Peruana de Moldeados S.A.C — Res. 784-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la Remuneración (Sueldos y salarios). 20555195444 soft 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no colaborar con la autoridad inspectiva al no remitir/presentar la documentación solicitada en la fecha: 09 de marzo de 2020, necesaria para verificar el cumplimiento de la normativa de relaciones laborales; tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

i. Toda entidad antes de realizar notificaciones por casilla electrónica debe solicitar el consentimiento expreso del administrado y este debe otorgarlo expresamente para que surta efectos de notificación. Solo en este caso, la notificación surtirá efectos el día que conste haber sido recibida. Sin embargo, en el presente caso no se ha validado que hayamos logrado recibir dicha notificación, motivo por el cual, no hemos podido remitir los documentos solicitados, a efectos de que se lleva a cabo adecuadamente vuestra labor inspectiva. Asimismo, al visualizar la imputación de cargos notificada el 06 de mayo de 2021, validamos que el acta de infracción anexada es de fecha 15 de julio de 2020, es decir, se encontraba fuera de plazo legal al momento de ser notificada. ii. El Decreto Supremo N° 003-2020-TR, señala expresamente que cada vez que se realice una notificación a través de la casilla electrónica, SUNAFIL alertará al usuario, mediante el Sistema Informático de Notificación Electrónica, ya sea a su correo electrónico y/o mediante servicio de mensajería, y ello tampoco se ha cumplido, por lo cual, los cargos imputados en este extremo adolecen de una motivación valida al demostrarse los diversos vicios. iii. La imputación de cargos se encuentra fuera de plazo, conforme al artículo 13 de la LGIT y su Reglamento. En ese sentido, el plazo de investigación es de 30 días hábiles contados desde el inicio de las actuaciones inspectivas, a menos que la dilación sea causada por el sujeto inspeccionado, no obstante, no nos encontramos bajo ese supuesto, teniendo en cuenta que los plazos legales se han excedido de sobre manera, encontrándonos ante un evidente exceso de tiempo transcurrido, superándose los 30 días hábiles señalados por ley; por ello, las actuaciones inspectivas no pueden ser consideradas válidas.

i. Por medio de la Orden de Inspección N° 83-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, se dio inicio a las actuaciones de investigación llevadas a cabo del 24 de febrero de 2020 al 15 de julio de 2020, teniendo presente como materia objeto de inspección: remuneraciones-pago de remuneraciones (sueldos y salarios) incluye todas, estando en dicho periodo se advierte que el inspector de trabajo realizó la fiscalización laboral cuando no se encontraba aprobado el cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL (SINEI-SUNAFIL); es así que, con respecto al requerimiento de comparecencia de fecha 04 de marzo de 2020, la diligencia inspectiva se realizó de manera presencial de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 y 70 del TUO de la LPAG, otorgándole el plazo de tres días hábiles de notificado para la presentación de lo requerido, además, dicho requerimiento contempla el apercibimiento en el cual se trasladó al sujeto inspeccionado que la no exhibición de la documentación solicitada, sea en forma parcial o total, sería considerada una falta de colaboración con la inspección del trabajo, quedando facultado el suscrito inspector para proponer la multa pertinente. ii. En ese contexto, en cumplimiento de la obligación de colaboración, deberán: a) atenderlos debidamente, prestándoles las facilidades para el cumplimiento de su labor, b) acreditar su identidad y la de las perdonas que se encuentran en los centros o lugares de trabajo, c) colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas, d) declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones inspectivas; y, e) facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. iii. Bajo ese contexto, la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, “Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva”, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020- SUNAFIL, por medio del numeral 7.13, sub numeral 7.13.1.7, precisa lo siguiente: “(…) De igual manera, el sujeto inspeccionado debe aportar la documentación requerida por el inspector actuante en el requerimiento de comparecencia, bajo apercibimiento de ser sancionado por negativa de facilitar la información y documentación requerida, de acuerdo al numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT”. iv. En el caso de autos, el requerimiento de comparecencia emitido el 04 de marzo de 2020, fue programado por el inspector comisionado en fecha 09 de marzo de 2020, a las 09:00 horas, con el objeto de que la inspeccionada, colabore con la inspección del trabajo en la presentación de documentos, a efectos de poder realizara la verificación del cumplimiento de obligaciones laborales en relación a la materia objeto de inspección-remuneraciones a favor del trabajador Wuilmer Eberth Ramírez Vera.

2 Notificada a la impugnante el 28 de diciembre de 2021. Véase folios 39 del expediente sancionador.

v. Sin embargo, en la comparecencia inspectiva de fecha 09 de marzo de 2020, el inspector actuante mediante constancia de actuación inspectiva de investigación dejó constancia de lo siguiente: “iniciada la diligencia solo se exhibió la carta notarial N° 3915, respecto a la comunicación de la licencia con goce de haber al trabajador. No se exhibió el resto de la documentación solicitada en el requerimiento de comparecencia, por lo que, el suscrito inspector queda facultado para proponer la multa pertinente”. Incumpliéndose con ello el deber de colaboración frente a la inspección del trabajo. vi. Sin perjuicio de ello, indicar que el Decreto Supremo N° 003-2020-TR fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de enero de 2020 y la Resolución de Superintendencia N° 114-2020.SUNAFIL, sobre la implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL, fue el 01 de agosto de 2020. Por tanto, a la fecha de la diligencia de notificación de la imputación de cargos realizada el 06 de mayo de 2021, se entiende que el administrado tuvo pleno conocimiento de su importancia y obligatoriedad respecto al uso de la casilla electrónica, por lo que, no puede pretender desconocer su funcionamiento y obligatoriedad. vii. Estando a la visualización de las imágenes extraídas del sistema de casilla electrónica, se puede advertir que el sujeto inspeccionado fue válidamente notificado, puesto que la fecha de descarga la realizó el 05 de mayo de 2021, y la fecha de notificación el 06 de mayo de 2021, conforme también lo demuestra la constancia de notificación electrónica, debiendo tener presente que la notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario. viii. Cabe precisar que, la Orden de Inspección N° 83-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, generada el 13 de enero de 2020, que diera inicio a las actuaciones inspectivas contemplaba un plazo máximo de treinta (30) días para que el inspector asignado realice sus actuaciones de investigación; al respecto de la revisión del expediente de investigación se advierte que las actuaciones inspectivas se iniciaron el 24 de febrero de 2020 y concluyeron el 15 de julio de 2020; por tanto, se advierte que el inspector actuante desarrollo sus funciones en cumplimiento del plazo estipulado en la orden de inspección.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PERUANA DE MOLDEADOS S.A.C.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 259-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando lo siguiente:

i. Los argumentos sostenidos por vuestra intendencia señalan que las actuaciones de investigación iniciaron el 24 de febrero de 2020, fecha que es ajena a la realidad de los hechos, ya que si vamos al origen del presente procedimiento de investigación, la orden de inspección fue generada el 13 de enero de 2020, a partir de dicha fecha el inspector tuvo un plazo de 10 días hábiles para iniciar las actuaciones inspectivas para que en un plazo máximo de 30 días hábiles, conforme a ley, concluya con las actuaciones inspectivas, pero no se han cumplido los plazos.

ii. Asimismo, se señala que las actuaciones investigatorias finalizaron el 15 de julio de 2020, entendiendo que culminaron con la emisión del acta de infracción, cuando esta fue notificada recién el 06 de mayo de 2021. Cabe recalcar que todo acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce efectos, de acuerdo a la normativa legal vigente.

iii. Desestimamos los argumentos señalados respecto a estos extremos de temporalidad, debido a que, de acuerdo al criterio de razonabilidad, si inicialmente no se han efectuado las actuaciones inspectivas dentro del plazo legal, y tampoco se ha culminado con ellas dentro del plazo correcto, por ende, no corresponde continuar con el procedimiento sancionador.

iv. El inspector debió basarse en este mismo criterio de razonabilidad, ya que el plazo otorgado de tres días respecto al requerimiento de comparecencia inicial fue insuficiente y en vez de realizar un segundo requerimiento con la finalidad de completar la documentación inicialmente presentada por la empresa, decidió continuar con las actuaciones de investigación en la fase sancionadora.

v. Respecto a los argumentos relacionados a la fecha en que surten efectos las notificaciones realizadas por casilla electrónica, nos reafirmamos en lo mencionado en nuestro recurso de apelación, en el sentido que toda entidad antes de realizar notificaciones por casilla electrónica debe solicitar el consentimiento expreso del administrado y este debe otorgarlo expresamente para que surta efectos de notificación. Solo en este caso, la notificación surtirá efectos el día que conste haber

sido recibida.

vi. Sin embargo, en el presente caso no se ha validado que hayamos logrado recibir dicha notificación, motivo por el cual, no hemos podido remitir los documentos solicitados, a efectos de que se lleva a cabo adecuadamente vuestra labor inspectiva.

vii. Además, el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, señala expresamente que cada vez que se realice una notificación a través de la casilla electrónica, SUNAFIL alertará al usuario, mediante el Sistema Informático de Notificación Electrónica, ya sea a su correo electrónico y/o mediante servicio de mensajería, y ello tampoco se ha cumplido, por lo cual, los cargos imputados en este extremo adolecen de una motivación valida al demostrarse los diversos vicios.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración a los plazos de las actuaciones de investigación

Figura N° 01

Figura N° 02

Figura N° 03

Sobre la notificación realizada mediante casilla electrónica

artículo 139 establece como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

9 STC 00649-2002-AA/TC, 03793-2006-AA/TC, entre otras. 10 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…)

Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, si efectivamente las alertas habían sido emitidas por el SINEL-SUNAFIL según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR11, o si ha mediado una situación no imputable a la autoridad administrativa. En el presente caso, se ha identificado que la impugnante si recibió las alertas señaladas en su correo electrónico, debido a que registró sus datos de contacto con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos notificada. En ese entendido, en el caso en particular se verifica:

- A folio 06 del expediente sancionador, se aprecia la Imputación de Cargos N° 225- 2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI, de fecha 04 de mayo de 2021; y, a folio 07, la “Constancia de Notificación Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante, con el cual se deja constancia del depósito de la Imputación de Cargos N° 225-2021- SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI, de fecha 04 de mayo de 2021, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 04:

2021, la impugnante si recibió la alerta a través del correo electrónico, porque registró su contacto con fecha anterior a la notificación de la imputación de cargos, conforme se aprecia a continuación:

Figura 05:

Figura 06:

12 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (énfasis añadido)

Sobre el requerimiento de información

13 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley.”

14 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…).

respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada.

- A folio 52 se aprecia el documento denominado “Requerimiento de comparecencia”, de fecha 04 de marzo de 2020, notificado de manera presencial a la representante de la impugnante, la señora Rossmery Valencia Cauti; otorgando el plazo máximo de tres días hábiles, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación: i) Copia de las boletas de pago de remuneraciones desde enero de 2019 hasta febrero de 2020; ii) Copia de los depósitos bancarios o pago de las remuneraciones del trabajador desde enero de 2019 hasta febrero de 2020, asimismo haber efectuado el pago y/o depósitos de todos los derechos o beneficios laborales del trabajador, como: CTS, gratificaciones, vacaciones; iii) Informe suscrito por el Gerente de Recursos Humanos o quien haga sus veces, señalando desde que fecha y hasta que fecha el trabajador Wuilmer Eberth Ramírez Vela, cuenta con licencia con goce de haber y el motivo de la misma.

- Asimismo, conforme se verifica de los numerales 4.6 de los hechos constatados en el acta de infracción, el inspector comisionado dejo constancia que la impugnante no cumplió con remitir la información solicitada.

15 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 16 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No colaborar con la autoridad inspectiva al no remitir/presentar la documentación solicitada en la fecha: 09 de marzo de 2020, necesaria para verificar el cumplimiento de la normativa de relaciones laborales. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-

TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PERUANA DE MOLDEADOS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 259-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 124-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 259-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a PERUANA DE MOLDEADOS S.A.C., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUIS GABRIEL PAREDES MORALES