Pride Corporation S.A.C — Res. 558-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por tiempo de servicios (Sub materias: Deposito de CTS y hoja de liquidación y sus formalidades). soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con depositar integra y oportunamente la compensación por tiempo de servicios del periodo semestral mayo – octubre 2017, a favor de 03 trabajadores afectados, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50 soles.

- Una infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con la entrega de la hoja de liquidación de la compensación por tiempo de servicios del periodo semestral mayo – octubre 2017, a favor de 03 trabajadores afectados, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 654.50 soles.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de enero de 2018, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50 soles.

2 Mediante Resolución de Intendencia N° 144-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, de fecha 18 de noviembre de 2022, se corrigió el orden de las infracciones con sus correspondientes multas

i. Señala que la facultad sancionadora si ha prescrito y se han excedido todos los plazos previstos, con un análisis parcializado, porque las infracciones han superado los 04 años, que debe ser contabilizado desde que la obligación era exigible, por lo que a octubre de 2021 prescribió la facultad sancionadora. Incluso, si se asume desde la apertura de la Orden de Inspección concreta, también habría ocurrido lo mismo, desde la fecha de los hechos hasta el inicio del procedimiento sancionador habría transcurrido más 4 años. ii. Indica que según el RLGIT y la LGIT el procedimiento de investigación, no debía durar más de 30 días hábiles; y que tomó conocimiento de la imputación de cargos el 14 de enero de 2021 con la imputación de cargos, habiendo transcurrido más de dos años y ocho meses desde que iniciaron las investigaciones. iii. Afirma que recién ha tomado conocimiento después de dos años y 8 meses de culminada la investigación esto es el 2 de febrero de 2018. Hecho que no se menciona en las otras instancias a pesar de mencionarlo en nuestros descargos, transgrediendo las normas de temporalidad. iv. Afirma que es una causal de nulidad el hecho de no cumplir con los plazos para dar inicio al procedimiento sancionador, para que no prosiga con el procedimiento. Vulnerando el Principio de Legalidad, porque se vulneraron los plazos, validando irregularidades denunciados. v. Alega que se desconoce el principio de objetividad prevista en el numeral 16 del artículo 2 de la LGIT, dado que inferir significa deducir algo, es decir sin una comprobación objetiva de un hecho, siendo un parecer a partir de otros hechos, siendo la labor del inspector la comprobación de hechos. vi. Sobre la hoja de liquidación, resulta un sinsentido que se sancione por no haber efectuado el depósito de la CTS, pues si no se hizo el depósito evidentemente tampoco podría haber una hoja de liquidación. vii. Afirma que la sanción propuesta por el incumplimiento de la medida de requerimiento, aplicando arbitrariamente una sanción desconociendo los criterios y principios. Las multas no se aplican de modo irrazonado, por el contrario, debe haber un análisis y una expresión de motivos a partir de criterios y en virtud de ello se definirá el monto. viii. Si bien es verdad que se señala que el administrado no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento fue porque no existía adeudo; considerando arbitrario la sanción, vulnerando el derecho a la motivación porque no se expusieron los motivos de los montos aplicados estimando que no debiera ser mayor a 5 % del valor máximo, debiendo ser el mismo tratamiento para el sujeto que nunca cumplió con pagar sus obligaciones.

i. Se aprecia que, la facultad sancionadora respecto de las infracciones mencionadas NO se encuentra prescrita; por lo que el argumento expuesto por el sujeto inspeccionado en el recurso de apelación, carece de sustento. ii. Es así que de la información que obra en el expediente se advierte que dichos convenios fueron celebrados el 26 de diciembre de 2017, vale decir tiempo después de la fecha de vencimiento de la obligación del depósito de CTS, y después de emitida la orden de inspección y de la emisión del requerimiento de información, con lo que se acredita que el sujeto inspeccionado no cumplió con su obligación de depositar la CTS en tiempo oportuno; más aún que dicho derecho es de carácter irrenunciable por tener el carácter de beneficio social de cumplimiento obligatorio de previsión de las contingencias que originan el cese en el trabajo, conforme lo señala el artículo 1 del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios aprobado por D.S. 01-97-TR. iii. En esa línea argumentativa; se corrobora que las Hojas de Liquidación anexadas a su descargo del informe final no cuenta con la información que muestre que el depósito de CTS fue debidamente efectuado, por lo que dichos documentos no gozan de validez. Tanto más si el sujeto inspeccionado manifiesta en su recurso que resulta lógico que al no existir depósito de CTS tampoco existen las Hojas de Liquidación de CTS; por lo que se coincide con el criterio del inferior en grado, cuando señala que la finalidad de dicho documento es que el trabajador tome conocimiento del depósito de su CTS, y hasta hacer una observación de no encontrarse de acuerdo con el importe. Lo que no sucedió en el presente caso, incurriendo en la infracción contenida en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. iv. Respecto a la medida de requerimiento, se aprecia que el 22 de enero de 2018, se emite la medida de requerimiento, por la cual se solicita al sujeto inspeccionado lo siguiente: “deberá acreditar con la documentación idónea y fehaciente la subsanación de las omisiones detectadas” esto en el Anexo de requerimiento – Hechos Verificados, respecto del depósito de la CTS y la entrega de la Hoja de Liquidación de CTS; por dicha razón, al no cumplir con la medida de requerimiento, el inspector comisionado emitió la respectiva Acta de Infracción, tal como lo dispone el artículo 17.2 de la LPAG, en mérito de la cual se da inicio al procedimiento sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Notificada a la inspeccionada el 21 de noviembre de 2022, conforme consta a folios 103 del expediente sancionador. 4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PRIDE CORPORATION S.A.C.

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 22 de noviembre de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de diciembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Nº 144-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, señalando que:

- Considerando la oportunidad del ejercicio de la potestad sancionadora y la clara desidia de la Autoridad Inspectiva de Trabajo, es claro que a la fecha las infracciones referidas al supuesto incumplimiento del depósito de la CTS del periodo de mayo a octubre de 2017 y el presunto incumplimiento en la entrega de las hojas de liquidaciones de CTS del periodo de mayo a octubre de 2017, han prescrito, pues se han superado largamente los 4 años. - Es importante mencionar que, aun cuando el Tribunal de Fiscalización Laboral es la máxima instancia administrativa y sus criterios deben ser considerados por los inspectores del trabajo a fin de evitar arbitrariedades como esta, en la resolución que impugnan no se está tomando en consideración que, conforme a la Resolución N° 081-2021-Sunafil/TFL-Primera Sala, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha señalado que se debe declarar la prescripción del procedimiento administrativo sancionador cuando ha transcurrido el mencionado plazo, siendo este un hecho objetivo e irrefutable. - Dicha resolución establece de modo claro y preciso cuando queda agotada la acción de la Autoridad Inspectiva de Trabajo para sancionar a los administrados, pues no se trata de que tengan un poder absoluto e ilimitado ni que encubran las acciones irregulares que se presentan, rige el principio de imparcialidad y objetividad para estos casos. - Además, es menester reiterar que, en tanto la supuesta infracción referida al incumplimiento de la medida de requerimiento adoptada para la fecha del 29 de octubre de 2018 se sustenta en las presuntas infracciones sobre pago de CTS y entrega de liquidación de CTS, esta también debe extinguirse, pues ya no tiene fundamento para que se continúe el procedimiento, pues si esta se sustenta sobre aquella, no tiene fundamento jurídico. - De esta manera, si según la información que se encuentra en la propia Acta de Infracción la etapa de investigación habría culminado el 2 de febrero de 2018, entonces a partir de dicha fecha se contaba con un plazo de 15 días hábiles para que el expediente sea remitido a la autoridad que se encuentra a cargo del procedimiento sancionador; sin embargo, en el presente caso es evidente que dicho plazo no ha sido observado en ningún momento. - Como han señalado durante todo el procedimiento, su representada sí ha cumplido con sus obligaciones, por lo que, finalmente, cumplió con el depósito de la CTS del periodo vencido de mayo a octubre de 2017, y con la entrega de las hojas de liquidaciones de CTS del periodo vencido de mayo a octubre de 2017.

- Igualmente, se señala que la determinación de la sanción debe estar acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. - No encuentra respuesta a pesar de que las normas invocadas son claras, y lo que único que puede concluir es que están ante una arbitrariedad, que evidentemente vulnera su derecho fundamental a la motivación de las resoluciones, al ni siquiera exponer porqué se proponen esos montos y no otros.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave y leve

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General

de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Del análisis de la prescripción del procedimiento sancionador

“Artículo 252.- Prescripción 252.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 252.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes.

EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 255, inciso 3. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado10”.

“Artículo 51.- Prescripción La facultad de la autoridad inspectiva para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral a que se refiere el artículo 13 de la Ley prescribe a los cuatro (4) años (…)”.

“A efectos de determinar el dies a quo, es fundamental efectuar un análisis caso por caso para distinguir las diversas clases de infracción, para lo cual será necesario acudir a la norma que prevé la conducta infractora y examinar la acción o acciones concretas que se tipifican como ilícito administrativo, para precisar en qué momento se consuma la infracción y se inicia el cómputo de la prescripción.

1) La infracción instantánea se consuma con la conducta misma, sin que la situación ilícita sea permanente o duradera en el tiempo. Por lo tanto, el plazo de prescripción empieza a computarse desde la consumación de la infracción, esto es, desde la realización de la conducta infractora.

2) La infracción instantánea con efectos permanentes es aquella que, asimismo, se consuma en el mismo acto, pero produce un estado de cosas antijurídico permanente. En este caso, el plazo de prescripción se inicia desde que se ha consumado la infracción, esto es, desde que se ha creado la situación antijurídica.

3) La infracción continuada es aquella que se configura cuando se realizan distintas conductas (pluralidad de acciones), siendo cada una de ellas una infracción independiente, pero se considera como única infracción, siempre y cuando conformen un proceso unitario y homogéneo de acción. Este caso, el plazo de prescripción empieza a computarse desde que se lleva a cabo la última acción constitutiva de la infracción.

4) La infracción permanente es aquella que se caracteriza porque la acción infractora crea una situación antijurídica que se prolonga en el tiempo, es decir, la conducta misma se sigue consumando hasta que el autor decide abandonarla. De igual forma como sucede en las infracciones continuadas, el plazo de prescripción empieza a computarse desde que ha cesado la situación

10 El subrayado no es del original.

antijurídica, toda vez que es el momento en que se ha consumado la infracción (y no mientras dicha conducta se mantiene)”.

1. El plazo para determinar la existencia de infracciones administrativas es de cuatro años. 2. El cómputo del plazo se inicia desde la comisión de la infracción, observando la naturaleza de esta. 3. Este plazo solo se suspende por el inicio del procedimiento administrativo sancionador que comprende la debida notificación de los hechos imputados. 4. Por tanto, finalizada esa diligencia, si el procedimiento continúa en un estado de inactividad, deberá inmediatamente reanudarse el referido cómputo luego de veinticinco (25) días hábiles.

11 Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS Artículo 255.- Procedimiento sancionador Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones: (…) 6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.

Sobre la regulación del estado de emergencia y la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos

“Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia” (énfasis añadido).

12 Un ejemplo ilustrativo del mismo es el caso de la situación excepcional originada por la declaración del Estado de Emergencia Nacional por la aparición de la Covid-19, en cuyo contexto, la inactividad de las entidades obedeció a la imposibilidad de que sus servidores acudan a prestar servicios, dado el aislamiento social obligatorio a que hace referencia el artículo 1 del Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y la restricción a la libertad de tránsito, determinada por el artículo 3º de la citada disposición normativa.

29.05.2019

Figura N° 01 Línea de Tiempo: Medida inspectiva de requerimiento de fecha 22/01/2018

Sobre la supuesta vulneración al deber de motivación y debido procedimiento

13 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido).

2 años 11 meses y 26 días Notif. del IFI 29.03.2019 Descargo

(reanudación del plazo) 31.08.2020 (fin de suspensión de plazos) 5 meses, 15 días de suspensión 9 meses 15 días 16.12.2021 Se notifica la Resolución de Sub Intendencia N° 419-2021-SUNAFIL/IRE- JUN/SIRE 14.01.2022 Se notifica la Imputación de cargos N° 812-2021- SUNAFIL/IRE-JUN/SIAI. Se reinicia computo de plazo 1 año 3 meses 13 días 1 mes

Sobre el principio de razonabilidad y proporcionalidad

“Las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes

14 Numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”.

Sobre los demás argumentos de la Inspeccionada

15 Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (...) 5.5 Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o de infracción por obstrucción a la labor inspectiva. (...)

conforme a lo previsto en la Ley, se puede efectuar una sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

16 Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación 24.1 Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición del acto que se notifique, y deberá contener: (…)

se rigen, entre otros principios ordenadores, por el de legalidad, con sometimiento pleno a la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y demás normas vigentes. Así como también, por la imparcialidad y objetividad, sin que medie ningún tipo de interés directo o indirecto, personal o de terceros que pueda perjudicar a cualquiera de las partes involucradas en el conflicto o actividad inspectora. Por lo tanto, y considerando que, de acuerdo a los fundamentos antes expuestos, ha quedado acreditado que el Acta de Infracción fue emitida dentro del plazo establecido para las actuaciones inspectivas, no existiendo transgresión alguna por parte de los inspectores de trabajo a la disposición legal contenida en el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT, lo alegado por la impugnante carece de sustento legal y fáctico, siendo un simple dicho, pues no sustenta tal grado de acusación en algún medio probatorio que demuestre fehacientemente que, en el presente procedimiento administrativo sancionador, no se garantiza la imparcialidad y objetividad. En este punto, no se debe olvidar que, en cumplimiento de las facultades de la inspección de trabajo, para vigilar y exigir el cumplimiento de las normas sociolaborales y en materia de seguridad y salud en el trabajo, esta Autoridad Administrativa ha determinado la responsabilidad administrativa de la impugnante por las infracciones imputadas mediante la resolución de primera instancia, a consecuencia del desarrollo de las actuaciones inspectivas, valoración de los medios probatorios ofrecidos por la propia impugnante, análisis de los descargos presentados y de las disposiciones normativas de la materia. Por lo tanto, la impugnante no puede pretender justificar los incumplimientos normativos en los que ha incurrido con argumentos que carecen de sustento legal y fáctico.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No cumplir con depositar integra y oportunamente la compensación por tiempo de servicios del periodo semestral mayo – octubre 2017. Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con la entrega de la hoja de liquidación de la compensación por tiempo de servicios del periodo semestral mayo – octubre 2017, a favor de 03 trabajadores afectados. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT LEVE Labor Inspectiva No cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de enero de 2018. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PRIDE CORPORATION S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 144-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, emitida por la Intendencia Regional de Junín dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 064-2018-SUNAFIL/IRE-JUN, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 144-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a PRIDE CORPORATION S.A.C., y a la Intendencia Regional de Junín, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240605MLA - HR 13736-2021