Parqueos Unidos S.A.C — Res. 261-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades), Participación en las utilidades (Sub materia: Pago), y, Seguridad social (Sub materia: Declaración y pago de la seguridad social). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega de las boletas de pago de remuneraciones, del periodo de julio de 2021 a febrero de 2022, a la recurrente Diana Milagros Villalobos Bernal, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT, con una multa ascendente a S/ 414.00.

- Una (1) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la distribución de las utilidades a la recurrente Diana Milagros Villalobos Bernal, correspondientes al año 2021, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, con multa ascendente a S/ 2,070.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no haber cumplido con efectuar el pago de los aportes al Sistema Privado de Pensiones efectivamente retenidos en el mes de febrero de 2022 de la recurrente, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,062.60.

- Una (1) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de fecha 31/05/2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, con multa ascendente a S/. 3,542.00.

i. Se les pretende imponer una multa no razonable ni proporcional, ni acorde a las presuntas infracciones, como bien se ha señalado, su representada ha cumplido con todos los beneficios sociales de la ex trabajadora Diana Milagros Villalobos Bernal, no existiendo perjuicio alguno para la misma, sin embargo, se pretende con un ánimo punitivo de perjudicar a mi representada, emitiendo una sanción sin su debida evaluación ni en concordancia con la realidad, en la medida que se estaría vulnerando los principios del procedimiento administrativo. Dicho lo anterior, corresponde preguntarse ¿Por qué es relevante haber descrito el régimen común del

procedimiento administrativo del TUO de la LPAG en el marco del presente caso? La respuesta es simple. Se busca que la SUNAFIL como ente fiscalizador, tenga presente las normativas del procedimiento administrativo ordinario (y del sancionador), ya que son pilares importantes para la protección a las garantías y derechos de los administrados que no se puede desconocer. El TUO de la LPAG ya no es más una norma supletoria. Por el contrario, es una norma que establece condiciones mínimas que deben ser respetadas en todo momento. Tan es así que toda omisión (léase, contravención o inaplicación) de los principios y reglas del procedimiento administrativo del régimen común del TUO de la LPAG por parte de las entidades de la administración, como la SUNAFIL, constituye una causal de nulidad de la sanción administrativa, no siendo posible ni siquiera evaluar la posibilidad de conservarla. En otras palabras, un acto de sanción que desconoce o infringe las reglas descritas, necesariamente ha de declararse nulo. LA SUNAFIL VULNERÓ EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE RIGE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. - Nótese que dentro del alcance del debido procedimiento administrativo se encuentra el derecho de los administrados como a obtener una decisión motivada, a refutar los cargos imputados, siendo que estos derechos no son limitados, en la medida que el derecho a la defensa inmerso dentro debido procedimiento también estaría siendo vulnerado, debido a que los descargos de mi representada no han sido correctamente evaluados que con anterioridad hemos presentado. LA SUNAFIL VULNERÓ EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD QUE RIGE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ii. En el presente caso debe observarse, además, que el propio Decreto Legislativo N° 276, en su artículo 27°, establece que: “(…) los grados de sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad (…) debiendo contemplarse en cada caso, no sólo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del servidor (…)”. Esto implica un claro mandato a la administración municipal para que, en el momento de establecer una sanción administrativa, no se limite a realizar un razonamiento mecánico de aplicación de normas, sino que, además, efectúe una apreciación razonable de los hechos en relación con quien los hubiese cometido; es decir, que no se trata sólo de contemplar los hechos en abstracto, sino “en cada caso” y tomando en cuenta “los antecedentes del servidor”. En ese sentido, los principios de razonabilidad y la proporcionalidad con la sanción impuesta por parte del ente fiscalizador no son coherente ni justa, teniendo conocimiento los perjuicios que la crisis sanitaria nos ha acogido a nivel mundial, y no considerando los descargos expuestos con anterioridad, empleando así una sanción severa y no concordante. En el presente caso, ha quedado demostrado que nuestra representada ha cumplido con todas sus obligaciones sociolaborales a favor de la recurrente; sin embargo, se nos pretende sancionar por supuestos incumplimientos al procedimiento inspectivo sin argumentos suficientes por parte del ente fiscalizador.”

i. Debe tenerse en cuenta que la inspeccionada no ha acreditado que al trabajador afectado se le haya entregado dichos documentos laborales, pues no obra el cargo de recepción de las boletas de pago dentro del plazo legal (tercer día hábil), considerando que la inspeccionada debió haber documentado las acciones respectivas para probar el cumplimiento de dicha obligación. Por ende, esta Intendencia advierte que en efecto no obra documentación alguna en los actuados que acredite la entrega de las boletas de pago a la trabajadora Diana Milagros Villalobos Bernal, motivo por el cual se confirma la sanción impuesta por la comisión de la infracción prevista en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. ii. En mérito a los hechos constatados en el Acta de Infracción, la Autoridad de primera instancia mediante la resolución apelada ha sancionado a la inspeccionada, en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las utilidades del ejercicio anual 2021, incluido los intereses legales, a favor de la trabajadora afectada, no habiendo presentado documentación alguna respecto a este punto, por ello debe confirmarse la sanción referida a esta matera cuyo incumplimiento se encuentra tipificado en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. iii. En tal sentido, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por la inspeccionada de manera previa al inicio del procedimiento sancionador. Por lo tanto, de la revisión del expediente de actuaciones inspectivas, se verificó que el inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento el 31 de mayo de 2022, otorgando el plazo de (03) días hábiles para que la inspeccionada proceda a subsanar el incumplimiento detectado, a favor de los trabajadores afectados. Sin embargo, la inspeccionada no cumplió con acreditar el cumplimiento de la referida medida inspectiva, por lo que debe confirmarse la sanción establecida en la resolución apelada en todos sus extremos. iv. En tal sentido, la resolución apelada se sustenta en los hechos constatados mediante las actuaciones inspectivas de investigación, formalizados en el Acta de Infracción, mediante la exposición de las razones jurídicas y normativas que justifican la decisión de sancionar a la inspeccionada, determinado las normas vulneradas, la tipificación y calificación de dicha conducta infractora y la correspondiente sanción conforme a lo previsto por el artículo 6 numeral 6.1 de la LPAG, acogidas por la autoridad instructora en el Informe Final; motivo por el cual, el acto administrativo emitido por la autoridad de primera instancia se encuentra debidamente motivado, y no se advierte afectación al derecho fundamental del debido procedimiento, por lo que no resulta amparable este extremo del recurso de apelación.

2 Notificada a la impugnante el 12 de octubre de 2022.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional9.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PARQUEOS UNIDOS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 154-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes alegatos:

9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

i. LA SUNAFIL VULNERÓ EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE RIGE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Dentro del alcance del debido procedimiento administrativo se encuentra el derecho de los administrados o particulares, considerando que aquellos derechos no son limitativos, entre ellos el refutar los cargos, a una adecuada motivación sin un ánimo punitivo, el derecho de defensa, el cual se encuentra inmerso dentro del debido procedimiento. Hasta aquí resulta claro que el principio del debido procedimiento implica que todo administrado pueda ser sancionado siempre que se haya tramitado un procedimiento administrativo y a falta de prevalecer uno de los tantos derechos y garantías a favor del administrado que se encuentren inmersos en dicho principio, estaría frente a grave vulneración. ii. LA SUNAFIL VULNERÓ EL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD QUE RIGE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. En el presente caso, ha quedado demostrado que su representada ha cumplido con todas sus obligaciones sociolaborales; sin embargo, se pretende sancionar por supuestos incumplimientos, en lo cual ante lo expuesto se detalla que no se ajusta a la realidad. iii. LA SUNAFIL VULNERÓ EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD Y EL DE BUENA FE PROCEDIMENTAL QUE RIGE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. En síntesis, que recurrimos a este recurso administrativo, en la medida que, se haga una adecuada evaluación de los documentos presentados, debido a que su representada ha cumplido con las obligaciones socio laborales, pese a eso se pretende imponer una sanción no justa, asimismo, no evaluando de forma adecuada los descargos y/o declaraciones fehacientes que se formulan de buena fe, que también deben ser protegidos y no vulnerados.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave y leve

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización

Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre el debido procedimiento y la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9,

párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente, se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

de sub intendencia, respetando con ello la garantía del debido procedimiento administrativo y el respeto por los derechos constitucionales de los trabajadores.

Sobre los demás argumentos de la Inspeccionada

los administrados, sus representantes o abogados realicen los respectivos actos procedimentales “guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”10

Información Adicional

10 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 11 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 173.- Carga de la prueba 173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.” 12 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 124.- Requisitos de los escritos Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente (…) 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho.” 13 Numeral 1 del artículo 67 del TUO de la LPAG, a través del cual se establecen los deberes generales de los administrados en el procedimiento.

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar la entrega de las boletas de pago de remuneraciones, del periodo de julio de 2021 a febrero de 2022, a la recurrente Diana Milagros Villalobos Bernal, tal como se ha indicado en el numeral 4.4.1 del acta de infracción. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

LEVE Relaciones Laborales No acreditar la distribución de las utilidades a la recurrente Diana Milagros Villalobos Bernal, correspondientes al año 2021; tal como se ha indicado en el numeral 4.5. del acta de infracción. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Seguridad Social No haber cumplido con efectuar el pago de los aportes al Sistema Privado de Pensiones efectivamente retenidos en el mes de febrero de 2022 de la recurrente; tal como se ha indicado en el numeral 4.6. del acta de infracción. Numeral 44.B-2 del artículo 44.B del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de fecha 31/05/2022, según se ha indicado en el punto 4.7.1. del acta de infracción. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PARQUEOS UNIDOS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 154-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 10 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 271-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 154-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; y, a la infracción muy grave en materia de seguridad social, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT. TERCERO. -Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a PARQUEOS UNIDOS S.A.C., y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240313MLA