Perubar S.A — Res. 92-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Sistema de gestión de seguridad en las empresas (Sub materia: Incluye todas); e, Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER (Sub materia: Prevención de riesgos). 2 Véase folios 07 y 08 del expediente inspectivo. 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no acreditar mediante documento idóneo, respecto a la desinfección de unidades, instalaciones y/o centros de control, al no otorgar las hojas de seguridad de las sustancias a emplear en la limpieza y desinfección de las áreas del centro de trabajo a dos (2) trabajadores de la empresa tercerizadora, así como las medidas en el transporte de personal, al no brindar durante el traslado de sus trabajadores una breve charla informativa sobre medidas de prevención respecto del Covid-19, tipificada en el numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 79,077.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de junio de 20202, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 79,077.00.

i. Refieren que, tal como se advierte de los cargos de entrega, se ha cumplido con entregar las hojas de seguridad respectivas. Señalan que, en dichos documentos se describieron las sustancias de limpieza según el nivel de riesgo conforme se indica en la Resolución Ministerial N° 128-2020-MIDEM/DM “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19, en las actividades del subsector minería, el subsector hidrocarburos y el subsector electricidad” (Protocolo Sanitario). Además, pese a que la autoridad de primera instancia ha reconocido que no corresponde sancionar sobre la presente falta, esta impone la multa administrativa, lo que afecta los principios de razonabilidad y debido procedimiento. ii. Con relación al servicio de transporte y la breve charla informativa sobre las medidas ante la Covid-19, se ha cumplido con presentar el procedimiento y medidas de seguridad en el servicio de transporte, tales como afiches y letreros de seguridad en los buses, indicando las obligaciones que deben cumplir los usuarios durante los traslados, así como la adopción de charlas en seguridad y prevención del presente virus.

iii. Además, refieren que, de acuerdo al citado Protocolo Sanitario, no existen requisitos de carácter obligatorio por los que deba gestionarse dicha capacitación previa. En ese sentido, el hecho de establecer la observancia de acreditar la existencia de la presente charla, el nombre del encargado de la misma, así como la hora exacta y su duración, se deduce que no cuentan con respaldo legal. De esta manera, al desconocer los motivos por los que se determinó la existencia de la presente infracción, se vulneró el principio de presunción de licitud y el debido procedimiento. iv. Por otro lado, manifiestan que, pese a que se demostraron las capacitaciones de prevención frente al contagio de la Covid-19, la autoridad inspectiva presumió que incumplieron la normativa correspondiente. De otro lado, se observa que la autoridad pretende subsumir de manera forzada la conducta respecto a la existencia de riesgo a la seguridad y salud de los trabajadores, lo que afecta a su vez el principio de tipicidad. v. Refieren que, corresponde considerar el incumplimiento de la medida de requerimiento como parte del ejercicio legítimo del derecho de defensa, máxime si no se ha cometido ninguna infracción sociolaboral. Por tanto, a criterio del inspector, debieron desistirse del presente derecho al momento de emitir la medida de requerimiento, lo cual carece de sustento jurídico y, a su vez, afecta el debido procedimiento. vi. Finalmente, expresan que la autoridad no ha cumplido con motivar debidamente el presente acto, lo que genera la nulidad de la resolución apelada.

i. Que, a lo largo del procedimiento administrativo sancionador, la inspeccionada no acreditó la entrega de las hojas de seguridad relacionada a los trabajadores Magda Ortega Miranda y Miguel Ángel Medina De La Cruz, lo que equivale a persistir en el cumplimiento de las disposiciones que expresan el citado Protocolo Sanitario. ii. Se observa que la autoridad de primer grado valoró la documentación remitida por la inspeccionada, no resultando suficiente para subsanar su conducta de acuerdo a las omisiones detectadas por el inspector. iii. Queda desvirtuada la presunción, si se comprueba, fehacientemente, la comisión de inconductas tipificadas en el ordenamiento jurídico vigente, las cuales, necesariamente, deberán confrontarse a través de los medios probatorios que recabe la autoridad a cargo del procedimiento de fiscalización. iv. Que, la inspeccionada remitió sendos “Manifiestos de pasajeros”; sin embargo, ello no genera convicción a este despacho sobre el cumplimiento de las charlas de

3 Notificada a la impugnante el 04 de abril de 2022, ver folio 78 del expediente sancionador.

medidas de prevención de la Covid-19, en el servicio de transporte de personal. Sin bien se han consignado temas como “Evite las aglomeraciones”, “¿Cuáles son los síntomas de la Covid-19?”, entre otros, no existe mayor evidencia de su existencia, siendo necesario mayores elementos de convicción, como la acreditación de su duración o el personal encargado de impartirlo, de tal manera que se encuentre plenamente acreditado la presente obligación en el marco de la emergencia sanitaria. v. En consecuencia, debido a que la inspeccionada no demostró haber impartido las presentes charlas de seguridad, ya sea en el procedimiento de inspección como en el trámite del PAS, resulta legítimo y razonable mantener la comisión de la presente falta, tipificada en el numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT. vi. Que, el mandato contenido en la medida inspectiva de requerimiento, resulta acorde a los principios de razonabilidad y legalidad, dado que este se expidió bajo los límites previstos por nuestro ordenamiento sociolaboral. En consecuencia, no cabe la posibilidad que la inspeccionada se resista al cumplimiento de los términos exigidos en la medida inspectiva, no siendo equiparada dicha oposición como una a salvaguardar el derecho defensa.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PERUBAR S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 547-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

i. Refieren que, no se observa fundamentación alguna respecto a porqué los documentos aportados y argumentos presentados no serían suficientes para desvirtuar las infracciones imputadas, insistiendo en una sanción que carece de sustento. ii. Respecto a la entrega de las hojas de seguridad, señalan que cumplieron con fundamentar adecuadamente y demostrar que sí cumplieron con presentar los referidos cargos de entrega con el detalle de las sustancias de limpieza entregadas según el nivel de riesgo, y que además ello se encontraba conforme a lo establecido por la Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM, lo que fue reconocido por la Sub Intendencia en los numerales 4.11 y 4.12 de la Resolución de Sub Intendencia. iii. Reiteran que no se encuentran ante un supuesto de incumplimiento legal, pues sí presentaron los documentos que evidenciaban no solo la entrega de las referidas hojas de seguridad, sino también la capacitación, que, al respecto, la contratista DECOCLEAN le brindó a su personal, y todo ello ocurrió en la respuesta a la medida de requerimiento y con anterioridad a la notificación del Acta de Infracción. iv. Alegan que, lo que sorprende fundamentalmente es que, pese a que la Sub Intendencia reconoce que no corresponde sancionar a su empresa, la multa que impone la Intendencia se mantiene no solo por la supuesta infracción al numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT, sino también por el supuesto incumplimiento a la medida de requerimiento; es decir, la Sub Intendencia da la razón en ese aspecto, pero pese a ello, la Intendencia pretende mantener la multa, conclusión que resulta absolutamente contraria al principio de razonabilidad y vulnera el debido procedimiento. v. De otro lado, manifiestan que, en cuanto a la supuesta infracción referida al Servicio de Transporte y la breve Charla Informativa que debe brindarse a los usuarios sobre las medidas de prevención frente al COVID-19, nuevamente se observa que la Intendencia desestima los argumentos sin aportar al respecto mayor sustento o fundamentación. vi. Señalan que, a criterio de la Intendencia habrían infringido el numeral VI.2.3 de la Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM; sin embargo, la norma no indica en modo alguno la serie de requisitos que indica la Intendencia, como acreditar el tema de la charla, el nombre del encargado, la hora exacta de la charla, y tampoco exige que se señale el tiempo de duración de la charla, como supuesto sustento para sancionar. vii. Refieren que han aportado el detalle de las capacitaciones brindadas al personal durante el traslado en el bus durante los meses de mayo 2020 a enero 2021; sin embargo, desconocen los motivos por los cuales se ha desestimado el valor probatorio de los documentos aportados, al señalar que solo son manifiestos de pasajeros, y que no recibieron la capacitación porque no existe firma del

trabajador; lo que vulnera el derecho a la debida motivación, a lo que se suma la vulneración al principio de presunción de licitud y al debido procedimiento. viii. En ese sentido, alegan que la Intendencia debió presumir, y a partir de la premisa de que efectivamente habrían realizado las capacitaciones mencionadas sobre la base de los documentos aportados al expediente, y solo en caso contara con evidencia de por medio, desvirtuar dicha presunción. ix. Expresan que, respecto a la infracción tipificada en el numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT, no existe motivación sobre cuál sería el riesgo grave e inminente que se desprendería para los trabajadores de las infracciones que indebidamente se les imputa. x. Aducen que, el argumento que utiliza la SUNAFIL para pretender sancionarlos es falso, pues se alega que, al supuestamente haber incurrido en las mencionadas infracciones, los trabajadores habrían estado expuestos a diversos peligros y riesgos que podrían afectar su salud “al no recibir conocimientos frente al COVID- 19”; es decir, se señala un riesgo grave e inminente, catalogado de manera subjetiva por la Intendencia. En ese sentido, señalan que, si el incumplimiento detectado no es posible encuadrarlo objetivamente con el hecho infractor tipificado, no correspondería atribuirle dicha infracción, ello bajo la función garantista que representa el principio de tipicidad. xi. Manifiestan que, los inspectores, la Autoridad Instructora, la Sub Intendencia y la Intendencia, pretenden encajar de manera forzada y en forma contraria al principio de razonabilidad la conducta, pretendiendo alegar que genera un supuesto riesgo a la seguridad y salud de los trabajadores, que no se sustenta en modo alguno y que no se desprende de los documentos aportados al expediente. xii. Que, la capacitación al personal sobre las diversas medidas de prevención frente al COVID-19, no ha sido materia de observación por parte del inspector, con lo cual es claro que este consideró suficiente la documentación presentada. xiii. Refieren que la Resolución de Intendencia ha incurrido en vicio de motivación, en la medida que en ningún extremo sustenta porque los argumentos expuestos no resultarían suficientes para desvirtuar la presunta comisión de las infracciones mencionadas, así como tampoco se aporta el sustento respecto a porque considera que los documentos ofrecidos no serían suficientes para levantar dichas observaciones. xiv. Asimismo, señalan que, a criterio de los inspectores, el colaborar con el inspector implica renunciar al ejercicio legítimo del derecho de defensa, pues a lo largo del procedimiento han sostenido que no han incurrido en ninguna infracción laboral, y, no obstante, al parecer deben renunciar a ello si el inspector lo requiere, argumento que carece de todo sustento jurídico y que evidencia una nueva vulneración al debido procedimiento. xv. Solicitan, en mérito a los documentos que obran en autos y a los argumentos expuestos en el presente, se declare la nulidad de la Resolución de Intendencia y desestime las supuestas infracciones imputadas, así como la multa propuesta.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo

tercerizadora, así como las medidas en el transporte de personal, al no brindar durante el traslado de sus trabajadores una breve charla informativa sobre medidas de prevención respecto del Covid-19.

10 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 11 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología”. Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; y f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores” (énfasis añadido).

12 Organización Mundial de la Salud: “La enfermedad está provocada por el virus SARS-CoV-2, que se propaga de una persona a otra de varias formas diferentes. El virus puede propagarse a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona infectada por la boca o la nariz al toser, estornudar, hablar, cantar o respirar. Las partículas tienen diferentes tamaños, desde las más grandes, llamadas «gotículas respiratorias», hasta las más pequeñas, o «aerosoles». - Los datos disponibles actualmente apuntan a que el virus se propaga principalmente entre personas que están en estrecho contacto, por lo general a menos de un metro (distancia corta). Una persona puede infectarse al inhalar aerosoles o gotículas que contienen virus o que entran en contacto directo con los ojos, la nariz o la boca. - El virus también puede propagarse en espacios interiores mal ventilados y/o concurridos, donde se suelen pasar largos periodos de tiempo. Ello se debe a que los aerosoles permanecen suspendidos en el aire o viajan a distancias superiores a un metro (distancia larga). - También es posible infectarse al tocar superficies contaminadas por el virus y posteriormente tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos.” (https://www.who.int/es/news-room/questions-and- answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted)

Miranda y Miguel Ángel Medina De La Cruz, lo que equivale a persistir en el incumplimiento de las disposiciones que expresan el citado Protocolo Sanitario.

empresas contratistas ante un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud. En tal sentido, corresponde no acoger este extremo del recurso de revisión.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. (…)”. (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

jurídico sociolaboral al momento de emitir dicho requerimiento. De lo contrario, se estaría incurriendo en una vulneración del principio de legalidad13.

13 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….) 14TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8.) 15LGIT: Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva: Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

que las acciones u omisiones de los sujetos obligados, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, constituyen infracción a la labor inspectiva.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar mediante idóneo, respecto a la desinfección de unidades, instalaciones y/o centros de control, al no otorgar las hojas de seguridad de las sustancias de las áreas del centro de trabajo a dos (2) trabajadores de la empresa tercerizadora, así como las medidas en el transporte de personal, al no brindar durante el traslado de sus trabajadores una breve charla informativa sobre medidas de prevención respecto del Covid-19. Numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de junio de 20202. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PERUBAR S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 547-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 31 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento

administrativo sancionador recaído en el expediente N° 4975-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 547-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a PERUBAR S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240124MCR