Patronato del Parque de las Leyendas- Felipe Benavides Barreda — Res. 1092-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Asignaciones) y Relaciones colectivas (Sub materia: Convenios colectivos) CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de los reintegros aprobados en los Acuerdos de Consejo Directivo N° 012-PATPAL- FBB/CD/MML; Acuerdo de Consejo Directivo N° 056-2012 y Acuerdo de Consejo Directivo N° 01-2014-PATPAL-FBB/CD/MML, desde el mes de enero 2018 al mes de diciembre 2019, a favor del trabajador Arturo Jesús Sotelo Duran, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,805.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago del Laudo Arbitral 2017 en lo referido a las cláusulas: Bonificación por aniversario del PATPAL-FBB, obsequio por onomástico de los años 2018 y 2019, y asueto del año 2018, a favor del trabajador Arturo Jesús Sotelo Duran, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,805.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento adoptada el 31 de enero de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00. 1.4. Con fecha 27 de agosto de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 713-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1, argumentando lo siguiente:

i. La resolución apelada agravia a su representada, pues no ha considerado las acciones tomadas a favor del trabajador Arturo Jesús Sotelo Durán, para el pago de sus beneficios, pues mediante Carta N° 013-2021/PATPAL-FBB/GAF, de fecha 22 de abril de 2021, se le puso de conocimiento el compromiso de pago de beneficios laborales reconocidos a su favor, si bien es cierto que constituye una promesa de pago futuro tal y como lo ha señalado la resolución apelada, no es menos cierto que también constituye una obligación que se asume y prueba de ello, son las acciones conducentes a hacer efectivo dicho compromiso. ii. Se adjunta la boleta de pago de diciembre 2020 debidamente suscrita por el trabajador, que responde al concepto de pago por onomástico de los años 2018, 2019 y 2020, en virtud a lo señalado en la resolución apelada en su considerando 4.28. iii. Con respecto a que no se acreditó el asueto por onomástico con goce de haber correspondiente al año 2018, se informa que el día 11 de enero de 2018, el trabajador aún no había sido reincorporado sino hasta el 18 de enero de 2018, por lo que era imposible que se le otorgue asueto por onomástico.

iv. Finalmente, al haber acreditado la subsanación de las infracciones imputadas con el cumplimiento del cronograma establecido para el pago de los beneficios laborales a favor del trabajador Arturo Jesús Sotelo Duran, es de aplicación a la reducción de la multa impuesta al 30% en virtud a lo dispuesto en el artículo 40 de la LGIT.

i. Respecto, de la revisión de la documentación remitida en el procedimiento recursivo, se advierte a folio 74 del expediente sancionador, que el inspeccionado presenta la mencionada boleta de pago, debidamente suscrita por el trabajador en señal de su conformidad, por lo que se debe tener por pagado por concepto de onomástico. ii. En cuanto a la documentación remitida en el procedimiento recursivo, referidas a las boletas de pago, se advierte que se refieren al pago ascendente a S/1,000.00, que representan los pagos por los siguientes conceptos; 1) Pactos Colectivos (2018-2019) Bonificación por aniversario y retorno vacacional, 2) Pactos Colectivos (2018-2019) Bonificación por aniversario y retorno vacacional, 3) Pactos Colectivos (2018-2019) Bonificación por aniversario y retorno vacacional y 4) Pactos Colectivos (2018-2019) Bonificación por aniversario y retorno vacacional; sin embargo, se advierte que en dichas boletas se consignan como "MES DE PAGO -MAYO DEL 2020; MES DE PAGO-JUNIO DEL 2020; MES DE PAGO-JULIO DEL 2021; y, MES DE PAGO - AGOSTO DEL 2021”, respectivamente, lo cual no genera la certeza que los pagos efectuados se refieran al pago de la bonificación por Aniversario del PATPAL-FBB (S/. 500.00) de los años 2018 y 2019, que es materia de autos; toda vez que, en ningún extremo de las mencionadas boletas de pago hacen referencia o indican que los pagos otorgados se refieran a dicho periodo. en cuanto al pago por bonificación por Aniversario del PATPAL-FBB (S/. 500.00) de los años 2018 y 2019, no genera la certeza de su cumplimiento, por consiguiente, al subsistir uno de los extremos de la infracción, la aplicación del literal a) artículo 40 de la LGIT, resulta improcedente. iii. La autoridad de primera instancia ha sancionado al inspeccionado por no cumplir con la medida de requerimiento de fecha 31 de enero de 2021, a pesar de haberle otorgado el plazo de dos (2) días hábiles para que adopte las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de relaciones laborales, incurriendo en la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; sobre cuyo extremo el inspeccionado no ha desvirtuado ni esbozado argumento alguno; por lo que esta intendencia considera que el pronunciamiento de la autoridad de primera instancia se encuentra debidamente motivado, debiendo confirmarse la sanción impuesta por dicho extremo.

2 Notificada a la impugnante, el 04 de enero de 2022, véase folio 96 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS- FELIPE BENAVIDES BARREDA

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 24 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1838-2021-SUNAFIL/ILM, señalando lo siguiente:

i. La resolución materia de revisión soslaya nuestros derechos e intereses al no merituar debidamente las pruebas aportadas en el presente procedimiento sancionador transgrediendo el principio de presunción de veracidad, toda vez que en un procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, así como la transgresión al principio de buena fe procedimental; toda vez que esta parte, durante el desarrollo del procedimiento siempre ha actuado de buena fe y con la colaboración requerida en todos sus actos procesales. ii. La resolución adolece de falta de motivación suficiente para calificar la actuación de esta parte, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo, toda vez que existe la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a, su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho. iii. Igualmente se está cumpliendo con los abonos por los pactos colectivos, tal como se puede verificar de las boletas de los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, en las cuales consta en la parte superior de las mismas, los conceptos "REINTEGRO (2018-2019) SEGÚN ACUERDOS-ARTURO SOTELO DURAN", por la suma de S/. 1,003.00 en cada una de las boletas. iv. No es posible sancionar por infracción muy grave y por infracción grave un mismo incumplimiento, es decir por no cumplir con el pago de los beneficios sindicales mencionados en un plazo de dos días dentro de una medida de requerimiento (INFRACCIÓN MUY GRAVE) e individualmente por no cumplir con dicho pago (INFRACCIÓN GRAVE), lo cual estaría mereciendo doble sanción, por lo que no se podría castigar un mismo hecho dos veces, en aplicación al principio del Non bis in idem, lo cual tendrá que ser evaluado por su Despacho, a fin de que se revoque este extremo de la resolución.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la vulneración a la presunción de veracidad 6.1 Sobre el principio de presunción de veracidad9, Morón Urbina señala que “es un principio informador de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, consistente en suponer por adelantado y con carácter provisorio que los administrados proceden con verdad en sus actuaciones en el procedimiento en que intervengan de modo que se invierte la carga de la prueba previa de veracidad a cargo del administrado, por la acreditación de la falsedad a cargo de la Administración en vía posterior.”10

9 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 004-2019- JUS “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...) 1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”. 10 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios de la Ley del Procedimiento Administrativo. Editorial Gaceta Jurídica. Décima Edición. 2014. pp. 79-81. Citado en fundamento 8 de la Sentencia Casación N° 4943 - 2015 LIMA, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Sobre la vulneración al principio de buena fe procedimental

“Utilizar el procedimiento o algunas de sus actuaciones para lograr fines fraudulentos, reiterar un pedido simultánea o sucesivamente hasta lograr su aceptación sin perfeccionar la documentación ya observada antes, alegar hechos contrarios a la realidad, emplear maniobras dilatorias o que tiendan a entorpecer la buena marcha del procedimiento, ocultar información sobre terceros interesados, son conductas contrarias a la buena fe ejecutadas por los administrados, y que vician un procedimiento por aplicación de este principio.”12

“No debe dejar de advertirse que la autoridad como instructora del procedimiento también asume el deber de estar atenta a identificar cualquier fraude, colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria y adoptar las decisiones adecuadas y para desalentarlas. Cuando ello sucede la autoridad está llamada a advertirlo y llamar la atención a las partes, valorar dicha conducta al momento de resolver (por ejemplo, en materia sancionadora) y, si cuenta con norma habilitante, aplicar al administrado desleal una multa administrativa y/u obligarle a asumir costos del proceso”13.

11 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 12 MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica Editores. Tomo I. Página 106. 13 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob cit. Página 107.

Sobre la vulneración al debido procedimiento y motivación

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican”.

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

14 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio trascendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto” (énfasis añadido).

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican”.

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 15 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348.

Sobre los documentos presentados por el Sujeto inspeccionado

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“6.8. Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que

16 Folio 130 del expediente inspectivo.

contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

17 “Artículo 46.- Infracciones muy graves a la labor inspectiva Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 46.7 No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. 18 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4.

Sobre la vulneración al principio de non bis ídem 6.31. Es importante mencionar que el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, señala que la potestad sancionadora de todas las entidades está regida por el siguiente principio:

“Non bis in ídem. - No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.”

19 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. “Las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo. Las llamadas resoluciones “que causan estado”. En: Ius et Veritas. Año 9, Nº 16. Lima, junio, 1998, pp. 209- 210, señala que: “(...) acto administrativo que “causa estado” es aquél que agota o pone fin a la vía administrativa porque fija de manera definitiva la voluntad de la Administración, constituye la manifestación final de la acción administrativa respecto de la cual no es posible la interposición de otro recurso impugnativo, (...) por lo que únicamente podría ser objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial. 20 MORÓN URBINA, Juan Carlos: “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Sétima Edición Revisada. Abril de 2008. Gaceta Jurídica. Lima-Perú. Pág. 672.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditó el pago íntegro de las Remuneraciones (Reintegros) de los Acuerdos Consejo Directivo N° 012- PATPAL, 056-2012-PATPAL y 01-2014- PATPAL desde el mes de enero 2018 hasta el mes de diciembre 2019. 24.4 del artículo 24 del RLGIT Relaciones Laborales No acreditó el cumplimiento del Laudo Arbitral 2017 en lo referido a las cláusulas: Bonificación por aniversario del PATPAL-FBB de los años 2018 y 2019, obsequio por onomástico de los años 2018 y 2019, y asueto del año 2018, 24.4 del artículo 24 del RLGIT Labor inspectiva No acreditó el cumplimiento de la Medida Inspectiva de Requerimiento adoptada el 31 de enero de 2021. 46.7 del artículo 46 del RLGIT

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS- FELIPE BENAVIDES BARREDA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1838- 2021-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3600-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1838-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a el PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS- FELIPE BENAVIDES BARREDA y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20221123MLA