Pearson Educación de Perú S.A — Res. 1377-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: verificación de hechos (sub materia: verificación del despido arbitrario).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia virtual programada para el día 13 de abril de 2021, tipificada en el numeral 46.6 del artículo 46 del RLGIT.

i. La notificación para la comparecencia virtual programada para el día 13 de abril de 2021 notificada vía casilla virtual, no cumplió con lo establecido en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, referente al envío de la alerta mediante correo electrónico de la notificación respectiva, hecho que no se ha demostrado en el presente procedimiento sancionador, vulnerándose así, el derecho al debido proceso y del derecho de defensa del inspeccionado. Al respecto, pese a lo ya establecido en las Resoluciones Nº 547-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y Nº 552-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala emitidas por el Tribunal de Fiscalización Laboral de la Sunafil, en la resolución apelada no se aprecia ni una línea de análisis al respecto, vulnerándose así, la motivación que deben contener los actos administrativos sino, además, el principio de predictibilidad y confianza legítima y buena fe procedimental. ii. Solicita en esta instancia el uso de la palabra en Audiencia de Informe Oral, pese a que, su pedido no ha sido atendido por la Autoridad Instructora ni por la Autoridad resolutiva; de lo contrario, no pronunciarse sobre ello, estaría transgrediendo el derecho de defensa y el principio del debido procedimiento de la inspeccionado. Además, reitera que la resolución apelada inaplica, erróneamente, lo previsto en el numeral 3 del artículo 17 del RLGIT.

i. De conformidad con el numeral 4.6 de los hechos constatados del acta de infracción, se tiene que: “(…) El día 13 de abril de 2021 se llevó a cabo la Diligencia Virtual de Verificación de Presunto Despido Arbitrario programada. Con la sola participación de la recurrente y se esperó al sujeto inspeccionado para que, a través de su representante legal u otra persona con facultades de representación, participaran en la diligencia notificada para las 11:30 horas, pero estas no se hicieron presentes, pese a encontrarse debidamente notificado, conforme se observa de la constancia de notificación vía casilla electrónica y del requerimiento de comparecencia virtual obrantes en el expediente de la presente orden de inspección, por lo que la

inasistencia del sujeto inspeccionado a la diligencia inspectiva virtual constituye infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa”. Dicho esto, repárese que, de conformidad a lo establecido en los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por el personal inspectivo que se formalicen en las actas de infracción, observando los requisitos que se establezcan. ii. Vista la legalidad de la creación de la casilla electrónica por esta administración y, además, acreditada la existencia de la constancia de notificación del requerimiento de comparecencia, no se encuentran razones para ejercer que no se siguió con el procedimiento así regulado en la norma legal. Al respecto, cabe recordar que no resulta necesaria para la eficacia de las notificaciones las alertas, por lo que es propicio resaltar que las alertas no revisten de validez a la notificación, pues, tal como se establece en el artículo 8 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, constituye obligación del usuario. iii. En ese contexto, en concordancia con los Principios de Economía y Celeridad Procesal, se estima que el trámite del procedimiento administrativo sancionador – PAS ocurra con el menor número de actos procesales, y que se alcance una decisión en tiempo razonable, por estas consideraciones, es pertinente declarar no ha lugar la solicitud de uso de la palabra, debido a que, el inspeccionado en todo momento tuvo apertura con la autoridad competente del PAS para expresar su descontento respecto de lo propuesto y resuelto por esta. iv. En el desarrollo del presente procedimiento, conforme se dejó constancia en el numeral 4.8 del acta de infracción, la inasistencia del inspeccionado a la comparecencia virtual programada para el día 13 de abril de 2021, frustrándose la verificación del supuesto despido arbitrario del ex trabajador afectado; en ese sentido, no se puede determinar el cumplimiento o subsanación de las posibles infracciones, correspondiendo desestimar lo alegado en este extremo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 3 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 4 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 5 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 6 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PEARSON EDUCACION DE PERU S.A.

7 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 11 de abril de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 15 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 299-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Pone de conocimiento que la administrada no fue debidamente citada, al no haber recibido alerta al correo, por lo cual, no se ha cometido la infracción a la labor inspectiva para ser acreedores de una multa ascendente a S/ 11,572.00, por la infracción contemplada en el numeral 46.6 del artículo 46 del RLGIT. La incorrecta interpretación del artículo 36 de la LGIT, ha generado la vulneración del Principio de Causalidad y del Debido Procedimiento, los cuales no han sido desvirtuados en la resolución materia de impugnación. ii. La autoridad administrativa, en primera y segunda instancia, hacen una incorrecta interpretación del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, pues se limitan a indicar que, en virtud del mencionado artículo, SUNAFIL asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, sin tomar en consideración que existe una obligación de SUNAFIL de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento.- No se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración al principio de tipicidad

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

“i) Exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que califica como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal (de acuerdo con el principio de taxatividad); ii) En un segundo nivel -esto es, en la fase de la aplicación de la norma- la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la falta de tipificación de los hechos, de acuerdo

con el denominado principio de tipicidad en sentido estricto.”8

Sobre el requerimiento de comparecencia

8 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 1ra Reimpresión, 2017. Madrid: Editorial Tecnos, p. 269. 9 TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8. 6.15. El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

“7.14.1.3 Transcurrido el tiempo antes señalado sin que se presente el sujeto inspeccionado, se entiende que ha incurrido en inasistencia de la comparecencia y, por tanto, se configura una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa, de conformidad con el artículo 46 numeral 46.10 del RLGIT, sin perjuicio de agotarse y seguir con las actuaciones de investigación correspondientes dentro del plazo otorgado. (…)” (el resaltado es propio). 6.18. En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

10 “Artículo 69.- Comparecencia personal 69.1 Las entidades pueden convocar la comparecencia personal a su sede de los administrados sólo cuando así le haya sido facultado expresamente por ley. 69.2 Los administrados pueden comparecer asistidos por asesores cuando sea necesario para la mejor exposición de la verdad de los hechos. 69.3 A solicitud verbal del administrado, la entidad entrega al final del acto, constancia de su comparecencia y copia del acta elaborada.”

de formalidades, descritas en el artículo 7011 de la misma fuente. Sin embargo, dicha determinación no puede ser ajena a la coyuntura social y el avance de las tecnologías que permitan un adecuado desarrollo de las finalidades de la administración.

“7.9.1. La comparecencia es la exigencia requerida por el Inspector comisionado al sujeto inspeccionado para presentarse en la oficina pública que éste señale para aportar documentación o efectuar las aclaraciones pertinentes de manera presencial o virtual. La comparecencia se efectúa de acuerdo a lo regulado por el TUO de la LPAG en relación a este tipo de diligencia y sus formalidades. 7.9.2. Asimismo, dicha modalidad de actuación puede llevarse a cabo, través del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones.” (el resaltado es propio).

11 “Artículo 70.- Formalidades de la comparecencia 70.1 El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo constar en ella lo siguiente: 70.1.1 El nombre y la dirección del órgano que cita, con identificación de la autoridad requirente; 70.1.2 El objeto y asunto de la comparecencia; 70.1.3 Los nombres y apellidos del citado; 70.1.4 El día y hora en que debe comparecer el citado, que no puede ser antes del tercer día de recibida la citación, y, en caso de ser previsible, la duración máxima que demande su presencia. Convencionalmente puede fijarse el día y hora de comparecencia; 70.1.5 La disposición legal que faculta al órgano a realizar esta citación; y, 70.1.6 El apercibimiento, en caso de inasistencia al requerimiento. 70.2 La comparecencia debe ser realizada, en lo posible, de modo compatible con las obligaciones laborales o profesionales de los convocados. 70.3 El citatorio que infringe alguno de los requisitos indicados no surte efecto, ni obliga a su asistencia a los administrados.” 12 Aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 103-2020-SUNAFIL, de fecha 10 de julio 2020. 6.23. Sobre el particular, mediante la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, de fecha 30 de julio de 2021, el cual cuenta con calidad de precedente de observancia obligatoria, el Tribunal de Fiscalización Labora ha establecido que las conductas que impiden o dificultan la fiscalización (obstrucción, abandono/inasistencia, etc.) son infracciones autónomas al deber de colaboración y no son accesorias a las infracciones sustantivas, sobre la base de los siguientes términos:

“9. Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo. (…).” (resaltado es propio).

“(…) 6.30. En ese sentido, se reafirma la aplicación irrestricta del Principio de Tipicidad como garantía del debido procedimiento administrativo, incluso en la etapa inspectiva. Este principio exige que toda conducta sancionable se encuentre previamente tipificada en una norma con rango de ley, de forma clara y específica, conforme al aforismo nullum poena sine lege —no hay pena sin ley. Por tanto, en ninguna etapa del procedimiento administrativo sancionador - tampoco desde la inspección- puede incluirse un comportamiento sancionable adicional al previsto en la norma, más aún cuando esta no excluya o impida su otorgamiento, como sucede en el presente caso. Admitir este tipo de interpretaciones extensivas o analógicas no solo está prohibido por la ley, sino que vulnera el literal a. del numeral 24 del artículo 2° de la Constitución Política ya que en un Estado Constitucional de Derecho todo lo que no está prohibido por la ley, se encuentra permitido para los particulares. En consecuencia, los tipos infractores del RLGIT deben aplicarse conforme se encuentren previstos -sin admitir interpretación extensiva o analogía- para no vulnerar el Principio de Tipicidad, el Debido Procedimiento y la libertad personal del administrado.”

empleada para el desarrollo de la misma (virtual o presencial), la inasistencia a la misma por parte del inspeccionado ha resultado sancionado bajo el marco del tipo infractor correspondiente al numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Así tenemos, por ejemplo, lo fundamentado en el precedente de observancia obligatoria correspondiente a la Resolución de Sala Plena Nº 013-2024-SUNAFIL/TFL, de fecha 19 de junio de 2024, mediante el cual -entre otros- esta Sala resolvió de la siguiente manera:

“(…) 6.50 En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionada ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica. 6.51 En el caso en particular, con fecha 10 de mayo de 2021, se procedió a notificar a la inspeccionada el requerimiento de comparecencia virtual programada para la fecha 13 de mayo de 2021 a horas 14:30 horas (…) 6.53 Sin embargo, en el día y hora indicados, pese a estar debidamente notificada la Inspeccionada no se presentó, transcurridos 10 minutos se dio por culminada la diligencia, habiendo, con su inasistencia, incurrido en infracción a la labor inspectiva. Por consiguiente, corresponde confirmar la sanción por su inasistencia a la comparecencia virtual programada para el día 13 de mayo de 2021, tipificada en el numeral 46.10 del RLGIT.” (el resaltado es propio).

Figura N 01:

Figura Nº 02:

13 Resolución de Sala Plena Nº 003-2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 12 de febrero de 2023, mediante el cual se habilita a la administración generar conclusiones en contra del proceder culposo de no registrar el contacto respectivo en la casilla electrónica, así tenemos: “13. En ese sentido, reconociendo la discrepancia existente (la que habría de resolverse en cuanto haya más Salas del TFL implementadas), la Primera Sala mínimamente ha consensuado un supuesto de responsabilidad administrativa: si, luego de la consulta con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, se identifica que la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica (entiéndase, el administrado) es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos (a través de los cuales se depositarían las alertas complementarias a la notificación por vía de la casilla electrónica). 14. En tal supuesto, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieren depositado en la casilla electrónica. De esta forma, es factible la sanción encausada por el inciso 46.3 del artículo 46 del RLGIT contra el administrado que, por omisión culposa, deja de registrar el contacto respectivo en la casilla electrónica, impidiendo de esa forma la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo No 003-2020-TR. (…).” (el resaltado es propio). 14 “46.6. El abandono o inasistencia a las diligencias inspectivas.”

15 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.” taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo, así tenemos:

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.” (énfasis agregado)

Sobre la determinación de la línea de criterio

16 “Artículo 13.- Alcances de la nulidad (…) 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.” 17 Resolución Nº 1034-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 15 de agosto de 2025.

numeral 46.6 del artículo 46 del RLGIT18.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

18 Resolución Nº 644-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 14 de julio de 2023, y Resolución Nº 782-2025- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 03 de julio de 2025. 19 Sentencia 792/2024 de fecha 13 de junio de 2024 emitida en el Expediente Nº 3728-2023-PA/TC CUSCO por el Tribunal Constitucional. 6.45. En tal sentido, considerando que la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0242- 2023-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 16 de enero de 2023, ha sido emitido vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG, tal resolución carece de efecto y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la citada resolución y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y de tipicidad.

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por PEARSON EDUCACION DE PERU S.A., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0242-2023-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 16 de enero de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1389-2022-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo al momento en el que se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0242-2023- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 16 de enero de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. – Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.47 de la presente resolución. CUARTO. - Notificar la presente resolución a PEARSON EDUCACION DE PERU S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251007RLSH - HR: 46330-2021