Precor S.A — Res. 563-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Bonificación No Remunerativa; Remuneraciones: Pago de la remuneración (sueldos y salarios) y Gratificaciones; Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados: Vacaciones; Compensación por tiempo de servicios: depósito de CTS. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en matera de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la remuneración a favor del ex trabajador afectado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en matera de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la gratificación legal trunca a favor del ex trabajador afectado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en matera de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación legal extraordinaria trunca a favor del ex trabajador afectado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en matera de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios a favor del ex trabajador afectado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. Se ha cumplido con absolver oportunamente todos los requerimientos y presentar los descargos correspondientes, así como con efectuar el pago íntegro de los beneficios laborales al ex trabajador. Asimismo, corresponde tener en cuenta las disposiciones legales emitidas por el Gobierno en el marco del Estado de Emergencia Nacional y el Estado de Emergencia Sanitaria por la COVID-19, normas a las cuales esta parte se acogió debidamente, y cuya aplicación fue explicada en los descargos al Informe Final. No obstante, tales argumentos no han sido valorados ni por la autoridad instructora ni en la resolución apelada, lo que evidencia una falta de debida motivación. ii. Asimismo, indica que cumplió con adoptar las medidas necesarias dispuestas por el Estado con el objetivo de mantener la vigencia del vínculo laboral y asegurar la percepción de la remuneración durante el Estado de Emergencia Nacional. En ese contexto, resulta aplicable el criterio establecido en la Resolución N° 293-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, respecto a la validez de la compensación de la licencia

con goce de haber compensable con la liquidación de beneficios sociales. Ello, considerando que el contrato de trabajo se extinguió por renuncia del trabajador durante el Estado de Emergencia, sin que este cumpliera con la compensación correspondiente, configurándose así un adelanto de remuneraciones. iii. Al ex trabajador se le otorgó una licencia sin goce de haber en el mes de abril de 2020, motivo por el cual no le correspondía percibir remuneración durante dicho período. Del mismo modo, se le concedió una licencia sin goce de haber entre el 18 de mayo y el 11 de junio del mismo año. No obstante, en la resolución apelada se sostiene, de manera infundada, que no existiría documentación que acredite dichas licencias. Tal afirmación carece de sustento fáctico, toda vez que se efectuó la compensación correspondiente con las licencias con goce de haber previamente otorgadas, conforme a las disposiciones excepcionales vigentes durante el Estado de Emergencia Nacional. iv. Asimismo, manifiesta que imponer una sanción por no considerar los días de licencia con goce de haber compensable en el cálculo de los beneficios sociales vulnera el principio de legalidad y constituye un ejercicio indebido de la potestad sancionadora. Ello, en tanto se busca reconocer el pago de remuneraciones y beneficios sociales por días en los que no existió prestación efectiva de servicios, y cuya compensación ya no es posible debido a la extinción del vínculo laboral por renuncia del trabajador. Esta pretensión resulta contraria al marco legal aplicable durante el Estado de Emergencia y desconoce la naturaleza excepcional y compensable de dichas licencias. v. Resulta un agravio que se pretenda imponer a la empresa una multa cuyo monto excede el importe descontado al ex trabajador en su liquidación de beneficios sociales, lo cual vulnera los principios de proporcionalidad, razonabilidad y predictibilidad. Esta desproporción sancionadora carece de justificación legal y contraviene los límites que deben regir el ejercicio de la potestad administrativa, generando un perjuicio indebido y afectando la seguridad jurídica del administrado. vi. No existe una debida motivación en la imputación de incumplimiento del deber de colaboración por la supuesta inobservancia de la medida inspectiva de requerimiento, toda vez que no se ha realizado una adecuada valoración de los medios probatorios y de los descargos oportunamente presentados. En los correos corporativos aportados como prueba, se detalla expresamente que los abonos correspondientes a los días del 16 al 31 de marzo fueron realizados bajo el concepto de licencia con goce de haber sujeta a compensación con vacaciones.

i. De conformidad con el artículo 24° de la Constitución Política del Perú, reconoce el derecho del trabajador a una remuneración equitativa y suficiente, priorizando el pago de su salario y beneficios sociales por encima de cualquier otra obligación del empleador. Asimismo, el Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, define la remuneración como el total de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, siempre que sea de libre disposición. En este marco, el Tribunal Constitucional ha señalado que las remuneraciones son irrenunciables e intangibles, salvo que se afecten mediante orden judicial o descuento aceptado por el trabajador, garantizando así la protección efectiva del salario como derecho fundamental. ii. Es importante considerar las medidas económicas y financieras adoptadas durante el marco de la Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional, así como el Decreto Supremo N° 011-2020-TR y el Decreto de Urgencia N° 038-2020, que establecieron la suspensión perfecta de labores, medida excepcional que implica el cese temporal de las obligaciones laborales sin extinguir el vínculo. Siendo así, el personal inspectivo señaló en el numeral 4.9 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción que, respecto a la liquidación de beneficios sociales presentada, los descuentos solo son válidos si están permitidos por ley, orden judicial o consentimiento del trabajador. En este caso, se advirtió un descuento sin autorización expresa del ex trabajador afectado, contraviniendo los parámetros legales sobre deducciones aplicables a remuneraciones y beneficios sociales. iii. De la revisión de los actuados se evidencia que la inspeccionada sostiene que los descuentos aplicados se fundamentan en que el ex trabajador no cumplió con compensar las horas pagadas adelantadas, tras haber renunciado el 11 de junio de 2020. Por tanto, considera que la suma entregada como adelanto de remuneraciones podía descontarse de la liquidación de beneficios sociales, tratándose de un adelanto unilateral. Sin embargo, dicho adelanto de vacaciones fue otorgado de forma unilateral, sin que el ex trabajador haya solicitado o consentido tal medida, lo cual contraviene el artículo 5° del Decreto Supremo N° 002-2019-TR, que establece que el adelanto de días de descanso debe acordarse previamente y por escrito entre empleador y trabajador. La revisión del expediente inspectivo y del procedimiento sancionador no revela ningún documento que respalde la existencia de dicho acuerdo, evidenciándose una reducción unilateral. Por tanto, el descuento realizado en la liquidación de beneficios sociales carece de respaldo legal y probatorio, y las explicaciones brindadas por la inspeccionada no desvirtúan lo concluido por la autoridad de primera instancia. iv. Sin perjuicio a lo expuesto, la Autoridad sancionadora de primera instancia a través de la resolución apelada, indico que el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, emitido para mitigar los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, flexibiliza el procedimiento de suspensión perfecta de labores, pero mantiene parámetros claros para evitar arbitrariedades por parte del empleador. La norma establece que aquellos empleadores que no puedan implementar trabajo remoto o licencias con goce de haber, por la naturaleza de sus actividades o situación económica, pueden adoptar medidas necesarias para mantener el vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando siempre el acuerdo con los trabajadores. Así, no se trata de una desregulación, sino de una regulación condicionada que exige consenso. En este caso, el descuento aplicado en la liquidación no puede considerarse un adelanto de vacaciones ni una compensación válida por los días no laborados del 16 al 30 de marzo de 2020, dado que no existe acuerdo ni verbal ni escrito del ex trabajador para tal efecto. Además, ante la imposibilidad de cumplir con el pago de remuneraciones, la inspeccionada debió solicitar la suspensión perfecta de labores,

por lo que sus argumentos no eximen la responsabilidad ni la obligación de subsanar la infracción detectada. v. En ese sentido, ni en las actuaciones inspectivas ni en el presente procedimiento, la inspeccionada ha presentado prueba que acredite la subsanación de los incumplimientos señalados. Además, sus argumentos, ya planteados en los descargos y debidamente analizados por la Autoridad de primera instancia, no lograron desvirtuar las infracciones sociolaborales por las cuales fue sancionada. vi. Por otra parte, no es correcto afirmar que no se valoraron los documentos presentados ni que las sanciones carecen de motivación, pues la documentación fue debidamente analizada y las infracciones correctamente fundamentadas por el Inspector comisionado. Así, según el numeral 4.11 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, la inspeccionada incumplió la medida de requerimiento al no acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales respecto a su ex trabajador. Asimismo, en el considerando 44 del Informe Final, la Autoridad Instructora responde a estos argumentos señalando que no se logra desvirtuar la comisión de las infracciones, posición ratificada en el considerando 27 de la resolución apelada, dado que la inspeccionada reiteró los mismos argumentos en sus descargos. En consecuencia, la inspeccionada no puede ser eximida de responsabilidad por la falta de cumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento del 15 de enero de 2021, infracción considerada muy grave conforme a los considerandos 25 a 29 de la resolución apelada. vii. Finalmente, concluye que las infracciones atribuidas a la inspeccionada se ajustan plenamente al tipo legal que sustenta la sanción, conforme al Principio de Tipicidad y Legalidad, pues el pronunciamiento de primera instancia está debidamente motivado, detallando los hechos que justifican la sanción y respetando el debido proceso y el derecho de defensa, ejercido mediante los escritos presentados por la inspeccionada. Asimismo, la responsabilidad administrativa fue correctamente determinada, respetando el principio de razonabilidad, dado que la multa fue calculada conforme al artículo 38° de la LGIT, que establece criterios claros de graduación basados en la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados, sin dejar margen para rangos mínimos o máximos, sino con montos fijos dispuestos por el legislador. Por tanto, carece de sustento la solicitud de nulidad planteada en el recurso de apelación, y los argumentos expuestos no desvirtúan las infracciones determinadas, por lo que corresponde confirmar la resolución de primera instancia en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Del Recurso De Revisión

Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal. Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006- PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PRECOR S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de setiembre de 2022, PRECOR S.A. fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1439-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. La resolución impugnada no ha considerado adecuadamente el marco normativo aplicable durante el Estado de Emergencia, en especial lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 026-2020, el Decreto de Urgencia N° 029-2020, el Decreto de Urgencia N° 038-2020 y el Decreto Supremo N° 011-2020-TR. Estos dispositivos permiten la concesión de adelantos de vacaciones bajo un contexto excepcional debido a la pandemia COVID- 19. ii. En ese sentido, los descuentos realizados al ex trabajador obedecen a que se le otorgó un adelanto de vacaciones que, en realidad, constituye un adelanto de remuneraciones o beneficios sociales y no una licencia con goce de haber propiamente dicha. Por ello, los días correspondientes a esta licencia compensable no deben considerarse como efectivamente laborados para el cálculo de beneficios sociales. iii. Asimismo, el ex trabajador tenía pleno conocimiento de la naturaleza compensable de dicha licencia y aceptó la medida adoptada por la empresa, orientada a mitigar el impacto económico derivado de la pandemia. La actuación del empleador, por tanto, no fue arbitraria, ya que existía un acuerdo tácito de compensación por parte de los trabajadores. iv. La renuncia unilateral del ex trabajador impidió la compensación efectiva de las horas dejadas de laborar, razón por la cual se procedió a descontar el adelanto otorgado en la

liquidación de beneficios sociales. Esta práctica es plenamente válida y acorde con las disposiciones legales vigentes. v. Es importante destacar que no existe norma legal alguna que prohíba al empleador descontar de la liquidación los adelantos de remuneraciones o beneficios sociales concedidos al trabajador antes de la terminación de la relación laboral. vi. La sanción impuesta a la empresa resulta inapropiada pues no toma en cuenta el contexto excepcional generado por el Estado de Emergencia y las medidas específicas adoptadas para enfrentar la pandemia. vii. En cuanto al supuesto incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento del 15 de enero de 2021, se advierte una contradicción en la resolución apelada. Por un lado, en el considerando 23 se descarta la imputación por el no otorgamiento de vacaciones truncas del periodo 2020, al reconocer que el ex trabajador no cumplía con el requisito de un año de servicios ininterrumpidos. Sin embargo, de forma contradictoria, se mantiene la sanción por presunto incumplimiento del requerimiento al no haberse acreditado el pago íntegro de dicho concepto. viii. La empresa cumplió con presentar los descargos y con los requerimientos solicitados por la autoridad, por lo que no procede la sanción vinculada al supuesto incumplimiento de la medida inspectiva. ix. Además, el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Resolución N° 293-2021- SUNAFIL/TFL – Primera Sala, ha reconocido la validez de la compensación de la licencia con goce de haber compensable con la liquidación de beneficios sociales, criterio que debe ser aplicado en este caso. x. En conclusión, la empresa ha acreditado que no existe deuda alguna por conceptos remunerativos con el ex trabajador. Dado que la renuncia fue presentada el 11 de junio de 2020 y el adelanto de remuneraciones fue concedido bajo la modalidad compensable prevista, corresponde dejar sin efecto la multa impuesta contra la empresa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral.

El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“(…). 6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento

“(…) 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

Figura N° 01

Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la remuneración. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la gratificación legal trunca. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la bonificación legal extraordinaria trunca. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de

la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PRECOR S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1439-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 26 de agosto de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento sancionador recaído en el expediente sancionador N° 475-2021-SUNAFI/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1439-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 26 de agosto de 2022, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a PRECOR S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250528MABJ – HR: 20329-2020