Petroleos del Perú Petroperu SA — Res. 756-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER); Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, Instalaciones Civiles y maquinaria (Sub Materia: Condiciones de seguridad); Sistema de gestión SST en las empresas (Sub Materia: Vigilancia del cumplimiento de la normativa de SST Plan para la Vigilancia, Prevención y control del COVID 19 en el trabajo). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con incluir en su Plan de Vigilancia, Prevención y control Covid-19 en el trabajo, la frecuencia en la limpieza y desinfección de los dormitorios y maletas de mano al ingreso del centro de trabajo, en el cronograma del Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación en PETROPERU ante el Covid- 19, tipificada en el numeral 27.7 del artículo 27° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 44,935.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 18 de agosto de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 79,077.00.

i. Respecto al presunto incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo vinculado al Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo, señala que, las actuaciones inspectivas se desarrollaron entre el 16 de julio de 2020 al 26 de agosto de 2020, por lo que la normativa aplicable al caso concreto es la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, de fecha 30 de junio de 2020, mediante la cual se aprobaron los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores de exposición a COVID-19”. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en los numerales 7.1.2, 7.1.4 y 7.2.1 de los referidos lineamientos, la obligación del empleador consistía en emitir y aprobar – con intervención del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – un Plan que incorpora los siete (07) lineamientos básicos contemplados en el numeral 7.2 del documento normativo citado. Siendo así, la empresa si incluyo la frecuencia de la limpieza y desinfección de los dormitorios, en el “Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en Petro Perú versión 1, agosto de 2020”. ii. Asimismo, en cuanto a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 128-2020- MINEM/DM, que aprueba el “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al Covid-19 en las actividades del subsector minería, el subsector hidrocarburos y el subsector electricidad”, conforme a su numeral VI.4.2, se establece la obligación del empleador de realizar la limpieza y desinfección de los dormitorios, lo cual fue debidamente cumplido por la empresa al incluir dicha medida en el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID- 19 en Petro Perú versión 1, agosto de 2020”, específicamente en el literal “j” del

numeral 11.2. No obstante, la entidad fiscalizadora exige que sea incluido adicionalmente en el cronograma diario para la limpieza y desinfección del centro de trabajo, exigencia que no se encuentra establecida en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y mucho menos en la Resolución Ministerial N° 128-2020- MINEM/DM, lo cual vulnera los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, honestidad y tipicidad. iii. Ante la inexistencia de la infracción imputada relacionada con el presunto incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan COVID 19 –, y habiéndose evidenciado objetivamente que dicha obligación fue cumplida de manera íntegra por la empresa, no existe el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento del 18 de agosto de 2020. iv. La resolución apelada carece de una debida motivación, toda vez que la conducta calificada como incumplimiento no se encuentra respaldada en una disposición legal que la justifique, no habiéndose identificado de forma clara y precisa la base normativa que califica la conducta identificada por el inspector. Siendo así, se permite evidenciar que la infracción se sustenta en una opinión subjetiva del personal inspectivo sobre la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM.

i. Al respecto, el empleador tiene el deber de garantizar condiciones seguras y saludables para los trabajadores, conforme a los principios de legalidad y debido procedimiento amparados en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019- JUS, así como los principios de prevención y protección recogidos en la Ley N° 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En ese marco, se constató que el Plan de Vigilancia presentado por la empresa no incluía en el cronograma del Protocolo de Limpieza la frecuencia específica de limpieza y desinfección de los dormitorios y maletas de mano al ingreso al centro de trabajo, incumpliendo lo establecido en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y la Resolución Ministerial N° 128-2020- MINEM/DM. ii. Asimismo, sobre el literal j) del Plan fue desestimada porque dicha disposición se refiere a la limpieza diaria en campamentos, no al ingreso al centro de trabajo. Por ello, la omisión fue tipificada como infracción al artículo 27° del RLGT. Además, se concluyó que el Acta de Infracción y la resolución apelada cumplen con los principios de legalidad y debido procedimiento, y que los inspectores actuaron conforme a sus atribuciones legales.

iii. Por otra parte, indica que los inspectores de trabajo están facultados para emitir medidas inspectivas de requerimiento con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, según el artículo 14° de la LGIT. Estas medidas tienen naturaleza correctiva y buscan que el sujeto inspeccionado subsane la infracción detectada antes del inicio del procedimiento sancionador. iv. En el presente caso, el 18 de agosto de 2020 se emitió una medida de requerimiento para que la empresa adopte acciones en favor de sus trabajadores, otorgándosele un plazo de cinco días hábiles. No obstante, se verificó que la inspeccionada no acreditó su cumplimiento dentro del plazo otorgado, ni logró desvirtuar la infracción durante el procedimiento sancionador. v. Dado que la medida no fue cumplida, se configuró una infracción a la labor inspectiva conforme al numeral 46.7 del artículo 46° del RLGT. Además, se recordó que, según el precedente obligatorio aprobado en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL, las infracciones a la labor inspectiva son autónomas y no accesorias a otras infracciones sustantivas. Por tanto, la imposición de la sanción por este incumplimiento se encuentra conforme a ley y subsiste la responsabilidad administrativa de la empresa. vi. De otro modo, no se evidencia que la resolución apelada carezca de motivación o se base en apreciaciones subjetivas. Señaló que la sanción impuesta se sustenta en hechos concretos verificados durante las actuaciones inspectivas y plasmados en el Acta de Infracción, conforme a los artículos 16° y 47° de la LGIT. La inspeccionada tuvo oportunidad de presentar pruebas, pero estas no desvirtuaron las infracciones imputadas. vii. Asimismo, se resaltó que el acto administrativo impugnado cumple con los requisitos de motivación exigidos por el artículo 48° de la LGIT, el artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, y el numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, al exponer razonadamente las normas aplicables, los hechos probados y los fundamentos jurídicos de la decisión. Por tanto, no se configuró ninguna causal de nulidad ni vulneración al debido procedimiento. En consecuencia, los argumentos de la apelación no desvirtúan las infracciones cometidas, y corresponde confirmar la resolución apelada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 4 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 5 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 6 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

Del Recurso De Revisión

7 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR. 8 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Petroleos Del Peru Petroperu Sa

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 30 de setiembre de 2022, PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA, fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1492-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Se ha aplicado erróneamente la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, la cual aprueba los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. En el caso concreto, la inspeccionada sí incluyo en su Plan, la frecuencia de limpieza y desinfección de los dormitorios, así como la desinfección de las maletas de mano al ingreso al centro de trabajo, por lo que no se advierte la comisión de infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo. ii. Asimismo, se alega que se ha vulnerado el debido procedimiento, en tanto la resolución apelada carece de una debida motivación. Ello implica, además una afectación a los principios de tipicidad y legalidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“(…). 6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la

medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento, motivación y legalidad

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

procedimiento ha sido observado en el desarrollo del presente procedimiento sancionador.

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento

efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

“6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

9 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

Figura N° 01

establecidos por la autoridad inspectiva. Dado su carácter coercitivo, dicha medida impone la obligación de acatar en su totalidad el mandato contenido en ella, cumpliendo con cada extremo dentro del plazo señalado, sin que sea válido el cumplimiento fragmentario o condicionado a interpretaciones unilaterales del administrado.

10 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 11 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (14.ª ed., Tomo II, p. 421). Lima: Gaceta Jurídica.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplió con incluir en su Plan de Vigilancia, Prevención y control Covid- 19 en el trabajo, la frecuencia en la limpieza y desinfección de los dormitorios y maletas de mano al ingreso del centro de trabajo, en el cronograma del Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación en PetroPerú ante el Covid-19. Numeral 27.7 del artículo 27° del RLGT GRAVE Labor Inspectiva No cumplió con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 18 de agosto de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46° del RLGT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1492-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 07 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1332-2021- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1492-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 07 de setiembre de 2022, en los extremos referidos a la infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGT.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250625MABJ – HR: 122005-2023