragmento del requerimiento de información.

v. Ahora bien, respecto a la supuesta indebida graduación de la sanción alegada, debe aclararse que, la conducta infractora sancionada responde a que el apelante no remitió información solicitada al requerimiento de fecha 23 de febrero de 2021, generando como consecuencia la frustración de la labor inspectiva respecto a las materias objeto de investigación (verificación de cuota de empleo).

4 Notificada a la inspeccionada el 13 de setiembre de 2021.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

10 D.S. 016-2017-TR, art. 14.

estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PROCIEL S.R.LTDA.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 30 de setiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 169-2021-SUNAFIL/IRE CUS, señalando los siguientes fundamentos:

i. Que, la resolución apelada se ha emitido con defectos en los actos de notificación, lo que ha impedido que podamos ejercer adecuadamente nuestro derecho de defensa. No hemos recibido ninguna notificación, toda vez que nuestro correo electrónico se encuentra operativo, por lo que; reiteramos no haber tomado conocimiento de las notificaciones en ninguna etapa del procedimiento.

ii. Por otro lado, en el acta de infracción se indica haber realizado dos visitas a nuestro domicilio fiscal; fechas en las que el representante legal se encontraba en la ciudad de Lima por problemas de salud, motivo por el cual estuvo imposibilitado de tomar conocimiento de las notificaciones electrónicas y poder ejercer derecho de defensa.

iii. El requerimiento de información no refiere el periodo a ser investigado, tampoco de que trabajadores se requieren los documentos.

iv. Además, la materia indicada en la orden de inspección es verificar la cuota de empleo de personas con discapacidad; en aplicación al Protocolo de fiscalización de la cuota de empleo para personas con discapacidad, los trabajadores afectados serían 5.54 y no los 184 que ponen como criterio de graduación, el cual para una pequeña empresa es desproporcionado.

VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN Sobre la naturaleza y finalidad del presente recurso de revisión

de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019- JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral.

11 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 12 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 13 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la notificación electrónica mediante casilla electrónica

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independiente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

no tomaron conocimiento de la notificación realizada mediante la casilla electrónica, al no haber recibido una alerta comunicándoles la existencia de la casilla y de la notificación depositada en ella.

14 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 15 Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (énfasis añadido).

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario.

En consecuencia, por un lado, se establece que el sólo depósito equivale a notificación válida y, por otra, que el administrado tiene derecho a recibir una alerta que le indique la existencia de dicho depósito (segundo párrafo del art. 6° de la misma norma, antes citado).

16 Cfr. GUASTINI, Riccardo. "Antinomia y lagunas." Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Nº. (1999): 437-450, p. 437. Ubicable en https://revistas- colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435 17 LPAG, artículo 1.8. El énfasis es añadido. 18 Citada por la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC, fundamento jurídico 9.

actos que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que les correspondan19. Por tanto, las “exigencias que se derivan del significado constitucional del derecho de defensa no se satisfacen con la posibilidad de que in abstracto las partes puedan formalmente hacer ejercicio de los recursos previstos en la ley, sino también con la garantía de que puedan interponerlos de manera oportuna”20.

19 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3. 20 Ibid. fundamento jurídico 4. 21 Loc. Cit. 22 Ley General del Procedimiento Administrativo General (LPAG), artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesto de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 23 STC 00020-2015-PI/TC, fundamento jurídico 19.

procedimental, que exige tanto a la Administración como al administrado realizar “sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”24.

24 LPAG, artículo 1.8.

25 STC 01873-2009-PA/TC, fundamento jurídico 12 c. 26 Ver folios 03 del expediente inspectivo.

Figura Nº 03:

Al término del plazo otorgado, el inspector deja constancia que la inspeccionada no cumplió con remitir la información requerida, tal como consta en el numeral 4.2 del Acta de Infracción.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar por mayoría FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PROCIEL S.R.LTDA., en contra la Resolución de Intendencia N° 169-2021-SUNAFIL/IRE CUS, de fecha 10 de setiembre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Cusco dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 178-2021-SUNAFIL/IRE-CUS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 169-2021-SUNAFIL/IRE-CUS, en todos sus extremos, dejando sin efecto la multa impuesta.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a PROCIEL S.R.LTDA. y a la Intendencia Regional de Cusco, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Cusco.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria, con la que se cambia un importante criterio previamente adoptado por la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral en torno a la obligatoriedad del uso de la casilla electrónica, para sujetarla a una condicionalidad no prevista en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR. Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones: 1. El Tribunal de Fiscalización Laboral ha venido conociendo recursos de revisión en los que se han alegado diversos argumentos para cuestionar la validez de la notificación de las comunicaciones depositadas en la casilla electrónica. Esto motivó a que se examine en varios casos a la sistemática del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, norma que establece al menos seis reglas relevantes sobre la materia discutida:

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación (artículo 6, primer párrafo). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6, segundo párrafo).

d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (artículo 8.1). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que se mencione a la alerta referida antes (artículo 9). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (artículo 11.1)

2. Es objeto de discrepancia la naturaleza de la tercera regla enlistada. Para el voto mayoritario, esta es una norma que, generando una expectativa justificada en el administrado de recibir una alerta adicional a la notificación, de manera que resulta tutelable —al amparo de la buena fe procedimental— una serie de efectos contra legem: la inoperatividad de la primera regla (al no ser obligatorio el uso de la casilla electrónica); la insuficiencia de la segunda regla (por tratarse de un domicilio digital que no es apto para albergar las notificaciones, si no fuera que vienen acompañadas de los avisos complementarios); la inexigibilidad de la cuarta regla (al poderse exonerar los usuarios de la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica); la inejecución de la casilla electrónica; la modificación de la quinta regla (al generarse un requisito adicional a los cinco contenidos de la notificación vía casilla electrónica); y la condicionalidad de la sexta regla (por relativizarse a la validez prevista por el reglamentador).

3. Apelando a la interpretación sistemática de las normas glosadas, podemos afirmar que la alerta contemplada en el artículo 6 se comporta como una carga de la Administración Pública para mejorar el conocimiento y respuesta del administrado; pero no se observa fundamentos que permitan inferir que se trate de una condición de validez para las notificaciones practicadas vía casilla electrónica.

4. Queda claro que, para el voto en mayoría, la Administración del Trabajo debe notificar las notificaciones y dar aviso a los sujetos inspeccionados con alertas de la notificación; no obstante, lo que no resulta satisfactorio en esta opción interpretativa es la subyacencia de una excepción al principio de publicidad de las normas. Al excluirse a la obligatoriedad de la casilla electrónica y a la obligación de su revisión periódica por parte de los sujetos investigados, la resolución adoptada en mayoría termina enjuiciando no a una actividad singular de un inspector u órgano del procedimiento sancionador, sino que aparta de su análisis a la ineludible publicidad de la norma emitida por la Administración del Trabajo en su función reglamentaria. No parece satisfactorio el que se alegue que a través de la alerta se sustancie el principio de publicidad de las normas, pues ello supondría que la Administración Pública tendría que notificar también a los sujetos inspeccionados de la emisión del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, publicado en el diario oficial El Peruano el día 14 de enero de 2020 y de su contenido.

5. Debe recordarse que el Decreto Supremo N° 003-2020-TR emitió, en su primera disposición complementaria final, un cronograma para la implementación de la obligación de la casilla electrónica. El mismo fue aprobado a través de la Resolución de Superintendencia N° 058- 2020-SUNAFIL, el mismo que incluso fue modificado por la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, en el marco de la presente emergencia sanitaria. Asimismo, se aprecia que la propia SUNAFIL ha procurado la difusión de esta obligación, lo que fluye por ejemplo de materiales instructivos que datan de julio de 2020,27 los que se han replicado en diversos otros medios, incluyendo las redes sociales. Así, el cumplimiento del deber

27 Consúltese en el enlace alojado en la cuenta de youtube de SUNAFIL: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, del 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s

estatal de dar publicidad a las normas se halla suficientemente cumplido, pues conforme ha anotado la doctrina.

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”.28

6. Es pertinente añadir, además, que se aprecia que la entrada en vigor de esta obligación no agrede a la razonabilidad, pues precisamente ocurre durante un tiempo de digitalismo que define a las actividades socioeconómicas y, en particular, se ha implementado durante la actual pandemia, contexto que ha llevado a que actividades privadas y públicas se sirvan extensivamente de los medios tecnológicos disponibles para todo tipo de interacciones de contenido socioeconómico, por lo que no parece pertinente asumir que la imposición de la casilla electrónica tiene un carácter alienante sobre la esfera jurídica de los sujetos inspeccionados.

7. Lamentablemente, con el cambio de criterio acogido por mayoría, se deja de lado que el artículo 51 de la Constitución reconoce al principio de publicidad, declarando su carácter “esencial para la vigencia de toda norma del Estado”. Sobre este principio basal del Sistema Jurídico, el Tribunal Constitucional —en la Sentencia del 28 de mayo de 2020, expediente 0001-2017-PI/TC— ha afirmado que tiene “naturaleza esencial” respecto de “todo Estado constitucional de derecho” (f.j. 6) y que “tiene una estrecha relación con la protección de los principios democrático-constitucionales de transparencia y seguridad jurídica” (f.j. 49).

8. Igualmente, cabe rescatar que el Alto Tribunal ha manifestado en la Sentencia del 1 de julio de 2021, expediente 01023-2021-PA/TC, lo siguiente:

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

9. Así también cabe recordar que, en la Sentencia del 22 de junio de 2011, expediente N° 02098-2010-PA/TC —un caso referido al ejercicio de facultades sancionadoras, aunque de carácter disciplinario—, el Tribunal Constitucional ha resuelto lo siguiente:

28 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1987). “La publicidad y publicación de las normas del Estado. (El caso de los decretos supremos no publicados)” En Themis núm. 6, p. 18.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

10. De otro lado, esta obligatoriedad de la casilla electrónica no permite dejar de lado que el proceder de los inspectores de trabajo debe estar sujeto al cumplimiento del principio de razonabilidad. Así, se observan casos en los que se deposita sucesivamente no una, sino dos o hasta más requerimientos de información en una casilla electrónica, sin que se tenga respuesta a la primera y sin procederse a generarse la alerta que el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR ha previsto. En tales casos, y en la opinión del suscrito, no cabría amparar la segunda sanción por configurar un exceso de punición, ya que los inspectores de trabajo pueden acudir a una serie de medios amplios para asegurar el conocimiento del investigado.

11. En otro extremo que considero equivocado, la resolución sostiene que no existe una negativa de proporcionar información, conforme establece el artículo 46.3 del RLGIT, y que no se aplica el artículo 45.2 del RLGIT, que sanciona a los comportamientos contrarios al deber de colaboración. Esta lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva es equivocada pues supone que el régimen de responsabilidad para este incumplimiento debe suponer dolo, necesariamente. No obstante, la responsabilidad administrativa bajo el principio de culpabilidad admite también a otros factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia.29 Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla electrónica para cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo).

12. Finalmente, dentro de la lógica adoptada en la tesis de la mayoría no puede dejar de observarse que el examen sobre la validez del procedimiento sancionador emprendido contra la impugnante no ha arrojado una irregularidad suficiente que permita desplegar un efecto nulificante. No obstante, la resolución ordena dejar sin efecto a la resolución emitida por la instancia de apelación, sin ofrecer a la propia Administración la posibilidad de enmendar el supuesto error cometido al no emitirse la alerta al correo o por sistema de mensajería, de manera que se ha restringido sin una razón suficiente la posibilidad de que se enmiende la notificación supuestamente defectuosa.

Por las razones expresadas en estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO. Presidente

29 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.