Peruvian Alliance S.A.C — Res. 1191-2025

Antecedentes

1 Se deja constancia de que dicha denominación figura en la Partida Electrónica N° 11300263 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, motivo por el cual será empleada en adelante en la presente resolución. Esta información puede ser vista a través del portal web: https://www.sunarp.gob.pe/bus-personas- juridicas.asp. Por consiguiente, toda referencia obrante a nombre “PERUVIAN ALLIANCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” se deberá entender que es dirigida a “PERUVIAN ALLIANCE S.A.C.”. 2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub Materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios)). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar información y documentación solicitada mediante requerimiento de información de fecha 22 de marzo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar información y documentación solicitada mediante requerimiento de información de fecha 29 de marzo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. Se advierte que, se le atribuye dos veces la misma conducta, bajo la misma tipificación legal y respecto de la misma información solicitada en los requerimientos de información de fechas 22 de marzo de 2021 y 29 de marzo de 2021. Por lo que, dicha situación contraviene el debido procedimiento y el principio de non bis in ídem. ii. Cabe precisar que, si bien no se alcanzó con remitir la información y/o documentación solicitada en el plazo concedido, en fecha 13 de abril de 2021, se cumplió con remitir por correo electrónico las boletas de pago y cheques correspondientes al trabajador involucrado, acreditándose la recepción íntegra de sus remuneraciones. Este comportamiento demuestra que no se impidió la continuación de la fiscalización ni se la frustró. Por ende, la conducta atribuible versa en una infracción grave a la labor inspectiva, y no en una infracción muy grave. iii. Asimismo, debe aplicarse la reducción del cincuenta por ciento de la sanción pecuniaria conforme al literal b) del artículo 40° de la LGIT.

i. Respecto al argumento de la apelación vinculado a la supuesta vulneración del principio de Non Bis In Ídem, corresponde señalar que, conforme al numeral 11 del artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, establece que, la potestad sancionadora se encuentra regida por dicho principio, el cual impide imponer una sanción administrativa por el mismo hecho cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. ii. En efecto, la doctrina a través de sus diversos autores, tal como Morón Urbina ha precisado que la operatividad de este principio requiere necesariamente la concurrencia de tres elementos: la identidad de sujeto, la identidad de hechos y la identidad de fundamento. De no verificarse uno de ellos, es posible jurídicamente la coexistencia de procedimientos sancionadores respecto del administrado. iii. En el presente caso, si bien se verifica la identidad de sujeto —toda vez que los requerimientos de información fueron dirigidos a la misma empresa—, no ocurre lo mismo con la identidad de hechos, dado que el primer incumplimiento se configuró con el requerimiento notificado el 22 de marzo de 2021 y el segundo con el emitido el 29 de marzo de 2021. Cada requerimiento constituye un acto autónomo de investigación dentro de las facultades inspectoras, por lo que el incumplimiento de cada uno genera una infracción independiente. Respecto al fundamento, ambos guardan relación con el incumplimiento del deber de colaboración en la fiscalización, pero ello no basta para configurar la triple identidad exigida por el principio de Non Bis In Ídem. En consecuencia, no corresponde declarar la vulneración alegada, toda vez que los hechos constitutivos de infracción atribuidos en este procedimiento son distintos y configuraron conductas independientes de comisión inmediata. iv. Por otra parte, en relación con la entrega extemporánea de información, se advierte que el Acta de Infracción fue emitida el 07 de abril de 2021, dejándose constancia en el numeral 4.9 del acápite IV Hechos Constatados que las diligencias no pudieron continuar ante la falta de documentación dentro del plazo otorgado. Si bien posteriormente, el 13 de abril de 2021, la inspeccionada remitió cierta información, ello no resulta idóneo para subsanar la infracción, pues se trata de infracciones de comisión inmediata que se consuman en el momento en que vence el plazo concedido sin cumplirse la obligación. v. Respecto a la invocación del artículo 40° de la LGIT, es preciso señalar que dicha disposición establece supuestos de reducción de la multa en casos de subsanación. Sin embargo, las infracciones contra la labor inspectiva son insubsanables, dado que frustran el desarrollo de la fiscalización en el momento mismo de su comisión, por lo que no corresponde aplicar la reducción invocada. vi. En mérito a lo expuesto, se concluye que los argumentos del recurso de apelación no desvirtúan la responsabilidad atribuida a la inspeccionada, por lo que corresponde confirmar la sanción impuesta en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41° de la LGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 5 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 6 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema. 8 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PERUVIAN ALLIANCE S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 03 de marzo de 2023, PERUVIAN ALLIANCE S.A.C., fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 111-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Sostiene que se han impuesto dos sanciones por la misma conducta infractora, derivadas de los requerimientos de información notificados el 22 de marzo de 2021 y el 29 de marzo de 2021. ii. Se alega que se incurre en una interpretación errónea del Principio de Non Bis In Ídem, vulnerándose lo previsto en el artículo 248° del TUO de la LPAG. Se afirma que existe un apartamiento inmotivado del criterio establecido en el numeral 6.3 de la Resolución de Sala Plena N° 013-2022-SUNAFIL/TFL, en donde se desarrolla la doctrina de Morón Urbina sobre la concurrencia de la triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos como condición para excluir la imposición de una segunda sanción. iii. En esa línea, se cita que, para la exclusión de una segunda pretensión punitiva, deben concurrir los siguientes elementos: • La identidad subjetiva o de persona (eadem personae), que implica que ambas sanciones recaigan sobre el mismo administrado. • La identidad de hecho u objetiva (eadem rea), que requiere que la conducta atribuida sea la misma, más allá de la denominación jurídica que reciba. • La identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi), que se refiere a que las normas sancionadoras protejan el mismo bien jurídico o interés. iv. Asimismo, sostiene que se ha incurrido en un apartamiento inmotivado del criterio establecido en el fundamento 15 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-

SUNAFIL/TFL, que diferencia entre infracción grave e infracción muy grave en función de los efectos de la conducta sobre la fiscalización. Así, cuando la labor inspectiva puede continuar a pesar de la demora o perturbación generada por el inspeccionado, corresponde aplicar la tipificación del numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT; mientras que solo si la demora frustra la fiscalización, corresponde la infracción muy grave prevista en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. v. Bajo dicha premisa, se afirma que únicamente se produjo un retraso en la entrega de la información solicitada, lo cual no impidió que la fiscalización prosiguiera ni la frustró, por lo que la conducta debía ser calificada como infracción grave y no como muy grave. vi. Debe considerarse la graduación de la sanción impuesta, la cual debe fundarse en el Principio de Razonabilidad contenido en el numeral 1.4 del artículo IV del TUO de la LPAG. Conforme a dicho principio, las decisiones de la Autoridad Administrativa que creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben enmarcarse dentro de los límites de las facultades legalmente atribuidas, guardando una debida proporción entre los medios empleados y los fines públicos que se busca proteger. Ello con el objetivo de que tales decisiones respondan únicamente a lo estrictamente necesario para alcanzar el cumplimiento del interés público que motiva la intervención administrativa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el uso de la casilla electrónica

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1°). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación (primer párrafo del artículo 6°). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (segundo párrafo del artículo 6°). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (numeral 8.1 del artículo 8°). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9°). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (numeral 11.1 del artículo 11°)

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”10.

9 Consúltese en el enlace alojado en la cuenta de YouTube de SUNAFIL: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, del 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s 10 Paniagua Corazao, V. (1987). La publicidad y publicación de las normas del Estado: El caso de los decretos supremos no publicados. Themis: Revista de Derecho, (6), 18.

la existencia misma de “todo Estado constitucional de derecho” (fundamento jurídico 6) y que “tiene una estrecha relación con la protección de los principios democrático- constitucionales de transparencia y seguridad jurídica” (fundamento jurídico. 49).

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

Sobre los requerimientos de información

en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”.

11 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. En consecuencia, se entiende que los empleadores tienen la obligación ineludible de colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, contribuyendo a que estas se realicen de forma eficaz y conforme a su finalidad esencial: la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

12 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”13. Es decir, no basta con la existencia de una norma sancionadora general, sino que la conducta atribuida debe encajar de manera precisa y objetiva en el supuesto previsto por la norma, garantizando así la legalidad y previsibilidad de la sanción.

• Obra en el expediente inspectivo, los documentos denominados “Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación” de fechas 22 de marzo de 202114 y 29 de marzo de 202115, ambos notificados en las mismas fechas a la casilla electrónica de la parte impugnante. Mediante dichos requerimientos, se otorgó el plazo máximo de cuatro (04) y tres (03) días hábiles respectivamente para la presentación de la siguiente documentación e información, bajo apercibimiento de imposición de sanción en caso de incumplimiento.

FIGURA N° 01 Requerimiento de información de fecha 22 de marzo de 2021

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 13 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (14.ª ed., Tomo II, p. 421). Lima: Gaceta Jurídica. 14 Obrante en fojas 8 del expediente inspectivo. 15 Obrante en fojas 9 del expediente inspectivo.

FIGURA N° 02 Requerimiento de información de fecha 29 de marzo de 2021

FIGURA N° 03 Constancia de notificación del Requerimiento de Información de fecha 22 de marzo de 202116

16 Obrante en fojas 27 del expediente sancionador.

FIGURA N° 04 Constancia de notificación del Requerimiento de Información de fecha 29 de marzo de 202117

• Conforme se verifica en los numerales 4.4 al 4.9 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo dejó constancia de que la parte impugnante no cumplió con remitir la documentación e información solicitada, a pesar de haber sido notificada conforme a ley. Como consecuencia de dichos incumplimientos, resultó imposible verificar el cumplimiento de las materias objeto de inspección.

17 Obrante en fojas 29 del expediente sancionador. 18 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.

FIGURA N° 05 Acceso a la casilla electrónica

FIGURA N° 06 Datos de contacto

periódicamente su casilla electrónica, en ejercicio del deber de diligencia exigible a todo administrado. Por consiguiente, esta Administración Pública empleó los mecanismos de notificación expresamente previstos en la normativa correspondiente.

“13. En ese sentido, reconociendo la discrepancia existente (la que habría de resolverse en cuanto haya más Salas del TFL implementadas), la Primera Sala mínimamente ha consensuado un supuesto de responsabilidad administrativa: si, luego de la consulta con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, se identifica que la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica (entiéndase, el administrado) es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos (a través de los cuales se depositarían las alertas complementarias a la notificación por vía de la casilla electrónica). 14. En tal supuesto, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieren depositado en la casilla electrónica. De esta forma, es factible la sanción encausada por el inciso 46.3 del artículo 46 del RLGIT contra el administrado que, por omisión culposa, deja de registrar el contacto respectivo en la casilla electrónica, impidiendo de esa forma la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR”. (Énfasis añadido).

en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, en tanto se negó injustificadamente a dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos de información formulados en el marco de las actuaciones inspectivas.

lo descrito por el inspector actuante respecto a la programación de las actuaciones. En particular, se ha señalado que la entrega tardía puede, según el caso, subsanar parcialmente la conducta o, por el contrario, imposibilitar una revisión integral y oportuna de la documentación, llegando a frustrar la fiscalización. Asimismo, dicha resolución establece que toda remisión efectuada con posterioridad al cierre de la orden de inspección configura directamente un supuesto subsumible en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. En el presente caso, tal como se dejó constancia en el Acta de Infracción, la falta de entrega oportuna de la información requerida en ambos requerimientos impidió continuar con la investigación en la etapa correspondiente, por lo que corresponde confirmar que la conducta imputada configura válidamente dos infracciones muy graves previstas en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, no resultando amparable lo alegado por la impugnante.

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…). 11. Non bis in ídem. - No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”.

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…).

19 Conforme a lo establecido en el fundamento jurídico 3.3 de la sentencia antes acotada.

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados. - Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”20. (Énfasis añadido).

20 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

esa medida, no se advierte vulneración alguna al Principio de Non Bis In Ídem, aun a la luz del precedente obligatorio fijado en la Resolución de Sala Plena N° 013-2022- SUNAFIL/TFL.

“Artículo 38.- Tipos de sanciones y criterios de graduación de las sanciones Las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”.

21 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…). 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 22 Ocampo Vásquez, F. (2011). El principio de razonabilidad como límite a la tipificación reglamentaria de los organismos reguladores. Ius et Veritas, (42), 2.

instancia, al imponer la sanción de multa, se efectuó el correspondiente juicio valorativo, aplicando correctamente las disposiciones normativas vigentes. Es importante señalar que los montos de las multas señalados en la tabla del RLGIT son fijos y predeterminados, por lo que ni la autoridad sancionadora ni la Intendencia tienen facultad para modificar o ajustar dichos importes.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor inspectiva Negativa de facilitar información y documentación solicitada mediante requerimiento de información de fecha 22 de marzo de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE Labor inspectiva Negativa de facilitar información y documentación solicitada mediante requerimiento de información de fecha 29 de marzo de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de

la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PERUVIAN ALLIANCE S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 111-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1723-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 111-2023-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a PERUVIAN ALLIANCE S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250910MABJ – HR: 271998-2020